Actualidad

El 29 de abril se publicó en el BOE, el Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia aprobado por el Gobierno.

El estado de alarma acordado el pasado 14 de marzo de 2020 conllevó, entre otras consecuencias, la práctica paralización de los Juzgados y Tribunales de toda España, que vieron limitada su actividad a supuestos muy concretos. 

Como consecuencia de lo anterior, el Gobierno ha aprobado mediante el referido Real Decreto-Ley 16/2020 una serie de medidas cuya finalidad principal es procurar una salida ágil a la acumulación de los procedimientos suspendidos por la declaración del estado de alarma cuando se produzca el levantamiento de la suspensión.

Las principales medidas adoptadas por el Gobierno en virtud del Real Decreto-Ley 16/2020 son las siguientes: 

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Más información: Álvaro Rifá, counsel de Derecho Procesal de Toda & Nel-lo
 

 

07.05.2020

El pasado mes de abril, el Parlament aprobó la Ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público para el año 2020, la cual fue publicada en el DOGC de 30 de abril de 2020.

A continuación señalamos, para cada uno de los impuestos (ya sean tributos estatales cedidos a la Comunidad Autónoma, o tributos originados en sede autonómica) las principales novedades.

 

A. IMPUESTOS CEDIDOS

1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Física (IRPF)

  • Con efectos a 1 de enero de 2020, se incrementa el tramo autonómico catalán en ciertos tipos intermedios (entre los 90.000 y los 175.000 euros) que conforman la escala progresiva aplicable sobre la base imponible general (bajo la cual quedan gravadas las rentas del trabajo, alquileres, etc.).

A efectos prácticos, una base liquidable de 175.000 € respecto de un asalariado, resultará  en una cuota adicional de 1.150 € que soportará el contribuyente al efectuar su autoliquidación anual de IRPF (ya que esta reforma no incidirá en la cuantía de las retenciones e ingresos a cuenta a efectuar por el empleador). 

  • En cambio, se mantiene en el 48% el tipo marginal máximo que puede aplicar a los residentes fiscales catalanes.

 

2. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD)

  • Se reintroducen los coeficientes multiplicadores por patrimonio preexistente a los grupos de parentesco I y II (descendientes, cónyuge y ascendientes):

- Los nuevos coeficientes se aplicarán a partir de cantidades superiores al mínimo exento del Impuesto sobre el Patrimonio en Cataluña (500.000 euros). Hay que tener en cuenta que estos coeficientes multiplicadores afectan tanto a sucesiones como a donaciones.

- Tampoco quedan excepcionados de ese incremento potencial las donaciones entre cónyuges, ascendientes y descendientes actualmente sometidas a los tipos reducidos del 5% (hasta 200.000 euros), 7% (hasta 600.000 euros) y 9% (por encima de 600.000 euros), tipos que, por lo tanto, también se verán incrementados en los porcentajes referidos en función del patrimonio del donatario previo a la donación.

  • Con carácter general, se reduce la bonificación (con progresividad descendente) en la cuota tributaria aplicable al impuesto sobre sucesiones (mortis causa) para los grupos I y II (o, directamente, deviene inaplicable por incompatibilidad con otras bonificaciones):

- Para los contribuyentes del grupo I (descendientes menores de 21 años) se mantienen las bonificaciones actuales, esto es, para los tramos de herencia de hasta 100.000 euros, se aplican una bonificación íntegra del 99%, que se va reduciendo hasta alcanzar el tramo de 3.000.000 euros, donde la bonificación es del 20%.

- Para los contribuyentes del grupo II (descendientes de 21 años o más y ascendientes), en cambio, se reduce significativamente la bonificación a aplicar. Así, para los tramos de herencia de hasta 100.000 euros, se aplicará una bonificación íntegra del 60%, que se irá reduciendo hasta alcanzar el tramo de 3 millones de euros, a partir del cual la bonificación será del 0%.

- Asimismo, se elimina la posibilidad de aplicar la bonificación en cuota en caso de aplicar alguna de las reducciones previstas en la normativa, excepto la reducción de la vivienda habitual del causante, que son compatibles entre sí. Por lo tanto, los ascendientes y descendientes que apliquen, por ejemplo, la reducción por Empresa Familiar, no podrán aplicar ninguna bonificación sobre su cuota a pagar. Esto va a incrementar significativamente la factura fiscal en las sucesiones.

Por ello, resulta clave analizar, caso por caso y en detalle, cuál de ambas opciones podría resultar más oportuna fiscalmente, así como realizar una adecuada planificación previa, la cual pudiera pasar también por realizar determinadas donaciones en vida.

