El Tribunal Supremo (TS) declara, en la sentencia de 09/06/2021, que el tiempo utilizado por el trabajador desde su domicilio hasta la llegada del primer cliente y desde que abandona el último cliente hasta que llega a su domicilio, es tiempo de trabajo.

El criterio no es novedoso puesto que ya en STJUE de 10 de septiembre de 2015 se establecía que "cuando los trabajadores que se hallan en circunstancias como las controvertidas en el litigio principal hacen uso de un vehículo de empresa para dirigirse desde su domicilio a un cliente asignado por su empresario o para regresar a su domicilio desde el centro de tal cliente y para desplazarse de un cliente a otro durante su jornada laboral, debe considerarse que estos trabajadores permanecen "en el trabajo", en el sentido del artículo 2, punto 1, de la Directiva 2003/88, el tiempo destinado al ejercicio de la actividad de instalación y de mantenimiento de sistemas de seguridad, lo que tendría como efecto la desnaturalización de este concepto y el menoscabo del objetivo de protección de la seguridad y de la salud de estos trabajadores".

Sin embargo, el criterio de la referida sentencia del TJUE nacía del hecho de que la compañía en cuestión clausuraba el centro de trabajo y -tan solo- quedaban los trabajadores con los vehículos de empresa. En consecuencia, podía interpretarse que, en tanto que el trabajador no disponía ya de centro de trabajo físico, su centro pasaba a ser el vehículo de empresa y, entonces, en el momento en el que el trabajador se montaba en él se iniciaba su jornada laboral.

En cambio, en la actual sentencia del TS se señala que cuando la actividad de la empresa se realiza exclusivamente en el domicilio de los clientes y es imprescindible que los trabajadores se desplacen a dichos domicilios -prefijados por la empresa el día anterior- para desarrollar su actividad y lo hacen en el vehículo facilitado por la empresa, los desplazamientos tienen la consideración de tiempo de trabajo.

Por tanto, es irrelevante que en el asunto de la STJUE la empresa hubiera procedido al cierre de todas las oficinas (lo que no ha sucedido en el asunto ahora examinado por el TS), pues, aunque las oficinas permanezcan abiertas, la empresa mantenga una red de delegaciones repartidas por todo el territorio nacional o los trabajadores acudan entre 8 y 9 veces al año a las Delegaciones territoriales para la realización de actividades de carácter instrumental, lo que se está examinando es la naturaleza del periodo transcurrido hasta que el trabajador llega al domicilio del primer cliente y si ese lapso temporal es o no tiempo de trabajo, habiéndose alcanzado la convicción de que la respuesta es afirmativa.

Por ello, cuando la actividad a la que se dedica la empresa únicamente puede realizarse en el domicilio de los clientes, el desplazamiento directo de los trabajadores desde su domicilio (y vuelta al finalizar la jornada) tiene la consideración de tiempo de trabajo.

 

Más información: Jordi Bou, abogado del área Laboral de Toda & Nel-lo.

La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en fecha 22 de junio de 2021, ha dictado su sentencia sobre los asuntos acumulados C-682/18, Frank Peterson vs YouTube y C-683/18 Elsevier Inc. vs Cyando AG, mediante la cual ha establecido que los operadores de plataformas en línea no hacen por sí mismos una comunicación al público de aquellos contenidos protegidos por derechos de autor, siendo, por tanto, los usuarios, los responsables de su puesta de forma ilegal en las plataformas de alojamiento e intercambio de archivos.

Esta sentencia trae causa de dos asuntos nacidos ante la jurisdicción alemana y versan sobre unos hechos idénticos, resumiéndose estos en la hipotética responsabilidad de los operadores de plataformas de contenido “YouTube” y “Cyando” ante una posible vulneración de los derechos de autor por la puesta en línea de contenido protegido en sus plataformas sin el consentimiento de sus titulares.

El Tribunal dilucida que, si el operador de una plataforma de intercambio de vídeos o de una plataforma de alojamiento y de intercambio de archivos, en la que los usuarios pueden poner ilegalmente a disposición del público contenidos protegidos, realiza, por sí mismo, una comunicación al público de esos contenidos, en el sentido de la referida disposición.

El Tribunal indicó que son los usuarios y no el operador quienes, actuando bajo su propia responsabilidad, suben a la plataforma los contenidos potencialmente ilícitos. De modo que son los usuarios quienes eligen de forma privada intercambiar contenidos y, en su caso, con quién. En consecuencia, son los usuarios de las plataformas quienes realizan un acto de comunicación per se. No obstante, a su vez, señala el papel ineludible que los operadores desempeñan en la puesta a disposición de contenidos efectuada por sus usuarios en sus plataformas.

