El Supremo abre la puerta a conocer qué investigó la Inspección de Trabajo tras archivar una denuncia
Recibir una comunicación de archivo tras denunciar irregularidades laborales de un competidor ya no supone necesariamente quedarse sin respuestas. El Tribunal Supremo, en su sentencia 1033/2026, ha establecido que el deber de sigilo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social no justifica una denegación general de la información sobre las actuaciones realizadas, y que la solicitud del denunciante debe resolverse, como regla general, en el plazo de un mes. Sobre las implicaciones prácticas de esta resolución para autónomos y pymes se ha pronunciado Elena Rubio, socia del área Laboral de Toda & Nel-lo, en Diario Autónomos y Emprendedores.
El procedimiento, según detalla, parte de una solicitud de acceso a información pública dirigida al órgano que custodia la documentación. En ella conviene identificar la denuncia y precisar qué se solicita (visitas, requerimientos, comprobaciones, informes o la resolución de archivo), sin que sea necesario explicar para qué se quiere la información. Se trata, en todo caso, de acceder a documentación ya existente, no de obtener una nueva investigación. Si la Administración invoca la protección de datos, deberá motivar la restricción y facilitar un acceso parcial cuando sea posible; y frente a una negativa, una respuesta incompleta o el silencio, cabe reclamar ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un trámite que no requiere abogado ni conlleva tasa.
Rubio pone también el acento en los límites del fallo: reconocer el derecho de acceso no deja sin efecto el archivo ni obliga a reabrir las actuaciones, y tampoco otorga por sí solo legitimación para recurrirlo. Cuando surjan hechos nuevos o pruebas que no fueron examinadas, la vía adecuada es ponerlos en conocimiento de la Inspección o presentar una nueva denuncia fundamentada, cuya viabilidad dependerá de las pruebas disponibles y de los plazos de prescripción.
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