Actualitat

El pasado mes de diciembre anunciaban los sindicatos en rueda de prensa haber alcanzado un acuerdo con el gobierno para la modificación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral del 2012. Dicho acuerdo era el resultado de las negociaciones que se iniciaron entre gobierno y agentes sociales (sindicatos y patronal) el mismo mes de junio en el que accedía al gobierno el nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez. El acuerdo anunciado por los sindicatos, sin embargo, no contaba con el soporte de la patronal, que el mismo día que se conocía la noticia del acuerdo entre gobierno y sindicatos publicaba de forma conjunta (CEOE y CEPYME) un comunicado expresando su sorpresa e indignación.

El acuerdo alcanzado entre Gobierno y sindicatos propone la modificación de varios artículos del actual Estatuto de los Trabajadores, con especial incidencia en la prioridad aplicativa del convenio de empresa sobre el sectorial, la ultraactividad de los convenios, la subcontratación y el registro diario de la jornada de los trabajadores.

En cuanto a la concurrencia entre convenios se propone volver a las reglas existentes antes de la Reforma laboral de 2012, de forma que desaparece la posibilidad expresa de negociar un convenio de empresa en cualquier momento durante la vigencia de un convenio sectorial, y la prioridad del convenio de empresa sobre el del sector en materias como salario, horas extras, horarios, clasificación profesional o contratación (art. 84.2 ET). En cuanto a la ultraactividad, se propone la supresión del límite máximo de 1 año introducido en 2012, de forma que una vez llegada la fecha de finalización de un convenio, si no hay nada pactado al respecto y no se llega a un acuerdo sobre el nuevo texto, el convenio anterior mantendría su vigencia de forma indefinida (art. 86.3 ET).

Pero lo que ha generado más expectación, sin duda, es la obligación de registro de la jornada diaria y la nueva regulación de la subcontratación. Lo primero, la obligación de registro diario de la jornada, no es algo que nos venga de nuevo, ya que estuvo en vigor desde diciembre de 2015 a raíz de una serie de sentencias de la Audiencia Nacional que posteriormente – marzo 2017 – revocó el Tribunal Supremo. La propuesta del acuerdo alcanzado entre Gobierno y Sindicatos pasa por incluir de forma expresa en el Estatuto de los Trabajadores la obligación de registrar no sólo la jornada, sino el horario de entrada y salida de cada trabajador de forma diaria, y entregar un resumen al empleado en periodos regulares no superiores al mes (art. 34 ET). Considerando el mero hecho de no llevar tal registro (con independencia de la realización o no de horas extraordinarias) como una infracción grave en materia laboral sancionable con multa de hasta 6.250 € por cada  uno de los trabajadores afectados.

La nueva regulación de la subcontratación (art. 42 ET) sí es novedosa. Quedará bajo el ámbito de aplicación del nuevo art. 42 ET cualquier tipo de contratación, no sólo el de “propia actividad”, y de cualquier naturaleza civil, mercantil o administrativa; se incluye una definición del concepto de “propia actividad” que engloba todas las actividades inherentes al objeto social de la empresa, las necesarias para la organización y realización del trabajo, así como las que pueda establecer el convenio colectivo; En las contratas de propia actividad habrá responsabilidad solidaria del empresario principal respecto a todas las deudas de cualquier naturaleza contraídas por el contratista o subcontratistas durante la vigencia de la contrata; si no se trata de propia actividad, habrá responsabilidad también pero de carácter subsidiario; se reconoce la aplicación del convenio colectivo de la empresa principal a los trabajadores de la contratista cuando se trate de propia actividad; e incluso se extiende la representación de la RLT de la empresa principal a los trabajadores de la contratista (con el incremento de horas sindicales que corresponda) cuando se comparte centro de trabajo.