Sin perjuicio del papel que desempeñan los operadores, determina que para el nacimiento de la responsabilidad de los operadores es necesario que estos actúen de forma deliberada y tengan conocimiento expreso de la puesta a disposición al público de contenido potencialmente ilícito que sus usuarios están subiendo o intercambiando en sus plataformas. Es decir, se requiere pleno conocimiento por parte del operador para poder afirmar que realiza un acto de comunicación al público de contenido ilícito.

En este sentido, establece que el operador actúa con pleno conocimiento cuando se abstiene de aplicar las medidas técnicas apropiadas que cabe esperar de un operador normalmente diligente en su situación con el fin de combatir de manera creíble y eficaz las violaciones de los derechos de autor en esa plataforma.

En este punto, concluye el Tribunal que YouTube no interviene ni en la creación ni en la selección del contenido que se sube a su plataforma, que se lleva a cabo mediante un procedimiento automatizado informando a sus usuarios de las condiciones generales de uso y la prohibición de subir contenido protegido y estableciendo diversos dispositivos que previenen y hacen cesar las infracciones de derechos de autor que se producen.

Por consiguiente, en igual sentido se pronuncia en la demanda contra Cyando, indicando que esta no procede a la creación, selección visionado o control del contenido que se sube a su plataforma, precisando que en sus condiciones de uso anuncia a los usuarios la prohibición de vulnerar cualesquiera derechos de autor.

Con base en los hechos anteriores, concluye el Tribunal que el operador de una plataforma de intercambio de vídeos o de una plataforma de alojamiento y de intercambio de archivos contribuye en la puesta a disposición ilícita de un contenido protegido en su plataforma cuando se abstiene de eliminar o bloquear el acceso a él con prontitud, o cuando se abstiene de aplicar las medidas técnicas apropiadas que cabe esperar de un operador normalmente diligente en su situación con el fin de combatir de forma creíble y eficaz violaciones de los derechos de autor en esa plataforma, o también cuando participa en la selección de contenidos protegidos y comunicados ilegalmente al público.

Respecto a la responsabilidad de los operadores que prestan un servicio de almacenamiento de datos por la subida de contenido ilícito a su plataforma y los supuestos de exención de esta responsabilidad, se plantea al Tribunal si en el ámbito de aplicación pueden entenderse incluidos aquellos operadores a través de cuyas plataformas los usuarios suben contenido ilícito.

El Tribunal, valiéndose de los elementos de juicio sobre los que determina que YouTube no es responsable del contenido ilícito que los usuarios de su plataforma suben a la misma, determina que, el proceder de YouTube y Cyando, encaja en los supuestos de exención que contempla la ley.

Sentado lo anterior, precisa que, para que los operadores puedan beneficiarse de los supuestos de exención, el papel que desempeñen tiene que ser neutro, es decir, meramente técnico, automático y pasivo (que implica la falta de conocimiento o control de los contenidos que almacena).

Apunta que el mero hecho de que el operador sea consciente de que su plataforma puede utilizarse para intercambiar contenidos que pueden vulnerar derechos de propiedad intelectual, teniendo un conocimiento abstracto de la puesta a disposición ilícita de contenidos, no implica la responsabilidad en las consecuencias que acarrean la vulneración de los derechos de autor que pudieran derivarse.

En este punto dispone que no se puede imponer a los prestadores de los servicios una obligación general de supervisar los archivos que transmiten o almacenan o la obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que revelen actividades ilícitas en sus plataformas. 

02.07.2021

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en su sentencia núm. 2273/2021, resuelve un recurso de suplicación donde el Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona, declaraba improcedente el despido objetivo de un trabajador residente en Argentina que recibe una oferta de trabajo de una empresa española, trasladándose a Barcelona para que seis meses después, y en plena pandemia COVID-19, la empresa resuelva su contrato de trabajo sin tener derecho a percibir prestación por desempleo. El Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona entiende que la indemnización de 33 días de salario por año de servicio no es adecuada ni disuasoria y decide aumentar la indemnización a la cuantía correspondiente a nueve mensualidades del trabajador, lo que supone un aumento de 4.200 a 60.000 €.