  • Se establece que la tarifa reducida del impuesto sobre donaciones inter vivos (tipos del 5%, 7% y 9% antes mencionados) no será aplicable a los beneficiarios de determinados contratos de seguro de vida, como los Unit Linked.

 

 

3. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD)

Se contemplan nuevos beneficios fiscales, entre los cuales destacamos los siguientes:

  • Bonificación del 100% de la cuota gradual de la modalidad impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) de las actas de depósito de arras penitenciales.
     
  • Bonificación del 100% de la cuota de la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO) para las compras de viviendas que realicen los promotores públicos como beneficiarios de los derechos de tanteo y retracto que ejerce la Agencia Catalana de la Vivienda y también en las adquisiciones de viviendas que efectúen los promotores sociales sin ánimo de lucro para destinarlas a viviendas de protección oficial.
     
  • Reducción del plazo de venta para la aplicación de la bonificación del 70% en TPO para las adquisiciones de viviendas adquiridas por determinadas empresas inmobiliarias para su reventa, rebajándose de 5 a 3 años dicho plazo.

En paralelo, se explicita un nuevo plazo de un mes para la presentación de las declaraciones complementarias en caso de pérdida del derecho a aplicar un beneficio fiscal (como pudiera ser el incumplimiento de una reventa en plazo respecto de dicha bonificación del 70%, u otros beneficios fiscales que se dejen de consolidar). En tal caso, deberá presentarse de nuevo la autoliquidación complementaria sin aplicar el beneficio fiscal y con los intereses de demora correspondientes.

 

B. IMPUESTOS PROPIOS

1. Impuesto sobre las Viviendas Vacías

Se reducen los porcentajes de bonificación que pueden aplicar los contribuyentes que destinan una parte de sus viviendas a alquiler asequible.

 

2. Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales

Se especifica que este impuesto solo aplica a los establecimientos que se dedican a la venta al detalle o al por menor. Por lo tanto, se excluyen expresamente los establecimientos de venta al por mayor y también los que están situados fuera de la trama urbana.

 

3. Impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos

Se incrementa el impuesto en general, tanto para Barcelona como para el resto de Cataluña. A su vez, se permite que la ciudad de Barcelona establezca un recargo adicional.

 

4. Impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial

Se clarifican aspectos técnicos para la determinación de la base imposible de este impuesto.

 

5. Impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas

Este impuesto cuenta con una moratoria de dos meses, es decir, tendrá efectos desde el primer día del trimestre siguiente a la entrada en vigor de la presente Ley. Se incrementan los tipos impositivos a las bebidas dependiendo de los gramos de azúcar que contienen.

 

6. Impuesto sobre instalaciones que indicen en el medio ambiente

Este nuevo Impuesto pretende gravar el riesgo que ocasiona en Cataluña la producción, almacenamiento y transformación de energía eléctrica, así como, el transporte de energía eléctrica, telefónica y telemática llevada a cabo por los elementos fijos de suministro de energía eléctrica o de las redes de comunicaciones.

Quedan expresamente excluidos de gravamen la producción de energía solar, eólica, biomasa o biogás y se prohíbe que el impuesto se repercuta a los consumidores.

 

Más información: Albert Mestres, counsel de Derecho Tributario de Toda & Nel-lo

 

06.05.2020

La Disposición final cuarta del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, publicado en el BOE el día 29 de abril de 2020, amplió a tres meses el plazo de un mes inicialmente previsto en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, para solicitar al arrendador la condonación o el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta.

La medida está en vigor desde hoy día 30 de abril.

Como consecuencia de ello, el plazo para hacer la solicitud de condonación/aplazamiento finalizará el 2 de julio de 2020.

 

 

Más información: José Mª Arnedo, socio de Procesal e Inmobiliario

El Gobierno ha aprobado, a través del Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, un nuevo paquete de medidas en diversos ámbitos como consecuencia del alargamiento del estado de alarma.

El nuevo paquete de medidas tiene como fin responder a las necesidades de apoyo reforzado derivadas de la prolongación de esta situación excepcional, de seguir protegiendo y dando soporte al tejido productivo y social, de minimizar el impacto y de facilitar que la actividad económica se recupere en cuanto empiece a remitir esta situación de emergencia de salud pública.

El paquete de medidas pretende reforzar, complementar y ampliar las anteriormente adoptadas y se centra en el apoyo a las empresas y a los trabajadores, abarcando muchos ámbitos diferentes.

En el documento adjunto analizamos las principales medidas introducidas por el referido Real Decreto-Ley en relación a los contratos de arrendamiento de uso distinto al de vivienda.