A diferencia de la posibilidad de que los convenios colectivos establezcan cláusulas de “jubilación forzosa”, que se eliminó con la reforma de 2012 y se ha vuelto a introducir ya mediante Real Decreto Ley de 28 de Diciembre, todas estas medidas no están en vigor. Son el contenido del acuerdo alcanzado entre Gobierno y los sindicatos, pero su vigencia requerirá de la aprobación de un Real Decreto Ley o bien que se sigan los trámites legislativos ordinarios. La composición del parlamento y la situación política actual hacen difícil prever en qué momento puedan llegar a ver la luz todas estas medidas y, en su caso, en qué términos se aprobarán finalmente. Aunque su conocimiento puede servir de orientación para anticipar el sentido de los cambios que se proyectan en el ámbito laboral a corto o medio plazo.

 

Acceda al artículo del diario El Economista sobre la opinión de los expertos sobre la reforma laboral, con la participación de Dídac Ripollès aquí.

14.02.2019


El consultante en este caso ha sido una federación de asociaciones que representa los intereses de gestores de arrendamiento de viviendas con fines turísticos, motivo por el cual esta CV se centra eminentemente en un determinado modelo de negocio de explotación: aquel en que los propietarios no explotan directamente la vivienda turística, sino que la ceden a cambio de un precio fijo a una sociedad gestora (o “property manager”), siendo esta última la encargada de contratar con los usuarios o clientes finales.

 

A) Modelo de negocio que analiza la DGT en esta CV:

 

Funciones realizadas por cada parte en este modelo de negocio

 

  • El propietario: Es el titular del inmueble, y quien actúa como arrendador frente al gestor, del que cobra una renta mayormente fija.
  • El gestor (o Property Manager): Es el arrendatario del inmueble quien, a su vez, tiene un derecho de subarriendo por el cual cede a los usuarios (cesionarios) un uso temporal, asumiendo el riesgo de lograr un mayor o menor volumen de alquileres entre los potenciales usuarios.
  • El usuario: Es quien (sin tener relación contractual alguna con el Propietario) contrata con el gestor el uso temporal de la totalidad o parte de la vivienda amueblada y equipada.
  • El intermediario: Es quien pone en contacto al usuario con el gestor, y obtiene un “premio o comisión” en la medida en que se celebre un contrato entre ambos –cuando se trata de plataformas digitales, sería típicamente el caso de Airbnb o Booking.com

 

 

 

B. Principales afectaciones y obligaciones fiscales para las partes, según resalta la CV:

 

Parte obligada

Contenido de la obligación/ afectación

El Propietario

  • Sin obligación de presentar el Modelo 179.
  • Sí debe asumir que sus datos identificativos aparecerán (junto a los del gestor) en el Modelo 179 que presentará el Intermediario.

El Gestor (o Property Manager)

  • Sin obligación de presentar el Modelo 179.
  • Sí debe asumir que sus datos identificativos aparecerán (junto a los del propietario) en el Modelo 179 que presentará el Intermediario.
  • Obligación de conservar copia física del documento de identificación de las personas (usuarios) beneficiarias de dicha cesión (DNI, pasaporte, etc.).

El Intermediario

  • Obligación de presentar el Modelo 179 (incluyendo datos identificativos tanto del propietario como del gestor).

* Supuesto de exclusión de la obligación de presentar Modelo 179 explícitamente reconocido por la DGT: Las plataformas que realizan una labor de mero alojamiento digital de anuncios de viviendas para usos turísticos (v.gr. milanuncios.com), sin que intermedien entre el gestor y el usuario.

 

04.02.2019

La reciente Modificación del Plan General Metropolitano (DOGC núm. 7768, de 14/12/2018) establece una reserva obligatoria del 30% del techo urbanístico potencial en suelo urbano consolidado con destino a vivienda protegida en el Municipio de Barcelona

La reserva se aplica cuando, tratándose de parcelas de más de 600 m2 de techo urbanístico potencial de vivienda plurifamiliar, se realiza una actuación edificatoria (i) de nueva construcción o (ii) de gran rehabilitación, en los términos en las que estas actuaciones edificatorias se definen en los apartados 2 y 3 del art. 285.ter de la normativa.

La reserva debe ubicarse en la misma edificación objeto de la actuación. No obstante, puede ubicarse en otro emplazamiento en el mismo barrio, mediante un planeamiento derivado con estudio económico que acredite la equivalencia y con ejecución simultánea.

