bienes de lujo, yate
21.05.2019

Modificación del impuesto sobre "bienes improductivos" tras ser declarado constitucional

Cataluña será la primera comunidad autónoma en aplicar el impuesto que grava los bienes de lujo no productivos de las empresa y que, por tanto, no sean necesarios para su actividad.

El pasado 16 de mayo de 2019 se publicó en el Boletín Oficial de la Generalitat de Cataluña (BOGC) el Decreto Ley 8/2019, de 14 de mayo, de modificación de la Ley 6/2017, del Impuesto sobre Activos no Productivos.

A modo de recordatorio, resulta de interés señalar que la mencionada Ley 6/2017 entró en vigor el 13 de mayo de 2017 (puede acceder al artículo que escribimos sobre ello aquí) y supuso la creación de un nuevo impuesto, exigible en todo el territorio de Cataluña, que tiene por objeto gravar la tenencia, por parte de personas jurídicas y algunas entidades sin personalidad jurídica propia -entre estas, comunidades de bienes y herencias yacentes-, de determinados bienes considerados “no productivos”.

Se trata de un gravamen pionero entre las comunidades autónomas que busca evitar que grandes patrimonios tengan propiedades a nombre de empresas para no tener que declararlas a través del Impuesto de Patrimonio.

Entre los bienes sujetos a este impuesto se encuentran los bienes inmuebles, los coches y vehículos de potencia de más de 200 caballos, embarcaciones de lujo, aviones privados, helicópteros, objetos de arte, antigüedades y joyas.

Por otra parte, interesa destacar que el referido Decreto-Ley ha sido aprobado por el Gobierno de la Generalitat después de que el Tribunal Constitucional, en su Sentencia de 28 de febrero por la que resolvió el recurso de inconstitucionalidad número 4063-2017, declarase que el impuesto es plenamente constitucional y adecuado al marco legal vigente.

Entre las distintas novedades introducidas por la comentada norma reglamentaria son especialmente relevantes las dos siguientes:

  • i. la modificación del plazo general de presentación de la autoliquidación del impuesto, que comprenderá del 1 al 30 de junio de cada año; y,
     
  • ii. la introducción de una disposición transitoria única en la que, haciendo referencia a los ejercicios ya devengados y no exigidos –estos son, el ejercicio 2017, 2018 y 2019-, se habilita un plazo para presentar e ingresar las autoliquidaciones correspondientes que comprende desde el 1 de octubre al 30 de noviembre de 2019.