Actualité juridique

El recién aprobado Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo (Real Decreto-ley 6/2023) ha modificado nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), e incluye reformas procesales relevantes, entre las cuales destacan las siguientes:
 

(i) Celebración de vistas y actos de juicio de forma telemática: el Real Decreto-ley 6/2023 establece que los actos de juicio, vista, audiencias, comparecencias, declaraciones y, en general, todos los actos procesales, se realizarán preferentemente mediante presencia telemática, siempre que las oficinas judiciales tengan a su disposición los medios técnicos necesarios.

No obstante, se prevén excepciones: en concreto, para el caso de exploración de personas menores de edad o personas con discapacidad (a no ser que el Juez o Tribunal disponga otra cosa, en atención a las circunstancias del caso).
 

(ii) Ampliación del ámbito del juicio verbal: el Real Decreto-ley 6/2023 amplia el ámbito del juicio verbal.

Así, el mismo incluye tres nuevos supuestos que se decidirán en juicio verbal en atención a la materia y que son: (i) las demandas en que se ejerciten acciones individuales relativas a condiciones generales de contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia; (ii) aquéllas en las que se ejerciten las acciones que otorga a las Juntas de Propietarios y a éstos la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, siempre que versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, sea cual fuere dicha cantidad; y (iii) aquéllas en las que se ejercite la acción de división de cosa común.

Asimismo, se amplía la cuantía (de 6.000.-€ a 15.000.-€) de las demandas que deban decidirse por juicio verbal.
 

(iii) Modificación del momento de aportación del informe pericial en el juicio verbal: se modifica el artículo 337 de la LEC relativo al momento de aportación del informe pericial en el juicio verbal cuando no hubiere sido posible presentarlo junto con la demanda o contestación.

Así, se establece que, en este caso, deberán aportarse en cuanto se disponga de ellos o 30 días desde la presentación de la demanda o de la contestación en el juicio verbal. Este plazo podrá ser prorrogado por el tribunal cuando la naturaleza de la prueba pericial así lo exija y exista una causa justificada.
 

(iv) Se introduce un nuevo artículo (artículo 43 bis de la LEC) que regula la cuestión prejudicial europea. El citado artículo prevé que, cuando el tribunal estime que para poder emitir su fallo resulte necesaria una decisión sobre la interpretación o validez del Derecho de la Unión, podrá plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea («TJUE»), acordándose la suspensión de las actuaciones hasta que conste en autos la resolución del TJUE que decida la cuestión prejudicial.

Asimismo, cuando se encuentre pendiente ante TJUE una cuestión prejudicial directamente vinculada con el objeto del litigio de que conoce un tribunal, si el tribunal estima necesaria la decisión del TJUE para resolver el litigio, podrá asimismo suspender motivadamente el procedimiento.

(v) Procedimiento testigo: El Real Decreto-ley 6/2023 regula el nuevo "procedimiento testigo".

Así, en los casos de demandas en que se ejerciten acciones individuales relativas a condiciones generales de contratación, el letrado o letrada de la Administración de Justicia procederá a dar cuenta al tribunal, con carácter previo a la admisión de la demanda, cuando considere que: (i) la misma incluye pretensiones que están siendo objeto de procedimientos anteriores planteados por otros litigantes, (ii) que no es preciso realizar un control de transparencia de la cláusula ni valorar la existencia de vicios en el consentimiento del contratante y (iii) que las condiciones generales de contratación cuestionadas tienen identidad sustancial.

En este caso, las Partes podrán solicitar que el procedimiento se someta a la regulación de este artículo. El tribunal dictará auto acordando la suspensión del curso de las actuaciones hasta que se dicte sentencia firme en el procedimiento identificado como «procedimiento testigo» (tramitándose el procedimiento testigo con carácter preferente) o, en su caso, dictará providencia acordando seguir con la tramitación del procedimiento.
 

(vi) Condena en costas: por último, el Real Decreto-ley 6/2023 incluye modificaciones sobre la condena al pago de las costas del procedimiento, en concreto:

- En el incidente de acumulación de acciones, se imponen las costas solo para el caso de temeridad o mala fe: el Real Decreto-ley 6/2023 modifica el artículo 85 de la LEC, al establecer que solo se condenará al pago de las costas del incidente de acumulación de acciones a la parte que hubiere promovido el incidente con temeridad o mala fe (antes no se requería el requisito de temeridad o mala fe).