De acuerdo con la Disposición Final 2ª, la reserva no es de aplicación a:

a) Licencias de obras “presentadas” con anterioridad a 14 de diciembre de 2018.

b) Licencias de obras “presentadas” antes del 14 de diciembre de 2020, en los siguientes casos:

  • 1) Cuando se acredite una transacción del inmueble en documento público realizada entre el 1 de julio de 2016 y el 18 de junio de 2018.
  • 2) Cuando se acredite una transacción del inmueble en documento público realizada entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2016, con un estudio económico justificativo de la inviabilidad económica de la reserva. En este caso se aplicará el porcentaje menor de reserva que, en su caso, haga viable la actuación.
     

La Modificación puntual del Plan General Metropolitano (DOGC núm. 7772, de 20/12/2018) declara área de tanteo y retracto todo el termino municipal de Barcelona.
 

El derecho de tanteo y retracto corresponde al Ayuntamiento de Barcelona, sobre los siguientes inmuebles:
 

  • a) Los edificios plurifamiliares enteros utilizados principalmente como vivienda.
     
  • b) Los terrenos sin edificar, sean solares o parcelas en cualquier clase de suelo.
     
  • c) Los terrenos con edificaciones ruinosas o totalmente desocupados.
     
  • d) Las viviendas vacías sometidas al Impuesto sobre viviendas vacías, regulado en la Ley 14/2015, de 21 de julio.
     

Mediante planeamiento derivado se podrá hacer extensivo a otros inmuebles.

El tanteo y retracto se aplica en las transmisiones onerosas de inmuebles, incluida la transmisión de acciones o participaciones sociales de sociedades mercantiles en los términos del art. 15 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda.

No se aplica a transmisiones entre sociedades del mismo grupo.

El pasado 29 de noviembre, el Pleno del Tribunal Constitucional resolvió la cuestión de inconstitucionalidad promovida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha respecto del art. 86.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que se refiere al recurso de casación por infracción de normas autonómicas. Concretamente, el párrafo segundo dispone que será competente para conocer del recurso una Sección de la Sala Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Y si hubiera más de una Sección, la Sala de Gobierno establecerá el turno correspondiente.

El TSJ de Castilla-La Mancha planteó la cuestión de inconstitucionalidad en base a cuatro motivos. En primer lugar, la posible vulneración de la reserva de ley orgánica para regular la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales (art. 122.1 CE); en segundo lugar, la infracción del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE); en tercer lugar, la vulneración del derecho a la igualdad (art. 14) y, en cuarto lugar, del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24).  

Frente a ello, el Tribunal Constitucional rechaza todos y cada uno de los motivos planteados, de tal manera que estima la plena adecuación del art. 86.3, párrafos segundo y tercero, de la LJCA a la Constitución.

Así pues, los argumentos del TC son, resumidamente, los siguientes.

  1. Sobre la posible vulneración del art. 122.1 de la CE, frente a los motivos esgrimidos por el TSJ de Castilla-La Mancha –que plantea la posible inconstitucionalidad derivada de la reserva de LO para regular el recurso de casación autonómico-, el TC entiende que las previsiones contenidas en el art. 86.3, párrafos segundo y tercero, no son objeto de reserva de LO y, por consiguiente, pueden regularse por el legislador ordinario, como se ha hecho.

    En efecto, de acuerdo con la jurisprudencia del TC, siempre se ha reservado a LO, como mínimo, “el diseño básico de la organización judicial” y “la definición genérica del ámbito de conocimiento litigioso” de los diversos órdenes jurisdiccionales pero nunca “las modalidades de recurso disponibles, las resoluciones en su caso recurribles, los órganos competentes para su resolución o los procedimientos que a tal fin deban seguirse”. Y ello, “con independencia de que las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial hayan procedido en ocasiones en el pasado a precisar, en mayor o menor grado, algunos de esos aspectos”.