 

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Más información: José María Arnedo, socio responsable del área de Derecho Inmobiliario

23.04.2020

La Cámara de Comercio Brasil Catalunya, de la que Toda & Nel-lo es socio protector, ha organizado un seminario virtual para analizar, a nivel jurídico, las últimas normativas aprobadas por las autoridades para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19, para lo que se ha contado con las ponencias de los abogados del Despacho. En concreto, los abogados Josep M. Balcells (socio responsable de las áreas de Mercantil e Internacional) y José Mª Arnedo (socio del área de Procesal y responsable de Inmobiliario) han hecho un repaso por los cambios producidos en el área de derecho inmobiliario, con especial atención a los contratos de arrendamiento, así como sobre el impacto del COVID-19 en los contratos mercantiles.

En el documento adjunto se puede consultar el contenido del seminario.

 

 

 

 

 

El pasado 9 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) el Decreto Ley 11/2020, de 7 de abril, en virtud del cual se adoptan distintas medidas económicas, sociales y administrativas para paliar los efectos de la pandemia generada por el COVID-19, de las que, en materia tributaria, procede destacar las siguientes:

- En relación a la suspensión de los plazos de presentación de autoliquidaciones y de pago de los tributos propios de la Generalitat de Cataluña y de los tributos cedidos –suspensión esta, establecida en el Decreto Ley 7/2020, de 17 de marzo-, se viene a aclarar que debe entenderse que la fecha de inicio de la referida suspensión es el 14 de marzo de 2020 -día en que se entró en vigor la declaración del estado de alarma-.

- Se establecen nuevos periodos de presentación de autoliquidaciones y de ingreso en periodo voluntario para determinados tributos propios y cedidos –tributos estos, que se encuentran suspendidos hasta la fecha en que se declare la finalización del estado de alarma-. En concreto:

• En relación al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), en la modalidad de sucesiones, en aquellos supuestos devengados con anterioridad al 14 de marzo de 2020 cuyo plazo de presentación e ingreso en periodo voluntario no hubiera finalizado aún a esa fecha, se establece que el plazo comprenderá el tiempo que les restaba para presentar la autoliquidación más dos meses adicionales.

• En relación con el Impuesto sobre las bebidas azucaradas envasadas, se determina que la presentación e ingreso de la autoliquidación correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2020 se deberá efectuar en el plazo comprendido entre el 1 y el 20 de julio de este año (en lugar del plazo habitual que sería del 1 al 20 de abril).

- En relación con la Tasa sobre los juegos de suerte, envite o azar, se establece una bonificación en la cuota en el porcentaje equivalente al número de días de duración del estado de alarma respecto el total de días naturales que tiene el primer trimestre correspondiente al primer plazo de autoliquidación que se inicie después de la finalización del referido estado. Esta bonificación se aplicará una única vez en el indicado período de liquidación trimestral.

 

Puede consultar el texto completo del Decreto Ley 11/2020 aquí.

14.04.2020

El Consejo de Ministros aprobó el 10 de abril de 2020 el SEGUNDO tramo de la línea de avales para la financiación de empresas y autónomos por importe de 20.000 millones de euros, en desarrollo del art. 29 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo. 

Al igual que con el primer tramo ya aprobado, el objetivo de este segundo tramo sigue siendo el incentivar que las entidades financieras concedan a empresas y autónomos nuevas líneas de financiación, y renueven las ya existentes, mediante la obtención de avales del ICO que garantizarán parte del riesgo asumido por tales entidades financieras en dichas líneas de financiación.

Los avales con esta finalidad podrán solicitarse hasta el 30 de septiembre de 2020, sin perjuicio de que ese plazo pueda ser ampliado en virtud de nuevo acuerdo del Consejo de Ministros.

Las condiciones aplicables al SEGUNDO tramo de la línea de avales son iguales a las aplicadas al primer tramo y que ya resumimos en nuestra anterior alerta informativa (ver aquí), salvo por lo que indicamos a continuación:

1. Destinatarios SEGUNDO tramo de la línea de avales: solamente autónomos y PYMES.  

Recordemos que se considerará PYME a estos efectos a la empresa que emplee a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros.

2. Financiadores beneficiarios de los avales: entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pago que hayan solicitado la adhesión al contrato marco del ICO antes del 15 de mayo de 2020.

3. Costes de la financiación: deberán mantenerse en línea con los costes cargados por las entidades financieras antes del inicio de la crisis del COVID-19, teniendo en cuenta la garantía pública del aval y su coste de cobertura y, por lo tanto, en general, deberán ser inferiores a los costes de los préstamos y otras operaciones para la misma tipología de cliente que no cuenten con el aval. El cumplimiento de esta condición será supervisado por ICO.