La empresa decide recurrir esta sentencia al considerar que el pronunciamiento ampliatorio de la indemnización legal por despido improcedente superior al fijado por el legislador supone una violación del artículo 10 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en relación con el artículo 24 de la Constitución.

El TSJ de Cataluña en primer lugar recuerda que la indemnización por despido está tasada legalmente, lo que comporta que no tengamos que acudir a parámetros cuantificadores del daño, como podría ser el daño emergente, el lucro cesante o los daños morales ocasionados, sino que su cuantía viene fijada en los artículos 50, 53 y 56 del Estatuto de los Trabajadores. De esta forma, el resarcimiento por la resolución del contrato se determina de forma baremada en función del salario y de los años de prestación de servicios, con unos topes máximos. Esta regla general solo tiene una excepción: cuando la decisión extintiva haya sido adoptada vulnerando derechos fundamentales y otras libertades públicas, o cuando se adopte por motivos discriminatorios.

El magistrado de primera instancia entiende que la indemnización resultante, si se siguen los límites legales, no tendría efecto disuasorio ni seria adecuada con las circunstancias concurrentes, lo que comportaría una vulneración del Convenio 158 OIT y de la Carta Social Europea, motivo por el cual realiza un juicio de convencionalidad y da prioridad a la norma internacional sobre la nacional. En este punto, el TSJ establece que cualquier juez ordinario puede desplazar la aplicación de una norma nacional con rango de ley para aplicar de modo preferente la disposición contenida en un tratado internacional. Este desplazamiento de la normativa nacional para un supuesto concreto no supone la expulsión de la norma interna del ordenamiento, sino su mera inaplicación en el caso concreto.

El artículo 10 del Convenio 158 OIT establece que, si la terminación de la relación laboral es injustificada y no fuese posible anular la resolución contractual readmitiendo al trabajador, se tendrá que proceder al pago de una indemnización adecuada.

El tribunal catalán considera que, ante esta contradicción entre la normativa nacional y la internacional, será posible y lícito, en determinados casos, efectuar un juicio de convencionalidad sobre la adecuación de la indemnización. En estos supuestos resultaría posible que la indemnización supere los límites legales, pero, para ello, será necesaria la concurrencia de 2 requisitos coincidentes:

  • La notoria y evidente insuficiencia de la indemnización por resultar manifiestamente exigua y,
  • que sea clara y evidente la existencia de una ilegalidad, fraude de ley o abuso de derecho en la decisión empresarial extintiva del contrato.

Si se cumplen estos dos requisitos, sería posible que, en aplicación del artículo 10 del Convenio 158 OIT, se superen los umbrales legales. Sin embargo, esta posibilidad inusual ha de adecuarse a unos límites objetivos, pues en caso contrario se incurriría en posibles subjetivismos que conllevarían desconcierto entre los operadores jurídicos. Para evitar cualquier atisbo de arbitrariedad y toda posible situación de indefensión, no resultaría descartable que “la indemnización adecuada” pueda integrar otros conceptos adicionales a la cuantía cuando la conducta extintiva del empleador cause perjuicios al trabajador, como sería incluir los daños y perjuicios ocasionados, siempre que estos se cuantifiquen en la demanda y se acrediten en el acto del juicio, lo que descarta que el órgano judicial pueda aumentar de oficio la indemnización sin motivación alguna.

 

Más información: Jordi Bou, abogado del área de Derecho Laboral.

01.07.2021

Los juzgados mercantiles de Barcelona han demostrado una vez más ser punteros en la innovación del Derecho Concursal al plantear un nuevo acuerdo en relación con la tramitación especial del concurso consecutivo sin masa (o segunda oportunidad).

El 9 de junio, los jueces de lo Mercantil de Barcelona adoptaron un acuerdo sobre la tramitación del concurso consecutivo sin masa, para acelerar la tramitación de la exoneración del pasivo insatisfecho. Una iniciativa que nace como respuesta a la necesidad de ofrecer una tramitación rápida a determinados concursos consecutivos que están siendo tramitados de un modo similar a la de los concursos que presentan bienes para liquidar, con la consecuencia práctica de que muchos de ellos están tardando meses en ser concluidos sin que exista resolución judicial trascendente.

El planteamiento de este acuerdo es animar a aquellos exempresarios (exadministradores, exmiembros de un Consejo de administración, exautónomos) a que inicien un proceso de Segunda Oportunidad para que obtengan una nueva oportunidad de emprender.