  2. Por ello, el TC entiende que, de acuerdo con el criterio mantenido a lo largo de su jurisprudencia, la regulación prevista en el precepto cuestionado no estaría dentro del contenido de “mínimos” reservado a LO y, por tanto, puede regularse por ley ordinaria. De aquí que, desde este punto de vista, rechace la posible inconstitucionalidad del art. 86.2. 3º y 4º LJCA. 

    Por otra parte, el TC también explica que la regulación de las Secciones en el art. 86.3, párrafos segundo y tercero, LJCA debe entenderse como Sección “funcional”, susceptible de regularse por el legislador ordinario, y no como Sección “orgánica”, en cuyo caso, debiera ser objeto de LO. En definitiva, sostiene el TC que las Secciones a las que se refiere el art. 86.3 LJCA “se configuran y actúan básicamente como divisiones funcionales de las Salas de lo Contencioso-Administrativo y no como órganos judiciales con una composición y un ámbito competencial singularizados con respecto a los de dichas Salas” por lo que, “en consecuencia, no necesariamente deben ser reguladas por disposiciones de rango orgánico”.

 

  1. Respecto a la posible infracción del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), el TSJ plantea este motivo en base a: (i) la falta de mención de las resoluciones objeto del recurso de casación autonómico y (ii) la disparidad de criterios de aplicación de las disposiciones cuestionadas existentes entre los Tribunales Superiores de Justicia.

    Frente a ello, el TC sostiene que “no cabe admitir que se infringe el principio de seguridad jurídica cuando un texto normativo no se plantea y resuelve por sí mismo de modo explícito todos los problemas que puede suscitar su aplicación”. Por ello, aunque la modificación del art. 86.3 LJCA puede haber creado “cierta vacilación en algunos aspectos de la dinámica del recurso de casación autonómico” debido a la parquedad de su desarrollo normativo, el art. 86.3, párrafos 2º y 3º, forma parte del ordenamiento jurídico y, como tal, es susceptible de una interpretación razonada y sistemática del mismo.

    En este sentido, el TC, de acuerdo con las alegaciones de la Abogacía del Estado, defiende que el artículo cuestionado pueda interpretarse armónicamente “con la regulación contenida en los arts. 87, 87bis, 88, 89 y sigs.” LJCA y que se refieren al recurso de casación ante el Tribunal Supremo.Por todo ello, el TC concluye que en el caso del art. 86.3, párrafos segundo y tercero, no concurre un grado de indeterminación tan alto como para apreciar la vulneración del principio de seguridad jurídica consagrado en el art. 9.3 CE.

 

  1. El TC también rechaza la vulneración del derecho a la igualdad (art. 14 CE) planteada por el TSJ en base a la posibilidad de que los diferentes Tribunales Superiores de Justicia llevasen a cabo interpretaciones contradictorias ante situaciones de hecho esencialmente iguales que generasen un trato diferente a los ciudadanos.

    En este punto, el TC se remite a la doctrina constitucional que dispone que“la desigualdad o la discriminación que se prohíbe mediante el art. 14 CE es la que se origina en la función jurisdiccional de un mismo órgano judicial, al interpretar o aplicar de forma diversa una misma norma ante supuestos de hecho similares, no la que se produce por el hecho de que distintos órganos judiciales realicen una interpretación o aplicación distintas de la misma norma jurídica”. Y prosigue, "la independencia judicial ampara la capacidad de cada Juez y Tribunal de seleccionar, interpretar y aplicar las normas que consideran relevantes para resolver el asunto de que conocen, siendo la razonabilidad el único parámetro de constitucionalidad que podría proyectarse sobre tales operaciones”.

 

  1. Por último, el TC rechaza la posible vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE). En efecto, de acuerdo con el TC, la posible falta de desarrollo legal del recurso de casación autonómico no afectaría a la tutela judicial efectiva en sí misma -como plantea el TSJ- sino a la efectividad del recurso.

