El Real Decreto-ley 8\/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto econ\u00f3mico y social del COVID-19, publicado en el BOE de hoy, 18 de marzo, establece una serie de medidas en relaci\u00f3n con los contratos p\u00fablicos celebrados por entidades del Sector P\u00fablico.<\/p>\n
En s\u00edntesis, se prev\u00e9n las siguientes medidas:<\/p>\n
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En cuanto a los contratos de servicios y suministro de prestaci\u00f3n sucesiva<\/strong>, se prev\u00e9 su posible suspensi\u00f3n si su ejecuci\u00f3n deviene imposible por el COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, las Comunidades Aut\u00f3nomas o la Administraci\u00f3n local para combatirlo.<\/p>\n Se concretan los da\u00f1os y perjuicios por los que podr\u00e1 ser indemnizado el contratista en caso de suspensi\u00f3n.<\/p>\n El \u00f3rgano de contrataci\u00f3n deber\u00e1 apreciar, a instancias del contratista y en plazo de 5 d\u00edas naturales, la imposibilidad de ejecuci\u00f3n del contrato por la situaci\u00f3n, siendo el sentido del silencio negativo.\u00a0<\/p>\n Se prev\u00e9, asimismo, la pr\u00f3rroga de contratos cuando, su vencimiento, no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestaci\u00f3n como consecuencia de la paralizaci\u00f3n de los procedimientos de contrataci\u00f3n derivada de lo dispuesto en el Real Decreto 463\/2020, de 14 de marzo, y no pudiera formalizarse el correspondiente nuevo contrato.<\/p>\n En cuanto a los contratos de servicios y suministro distintos de los anteriores<\/strong>, si no han perdido su finalidad como consecuencia de la situaci\u00f3n de hecho creada por el COVID-19, se prev\u00e9 la posibilidad de ampliaci\u00f3n del plazo inicial o de la pr\u00f3rroga en curso para el cumplimiento.<\/p>\n La ampliaci\u00f3n ser\u00e1, en principio, igual al tiempo perdido por la referida situaci\u00f3n<\/p>\n En tal supuesto, se prev\u00e9 el derecho del contratista al abono de determinados gastos salariales, hasta un l\u00edmite m\u00e1ximo del 10 por 100 del precio inicial del contrato, previa solicitud y acreditaci\u00f3n.<\/p>\n Todo lo anterior no resulta de aplicaci\u00f3n a los siguientes contratos:<\/p>\n a) Contratos de servicios o suministro sanitario, farmac\u00e9utico o de otra \u00edndole, cuyo objeto est\u00e9 vinculado con la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.<\/p>\n b) Contratos de servicios de seguridad, limpieza o de mantenimiento de sistemas inform\u00e1ticos.<\/p>\n c) Contratos de servicios o suministro necesarios para garantizar la movilidad y la seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte.<\/p>\n d) Contratos adjudicados por aquellas entidades p\u00fablicas que coticen en mercados oficiales y no obtengan ingresos de los Presupuestos Generales del Estado.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Se prev\u00e9 su posible suspensi\u00f3n si su ejecuci\u00f3n deviene imposible por el COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, y cuando esta situaci\u00f3n genere la imposibilidad de continuar la ejecuci\u00f3n del contrato<\/p>\n Para que proceda la suspensi\u00f3n, el \u00f3rgano de contrataci\u00f3n deber\u00e1 apreciar, a instancias del contratista y en el plazo de 5 d\u00edas naturales, la imposibilidad de ejecuci\u00f3n del contrato por la situaci\u00f3n.\u00a0<\/p>\n Asimismo, en los contratos en los que, de acuerdo con el \u00abprograma de desarrollo de los trabajos o plan de obra\u00bb estuviese prevista la finalizaci\u00f3n de su plazo de ejecuci\u00f3n entre el 14 de marzo, fecha de inicio del estado de alarma, y durante el per\u00edodo que dure el mismo, se prev\u00e9 que el contratista pueda solicitar una pr\u00f3rroga en el plazo de entrega, ofreciendo el cumplimiento se da la ampliaci\u00f3n.<\/p>\n Se concretan los conceptos indemnizables a los que tendr\u00e1 derecho el contratista en los casos de ampliaci\u00f3n o suspensi\u00f3n, as\u00ed como las condiciones que deben cumplirse para ello.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Se prev\u00e9 que la situaci\u00f3n de hecho creada por el COVID-19 y las medidas adoptadas por el Estado, las Comunidades Aut\u00f3nomas o la Administraci\u00f3n local para combatirlo, puedan dar lugar al concesionario al restablecimiento del equilibrio econ\u00f3mico del contrato mediante, seg\u00fan proceda en cada caso, la ampliaci\u00f3n de su duraci\u00f3n inicial hasta un m\u00e1ximo de un 15 por 100 o mediante la modificaci\u00f3n de las cl\u00e1usulas de contenido econ\u00f3mico incluidas en el contrato.<\/p>\n Ello proceder\u00e1 cuando el \u00f3rgano de contrataci\u00f3n, a instancia del contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecuci\u00f3n del contrato como consecuencia de la situaci\u00f3n descrita en la norma.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n \u00a0<\/p>\n \n\t\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El Real Decreto-ley 8\/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto econ\u00f3mico y social del COVID-19, publicado en el BOE de hoy, 18 de marzo, establece una serie de medidas en relaci\u00f3n con los contratos p\u00fablicos celebrados por entidades del Sector 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\n\tC) Contratos p\u00fablicos de concesi\u00f3n de obras y concesi\u00f3n de servicios:<\/h3>\n