Actualitat

El 31 de diciembre de 2023 supuso el fin del Régimen Especial para Residentes No Habituales portugués. A partir del 1 de enero de 2024 ya no es posible solicitar la aplicación del régimen, que establecía varios beneficios, como la tributación al 20% para trabajos de alto valor añadido de naturaleza científica, artística y técnica llevados a cabo por trabajadores dependientes o autónomos o exenciones para determinados rendimientos. No obstante, ha sido sustituido por otro régimen similar, aunque no tan atractivo como el anterior.

Por su parte, el régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores, profesionales, emprendedores e inversores desplazados a territorio español, conocido de forma popular como “Ley Beckham”, ha sido mejorado en 2023. Este régimen, mediante el cumplimiento de ciertos requisitos, permite a las personas físicas que adquieran su residencia fiscal en España como consecuencia de su desplazamiento a territorio español optar por tributar por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes.

Esto supone que aquellos contribuyentes que se acojan al régimen no tributarán en España por su renta mundial, sino solo por la renta obtenida de fuente española (salvo los rendimientos del trabajo, que tributarán en su totalidad en España con independencia del lugar en el que se hayan generado) a un tipo fijo de gravamen del 24% hasta 600.000 euros, lo que supone tributar a un tipo inferior a la tarifa progresiva del IRPF. A partir de dicho importe los rendimientos obtenidos tributan a un tipo del 47%.

Desde 2023 este régimen se ha visto modificado por la introducción de numerosas mejoras. Entre las principales novedades destacan las siguientes:

a) Se disminuye el número de períodos impositivos anteriores al desplazamiento a territorio español durante los cuales el contribuyente no puede haber sido residente fiscal en España, que pasa de diez a cinco años, con lo que se hace más sencillo el acceso al régimen.

b) Se amplía el ámbito subjetivo de aplicación del régimen, incrementándose el número de supuestos en los que es posible aplicarlo.

c) Se establece la posibilidad de acogerse al régimen especial a los hijos del contribuyente menores de veinticinco años (o cualquiera que sea su edad en caso de discapacidad) y a su cónyuge o, en el supuesto de inexistencia de vínculo matrimonial, el progenitor de los hijos, siempre que cumplan unas determinadas condiciones.

 

¿Cuáles son los requisitos para acceder al régimen?

Los requisitos para que las personas físicas desplazadas a territorio español puedan aplicar el régimen especial son:

1. Que no hayan sido residentes en España durante los cinco períodos impositivos anteriores a aquél en el que se produzca su desplazamiento a territorio español (antes eran diez periodos).

2. Que el desplazamiento a territorio español se produzca con motivo de alguna de las siguientes circunstancias.

 

1º Trabajadores por cuenta ajena

  • Que se desplacen como consecuencia de un contrato de trabajo, con excepción de los deportistas profesionales. Este requisito se entiende cumplido cuando se inicie una relación laboral o estatutaria con un empleador en España o cuando el desplazamiento sea ordenado por el empleador extranjero y exista una carta de desplazamiento de este.
  • “Nómadas digitales”. A raíz de las últimas novedades introducidas en el régimen, se extiende ahora también a aquellos casos en los que, sin ser ordenado por el empleador, la actividad laboral se preste a distancia, mediante el uso exclusivo de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación. En particular, se entenderá cumplida esta circunstancia en el caso de trabajadores por cuenta ajena que cuenten con el visado para teletrabajo de carácter internacional previsto en la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

2º Administradores de entidades

Pueden ser socios, salvo que se trate de una entidad patrimonial, en cuyo caso la participación no puede ser igual o superior al 25%.

3º Personas físicas que desarrollen actividades económicas en España

  • Podrán acogerse las personas que realicen en España una actividad que se califique como emprendedora, es decir, una actividad que sea innovadora y/o tenga especial interés económico para España, para lo cual el contribuyente debe contar con un informe favorable emitido por ENISA, empresa pública encargada de este reconocimiento.
  • Podrán acogerse también aquellos trabajadores altamente cualificados que lleven a cabo en España una actividad económica que consista en la prestación de servicios a empresas emergentes o en la realización de actividades de formación o I+D+i, percibiendo por ello una remuneración que represente en conjunto más del 40% de la totalidad de los rendimientos.

3. Que no se obtengan rentas derivadas del desarrollo de actividades profesionales o empresariales en España, salvo en los supuestos específicamente previstos por la norma, que son los indicados en el punto 2. 

4. Familiares del contribuyente

En este caso, se exige (i) que se desplacen a territorio español con el contribuyente en el momento en que este se desplace o durante el primer período de aplicación del régimen si el desplazamiento es posterior, (ii) que adquieran su residencia fiscal en España, (iii) que no hubieran sido residentes durante los cinco períodos impositivos anteriores al desplazamiento, (iv) que no obtengan rentas de actividades profesionales o empresariales en España (salvo las ya indicadas) y (v) que la suma de sus bases liquidables (ingresos netos) en cada uno de los períodos impositivos de aplicación del régimen sea inferior a la base liquidable del contribuyente que da lugar a la aplicación del régimen especial.

 

¿Cuál es el plazo para comunicar la opción por el régimen especial?

Deberá comunicarse la opción por el régimen en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de inicio de la actividad que conste en el alta en la Seguridad Social en España o en la documentación que permita, en su caso, el mantenimiento de la legislación de Seguridad Social de origen, sin que surta efectos la solicitud presentada fuera de dicho plazo.

En el caso de familiares, el plazo, con carácter general, es también de seis meses desde su entrada en España.

Asimismo, la renuncia al régimen debe comunicarse durante los meses de noviembre y diciembre anteriores al inicio del año natural en que la renuncia deba surtir efectos.

 

¿Durante cuánto tiempo puede aplicarse este régimen?

Es de aplicación durante el periodo impositivo en el que el contribuyente adquiera la residencia fiscal en España y los cinco periodos impositivos siguientes (salvo supuesto de renuncia o exclusión). Es decir, función de las fechas, puede llegar a aplicarse durante seis años.
Para los familiares será de aplicación mientras sigan cumpliendo los requisitos anteriormente expuestos y el contribuyente principal con el que se desplazan mantenga el régimen.