    Es decir, que la inexistencia de desarrollo legal del recurso afectaría a su aplicación práctica, pero en ningún caso puede afectar al contenido de la tutela judicial efectiva. Y, en segundo lugar, tampoco hay una vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley en tanto que tanto el párrafo segundo como el tercero del art. 86.3 LJCA tienen rango legal y contienen los criterios necesarios para determinar la composición de las Secciones de casación.

 

En definitiva, mediante esta Sentencia el Tribunal Constitucional logra salvar la constitucionalidad del recurso de casación autonómico, tras la desaparición del recurso de casación autonómico para la unificación de la doctrina y el recurso de casación autonómico en interés de ley, ambos derogados por la LO 7/2015, de 21 de julio.

Puede consultar la nota informativa publicada por el Tribunal Constitucional sobre esta cuestión aquí.

 

 

 

 

 

La nueva regulación de la venta a pérdida que se establece en el artículo 6 del Real Decreto-ley 20/2018 viene a cumplir con la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictada en el procedimiento prejudicial c-295/16, caso Europamur Alimentación S. A.  Dicha sentencia europea declaró la incompatibilidad del artículo 14 de la Ley 7/1996, de Ordenación del Comercio Minorista sobre venta a pérdida, con la Directiva 2005/29/CE sobre prácticas desleales de las empresas a los consumidores en el mercado interior. La referida sentencia declaró que:

  • No puede haber prohibiciones generales de ofertar o realizar ventas con pérdida
  • No pueden regularse excepciones a esta prohibición basadas en criterios que no estén recogidos en la directiva
  • Los Estados miembros no pueden adoptar medidas más restrictivas que las previstas en una norma de la Unión Europea, ni siquiera con el fin de garantizar una mayor protección de los consumidores, y que
  • La deslealtad de la venta con pérdida debe determinarse caso por caso, atendiendo a los criterios que fija la propia Directiva.

Para adaptarse a los mandatos de la sentencia, la nueva regulación de la venta a pérdida no establece una prohibición general, aunque sí determinadas limitaciones, que son conformes a lo que dispone la Directiva 2005/29/CE. También desaparece la automaticidad de las sanciones y la carga de la prueba recae en la Administración que, para poder sancionar, debe acreditar que la venta a pérdida incurre en uno de los supuestos que se recogen de forma taxativa, y que proceden de la propia directiva y, por tanto, son acordes con el Derecho de la Unión Europea.

 

Supresión del Registro de Franquiciadores y del Registro de Empresas de Ventas a Distancia

Entre las medidas adoptadas en el ámbito del comercio, el RDL 20/2018 modifica los artículos 38 y 62 de la Ley 7/1996, de Ordenación del Comercio Minorista, con el objetivo de suprimir el Registro de Franquiciadores y el Registro de Empresas de Ventas a Distancia.

El Registro de Franquiciadores se recoge en el RD 201/2010 que regula el ejercicio de la actividad comercial en régimen de franquicia y la comunicación de datos al registro de franquiciadores, que desde 2016 funcionaba de forma telemática. Sin embargo, las aplicaciones informáticas implementadas presentan graves carencias y su utilización resulta complicada y poco útil además de introducir nuevas trabas al libre ejercicio del comercio. 

Por otra parte, la única información que este Registro verifica es que la empresa franquiciadora ostenta la titularidad o el derecho de uso de la marca, cuestión que ya queda cubierta por la Oficina Española de Patentes y Marcas y el registro ruropeo de Marca Comunitaria, con el agravante de que el incumplimiento de la obligación de comunicación de datos y alta en el mismo constituía una infracción grave.

En cuanto al Registro de Empresas de Ventas a Distancia, se encuentra regulado en el Real Decreto 225/2006, de 24 de febrero, por el que se regulan determinados aspectos de las ventas a distancia y la inscripción en el registro de empresas de ventas a distancia, dictado en desarrollo de las previsiones del artículo 38.2 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. 

Por otra parte, de todos los supuestos que la Ley de Ordenación del Comercio Minorista regula como ventas especiales (ventas a distancia, ventas ambulantes o no sedentarias, ventas automáticas y ventas en pública subasta) la única en la que se exige registro es en la modalidad de venta a distancia, sin que exista una justificación para esta diferenciación.