- En apelación y casación:

En cuanto a las costas del recurso de apelación, se aplicará el criterio de vencimiento objetivo apelación en todo caso (cuando antes solo se aplicaba en caso de desestimación total de las pretensiones).

Asimismo, el Real Decreto-ley añade una excepción a la condena al pago de las costas en caso de desestimación del recurso de casación, al establecer que las mismas se impondrán a la parte recurrente «salvo que la Sala aprecie circunstancias especiales que justifiquen otro pronunciamiento».

- En la ejecución provisional: se establece expresamente que las costas de ejecución provisional no serán a cargo del ejecutado cuando el mismo haya cumplido con lo dispuesto en el auto que despachó la ejecución dentro del plazo de veinte días desde que le fue notificado.

De conformidad con la Disposición Final 9, apartado 2º in fine, del Real Decreto-ley 6/2023, las reformas procesales analizadas entrarán en vigor el próximo 20 de marzo de 2024.

Más información y contacto 
 

En el marco del derecho laboral es motivo de análisis la procedencia o no del despido objetivo por amortización del puesto de trabajo en aquellos supuestos que, de forma posterior al despido, se lleva a cabo una nueva contratación para un puesto de trabajo similar al amortizado, con tareas semejantes o compartidas.

Este tipo de acciones que se realizan por parte de las empresas son evaluadas por los tribunales bajo los siguientes criterios legales y jurisprudenciales:

1. Legalidad del despido objetivo: Los despidos objetivos deben basarse en casusas económicas, técnicas, organizativas o de producción que justifiquen la eliminación de los puestos de trabajo.
2. Evaluación de razonabilidad: Los tribunales evalúan si las contrataciones posteriores son razonables con el contexto del despido. Cuestionando el caso de posteriores contrataciones para los mismos puestos.
3. Control judicial: Los jueces examinan la existencia y legalidad de la causa alegada para el despido y la adecuación de la causa y medida de despido adoptada.
4. Posibles consecuencias de contrataciones posteriores: Se debe demostrar que las contrataciones posteriores invalidan las razones del despido objetivo, para pasar a considerarlos improcedentes o nulos. Esto puede llevar a la readmisión de los trabajadores despedidos o al pago de indemnizaciones.
5. Jurisprudencia: La jurisprudencia tiende a proteger a los trabajadores contra practicas empresariales que pueden ser consideradas como elusivas o abusivas. Aunque también se evalúa la legalidad y razonabilidad de los despidos de cada supuesto en concreto. Las empresas tienen una cierta libertad de gestión, pero deben ser coherentes y estar justificadas legalmente.

Tradicionalmente, el posicionamiento jurisprudencial ha sido claro en aquellos casos en los que, tras un despido objetivo, la empresa realiza contrataciones posteriores para puestos de trabajo muy similares a los amortizados. La acción de la empresa podía ser invalidada al considerar que había una conexión directa entre los despidos y las contrataciones posteriores.

Esta interpretación ha sido expuesta por el Tribunal Supremo en la sentencia 915/2016, de 28 de octubre de 2016, la cual reitera que, cuando tras la amortización de puestos de trabajo se procede a contratar a otros empleados para el mismo puesto de trabajo, se considera práctica ilegitima. Por lo que el alto Tribunal declara el despido objetivo realizado como improcedente porque, aunque concurren causas, la empresa ha procedido a hacer contrataciones que enervan la razonabilidad de las medidas adoptadas.

Sin embargo, este criterio establecido por los Tribunales ha evolucionado recientemente revelando un enfoque distinto; ofreciendo una interpretación más amplia y positiva para las empresas al priorizar la libertad de gestión de la empresa, sin olvidarse de la correcta adecuación de la causa extintiva y la medida adoptada por la empresa.

Este cambio de tendencia se ha puesto de manifiesto en la muy reciente sentencia 732/2023, de 10 de octubre de 2023, dictada también por el Tribunal Supremo.

En la citada sentencia, el TS unifica doctrina declarando la procedencia del despido objetivo. La cuestión central radica en determinar si la contratación de un trabajador que asume algunas de las funciones del trabajador despedido en fechas cercanas al despido afecta la razonabilidad de la medida extintiva. Por medio de la carta de despido se aportaron razones que justificaban y acreditaban que las actualizaciones de las causas económicas afectaban directamente al puesto de trabajo del trabajador despedido, acreditando notablemente que no se vulneraba ningún derecho fundamental del trabajador.