 

Consideraciones finales

En conclusión, la opción por este régimen especial puede resultar muy atractiva, más aún desde la aprobación de las novedades expuestas, para aquellas personas que se desplacen a España, sobre todo en aquellos casos en los que se perciba un volumen elevado de ingresos. No obstante, dada la complejidad que puede entrañar el análisis del cumplimiento de los requisitos para su solicitud y aplicación, así como, en su caso, su defensa ante una eventual comprobación por parte de las autoridades fiscales españolas, nuestra recomendación es contar con un asesoramiento experto con carácter previo a optar por dicho régimen.

 

Más información y contacto

 

En mayo de 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictó la sentencia número 2843/2023, de 5 de mayo, la cual resuelve una duda planteada por muchos: ¿puede la vulneración del derecho a la desconexión digital justificar una indemnización adicional?

En los últimos tiempos, la forma en que las empresas operan y se comunican ha experimentado cambios significativos debido al desarrollo de las herramientas tecnológicas. Los medios electrónicos han mejorado la comunicación, facilitado el trabajo en remoto, permitido la automatización de procesos, proporcionado un más fácil acceso a la información, fomentado la colaboración en tiempo real y mejorado, en general, la gestión de proyectos.

Si bien estos avances ofrecen numerosos beneficios, también plantean desafíos en términos de gestión del tiempo, seguridad de la información y equilibrio entre el trabajo y la vida personal. En consecuencia, la inmediatez y el fácil acceso a la información y las comunicaciones pueden llevar a prolongar la jornada laboral y, por tanto, socavar el derecho de los trabajadores al descanso y a la desconexión digital.

El apartado cuarto del artículo 18 de la Constitución Española (CE), establece que se debe limitar el uso de la informática a fin de garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Dicha limitación se regula por medio del artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD) y establece conocido derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral.

La citada Sentencia número 2824/2023, del 5 de mayo de 2023, del Tribunal de Justicia de Cataluña, desestima un Recurso de Suplicación en el que la pretensión principal del trabajador era la reclamación de una indemnización adicional por la vulneración del derecho a la desconexión digital, en relación con los citados artículos 18.4 de la Constitución y 88.4 de la LOPD, así como una vulneración también del derecho a la salud previsto en el artículo 15 de la Constitución.

El Juzgado de lo Social estimó el derecho del trabajador a extinguir su contrato de trabajo en virtud del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, al considerar que se había producido un incumplimiento grave en materia de prevención de riesgos laborales y también consideró que se había vulnerado el derecho al descanso y a la desconexión digital.

Sin embargo, la sentencia de instancia no considera que esos incumplimientos hayan implicado la violación de derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar (artículo 18 CE) ni al derecho a la salud (artículo 15 CE); por ello, desestima la indemnización por daños morales que conllevaría la vulneración de los citados derechos.

Frente a dicha resolución, el trabajador interpone Recurso de Suplicación ante el TSJC, el cual resuelve confirmando lo resuelto en la sentencia de instancia.

El TSJC, en su sentencia establece que, tal y como advierte la doctrina, es cierto que el derecho a la limitación del tiempo de trabajo y a periodos de descanso diario y semanales constituye un derecho fundamental en el marco legal de la Unión Europea, en virtud del artículo 31.2 de la carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Sin embargo, eso no significa que se trate de un derecho fundamental de los recogidos en la Constitución Española, puesto que en esta limitación del tiempo de trabajo y el derecho al descanso aparecen en el artículo 40.2 dentro de los principios rectores de la política social y económica.

Por lo que, finalmente, en el presente supuesto podemos entender cómo la sentencia del Tribunal de Justicia de Cataluña aporta claridad a la controversia referente al derecho del trabajador para disfrutar de sus periodos de descanso o vacaciones sin estar constantemente conectado digitalmente, en tanto que no cabe la invocación directa de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

A pesar de que el derecho a la desconexión digital, como regla general, no se contemple como un derecho fundamental en la Constitución Española, no se debe olvidar que las empresas están obligadas, tanto por el citado artículo 88 de la LOPD, como por el artículo 18 de la Ley de Trabajo a Distancia, a disponer de un protocolo de desconexión digital para preservar el bienestar y el derecho al descanso y a la desconexión de la actividad profesional, tanto física como psicológica, de todas las personas trabajadoras.

 

Más información y contacto

Las nuevas tecnologías, y en especial el blockchain, han permitido una nueva forma de celebrar contratos de manera digital y automatizada, bajo un entorno seguro. Los llamados “contratos inteligentes”, o más conocidos en inglés como “smart contracts”, han irrumpido para transformar el sector jurídico y establecer una nueva base sobre la que contraer derechos y obligaciones.

Para comprender qué son los smart contracts y cuál es su función, es esencial tener conocimiento de la tecnología blockchain. Fundamentalmente, el concepto de blockchain se podría definir como un registro compartido y descentralizado que utiliza la criptografía para encadenar bloques con información de forma segura empleando un hash.

Esta función conocida como hash se encarga de convertir los mensajes destinados a ser registrados en los bloques en una combinación alfanumérica de longitud fija y que se almacena en las redes de blockchain. En este sentido, cada uno de los bloques en una red blockchain posee un hash propio, y en una cadena de bloques, cada bloque contiene el hash del bloque anterior, garantizando la integridad de las transacciones y la imposibilidad de su descifrado salvo que se tenga acceso a todos los bloques.

Una vez conocidos estos conceptos resulta más simple describir la figura de los smart contracts. Sin embargo, estos contratos inteligentes que combinan esta tecnología “blockchain”, no son nuevos, sino que han ido evolucionando con el tiempo. De hecho, el término de smart contract lo acuñó el científico de computación y criptógrafo Nick Szabo en 1996 en su artículo “Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets”. No obstante, no fue hasta 2015, con la creación de Ethereum, una reconocida red blockchain, cuando los contratos inteligentes ganaron reconocimiento.