Así, las únicas empresas que tienen obligatoriamente que solicitar su alta en el Registro de Empresas de Ventas a Distancia son aquellas que ejercen su actividad comercial a través de técnicas como el catálogo, el impreso, la carta normalizada, publicidad en prensa con cupón de pedido, el teléfono, la radio, la televisión, visiófono, vídeo texto y fax.

Al igual que ocurre con el Registro de Franquiciadores, la información que facilita el Registro de Ventas a Distancia se basa únicamente en las afirmaciones de la empresa, sin que exista actividad de verificación de ningún tipo, como tampoco se exige la presentación de documentación acreditativa alguna.

A la vista de estos antecedentes y la poca utilidad de ambos registros, se ha optado por su supresión, ahorrando costes asociados a los mismos tanto para la Administración como para los propios usuarios y facilitando así el libre comercio sin sujeción a registros.
 

18.12.2018

El día 7 de diciembre entró en vigor Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGD), que implica la incorporación definitiva del Reglamento de la Unión Europea n. º 2016/679 de 27 de abril de 2016 en nuestro ordenamiento jurídico, e incide notablemente en la regulación de la controvertida utilización de dispositivos digitales en el entorno laboral

En concreto, supone una ampliación de las facultades de control y dirección reconocidas al empresario mediante el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores, puesto que la LOPDGD recoge expresamente los criterios establecidos por nuestros Tribunales hasta la actualidad, al considerar válida la adopción de medidas de intervención en los dispositivos informáticos propiedad de la empresa, así como el uso de cámaras de videovigilancia y dispositivos de geolocalización (GPS) instalados con la finalidad de velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales. Asimismo, permitirá la grabación de sonido, aunque únicamente para los supuestos que existan riesgos relevantes derivados de la actividad desarrollada y con la finalidad exclusiva de preservar la seguridad de las instalaciones; no para controlar la actividad laboral de los empleados.

Por lo tanto, el escenario de la implementación de la nueva ley es el reconocimiento legal al empresario de la facultad de implantar medidas de control tecnológico sin requerir el consentimiento de los trabajadores afectados. Ello no significa que las medidas puedan ser sorpresivas, pues la LOPDGD exige una comunicación previa informando a los trabajadores y a la representación colectiva. Asimismo, dicha comunicación deberá ser “expresa, clara y concisa” sobre la existencia y características de los dispositivos implantados y finalidades de los datos obtenidos, debiendo dejar constancia de que una de las finalidades será para vigilar el cumplimiento de las obligaciones laborales.

En el caso particular de los dispositivos GPS, la LOPDGD dice que para mantener activa la localización, una vez finalizada la jornada laboral sí requerirá el consentimiento del trabajador. En este sentido, sería recomendable que el empleador garantice e informe a los trabajadores que dichos dispositivos de localización se desconectarán una vez finalizada la jornada de trabajo (Sentencia TSJ de Asturias de 27-12-2017, entre otras).

Será obligatorio que el empleador informe, junto con la comunicación previa, sobre la posibilidad de que los trabajadores ejerciten los derechos reconocidos en materia de protección de datos. 

La única excepción al trámite de información previa será la constatación de la comisión flagrante de un acto ilícito mediante las grabaciones captadas por sonido o videovigilancia. En este caso, se entenderá cumplido el trámite de información cuando exista un distintivo legal visible en las instalaciones de la empresa o establecimiento donde conste la existencia de tratamiento de datos, la identidad del responsable del tratamiento y la posibilidad de ejercitar los derechos.

La novedosa LOPDGD prevé la elaboración de un protocolo interno sobre tecnologías donde se regulen los usos de las herramientas digitales que se convertirá en medida de obligado cumplimiento para las empresas cuando se haya elaborado. En dichas políticas internas, se reconoce un papel crucial a la representación de los trabajadores al intervenir en su elaboración y velar por el cumplimiento en materia de protección de datos y hasta la posibilidad de establecer garantías adicionales mediante Convenio Colectivo.