 

Las razones del acuerdo

1. Los Juzgados, a pesar de que algunos están colapsados, siguen funcionando con un buen ritmo. Iniciar el trámite en otro momento puede suponer que esa persona física permanezca declarada en concurso durante años, cuando ahora podría obtener el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI) antes.

2. Algunos de estos concursos consecutivos puede que sean sin masa, y tendrán una tramitación más rápida.

4. La Directiva 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, plantea que la Segunda Oportunidad se convierta más que en un derecho en una obligación.

No hay que olvidar que la moratoria concursal provocará la destrucción de parte del tejido empresarial de nuestro país, lo que supone la destrucción de muchos de puestos de trabajo. Aquellas personas que en algún momento emprendieron, deben aprovechar este momento para tramitar un proceso de segunda oportunidad, ya que supone dar una oportunidad a alguien que volverá a emprender, volverá a constituir un negocio, una empresa y, por consiguiente, creará nuevos puestos de trabajo.

Requisitos

Esta tramitación se aplicará en aquellos concursos consecutivos solicitados al amparo de los arts. 705 y ss. del TRLC, con los siguientes requisitos:

1. Que la solicitud sea realizada por el mediador concursal, sólo o juntamente con el deudor.

2. Que sea considerado un concurso sin masa activa.

3. Que vaya encaminado a la exoneración del pasivo insatisfecho, con informe inicial favorable del Mediador concursal solicitante.

 

No se considerarán bienes realizables

1. Salario, aunque sea superior al SMI.

2. Tesorería (se utilizará para pagar a los acreedores)

3. La vivienda habitual del concursado cuando se den las condiciones fijadas en las conclusiones alcanzadas en el Seminario de 15 de junio de 2016 (vivienda grabada con hipoteca siempre que el importe de la deuda garantizada pendiente de amortizar sea superior al del bien y el crédito o préstamo hipotecario esté al corriente de pago y se estén atendiendo también los demás créditos contra la masa).

En base al art. 472 del TRLC el juez dictará un auto en el que designará un administrador concursal. No se abrirá ni la sección 3ª, ni la 4ª, ni la 5ª, ni la 6ª.

El protocolo respeta los intereses y derechos de los acreedores, y se crea con la finalidad de evitar eternizar este tipo de procedimientos, y ofrecer un trámite más ágil que permita resolverlos en cuestión de meses.

En definitiva, la segunda oportunidad para las personas físicas empresarias se sitúa como una gran alternativa para solucionar sus problemas de insolvencia, porque tienen la garantía de que el proceso finalizará en un plazo muy corto, tan sólo unos meses. El objetivo es la obtención del BEPI (beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho), ya que permite la condonación de las deudas.

 

Por Miriam Magdalena, socia responsable del área de Insolvencias y concursal.

La sentencia núm. 287/2020, de 20 de noviembre, dictada por la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha sido muy controvertida desde que trascendiera su contenido, y es que, en ella, se establece que, si el último día del plazo de presentación de una demanda es inhábil procesalmente, dicho plazo no se prorroga hasta el siguiente día hábil, al poder ser presentada telemáticamente.

Para entender el alcance de la anterior consideración, resulta imprescindible recordar brevemente la diferencia entre los plazos sustantivos y los procesales.

Los plazos procesales son aquellos que tienen su origen -o punto de partida- en una actuación procesal. Es decir, estos plazos son los que comienzan a partir de una notificación, citación, emplazamiento o requerimiento de un Juzgado. Se regulan en la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (LEC) y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ).

Los plazos sustantivos, en cambio, son aquellos que las normas sustantivas (como, por ejemplo, el Código Civil (CC)) asignan para el ejercicio de una determinada acción. En otras palabras, son los plazos de los que se dispone para iniciar un proceso judicial en ejercicio de determinadas acciones, y que se refieren a los conocidos plazos de prescripción y de caducidad.

El fondo de la problemática analizada por la Audiencia Provincial de Zaragoza radica en que, mientras que en los plazos procesales se excluyen los días inhábiles, en los plazos sustantivos esto no ocurre, ya que así lo establece expresamente el artículo 5 del CC.

Antes de la entrada en vigor de la LEC actual, cuando no se podía presentar un escrito en las horas de audiencia del Juzgado (de 8:00 h de la mañana a 15:00 h de la tarde), los escritos se podían presentar ante el Juzgado de Guardia correspondiente hasta las 24 h de ese mismo día. De esta forma, se respetaba el derecho de disponer de los plazos -tanto procesales, como sustantivos- en su integridad, ya que se disponía de todas las horas del día en que expiraba el plazo para presentar el correspondiente escrito.