Un smart contract se define como aquel contrato elaborado empleando códigos informáticos que quedan almacenados en una red blockchain, y que se ejecutan una vez se cumplen unas ciertas reglas. Por lo tanto, estos contratos siguen una serie de instrucciones pactadas con anterioridad, y no necesitan de un tercero para ejecutarse, sino que cuando se da la condición establecida se ejecutan de manera autónoma y automática. Al emplear la tecnología blockchain, estos contratos no necesitan intermediarios que validen las transacciones; son fiables ya que no se puede modificar su contenido ni dan margen a la interpretación de las partes; y son eficientes ya que permite automatizar mecanismos y acelerar los procesos de la transacción.

Este tipo de contratos pueden utilizarse en todo tipo de sectores. Entre ellos, destaca su utilidad en el sector inmobiliario, donde se facilita un registro seguro de inmuebles y se agilizan las transacciones. En el sector de los seguros permiten la automatización de procesos como la liquidación de pagos o la emisión de pólizas. O en el sector de la alimentación los smart contracts permiten, por ejemplo, supervisar el transporte de productos sensibles a ciertas temperaturas. Así se pueden configurar para que, en el caso de que la temperatura del medio de transporte se modifique sin  poder garantizar la cadena de frío y asegurar la trazabilidad en la calidad y seguridad de los alimentos, estos contratos se resuelvan automáticamente.

En definitiva, los smart contracts representan una innovadora modalidad de celebrar acuerdos, aprovechando tecnología puntera para agilizar y garantizar la integridad del tráfico jurídico. Ofrecen una mayor seguridad al operar dentro de la red blockchain, destacan por su eficiencia al posibilitar su ejecución automática y autónoma, y eliminan la dependencia de una autoridad central para la supervisión y verificación de las transacciones.

Para maximizar su potencial, es fundamental contar con asesoramiento experto en materia legal y contractual. El equipo especializado en Contratación Mercantil de Toda & Nel-lo comprende a la perfección cómo integrar los smart contracts en la estrategia empresarial de una compañía, garantizando que cada paso esté alineado con sus objetivos y necesidades específicas.

 

Más información y contacto

El 15 de marzo de 2024 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de 14 de marzo de 2024, de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, por la que se publica la relación de zonas de mercado residencial tensionado que han sido declaradas en virtud del procedimiento establecido en el artículo 18 de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, en el primer trimestre de 2024 ("la Resolución").

A continuación, se aborda de forma sucinta, por un lado, el contenido de la Resolución; y, por el otro, las consecuencias prácticas de la misma.

 

  1. Zonas tensionadas, vigencia de la declaración y gran tenedor

 

Mediante la Resolución de 14 de marzo de 2024, se ha publicado la relación de municipios de Catalunya declarados zona de mercado tensionado, que puede consultarse en este enlace.

La declaración de mercado tensionado tendrá una vigencia de tres años a contar desde el 16 de marzo de 2024 (esto es, hasta el 16 de marzo de 2027).

Asimismo, la Resolución contiene la declaración de gran tenedor, que será la persona física o jurídica que sea titular de cinco o más inmuebles urbanos de uso residencial ubicados en la zona de mercado residencial tensionado.

 

  1. Consecuencias prácticas

 

Las consecuencias prácticas de tal declaración es que, desde su entrada en vigor este 16 de marzo de 2024, se aplicará una limitación de la renta del alquiler en los supuestos que se relacionan a continuación:

  • En el caso de nuevos contratos de arrendamiento de vivienda, que hubieren sido arrendados en los cinco años anteriores: en los contratos de arrendamiento de vivienda en los que el inmueble se ubique en una zona de mercado residencial tensionado, la renta pactada al inicio del nuevo contrato no podrá exceder de la última renta del contrato de arrendamiento que hubiere estado vigente en los últimos cinco años anteriores.
     
  • En el supuesto de nuevos contratos de arrendamiento de vivienda, sin contrato en vigor en los 5 años anteriores: en los contratos de arrendamiento de vivienda en los que el inmueble se sitúe en una zona de mercado residencial tensionado y sobre el que no hubiese estado vigente ningún contrato de arrendamiento de vivienda en los últimos cinco años, se aplicará a la renta el límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índices de precios de referencia.

El sistema de índices de precios de referencia del alquiler puede consultarse en este enlace.

  • En los nuevos contratos de arrendamiento de vivienda en los que el propietario sea gran tenedor: en los contratos de arrendamiento de viviendas en los que el arrendador sea un gran tenedor de vivienda y en los que el inmueble se ubique en una zona de mercado residencial tensionado, se aplicará a la renta el límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índices de precios de referencia, disponible en el anterior enlace.

 

En cualquier caso, es necesario analizar el caso en concreto para determinar si y, en su caso, de qué forma, tal Resolución puede tener impacto. Por ello, recomendamos contactar con el departamento especialista en la materia.

 

Más información y contacto 

 

El 18 de enero el Tribunal Constitucional (TC) adelantó mediante una nota de prensa el fallo de la sentencia por la que el Pleno del Tribunal ha estimado por unanimidad la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional respecto de varias modificaciones del Impuesto sobre Sociedades (IS) introducidas por el Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre (RDL 3/2016), por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social.
 

¿Cuáles son las medidas relativas al IS sobre las que se declara su inconstitucionalidad y su nulidad?

Las medidas afectadas por el fallo del TC son las siguientes:

  1. Fijación de topes más restrictivos para la aplicación de bases imponibles negativas.
  2. Introducción ex novo de un límite a aplicación de las deducciones por doble imposición.
  3.  Obligación de integrar automáticamente en la base imponible los deterioros de participaciones que hayan sido deducidos en ejercicios anteriores, con una reversión mínima anual durante los ejercicios 2016 a 2020 de un 20%.

Recuerda a este respecto el TC que las dos primeras medidas son aplicables únicamente a grandes empresas mientras que la tercera puede afectar a cualquier sujeto pasivo del IS.