Podemos concluir entonces, que, cuanto mayor conocimiento tenga el trabajador sobre la existencia de medios tecnológicos con la finalidad de fiscalizar su trabajo, mayor proporcionalidad y seguridad tendrán los datos obtenidos si quieren utilizarse como prueba de un posible incumplimiento laboral.

Finalmente, señalar que, en materia de derechos laborales, la LOPDGD se reconoce expresamente el derecho de los trabajadores a la intimidad digital -como límite al control en el lugar de trabajo- según los estándares mínimos definidos mediante “los usos sociales y los derechos reconocidos constitucional y legalmente” y se introduce el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral con el objetivo de evitar la comunicación con el trabajador por motivos profesionales fuera de la jornada laboral en aras a respetar la intimidad personal y familiar, así como los periodos de descanso, permisos y vacaciones.

Sin embargo, se trasladan los mecanismos de garantía de esos derechos a una regulación interna o colectiva, desarrollada entre la empresa y la representación de los trabajadores que prevea el uso razonable de las herramientas tecnológicas para evitar el riesgo de “fatiga informática”, a la sazón de incorporarse en materia de prevención de riesgos laborales.

 

18.12.2018

El pasado 12 de noviembre de 2018 se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la Orden JUS/183/2018, de 31 de octubre, por la que se crea la Sede judicial electrónica de Catalunya, que entró en vigor el 1 de noviembre de 2018.

Esta Orden se dicta para dar cumplimiento a las previsiones de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de justicia que establece que las administraciones competentes en materia de justicia deben determinar las condiciones e instrumentos de creación de las sedes judiciales electrónicas.

 

 

Así pues, la Orden referida crea la Sede judicial electrónica de Catalunya, que es el portal electrónico disponible para todos los ciudadanos y profesionales de la justicia y a través del cual pueden acceder a la información, procedimientos y servicios electrónicos de la Administración de justicia en Cataluña.

Asimismo, a través de la Sede judicial electrónica de Cataluña se pueden realizar todas las actuaciones, procedimientos y servicios que requieran la autenticación de la Administración de justicia o de los ciudadanos y profesionales en sus relaciones con esta Administración por medios electrónicos.

Por último, la Sede judicial electrónica de Cataluña permite acceder, mediante el punto de acceso general de la Administración de justicia, a todas las sedes y subsedes judiciales electrónicas creadas dentro del territorio del Estado.

Puede consultar la Orden citada aquí
 

El pasado 11 de diciembre de 2018 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2019.

La publicación del calendario se produce para dar cumplimiento a la obligación impuesta a la Administración General del Estado en el art. 30.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y que le obliga a hacerlo antes de que empiece el nuevo año.

De forma resumida, son inhábiles a efectos de cómputo de plazos los sábados y domingos, las fiestas nacionales, las fiestas autonómicas en el territorio respectivo y las fiestas locales determinadas por las respectivas Comunidades Autónomas.

El calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos debe entenderse, en cualquier caso, de acuerdo con el calendario laboral oficial que, para el año 2019, se publicó en el BOE el 20 de octubre de 2018 (consulte aquí la resolución sobre la relación de fiestas laborales para 2019).

Puede consultar la Resolución de 29 de noviembre de 2018 comentada en este artículo aquí

 

 

Como cometamos en una reciente publicación -que puede consultarse clicando aquí-, el Tribunal Supremo (TS), en su Sentencia 1462/2018 de 3/10/2018, estableció como doctrina legal que las prestaciones públicas por maternidad percibidas del Instituto Nacional de la Seguridad Social  (INSS) están exentas del pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Por ello, todos los contribuyentes que hayan tributado por la percepción de esa clase de ayudas tienen derecho a reclamar a hacienda las cantidades indebidamente ingresadas.