Sin embargo, con la entrada en vigor de la LEC actual, dejó de ser posible presentar escritos en los Juzgados de Guardia, lo que fue solventado con el famoso "día de gracia" previsto actualmente en el artículo 135.5 de la LEC, que permite la presentación de escritos sujetos a plazo hasta las 15 h del día hábil siguiente al del vencimiento.

Ahora bien, en principio, esta norma solo debería ser de aplicación a los plazos procesales y no a los sustantivos, puesto que estos últimos no se regulan por lo previsto en la LEC.

En consecuencia, con la entrada en vigor de la LEC actual parecía que, para los plazos sustantivos, desaparecía la posibilidad de disponer por entero del día de vencimiento, es decir, de la totalidad del plazo, lo que resulta contrario al derecho a la tutela judicial efectiva y al derecho de acceso a la jurisdicción, tal como tiene señalado el Tribunal Constitucional.

Es evidente que esto suponía un problema, razón por la cual esta cuestión fue abordada por la Sección 1ª de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en su sentencia núm. 287/2009, de 29 de abril.

En dicha sentencia, el Tribunal Supremo, pese a afirmar que en el cómputo de los plazos sustantivos no se excluyen los días inhábiles, considera que la acción judicial que pone en movimiento el derecho que se ostenta sólo se materializa a través de la presentación de una demanda, que entiende que es un acto de naturaleza procesal, pues es lo que da lugar al inicio de un proceso.

De esta forma, para permitir que el titular de un derecho sujeto a plazo sustantivo pueda disponerlo en su integridad, el Tribunal Supremo consideró que el artículo 135 de la LEC también era de aplicación para la presentación de escritos sujetos a plazo sustantivo. Es decir, se podía presentar una demanda en el "día de gracia" y respetar igualmente el referido plazo sustantivo.

Este criterio fue posteriormente reiterado por el Tribunal Supremo en numerosas ocasiones y ha sido el criterio seguido por toda la jurisprudencia hasta el momento.

Ahora, la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza razona en la sentencia referida que, con la entrada en vigor de la Ley 18/2011, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, especialmente por lo dispuesto en su artículo 32.3; y la Ley 42/2015, de reforma de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, se crea un "nuevo panorama procesal".

Ante este "nuevo panorama procesal", la Audiencia Provincial de Zaragoza considera que la doctrina del Tribunal Supremo sobre la aplicación del "día de gracia" a los plazos sustantivos ya no es necesaria y pierde su razón de ser, al existir hoy en día de medios tecnológicos que permiten la presentación de escritos sin ser necesario para ello acudir presencialmente a las oficinas judiciales para su presentación.

Es decir, la Audiencia considera que ya no existe esa dificultad material, de tal forma que "si la parte lo puede presentar telemáticamente, aunque sea en tiempo procesalmente inhábil, debe así presentarlo si quiere respetar el plazo sustantivo".

Así, según este criterio, a los plazos sustantivos ya no les son de aplicación el día de gracia, por lo que, si el plazo para presentar una demanda finaliza en día inhábil, deberá presentarse igualmente durante ese mismo día, de forma telemática.

Tal criterio seguido por la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza, si bien puede resultar coherente con la referida normativa, ha generado mucha controversia, y son muchas las voces discrepantes que han surgido tras el dictado de dicha sentencia.

A modo de ejemplo, tanto el Colegio de Abogados de Barcelona como el de Madrid han mostrado su preocupación con el contenido de dicha sentencia, pues se “somete a los abogados y procuradores a una inaceptable atadura de tiempos (todas las horas de los 365 días del año)” entendiendo que ello es contrario a los derechos de conciliación profesional, desconexión, y a la vida personal y descanso mínimo de abogados y procuradores.

Por esta razón, parece que la solución alcanzada por la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza no debería ser la definitiva, siendo lo más coherente que se lleve a cabo una reforma legislativa tanto del artículo 5 del Código Civil, como del artículo 135 de la LEC, que permita, con base en un precepto legal, la presentación de demandas en ejercicio de acciones sujetas a plazo sustantivo durante el «día de gracia».

En este sentido, una posible reforma legislativa al respecto adquiere relevancia si se considera que, los plazos no deben ser una cuestión sujeta a interpretación, ya que ello genera una gran inseguridad jurídica.