El Tribunal aprecia libertad de la gestión de la empresa para tomar decisiones referentes al funcionamiento y administración interna de la empresa ya que la practica realizada es equilibrada con la responsabilidad social y legal de la sociedad. Por lo que el Tribunal Supremo determina que la decisión empresarial es equilibrada en la autonomía de la responsabilidad y el cumplimiento normativo.

Por último, cabe subrayar la novedad que supone la precitada sentencia, dado que la interpretación realizada por el Tribunal Supremo ha significado un giro sustancial en la interpretación actual pues establece que la contratación de un nuevo empleado antes del despido de otro, que después asume las funciones de este último, no implica necesariamente que la amortización del puesto de trabajo haya sido fraudulenta.

Consiguientemente, se ha establecido un criterio casuístico por el cual, para que el despido sea considerado procedente, primeramente, se deben acreditar las causas justificativas del despido y, en segundo lugar, no se debe poder establecer una conexión relevante entre las nuevas contrataciones y la amortización de los puestos de trabajo involucrados en el despido. 

En virtud de lo expuesto, realizar nuevas contrataciones que asuman las funciones de las personas trabajadoras despedidas, no implicará necesariamente la improcedencia del despido, sino que se entenderá que, dentro de criterios razonables y proporcionales aplicados casuísticamente, las nuevas contrataciones que asuman parte de las funciones desarrolladas por el trabajador despedido, forman parte de la libertad de gestión empresarial y no deberían afectar a la calificación del despido si quedan acreditadas las causas del mismo.
 

Más información y contacto

La reciente sentencia del Tribunal Supremo número 1354/2023, de 3 de octubre, ha reiterado su doctrina relativa a que las solicitudes de rectificación de errores materiales manifiestos o aritméticos no pueden servir de subterfugio para conseguir la interrupción de los plazos.

Conforme a lo previsto en los artículos 214 y 215 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), rige el principio de invariabilidad de las resoluciones judiciales, no obstante, estas puedan ser objeto de aclaración respecto de algún concepto oscuro y de rectificación de cualquier error material y aritmético, además de la posibilidad de subsanación y complemento en los términos previstos en el artículo 215 de la LEC.

En este sentido, las figuras de aclaración, complemento y subsanación -como excepciones al principio de invariabilidad de las resoluciones- pueden provocar un efecto interruptivo sobre los plazos para recurrir.

Sin embargo, tanto la doctrina del Tribunal Constitucional como la doctrina del Tribunal Supremo han considerado que los errores mecanográficos, de transcripción, o los errores de cuentas, son tan evidentes y perceptibles para cualquier observador que, en absoluto, pueden afectar al tenor de la resolución y, por lo tanto, a la interrupción del plazo para recurrir.

Ello es así en la medida que se pretende evitar que se constituyan abusos y fraudes procesales para ampliar artificialmente el plazo de legal de interposición de los recursos, cerciorando de esta manera el ejercicio de los derechos de buena fe.

En definitiva, el Tribunal Supremo ha confirmado que no procederá la interrupción de los plazos para recurrir en aquellos supuestos en los que se solicite la rectificación de errores materiales o aritméticos que sean absolutamente manifiestos.

Más información y contacto

The construction and start-up of renewable energy production installations, whether solar photovoltaic plants or wind farms, requires many procedures and the project goes through the achievement of numerous milestones, the most important of which is the achievement of "ready to build" (RTB) status, i.e. the moment when all the necessary permits, licenses and authorizations for the construction of the plant have been obtained.

The Directorate General of Taxation (DGT) has recently recognized the possibility of applying the exemption of article 21 of the Corporate Income Tax Law (CIT Law) (95% exemption, in general) to capital gains derived from the transfer of shares in subsidiaries dedicated to the development of photovoltaic solar plants, considering that they develop an economic activity from the moment in which there is a clear will to carry out such development activity, even if the construction works have not been started. It has done so in the binding consultation V2200-23, dated July 26, 2023, published in September 2023 (the "Consultation").

The Consultation represents a change of criterion with respect to the position previously adopted by the DGT in its reply to binding consultation V2265-21, in which it qualified as an asset-holding company an entity that had processed and obtained all the necessary permits for the development of the installation, but had not started the development of the solar plant, considering that such actions were "simple preparatory actions or actions tending to start the effective development of the activity". Therefore, it was understood that there was no material start of the activity and, consequently, the assets were not considered to be assigned to an economic activity. Hence, the DGT concluded that the aforementioned exemption was not applicable.

A change of criterion on the part of the DGT began with the publication of the binding consultation V0863-23 which, although it referred to the online gaming sector, represented an important precedent. By virtue of this, we had already stated in a previous publication that the criterion established by the DGT could be applied to the case of RTB projects in the renewable energies sector.

