LEY CATALANA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO DE CATALUÑA
El Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya de 31 de diciembre de 2014, ha publicado la Ley 19/2014, de 29 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Esta Ley tiene por objeto: (i) regular y garantizar la transparencia de la actividad pública, (ii) regular y garantizar el derecho de acceso de las personas a la información y documentación públicas, (iii) establecer los principios y obligaciones de buen gobierno de acuerdo con los que deben actuar los altos cargos, el personal de servicio de la Administración y las demás personas a las que es de aplicación la Ley, (iv) aplicar el gobierno abierto y fomentar la participación y colaboración ciudadanas, y (v) regular el régimen de garantías y responsabilidades por el incumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos por esta Ley.
En cuanto al ámbito subjetivo de esta Ley, es de aplicación a las administraciones públicas de Cataluña (incluye la Administración de la Generalidad y los entes locales), así como todos los organismos y entidades de naturaleza administrativa dependientes o vinculadas a estas administraciones. También afecta a las personas privadas que ejercen actividades públicas o de interés público, como asociaciones y fundaciones cuyos ingresos provienen de forma significativa de subvenciones o ayudas públicas.
Además, la Ley desarrolla sus efectos sobre todas las demás instituciones públicas que no son administraciones públicas en la parte que realizan funciones administrativas por razón de su funcionamiento o en los aspectos institucionales respecto a los que se considera también exigible un deber de transparencia e información.
La Ley regula la transparencia en la actividad pública como una obligación a cargo de la Administración que debe facilitar de forma proactiva, y la regula de una forma muy amplia (información institucional y organizativa, gestión económica y presupuestaria, información de relevancia jurídica, programación y planificación, contratación pública, actividad subvencional, etc.).
En este sentido, destaca la regulación del Registro de grupos de interés con la finalidad de que los ciudadanos puedan identificar a las personas que actúan como tales y conocer las relaciones que tienen con la Administración en defensa de intereses concretos, así como las reglas éticas a las que deben ajustar su conducta, así como la creación del Portal de Transparencia, como un instrumento básico y general para facilitar a la ciudadanía la información de forma integrada de todas las administraciones públicas.