El TC ha considerado que la aprobación de dichas medidas por Real Decreto-ley ha vulnerado el artículo 86.1 de la Constitución, puesto que dicho precepto excluye de forma expresa que mediante dicho instrumento normativo se pueda afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, entre los que se encuentra el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que establece el artículo 31.1 de la Constitución.

Asimismo, la nota de prensa publicada por el TC indica que la sentencia subraya la conexión existente con un RDL anterior (el RDL 2/2016), que introdujo el pago fraccionado mínimo para las grandes empresas, además de una elevación de los tipos aplicables a los pagos a cuenta del IS, y que también fue declarado inconstitucional por las mismas razones. En el caso del RDL 3/2016 resalta el Tribunal que incide en la cuantificación definitiva del Impuesto, ensanchando la base imponible e incrementando la cuota.

En definitiva, entiende el TC que las referidas medidas alteran elementos esenciales del IS, como la base imponible, que se ve ensanchada, y la cuota, que se ve incrementada, lo que incide en la determinación de la carga tributaria, teniendo un impacto notable en una pieza fundamental del sistema tributario y afectando a la esencia del deber de contribuir de los obligados por este tributo. Sienta así el Tribunal un importante precedente en cuanto al uso del decreto-ley en el ámbito tributario.
 

¿Qué efectos tiene esta sentencia?

Como era de esperar, más aún teniendo en cuenta recientes pronunciamientos del propio TC como la sentencia 182/2021 sobre la plusvalía municipal, a la que hace referencia expresa en la nota de prensa, se limitan los efectos retroactivos de la sentencia por exigencias del principio de seguridad jurídica (artículo 9.3 de la Constitución).

De esta manera, la sentencia declara que no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en ella las obligaciones tributarias devengadas por el IS que hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia o resolución administrativa firme, ni las liquidaciones que no hayan sido impugnadas, ni las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada a la fecha de dictarse la sentencia.

No obstante, la nota anuncia la formulación de un voto particular concurrente por parte del magistrado Enrique Arnaldo Alcubilla, quien comparte la fundamentación y el fallo de la sentencia, pero disiente de la decisión relativa a la modulación de los efectos de la nulidad de los preceptos legales declarados inconstitucionales. Aunque no tiene por qué ser absoluta la vinculación entre nulidad e inconstitucionalidad, no tiene por qué excepcionarse en relación las normas tributarias con la genérica y solitaria invocación de la seguridad jurídica.

Este voto particular puede abrir la puerta a argumentos que permitan reclamar a aquellos contribuyentes que no hubiesen recurrido sus liquidaciones o instado la rectificación de sus autoliquidaciones, aunque parece una posibilidad complicada y remota a la vista de un precedente tan cercano en el tiempo como el de la plusvalía municipal, en el que el Tribunal Supremo (TS), en su sentencia del pasado 12 de julio de 2023, consideraba que la liquidación que no ha sido impugnada a la fecha de dictarse la sentencia y las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada a dicha fecha, deben considerarse situaciones consolidadas a los efectos de la citada sentencia; es decir, no pueden ser impugnadas con fundamento en la declaración de inconstitucionalidad efectuada en la misma.

Sin embargo, es cierto que, de forma reciente, el TS ha admitido, mediante auto de fecha 10 de enero de 2024, el interés casacional de la cuestión relativa a determinar si las autoliquidaciones practicadas por el contribuyente en concepto de plusvalía municipal cuya rectificación se solicite después del 26 de octubre de 2021 (fecha en que se dictó la sentencia del Tribunal Constitucional) pero antes del 25 de noviembre de 2021 (fecha de su publicación en el BOE) tienen o no la consideración de situaciones consolidadas que puedan considerarse susceptibles de ser revisadas con fundamento exclusivo en la citada sentencia a través de la presentación de la solicitud de rectificación de la autoliquidación. Por tanto, se trata de un asunto que sigue coleando.

En todo caso, habrá que estar al texto íntegro de la sentencia una vez sea publicada para poder valorar tanto sus efectos como las posibles vías para las reclamaciones de los contribuyentes.

 

Más información y contacto

 

 

 

El 21 de diciembre de 2023 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó sentencia sobre la cuestión prejudicial planteada por un Juzgado de lo Mercantil de Madrid en relación con el caso de la Superliga de fútbol.

Una sociedad de Derecho español (denominada “ESCL”), constituida por varios clubes de fútbol europeos, anunció el proyecto de la Superliga, una nueva competición europea anual de fútbol de clubes. En respuesta, la FIFA y la UEFA, asociaciones de derecho privado con sede en Suiza, emitieron una declaración conjunta manifestando su negativa a reconocer esta nueva competición, advirtiendo que cualquier jugador o club que participara en ella sería excluido de las competiciones organizadas por estas dos asociaciones. Ante esta situación, la sociedad promotora del proyecto ejercitó una acción judicial ante el Juzgado de lo Mercantil en la que esencialmente se solicitaba que se declarase el carácter ilegal y perjudicial de este anuncio.

De la sentencia del TJUE que resuelve las cuestiones planteadas por el órgano judicial español, destaca especialmente el recordatorio de que el deporte puede constituir una actividad económica a los efectos del derecho de la competencia de la UE. En esta línea, el alto tribunal considera que la organización de competiciones de fútbol de clubes y la explotación de los derechos de su difusión por parte de la UEFA y la FIFA tienen esta condición, desde una posición de dominio o incluso de “monopolio”. En este contexto, declara que el derecho de la competencia es aplicable a las normas de dichas asociaciones sobre autorización previa de otras competiciones, como podría ser la Superliga.

Una vez sentada dicha premisa, el TJUE analiza diferentes aspectos sobre estas normas y concluye que solo resultarían conformes con el derecho de la competencia si respondieran a criterios de transparencia, objetividad, no discriminación y proporcionalidad. De lo contrario, debería considerarse que existe un abuso de posición de dominio. Asimismo, el incumplimiento de los requisitos mencionados también implicaría una vulneración de la libertad de prestación de servicios. En cualquier caso, el TJUE recuerda que la comprobación de estos requisitos y la adopción de la decisión en el caso concreto corresponde al órgano judicial español.