In the Consultation analyzed here, it is determined that the capital gain obtained in the sale by a holding company of the participation in some subsidiaries (which are SPVs) wholly owned, whose main activity is the management, purchase and sale and technical analysis of all types of renewable energy production installations, as well as the promotion, marketing and operation of photovoltaic plants, can benefit from the aforementioned 95% exemption. These subsidiaries are processing and promoting several photovoltaic projects in Spain, although all the SPVs are in a promotion or development phase, and in no case have started the construction works of the photovoltaic solar parks, since they are processing the appropriate permits, licenses and authorizations to reach the RTB status.

Likewise, the SPVs, during the processing and legalisation stage of the projects, do not have their own staff to carry out this economic activity, but have opted to outsource all the work to the holding company. Therefore, the material and human resources of the SPVs to carry out the administrative activity of developing photovoltaic solar plants come from the holding company and from the rest of the suppliers that have been previously selected and validated by the holding company.

In this context, and based on certain case law and administrative doctrine (citing rulings of the Supreme Court and the National Court, as well as two resolutions of the Central Economic-Administrative Court), the DGT concludes that, in view of the circumstances of the case, it can be considered that each of the SPVs carries out the activity of promotion or development of photovoltaic solar plants, so that these entities would not be considered as an asset-holding company, since their elements would be assigned to the development of an economic activity.

In short, the DGT states that, to the extent that the activity carried out by the SPVs determines the existence of a management, on its own account, of means of production or human resources, its own or those of third parties, with the purpose of intervening in the production or distribution of goods or services in the market, the entity that transfers the shares may apply the exemption of article 21 of the CIT Law on the capital gain obtained as long as it complies with the rest of the requirements established in the aforementioned precept. Therefore, the DGT extends to the renewable energies sector the criterion it had recently expressed in relation to the online gaming sector, thus abandoning the criterion followed in the aforementioned binding consultation V2265-21, which generated so much stir in the sector.

However, the DGT itself introduces in its reply a safeguard by stating that "this is a question of fact that the taxpayer must prove by any means of proof admitted in law", and its assessment corresponds to the competent bodies in matters of verification of the Tax Administration.

Therefore, in view of the above, we consider that it is necessary to analyze the specific circumstances of each case in order to determine whether we are faced with a factual situation that allows us to apply the criterion expressed by the DGT in the binding consultations analyzed.

More information and contact

Como ya hemos indicado en anteriores publicaciones, la cesión de vehículos por parte de una entidad a determinados empleados ha sido y es un tema recurrente en las actuaciones de comprobación e inspección, con diversas derivadas que afectan, principalmente, al IVA y al IRPF, dando lugar a numerosa jurisprudencia y doctrina administrativa.

En este sentido, la AEAT publicó el pasado 28 de julio una nota mediante la que analiza los criterios interpretativos sobre determinados aspectos que determinan la tributación de la cesión de vehículos a empleados, conforme a los más recientes pronunciamientos sobre esta materia.

Así, los aspectos de la cesión de vehículos a empleados sobre los que la AEAT viene a exponer los criterios que deben regir su tributación son los que se resumen a continuación.

1) Criterio de disponibilidad para uso privado

En primer lugar, la AEAT recuerda que, en cuanto a la carga de la prueba, corresponde a la empresa acreditar la necesidad del uso del vehículo para el desempeño de la actividad laboral por parte del trabajador y que corresponde al obligado tributario acreditar, en su caso, que el vehículo no está disponible para fines particulares.

Por lo que respecta al criterio para determinar el porcentaje correspondiente a la utilización para fines particulares, la AEAT indica que “es el de la disponibilidad para tal uso privado que tendrá efecto en ambas obligaciones tributarias (IVA e IRPF)”. Es decir, el criterio para determinar el porcentaje está basado en la disponibilidad, no en la utilización efectiva del vehículo por parte del empleado.

En definitiva, se toma en consideración la totalidad del tiempo anual que no corresponde a la jornada laboral de los trabajadores conforme al convenio aplicable, aclarando la AEAT que deberán tenerse en cuenta también las posibles excepciones y particularidades que puedan concurrir en cada caso y que deberán ser objeto de demostración caso por caso.

Sobre este punto, la AEAT manifiesta de forma expresa que este criterio hace que ya no opere la presunción del 50% prevista en la Ley del IVA, que se venía empleando como criterio de uso generalizado.