Las entidades financieras aplicarán los mejores usos y prácticas bancarias en beneficio de los clientes y no podrán comercializar otros productos con ocasión de la concesión de préstamos cubiertos por este aval público ni condicionar su concesión a la contratación por parte del cliente de otros productos.

Se establece además que el criterio de reparto del SEGUNDO tramo de la línea de avales entre las entidades financieras será el mismo seguido para el primer tramo y que, dicho criterio se mantendrá hasta el 30 de junio de 2020. A partir de entonces, los importes de aval asignados y no utilizados por las entidades se distribuirán entre el resto de operadores, de forma proporcional al importe de aval que hubieran utilizado hasta esa fecha.

Por este motivo, es de esperar que las entidades financieras se muestren muy activas en la concesión de financiación acogida a este SEGUNDO tramo de avales hasta el 30 de junio, so pena de perder la cuota de avales que les hubiesen asignado y que no hubiesen consumido hasta esa fecha.
 

 

Más información: Javier Hernández

13.04.2020

En este documento, los abogados de Derecho Administrativo de Toda & Nel-lo analizan las principales medidas normativas aprobadas como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19 en materia de Derecho Administrativo (actualizado a fecha 29 de marzo de 2020); en concreto, en lo que respecta a:

 

1. Estado de alarma
2. Contratación Pública
3. Procedimientos administrativos y contenciosos; plazos
4. Subvenciones y ayudas
5. Personas jurídicas de derecho público
6. Sector turístico
7. Servicios funerarios
8. Licencias de obras
9. Medicamentos y productos sanitarios
10. Otros

 

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Más información: Javier García, socio de Derecho Administrativo de Toda & Nel-lo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.04.2020

El pasado domingo 29 de marzo se publicaba en el BOE el RDL 10/2020 por el que se establecía, con efectos del mismo lunes 30 de marzo, y hasta el 9 de abril, un permiso especial retribuido para todos aquellos trabajadores por cuenta ajena que no presten servicios esenciales.

Como ha ocurrido en anteriores ocasiones, la redacción del RDL 10/2020 generaba algunas dudas interpretativas, que el Gobierno ha considerado oportuno despejar mediante la aprobación y publicación en el BOE el mismo lunes 30 de marzo de la Orden SAN/307/2020, que ha establecido la obligación de las empresas de hacer entrega a los trabajadores que desarrollen su actividad en las actividades esenciales calificadas como tales en el Anexo del RDL 10/2020, de una declaración responsable en la que se indique que la persona trabajadora puede continuar desplazándose a su puesto de trabajo.

En este documento de nuestros abogados de Derecho Laboral, analizamos dicha medida y adjuntamos un modelo de declaración responsable a emitir para los trabajadores por cuenta ajena que no deban acogerse al permiso retribuido recuperable recogido en el Real Decreto-ley 10/2020.

 

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Más información: Dídac Ripollès, socio de Laboral de Toda & Nel-lo

 

02.04.2020

Después de días de incertidumbre, amenazas de huelga e impago generalizado de rentas por el sindicato de arrendatarios, quejas de las asociaciones de propietarios, y desconcierto general al respecto, el Gobierno ha decidido finalmente adoptar medidas sobre el pago de renta en los alquileres. Hoy, 1 de abril de 2020, se ha publicado en el BOE del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan, entre muchas otras, medidas complementarias en el ámbito de los alquileres para paliar los efectos del COVID-19.

El Decreto centra las medidas únicamente en los arrendamientos de vivienda otorgados al amparo de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 y distingue entre si el arrendador de los mismos es un pequeño propietario o si lo es una empresa, un gran tenedor de inmuebles en alquiler o entidades públicas de vivienda, dando una cobertura distinta en uno y otro caso. Asimimo, prevé para los arrendatarios en situación de vulnerabilidad moratorias en el pago de la renta o condonaciones de la misma, que serán obligatorias o no, según la condición del arrendador de la vivienda, y establece una serie de ayudas económicas avaladas por el Estado para aquellos arrendatarios en situación de vulnerabilidad que no puedan pactar moratorias con sus arrendadores persona física y no puedan hacer frente al pago de la renta de sus viviendas.

El Decreto establece, además de medidas estrictamente económicas, la posibilidad de solicitar por el arrendatario una prórroga de la vigencia del arrendamiento por un periodo máximo de seis meses, si el contrato expira dentro del periodo comprendido desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley hasta el día en que hayan transcurrido dos meses desde la finalización del estado de alarma; y una suspensión de lanzamientos por falta de pago para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, o la suspensión del procedimiento de desahucio por un periodo máximo de seis meses.