El resumen de la sentencia elaborado por el propio TJUE puede consultarse aquí.

 

Más información y contacto

 

25.01.2024

A pesar de la literalidad de lo establecido en la Ley, el pasado 15 de noviembre de 2023, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP) emitió una resolución (la Resolución) sobre los posibles efectos que puede acarrear la ausencia del órgano de administración en una junta general.

En el marco del derecho mercantil, y de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Sociedades de Capital (LSC), se ha entendido hasta ahora que la presencia física de los miembros del órgano de administración en la junta general de la sociedad es del todo necesaria para que esta sea válida. Concretamente, el artículo 180 de la LSC dispone que los administradores deben asistir a las juntas generales con base en la obligación de información que tienen para con los socios. No solo regula esta cuestión la LSC, sino que también hay sentencias del Tribunal Supremo (TS) que la tratan. En este sentido, el TS ha dictaminado que la asistencia es una obligación que deriva de la competencia orgánica del cargo de administrador, por lo que no puede delegarse, dada la indefensión que puede provocar en los socios la ausencia del administrador, aunque esté representado por un tercero.

Ahora bien, pese a esto, en fecha 15 de noviembre de 2023, la DGSJFP emitió una resolución en sentido contrario, de modo que la no presencia del órgano de administración en una junta general no debe ser considerado automáticamente como causa de nulidad de la misma, dado que existen situaciones particulares en que puede no ser nula de facto.

Por ello, a continuación, se procede a explicar las importantes consecuencias de dicha Resolución en el derecho societario.

Los hechos que motivaron la Resolución fueron la convocatoria de una junta general para el nombramiento de un nuevo administrador mancomunado, con ocasión del fallecimiento del anterior. Los dos administradores mancomunados restantes de la sociedad, que además eran socios, no estuvieron físicamente presentes en dicha junta general, pero sí representados por sendos apoderados.

El Registrador Mercantil calificó la escritura de nombramiento del nuevo administrador mancomunado con defectos insubsanables, arguyendo lo establecido en el art. 180 LSC y lo dictaminado por el TS. De este modo, se aplicó la teoría general.

Se solicitó entonces nueva calificación mercantil, calificándose por segunda vez con sentido negativo por otro Registrador Mercantil pero, esta vez, a diferencia de la primera calificación, con defectos de carácter subsanable. La señalada sentencia del TS fue esgrimida por el recurrente argumentando que la junta general está habilitada para adoptar acuerdos sin que sea necesaria la presencia física del administrador, pero estableciendo que debe ponderarse cada caso en concreto. Y finalizaba señalando que es por ello que, en principio, el TS rechaza la posibilidad de que los administradores puedan ser representados por terceros.

Destacar que la teoría que se viene aplicando para este tipo de supuestos es la necesidad de que el órgano de administración esté presente, no representado. Así, en una anterior resolución de la DGSJFP, de 5 de septiembre de 2022, se entendió que la elección corresponde a la junta general, sin que el administrador designado pueda delegar su competencia, fuera de los supuestos previstos legalmente. La razón se encuentra en que los representantes de los administradores no están sujetos al régimen de responsabilidad establecido en la LSC causando, por ende, indefensión a los socios.

Por otro lado, varias Audiencias Provinciales han dictado sentencias estableciendo la obligatoriedad de asistencia de los administradores, aunque sea solo de uno de ellos.

Volviendo a la Resolución que nos ocupa, dadas las calificaciones negativas de inscripción de la escritura de nombramiento, los recurrentes interpusieron recurso ante la DGSJFP. Se alegó que los administradores estuvieron representados en la junta general no en su condición de tales, sino en su condición de socios, aduciendo que entonces la junta general fue válida a pesar de las citadas ausencias. Se señaló que la presencia de un órgano de administración acéfalo, es decir, incompleto, al haber fallecido uno de los administradores, no habría satisfecho igualmente la exigencia del art. 180 LSC y que el deber de informar a los socios puede realizarse mediante delegación, destacando que ninguno de los socios solicitó información relativa a la junta general. En definitiva, se adujo que es posible la infracción del art. 180 LSC sin que ello signifique necesariamente la infracción del derecho de información de los socios.

La DGSJFP resolvió considerando que la asistencia a la junta general constituye un deber indelegable, destacando que los socios pueden elegir como presidente y secretario a otras personas distintas de los administradores para la junta en cuestión.
Asimismo, destacó que la ausencia de los administradores no puede ser considerada como causa de suspensión o nulidad, porque esto es sería tanto como dejar al albur de la decisión de los administradores la posibilidad de expresar la voluntad social, dado que su ausencia, expresa o no, equivaldría a bloquear la vida social de la sociedad.

Por otro lado, con respecto a la posible violación del derecho de información de los socios, los requisitos procedimentales deben tener carácter esencial para que pueda operar la nulidad o anulabilidad.

Por todo ello, la DGSJFP acordó estimar el recurso y revocar la calificación negativa.

Expuesta la Resolución, podemos afirmar que, a pesar de la obligación establecida en el art. 180 LSC sobre la obligación de la presencia física de los administradores en juntas generales con relación al derecho de información de los socios, caben excepciones debiendo examinar cada situación en particular, no siendo directamente nula o anulable la junta general que se celebre sin la presencia física de los administradores, siempre que la ausencia no haya privado a los socios de alguno de sus derechos.

En todo caso, se trata sólo de una interpretación administrativa de la DGSJFP que carece todavía de un refrendo jurisprudencial definitivo por lo que Toda & Nel-lo recomienda la presencia del órgano de administración con el objeto de evitar posibles problemas como el tratado en el presente artículo.

 

Más información y contacto

 

El pasado mes de noviembre, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dictó una sentencia unificadora de doctrina la cual resuelve una duda planteada por muchos; ¿puede la reducción de jornada implicar una modificación del sistema de trabajo a turnos?