En cualquier caso, hasta que no se aclare la situación, cuando se trate de plazos sustantivos, lo más prudente es evitar presentar escritos de demanda durante el "día de gracia" y presentar las demandas de forma telemática, aunque el plazo coincida con un día inhábil.

 

Más información: Ramon Isalt, abogado del área de Derecho Procesal. 

La jornada “Los nuevos retos del gobierno corporativo para las empresas familiares”, organizada por el Instituto Gobernanza y Sociedad (ISG) y el Instituto de la Empresa Familiar (IEF) y con el patrocinio de Toda & Nel-lo y Banco Caminos, contó con la participación de expertos en diferentes ámbitos para tratar los temas que afectan a las mejores practicas en la Gobernanza empresarial, que actualmente están en el centro de la estrategia de todas las empresas.

Existe una nueva transformación de los objetivos de las empresas, su implicación con la sociedad, su responsabilidad en el sentido más amplio, no solo respecto a sus stakeholders sino también hacia los ciudadanos. Todos los criterios de gobierno corporativo, de ESG, deben expandirse y arraigarse tanto en el conjunto de la sociedad, como en el conjunto de las empresas, independientemente de su tamaño.

El objetivo de estas jornadas fue analizar cómo el gobierno corporativo impacta en las empresas familiares, cómo éstas están siendo protagonistas de esta transformación, que es una cierta transformación del capitalismo como lo entendíamos hasta hoy. Y también cómo otros protagonistas, como los fondos de private equity, se relacionan desde el punto de vista del gobierno corporativo con las empresas familiares.

La jornada contó con unas palabras de bienvenida por parte del presidente del ISG y Senior Advisor de Toda & Nel-lo, José María Beneyto, del director general ejecutivo del IEF, José Luis Blanco, del consejero delegado de Banco Caminos, Enrique Serra y con la intervención de la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, en su apertura. A continuación siguieron tres paneles de expertos en el que se abordaron temas de gobierno corporativo en relación con la empresa familiar, el caso de los fondos de private equity (con representación de los directivos más punteros en nuestro país), y temas de sostenibilidad, tanto sociales como medioambientaes. Jacobo Ollero, socio de Mercantil e Internacional de Toda & Nel-lo, fue uno de los ponentes durante la mesa redonda titulada "Sostenibilidad. Ante los retos de la sociedad" en la que, junto a directivos de empresas como Telefónica, la consultora Transcendent o la asociación Woman Forward, debatió en torno al nuevo horizonte del gobierno corporativo y la respuesta de las empresas familiares ante los retos actuales de la sociedad en materia de sostenibilidad.  La clausura corrió a cargo de Marc Puig, presidente del IEF.

 

 

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31.05.2021

La Dirección General de Tributos (DGT), en una reciente consulta emitida el pasado 11 de marzo de 2021, recuerda que un trabajador puede solicitar a su empresa que le minore el tipo de retención en el caso de que se le haya bajado el salario debido a una reducción de jornada producida como consecuencia de la afectación por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).

En ese caso, como expone el centro directivo, la empresa podrá optar por aplicar los nuevos tipos de retención a partir de la fecha en que se haya producido la variación, o bien, si lo prefiere, realizar la regularización y aplicar el nuevo tipo de retención a partir del primer día posterior al último día del trimestre en que se haya dado tal circunstancia.

Puede acceder al texto íntegro de la consulta aquí.

 

Más información: Mireia de Pol, abogada senior de Derecho Tributario de Toda & Nel-lo. 

13.05.2021

El pasado 3 de mayo entró en vigor la Ley 5/2021 (“Ley”) por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio (“LSC”), y otras normas financieras, en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas.

En la presente nota informativa analizamos aquellas medidas introducidas únicamente en el ámbito de las sociedades no cotizadas, concretamente en lo que se refiere a las novedades sobre la junta general telemática y en materia de administradores.
 

Acceder a la nota informativa

 

 

Más información: Ignacio Bassas, abogado del área de Derecho Mercantil. 

 

 

El pasado 3 de febrero de 2021, la Audiencia Provincial de Girona dictó una sentencia pionera en materia de contratos de seguro que resolvía un supuesto en el que una pizzería reclamaba a su compañía de seguros la cobertura del perjuicio sufrido como consecuencia del cierre forzoso provocado por la situación de pandemia derivada del Covid-19.