2) Consideración de la cesión como prestación onerosa o gratuita a efectos del IVA

Esta es una cuestión que ha generado mucha controversia a lo largo del tiempo y que tratamos recientemente aquí.

De forma resumida, la AEAT considera que nos encontramos ante una cesión onerosa cuando:

• El trabajador pague parte del uso del vehículo o el importe correspondiente a ese uso sea deducido de su salario.
• El trabajador elija entre diversas modalidades retributivas el uso del vehículo.

Asimismo, advierte la AEAT que “el mero hecho de que, a los efectos del impuesto sobre la renta, la cesión del vehículo tenga la consideración de retribución en especie no determina que en IVA estemos ante una cesión onerosa.”

Por el contrario, la cesión será gratuita cuando:

• El uso del vehículo es voluntario para el trabajador y, además, el hecho de que el empleado se acoja o no a tal opción no tiene repercusión alguna en sus retribuciones.
• Cuando el trabajador no realiza ningún pago ni emplea una parte de su retribución en metálico, y tampoco opta por otro tipo de retribución.

3) Deducibilidad por el empresario o profesional de las cuotas de IVA soportadas

La deducibilidad de las cuotas soportadas está condicionada a que el vehículo se encuentre afecto al desarrollo de una actividad sujeta a IVA, debiendo tenerse en cuenta el grado efectivo de utilización de dicho vehículo en el desarrollo de la actividad.

Así, una vez se determine el grado de afectación del vehículo a la actividad, que depende del carácter oneroso o gratuito de la cesión, el sujeto pasivo podrá deducirse el IVA soportado en la adquisición, importación, arrendamiento o cesión de uso en la proporción que corresponda.

4) Autoconsumo de servicios

La AEAT expone en su nota que en los casos en los que el empresario o profesional haya deducido la cuota soportada en la adquisición del vehículo, y exista una cesión sin contraprestación, se asimilará a prestación de servicios onerosa, tributando como autoconsumo de servicios.

Por tanto, cuando habiéndose deducido el IVA soportado en la adquisición del vehículo, se produzca con posterioridad una cesión a empleados en la que no concurra la nota de onerosidad, debe considerarse producida una operación asimilada a una prestación de servicios.

No obstante, si el sujeto pasivo adquirió el vehículo con la intención de afectarlo parcialmente a la actividad y también cederlo gratuitamente al empleado desde el momento de la adquisición, sólo será deducible de la cuota soportada el porcentaje de afectación a la actividad, mientras que no podrá deducirse el resto de la cuota soportada, por lo que no se producirá autoconsumo de servicios sujeto por la cesión gratuita del vehículo al empleado, al no existir derecho a la deducción en ese porcentaje.

5) Base imponible a efectos del IVA y del IRPF

Aclara en primer lugar la AEAT que cuando necesariamente coincide el grado de disponibilidad en IRPF y en IVA, ello no implica que la base imponible sea la misma en caso de que proceda considerar un IVA devengado por la cesión onerosa del vehículo al empleado.

1º En el caso del IVA:

a) Si no concurre la nota de onerosidad en la cesión, no existirá operación sujeta al impuesto, salvo que se trate de un autoconsumo de servicios (art. 12 Ley del IVA), por lo que, al no existir hecho imponible, no debe determinarse base alguna.
b) Si la cesión es onerosa o estamos ante un autoconsumo sujeto, al existir vinculación entre el empresario o profesional y el empleado, aplica la regla especial del artículo 79.Cinco de la Ley del IVA, según la cual la base imponible debe coincidir con el valor de mercado de la cesión.

2º Con respecto al IRPF, conforme a lo previsto en el artículo 43.1.1º de la Ley del IRPF, la base del ingreso a cuenta en el supuesto de uso será el 20% anual del coste de adquisición para el pagador, incluidos los tributos que graven la operación, si el vehículo es propiedad del pagador. En el caso de no ser de su propiedad, el porcentaje del 20% anual se aplicará sobre el valor de mercado que corresponda al vehículo si fuese nuevo. En cualquier caso, la valoración así efectuada se puede reducir hasta en un 30% cuando se trate de vehículos considerados eficientes energéticamente.

Veremos si esta nota sirve para reducir la controversia en esta materia o no, puesto que hay criterios que pueden seguir siendo objeto de discusión ante los tribunales y, por tanto, no es descartable que puedan ser matizados o verse, incluso, superados.

De todos modos, nuestra recomendación es que este tema sea analizado por las empresas y profesionales valorando las circunstancias particulares que concurran en cada caso.

Más información y contacto