La reducción de jornada está regulada por el apartado sexto del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores. Se trata de un derecho del que disponen las personas trabajadoras que, a grandes rasgos, por razones de guarda legal o cuidado de familiares, precisen de una reducción de la jornada de trabajo diaria. Dicha reducción conlleva la disminución proporcional del salario.

Se trata de una medida que pretende fomentar la corresponsabilidad entre mujeres y hombres y, asimismo, evitar la perpetuación de roles y estereotipos de género.

La citada sentencia plantea el caso de una trabajadora de una cadena de supermercados que realizó una solicitud de reducción de jornada con el fin de conciliar su vida laboral y familiar por el cuidado de su hijo menor de edad. Dicha reducción supondría un cambio en el sistema de trabajo por turnos implementado en la empresa, en tanto que la trabajadora prestaba servicios en turnos alterados de mañana y tarde y solicitaba realizar la jornada en un único turno de mañanas.

Si bien es cierto que, actualmente, toda la normativa tendente a facilitar la compatibilidad de la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras recibe una especial protección, se deben resolver las peticiones dentro del marco legal pertinente.

Es por ello que la argumentación realizada por el Tribunal Supremo se enmarca en los apartados sexto y séptimo del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores. En ellos se establece que el único derecho conferido a la trabajadora es la reducción horaria, sin embargo, dicha reducción se debe ajustar “dentro de su jornada ordinaria”. En este contexto, lo que el TS define como jornada ordinaria es la comúnmente desarrollada por la persona trabajadora de forma habitual.

En el presente supuesto, la petición de la trabajadora no supone únicamente una reducción de su jornada habitual, sino que aceptarla supondría una alteración de la jornada ordinaria, y del sistema de trabajo a turnos que vincula a las personas trabajadoras del supermercado.

Expone el Tribunal Supremo que la reducción de jornada debe llevarse a cabo sin modificar el sistema de trabajo por turnos que la demandante venía desempeñando, dado que este se constituía como una característica especifica de su jornada ordinaria habitual. Por ende, y en virtud de lo establecido en el artículo 37.6 del ET, no se contempla la posibilidad de alterar el régimen ordinario de la jornada ni se permite una modificación unilateral del sistema de trabajo por turnos.

A mayor abundamiento, la empresa en todo momento ha argumentado las razones organizativas y productivas que le impiden aceptar la solicitud de la actora. En la misma sección en la que presta servicios la actora existe una “lista de espera” de personas que han solicitado la modificación de turnos. Por ello la negativa de la empresa no se puede considerar arbitraria o irrazonable. Todas las personas de la lista de espera acceden a un sistema de turnos rotatorios en el que se establecen unos porcentajes de personal que se deben cubrir tanto en el turno de mañana como en el de tarde.

Finalmente, el Tribunal Supremo concluye que la elección empresarial de aprobar la reducción de jornada con un cambio en el sistema de trabajo de turnos es fundamentada y razonada. Sin embargo, cabe apuntar que, en este tipo de conflictos, es la empresa la que debe justificar de forma razonable la negativa a acceder a las peticiones de las personas trabajadoras.

 

Más información y contacto

 

El recién aprobado Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo (Real Decreto-ley 6/2023) ha modificado nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), e incluye reformas procesales relevantes, entre las cuales destacan las siguientes:
 

(i) Celebración de vistas y actos de juicio de forma telemática: el Real Decreto-ley 6/2023 establece que los actos de juicio, vista, audiencias, comparecencias, declaraciones y, en general, todos los actos procesales, se realizarán preferentemente mediante presencia telemática, siempre que las oficinas judiciales tengan a su disposición los medios técnicos necesarios.

No obstante, se prevén excepciones: en concreto, para el caso de exploración de personas menores de edad o personas con discapacidad (a no ser que el Juez o Tribunal disponga otra cosa, en atención a las circunstancias del caso).
 

(ii) Ampliación del ámbito del juicio verbal: el Real Decreto-ley 6/2023 amplia el ámbito del juicio verbal.

Así, el mismo incluye tres nuevos supuestos que se decidirán en juicio verbal en atención a la materia y que son: (i) las demandas en que se ejerciten acciones individuales relativas a condiciones generales de contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia; (ii) aquéllas en las que se ejerciten las acciones que otorga a las Juntas de Propietarios y a éstos la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, siempre que versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, sea cual fuere dicha cantidad; y (iii) aquéllas en las que se ejercite la acción de división de cosa común.

Asimismo, se amplía la cuantía (de 6.000.-€ a 15.000.-€) de las demandas que deban decidirse por juicio verbal.
 

(iii) Modificación del momento de aportación del informe pericial en el juicio verbal: se modifica el artículo 337 de la LEC relativo al momento de aportación del informe pericial en el juicio verbal cuando no hubiere sido posible presentarlo junto con la demanda o contestación.

Así, se establece que, en este caso, deberán aportarse en cuanto se disponga de ellos o 30 días desde la presentación de la demanda o de la contestación en el juicio verbal. Este plazo podrá ser prorrogado por el tribunal cuando la naturaleza de la prueba pericial así lo exija y exista una causa justificada.
 

(iv) Se introduce un nuevo artículo (artículo 43 bis de la LEC) que regula la cuestión prejudicial europea. El citado artículo prevé que, cuando el tribunal estime que para poder emitir su fallo resulte necesaria una decisión sobre la interpretación o validez del Derecho de la Unión, podrá plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea («TJUE»), acordándose la suspensión de las actuaciones hasta que conste en autos la resolución del TJUE que decida la cuestión prejudicial.

Asimismo, cuando se encuentre pendiente ante TJUE una cuestión prejudicial directamente vinculada con el objeto del litigio de que conoce un tribunal, si el tribunal estima necesaria la decisión del TJUE para resolver el litigio, podrá asimismo suspender motivadamente el procedimiento.

(v) Procedimiento testigo: El Real Decreto-ley 6/2023 regula el nuevo "procedimiento testigo".