Dicho cuanto antecede, relacionaremos cada una de las medidas aprobadas relativas al arrendamiento, que entrarán en vigor al día siguiente al de su publicación -mañana, 2 de abril de 2020-, empezando por la definición de situación de vulnerabilidad y su acreditación a los efectos del Real Decreto-Ley.

Nuestros abogados del departamento de Derecho Inmobiliario analizan las principales medidas introducidas por el referido Real Decreto-Ley en este documento.

 

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Más información: José Mª Arnedo, socio de Procesal e Inmobiliario
 

01.04.2020

En este documento, los abogados de Derecho Administrativo de Toda & Nel-lo analizan las principales medidas normativas aprobadas como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19 en materia de Derecho Administrativo (actualizado a fecha 29 de marzo de 2020); en concreto, en lo que respecta a:

 

1. Estado de alarma
2. Contratación Pública
3. Procedimientos administrativos y contenciosos; plazos
4. Subvenciones y ayudas
5. Personas jurídicas de derecho público
6. Sector turístico
7. Servicios funerarios
8. Licencias de obras
9. Medicamentos y productos sanitarios
10. Otros

 

Se puede acceder al documento haciendo clic aquí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.03.2020

El diario Expansión ofrecía, en su edición del 4 de marzo de 2020, una guía que explica las cuestiones laborales, mercantiles y contractuales, administrativas y relativas a potenciales litigios que deben tener en cuenta las empresas en los planes de contingencia que están elaborando ante la crisis del coronavirus.

Para la elaboración de dicho "plan de contingencia" se ha contado con la colaboración de varios abogados de Toda & Nel-lo;  en concreto, de Dídac Ripollès (socio de Laboral, para las cuestiones laborales), Josep M. Balcells (socio de Mercantil e Internacional, para las implicaciones mercantiles), Javier García (socio de Administrativo, para todo lo relativo a los aspectos relacionados con Derecho Público y la Administración) y Álvaro Rifá, counsel de Derecho Procesal (para los temas relacionados con los posibles litigios que pueden desencadenar de esta situación).

La guía da respuesta a las siguientes cuestiones: 

 

LABORAL

  • ¿Puede la empresa obligar a teletrabajar un tiempo?
  • ¿Qué ocurre si la producción se ve afectada?
  • ¿Puede un trabajador dejar de acudir al centro de trabajo por miedo al contagio?
  • ¿Puede decidir el empleado unilateralmente teletrabajar?
  • ¿Qué ocurre si un empleado se contagia o si debe estar en cuarentena?
  • ¿Cabe exigir a un trabajador que preste servicios si se encuentra en cuarentena, pero sin síntomas?
  • ¿Puede una empresa en España suspender su actividad por el Covid-19?
  • ¿Está obligada la empresa a repatriar a expatriados en zonas de riesgo?
  • ¿Está obligado el empresario a suspender viajes, convenciones, reuniones, o ferias internacionales? ¿Y si el empleado se niega a ir?

 

MERCANTIL

  • ¿Es un caso de fuerza mayor que justificaría no suministrar a los clientes por no recibir materia prima o producto de los países afectados (China, Italia, etc.)?
  • ¿Puede un cliente exigir que se compre las materias primas más caras de proveedores situados en terceros países si no puede abastecerse desde China?
  • Y, como cliente de empresas chinas, ¿es definitivo el certificado del Gobierno chino acreditando motivos de fuerza mayor?
  • ¿Queda cubierta la fuerza mayor en la póliza de seguro como para resarcir de los daños que cause la pérdida de clientes o para indemnizar a terceros los daños que cause mi empresa por no atender los pedidos?
  • Si un proveedor no ha informado de la rotura de su cadena de suministro y deja de servir los pedidos sin más justificación, ¿podrá reclamársele daños y perjuicios?

 

LITIGACIÓN

  • Como empresario, ¿cabe verse abocado a un aumento de los procedimientos judiciales?
  • ¿Puede considerarse al Covid-19 como un supuesto de fuerza mayor que justifique un incumplimiento contractual? ¿Podría resultar de aplicación la cláusula 'rebuc sic stantibus'?
  • ¿Dónde puede producirse la controversia judicial?
  • ¿Qué puedo hacer ya para salvaguardar los intereses procesales de mi empresa?

 

ADMINISTRATIVO

  • ¿Quién debe soportar las consecuencias económicas de las órdenes gubernativas (de confinamiento, manutención, etc.)?
  • A una empresa farmacéutica, ¿hasta qué punto le vinculan las cláusulas de suministro a centros de salud y hospitales en el caso de desabastecimiento?

 

El artículo completo se puede leer haciendo clic aquí