La parte demandante (el restaurante) basaba su reclamación en el hecho de que la póliza aseguraba como contingencia la "paralización de actividad" durante un periodo superior a 30 días. Podía reclamar en concepto de indemnización la cantidad de 200 euros por día por un periodo máximo de 30 días, sin haberse pactado franquicia alguna.

Frente a la demanda, la compañía de seguros opuso que el riesgo reclamado quedaba excluido de la póliza por cuanto una cláusula existente en el pliego de condiciones generales excluía de la cobertura todas aquellas pérdidas derivadas de limitaciones o restricciones en los negocios (i) impuestas por un organismo o autoridad u (ii) ocasionadas por un supuesto de fuerza mayor.

Planteada la controversia en estos términos, la sentencia resuelve que la cláusula de la que pretende servirse la aseguradora es una cláusula limitativa de los derechos del asegurado, lo que implica que le son de aplicación las restricciones previstas en el artículo 3 de la Ley del Contrato de Seguro (LCS).

En este sentido, las cláusulas limitativas son aquellas que restringen, condicionan o modifican el derecho del asegurado, estableciendo la jurisprudencia que, para determinar si una cláusula participa o no de la naturaleza de "limitativa" hay que acudir a los conceptos de: «contenido natural del contrato» y «expectativas razonables del asegurado».

En este caso, la sentencia destaca que el asegurado contrató la póliza con la expectativa de ver cubierto la pérdida de beneficios por paralización de su actividad. Por ello, la exclusión de la cobertura pretendida por la aseguradora debía cumplir con los requisitos del artículo 3 de la LCS, pues lo contrario supondría restringir la cobertura esperada por el asegurado, dejando desnaturalizada la paralización del negocio cubierto, en principio, por el seguro contratado.

Así pues, de acuerdo con el artículo 3 de la LCS y, aplicando la amplía doctrina desarrollada por el Tribunal Supremo[1], la cláusula debía haber sido (i) destacada de forma especial en la póliza y (ii) aceptada expresamente por escrito por el asegurado.

No cumpliéndose con los referidos requisitos, la Audiencia Provincial de Girona acaba estimando la reclamación frente a la compañía de seguros.

Por último, conviene tener en cuenta que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la LCS, el plazo de prescripción para este tipo de supuestos es de dos años a contar desde que se produce el siniestro, transcurridos los cuales no podrá ejercitarse una reclamación judicial, a menos que se haya requerido a la compañía aseguradora extrajudicialmente -mediante burofax-, a efectos de interrumpir dicho plazo de prescripción.

En definitiva, esta sentencia supone un precedente muy a tener en cuenta para todas aquellas personas que tenían contratado al tiempo de iniciarse la pandemia un seguro que cubriera las pérdidas derivadas del cierre forzoso de su negocio. Además, la sentencia conlleva un peligroso aviso para las compañías de seguro que deberán analizar caso por caso las pólizas contratadas y ver si su clausulado cumple con los requisitos que recoge el artículo 3 de la LCS.

 

Más información: Ramon Isalt, abogado del área de Procesal de Toda & Nel-lo.



[1] STS (Sala de lo Civil) núm. 548/2020 de 22 octubre, núm. 880/2011 de 28 noviembre, núm. 1058/2007 de 18 octubre, entre otras.

 

11.05.2021

El pasado 5 de mayo se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. El Real Decreto-ley prorroga algunas de las medidas sobre alquileres reguladas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, adoptadas para paliar los efectos del COVID-19.

Esencialmente, el Real Decreto-ley amplía hasta el 9 de agosto de 2021 el plazo máximo de suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Además, extiende hasta el 9 de agosto de 2021 la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta, cuando el arrendador sea un gran tenedor o entidad pública, en los términos establecidos en el Real Decreto-ley 11/2020. Y se amplían hasta esa misma fecha los contratos de arrendamiento de vivienda que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor, siempre que el propietario, persona física, no haya comunicado la necesidad de la vivienda para sí, en cumplimiento de los plazos y condiciones establecidos en el artículo 9.3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

La prórroga de las medidas de alquileres entró en vigor el 9 de mayo.

En esta nota informativa, elaborada por los abogados del departamento de Inmobiliario de Toda & Nel-lo, se analizan las medidas prorrogadas por el referido Real Decreto-Ley.

 

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10.05.2021

El pasado mes de abril la Organización Internacional de Normalización (ISO) publicó el nuevo estándar para la gestión del cumplimiento normativo.