Así, en los casos de demandas en que se ejerciten acciones individuales relativas a condiciones generales de contratación, el letrado o letrada de la Administración de Justicia procederá a dar cuenta al tribunal, con carácter previo a la admisión de la demanda, cuando considere que: (i) la misma incluye pretensiones que están siendo objeto de procedimientos anteriores planteados por otros litigantes, (ii) que no es preciso realizar un control de transparencia de la cláusula ni valorar la existencia de vicios en el consentimiento del contratante y (iii) que las condiciones generales de contratación cuestionadas tienen identidad sustancial.

En este caso, las Partes podrán solicitar que el procedimiento se someta a la regulación de este artículo. El tribunal dictará auto acordando la suspensión del curso de las actuaciones hasta que se dicte sentencia firme en el procedimiento identificado como «procedimiento testigo» (tramitándose el procedimiento testigo con carácter preferente) o, en su caso, dictará providencia acordando seguir con la tramitación del procedimiento.
 

(vi) Condena en costas: por último, el Real Decreto-ley 6/2023 incluye modificaciones sobre la condena al pago de las costas del procedimiento, en concreto:

- En el incidente de acumulación de acciones, se imponen las costas solo para el caso de temeridad o mala fe: el Real Decreto-ley 6/2023 modifica el artículo 85 de la LEC, al establecer que solo se condenará al pago de las costas del incidente de acumulación de acciones a la parte que hubiere promovido el incidente con temeridad o mala fe (antes no se requería el requisito de temeridad o mala fe).

- En apelación y casación:

En cuanto a las costas del recurso de apelación, se aplicará el criterio de vencimiento objetivo apelación en todo caso (cuando antes solo se aplicaba en caso de desestimación total de las pretensiones).

Asimismo, el Real Decreto-ley añade una excepción a la condena al pago de las costas en caso de desestimación del recurso de casación, al establecer que las mismas se impondrán a la parte recurrente «salvo que la Sala aprecie circunstancias especiales que justifiquen otro pronunciamiento».

- En la ejecución provisional: se establece expresamente que las costas de ejecución provisional no serán a cargo del ejecutado cuando el mismo haya cumplido con lo dispuesto en el auto que despachó la ejecución dentro del plazo de veinte días desde que le fue notificado.

 

De conformidad con la Disposición Final 9, apartado 2º in fine, del Real Decreto-ley 6/2023, las reformas procesales analizadas entrarán en vigor el próximo 20 de marzo de 2024.

 

Más información y contacto 
 

La Asamblea de Madrid aprobó el 7 de diciembre medidas que afectan tanto al Impuesto sobre el Patrimonio (en adelante IP) en su relación con el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (en adelante ITSGF) como al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante IRPF).

Resumimos a continuación brevemente su contenido, si bien estamos a su disposición para profundizar en ellas si lo consideran oportuno.
 

1. Impuesto sobre el Patrimonio

Desde el año 2008 existe en Madrid una bonificación autonómica del 100% en cuota. Tras la declaración de constitucionalidad del ITSGF por parte del Tribunal Constitucional, la Comunidad de Madrid va a sustituir dicha bonificación por otra con el objetivo de que, en caso de que el ITSGF resultara a pagar, el importe que el contribuyente tenga que ingresar, termine siendo pagado en la comunidad autónoma, y no en las arcas del Estado.

Esto se ha articulado mediante un complejo mecanismo de bonificación cuyo importe será la diferencia entre la cuota íntegra resultante en el IP tras aplicar el límite conjunto y la cuota íntegra resultante en el ITSGF tras aplicar el límite conjunto.

La sustitución de la bonificación del 100% en cuota está prevista, en principio, como una medida transitoria mientras esté en vigor el ITSGF y que afecta tanto a residentes como a no residentes.

Las consecuencias para cada contribuyente serán diferentes en atención a su patrimonio:

1) Contribuyentes con una base imponible superior a 3,7 millones de euros: pasarán a pagar en el IP lo que les correspondería pagar en ITSGF, obteniendo en el segundo impuesto una cuota 0 y dejando, por tanto, de estar obligados a presentar la declaración correspondiente al ITSGF. Es decir, pagarán lo mismo que les hubiera correspondido, pero en Madrid.

2) Contribuyentes con una base imponible superior a 2 millones de euros, pero inferior a 3,7 millones euros: siguen teniendo obligación de declarar en IP, siendo la cuota 0, y no tienen que tributar ni declarar en concepto de ITSGF.

3) Contribuyentes con una base imponible superior a 700 mil euros, pero inferior a 2 millones de euros: no están obligados a declarar ni IP ni ITSGF.

Esta medida tiene efectos para el ejercicio 2023.

Dado que la recaudación del ITSGF revierte en la Comunidad de Madrid, esta está estudiando si existe alguna vía para “devolver” de alguna forma los importes tributados en concepto de IP mientras esté en vigor esta medida. No obstante, se trata de medidas difíciles de articular sin entrar en conflicto con el Estado, por lo que no se espera un desarrollo y aprobación de las mismas con carácter inmediato. En cualquier caso, informaremos de cualquier novedad que se pueda producir al respecto.
 

2. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

La Asamblea de Madrid aprobó asimismo una deflactación de un 3,1% sobre todos los tramos del IRPF, el mínimo personal y familiar, así como en determinadas deducciones ya existentes sobre la cuota y los límites de renta para poder acceder a ellas.

Esta rebaja fiscal se aplicará desde el ejercicio 2023.

 

Más información y contacto

En el marco del derecho laboral es motivo de análisis la procedencia o no del despido objetivo por amortización del puesto de trabajo en aquellos supuestos que, de forma posterior al despido, se lleva a cabo una nueva contratación para un puesto de trabajo similar al amortizado, con tareas semejantes o compartidas.