El pasado 3 de diciembre de 2018, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) publicó en su página web un formulario que pretende agilizar el proceso de devolución de quienes reclamen esas cantidades. De ese modo, los afectados no tendrán la obligación de presentar solicitudes de rectificación de las declaraciones de IRPF afectadas, sino que podrán limitarse a cumplimentar la habilitada solicitud en la que sólo debe indicarse, uno, el año en que se declararon las percepciones; y dos, el número de cuenta en la que quiere recibir la devolución, sin que sea necesario adjuntar el certificado de la Seguridad Social acreditativo de las prestaciones percibidas.

Es preciso señalar que actualmente sólo es posible tramitar la recuperación de las cantidades declaradas correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015. El formulario que permitirá rectificar las declaraciones de los años 2016 y 2017 estará disponible en enero de 2019.

Puede acceder al formulario de la página web de la AEAT aquí.
 

La Sala Primera de lo Civil del Tribunal  Supremo (TS) en su sentencia nº 530/2018 de 26 de septiembre, analiza cuál es el plazo de duración de un nuevo contrato de arrendamiento sometido a tácita reconducción, si en el contrato “originario” se había pactado una renta anual, y el pago de la misma se articulaba por meses anticipados.

El Alto Tribunal, tras analizar el artículo 1.566 del Código Civil, en relación con el artículo 1.581 del mismo texto legal, ha entendido que la duración del nuevo contrato de arrendamiento lo es por años si se establece en el contrato anterior una renta anual, no siendo lógico entender que un mero fraccionamiento del pago (mensual) de una renta fijada anualmente determine que la duración del contrato es mensual.

De ser así carecería de sentido la determinación de la renta anualmente, si la intención de las partes era fijar la renta de forma mensual.

 

[El término tácita reconducción es una figura jurídica que se da en los contratos de arrendamiento urbanos. Se refiere a la continuación del arrendamiento cuando el contrato llega a su fin y el inquilino permanece en la vivienda o en el local, con el consentimiento del propietario. Si el inquilino permanece disfrutando del inmueble durante 15 días con el consentimiento del arrendador, el contrato se renueva de forma 'tácita', creándose así un nuevo contrato.

 

Recientemente, el Tribunal Supremo, en su sentencia con fecha 14 de septiembre de 2018, ha resuelto sobre los plazos de prescripción que aplican a la reclamación de un comunero contra su comunidad. En el supuesto enjuiciado, el propietario de un local reclamaba a su comunidad por los beneficios dejados de obtener al no haber podido arrendar el local, por encontrarse los elementos comunes del inmueble en mal estado.

El propietario del local interpuso demanda contra la comunidad de propietarios, pues entendía que la comunidad había incumplido el deber de mantenimiento y conservación previsto en el artículo 10.1 de la Ley de Propiedad Horizontal. Por su parte la comunidad se opuso a la demanda alegando, entre otras cuestiones, la prescripción de la acción ejercitada.

La demanda fue parcialmente estimada en primera instancia, siendo desestimada en segunda instancia por la Audiencia Provincial, que resolvió que la acción ejercitada estaba prescrita. El razonamiento de la Audiencia era que la acción que se ejercitaba era la de indemnización por daños y perjuicios extracontractuales, siéndole de aplicación el plazo de prescripción de 1 año del artículo 1958 del Código Civil (“CC”).

El propietario del local presentó recurso de casación, resolviendo el Tribunal Supremo que lo solicitado por el propietario no era una indemnización por daños extracontractuales sino una reclamación derivada del incumplimiento de la obligación legal de mantenimiento de los elementos comunes.

En la ley este tipo de reclamaciones no tienen previstos un plazo específico de prescripción, por lo que les es de aplicación el plazo general del artículo 1964 CC, que en el momento de producirse los daños era de 15 años (ahora 5 años) . Por este motivo, el Tribunal Supremo desestimó la excepción de prescripción, acordando devolver las actuaciones a la Audiencia Provincial para que dictase nueva sentencia.

Puede consultar el texto íntegro de la sentencia aquí.

 

 

 

[1] STS (Sala de lo Civil) núm. 491/2018 de 14 de septiembre.
[1] El 7 de octubre de 2015, entró en vigor la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, reduciéndose de 15 a 5 años el plazo de prescripción para aquellas acciones personales que no tienen previsto un plazo especial.