Se trata de la “ISO 37301 de Sistemas de gestión de cumplimiento: requisitos con orientación de uso”, que reemplaza la “ISO 19600: 2014, Sistemas de gestión de cumplimiento – Directrices”  y que proporciona lo que una organización necesita saber para desarrollar, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de cumplimiento eficaz. 

Como novedad destaca su carácter certificable y que se trata de una norma que se puede integrar en otros sistemas de gestión de la organización, como la ISO 37001, para la lucha contra el soborno, o la ISO 9001, para la calidad, aumentando así la eficiencia, la eficacia y la productividad de las organizaciones. Pero, sobre todo, cabe remarcar que establece el cumplimiento como un principio de buen gobierno que recomienda la participación de la alta dirección y que, al mismo tiempo, recomienda integrar la gestión del cumplimiento en toda la organización, para que esté incorporado en sus procesos de gestión financiera, de riesgo, de calidad, de medioambiente y de salud y seguridad, así como en sus procedimientos operativos.

De esta manera, nos encontramos ante un estándar que quiere contribuir al buen gobierno de las organizaciones y al establecimiento de la cultura de cumplimiento, elemento clave que ya en su día subrayó la Fiscalía General del Estado en su Circular 1/2016 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando afirmó que “los modelos de organización y gestión o corporate compliance programs no tienen por objeto evitar la sanción penal de las empresas sino promover una verdadera cultura ética empresarial”.

También es interesante destacar los principios de transparencia y sostenibilidad sobre los que se basa este estándar contribuyendo a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. En concreto, el número 8 (“trabajo decente y crecimiento económico”); el 16 (“paz, justicia e instituciones sólidas”) y el 11 (“ciudades y comunidades sostenibles”). Las organizaciones y empresas que buscan contribuir a la consecución de los ODS encontrarán en esta norma una herramienta eficaz para ayudarlas a afrontar este nuevo desafío de la construcción de un mundo más sostenible.

Para concluir, se trata de una norma esperada que pretende erigirse como una de las principales referencias internacionales para el diseño, implementación, mantenimiento y mejora de los programas de compliance (cumplimiento normativo) que, debido a la internacionalización de las empresas y a la diversidad de normativa de diferentes jurisdicciones que estas deben cumplir, sin duda va a ser una herramienta muy útil a la hora de diseñar sus programas de compliance.

 

Más información: Berta Casas, abogada senior del área de Compliance.

06.05.2021

El 22 de marzo de 2021 se consultaba a la Dirección General de Trabajo esta cuestión. Si bien no existe obligación expresa ni en el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva; ni en el artículo 28 Estatuto de los trabajadores, «atendiendo a la finalidad de este registro y su vinculación con los Planes de Igualdad, con el art 11.1 ley ETT y con el RD 901/2020, surge la duda si el personal puesto a disposición ha de ser incluido en el Registro Retributivo y en la Auditoría retributiva de la empresa usuaria»

Pues, efectivamente, en virtud de lo establecido en el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, sobre los planes de igualdad, el personal puesto a disposición por empresas de trabajo temporal deba ser tenido en cuenta por parte de la empresa usuaria a determinados efectos:

  • A efectos de cuantificar la plantilla mínima para que la empresa usuaria quede obligada a elaborar el plan de igualdad (art. 3.1).
  • El diagnóstico de situación deberá analizar los efectos que para mujeres y hombres tiene la prestación del trabajo mediante la utilización de personal cedido (art. 7.2). En particular, deberá recopilar la información necesaria para medir y evaluar, a través de indicadores, cuantitativos y cualitativos, las condiciones de trabajo de todo el personal, incluido los trabajadores y trabajadoras puestos a disposición en la empresa usuaria (apartado 4 del Anexo del mismo).
  • Aplicación de las medidas que se contengan en el plan de igualdad de la empresa usuaria a las personas trabajadoras cedidas por empresas de trabajo temporal durante los períodos de prestación de servicios (art. 10.2 del mismo).

 

Sin embargo, la Dirección General de Trabajo, con buen criterio -en nuestra opinión-, entiende que el ámbito de aplicación del registro salarial es el «de los trabajadores con los que tenga un vínculo contractual tal y como se define en el artículo 1 del ET». Además, aunque las ETT sean empresas que contratan trabajadores para prestar servicios en otras empresas y sean [estas empresas usuarias] las que ostentan las facultades de dirección y control de la actividad laboral de los trabajadores puestos a disposición, las ETT son las verdaderas empresarias y las obligadas al registro salarial.

 

Más informacion: Jordi Bou, abogado del área Laboral.