Este tipo de acciones que se realizan por parte de las empresas son evaluadas por los tribunales bajo los siguientes criterios legales y jurisprudenciales:

  1. Legalidad del despido objetivo: Los despidos objetivos deben basarse en casusas económicas, técnicas, organizativas o de producción que justifiquen la eliminación de los puestos de trabajo.
  2. Evaluación de razonabilidad: Los tribunales evalúan si las contrataciones posteriores son razonables con el contexto del despido. Cuestionando el caso de posteriores contrataciones para los mismos puestos.
  3. Control judicial: Los jueces examinan la existencia y legalidad de la causa alegada para el despido y la adecuación de la causa y medida de despido adoptada.
  4. Posibles consecuencias de contrataciones posteriores: Se debe demostrar que las contrataciones posteriores invalidan las razones del despido objetivo, para pasar a considerarlos improcedentes o nulos. Esto puede llevar a la readmisión de los trabajadores despedidos o al pago de indemnizaciones.
  5. Jurisprudencia: La jurisprudencia tiende a proteger a los trabajadores contra practicas empresariales que pueden ser consideradas como elusivas o abusivas. Aunque también se evalúa la legalidad y razonabilidad de los despidos de cada supuesto en concreto. Las empresas tienen una cierta libertad de gestión, pero deben ser coherentes y estar justificadas legalmente.

Tradicionalmente, el posicionamiento jurisprudencial ha sido claro en aquellos casos en los que, tras un despido objetivo, la empresa realiza contrataciones posteriores para puestos de trabajo muy similares a los amortizados. La acción de la empresa podía ser invalidada al considerar que había una conexión directa entre los despidos y las contrataciones posteriores.

Esta interpretación ha sido expuesta por el Tribunal Supremo en la sentencia 915/2016, de 28 de octubre de 2016, la cual reitera que, cuando tras la amortización de puestos de trabajo se procede a contratar a otros empleados para el mismo puesto de trabajo, se considera práctica ilegitima. Por lo que el alto Tribunal declara el despido objetivo realizado como improcedente porque, aunque concurren causas, la empresa ha procedido a hacer contrataciones que enervan la razonabilidad de las medidas adoptadas.

Sin embargo, este criterio establecido por los Tribunales ha evolucionado recientemente revelando un enfoque distinto; ofreciendo una interpretación más amplia y positiva para las empresas al priorizar la libertad de gestión de la empresa, sin olvidarse de la correcta adecuación de la causa extintiva y la medida adoptada por la empresa.

Este cambio de tendencia se ha puesto de manifiesto en la muy reciente sentencia 732/2023, de 10 de octubre de 2023, dictada también por el Tribunal Supremo.

En la citada sentencia, el TS unifica doctrina declarando la procedencia del despido objetivo. La cuestión central radica en determinar si la contratación de un trabajador que asume algunas de las funciones del trabajador despedido en fechas cercanas al despido afecta la razonabilidad de la medida extintiva. Por medio de la carta de despido se aportaron razones que justificaban y acreditaban que las actualizaciones de las causas económicas afectaban directamente al puesto de trabajo del trabajador despedido, acreditando notablemente que no se vulneraba ningún derecho fundamental del trabajador.

El Tribunal aprecia libertad de la gestión de la empresa para tomar decisiones referentes al funcionamiento y administración interna de la empresa ya que la practica realizada es equilibrada con la responsabilidad social y legal de la sociedad. Por lo que el Tribunal Supremo determina que la decisión empresarial es equilibrada en la autonomía de la responsabilidad y el cumplimiento normativo.

Por último, cabe subrayar la novedad que supone la precitada sentencia, dado que la interpretación realizada por el Tribunal Supremo ha significado un giro sustancial en la interpretación actual pues establece que la contratación de un nuevo empleado antes del despido de otro, que después asume las funciones de este último, no implica necesariamente que la amortización del puesto de trabajo haya sido fraudulenta.

Consiguientemente, se ha establecido un criterio casuístico por el cual, para que el despido sea considerado procedente, primeramente, se deben acreditar las causas justificativas del despido y, en segundo lugar, no se debe poder establecer una conexión relevante entre las nuevas contrataciones y la amortización de los puestos de trabajo involucrados en el despido. 

En virtud de lo expuesto, realizar nuevas contrataciones que asuman las funciones de las personas trabajadoras despedidas, no implicará necesariamente la improcedencia del despido, sino que se entenderá que, dentro de criterios razonables y proporcionales aplicados casuísticamente, las nuevas contrataciones que asuman parte de las funciones desarrolladas por el trabajador despedido, forman parte de la libertad de gestión empresarial y no deberían afectar a la calificación del despido si quedan acreditadas las causas del mismo.
 

 

Más información y contacto

La reciente sentencia del Tribunal Supremo número 1354/2023, de 3 de octubre, ha reiterado su doctrina relativa a que las solicitudes de rectificación de errores materiales manifiestos o aritméticos no pueden servir de subterfugio para conseguir la interrupción de los plazos.

Conforme a lo previsto en los artículos 214 y 215 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), rige el principio de invariabilidad de las resoluciones judiciales, no obstante, estas puedan ser objeto de aclaración respecto de algún concepto oscuro y de rectificación de cualquier error material y aritmético, además de la posibilidad de subsanación y complemento en los términos previstos en el artículo 215 de la LEC.

En este sentido, las figuras de aclaración, complemento y subsanación -como excepciones al principio de invariabilidad de las resoluciones- pueden provocar un efecto interruptivo sobre los plazos para recurrir.

Sin embargo, tanto la doctrina del Tribunal Constitucional como la doctrina del Tribunal Supremo han considerado que los errores mecanográficos, de transcripción, o los errores de cuentas, son tan evidentes y perceptibles para cualquier observador que, en absoluto, pueden afectar al tenor de la resolución y, por lo tanto, a la interrupción del plazo para recurrir.

Ello es así en la medida que se pretende evitar que se constituyan abusos y fraudes procesales para ampliar artificialmente el plazo de legal de interposición de los recursos, cerciorando de esta manera el ejercicio de los derechos de buena fe.

En definitiva, el Tribunal Supremo ha confirmado que no procederá la interrupción de los plazos para recurrir en aquellos supuestos en los que se solicite la rectificación de errores materiales o aritméticos que sean absolutamente manifiestos.

 

Más información y contacto