La Sala de lo Civil del Alto Tribunal, mediante sentencia dictada el pasado d\u00eda 12 de diciembre de 2014, limita el alcance de lo dispuesto en el art\u00edculo 84.4 de la Ley Concursal en materia de autotutela de las Administraciones P\u00fablicas ante deudores en situaci\u00f3n de concurso de acreedores.<\/p>\n
En concreto, el literal de la citada disposici\u00f3n legal, en relaci\u00f3n con los cr\u00e9ditos contra la masa del concurso, prev\u00e9 que\u00a0no podr\u00e1n iniciarse ejecuciones judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la liquidaci\u00f3n o transcurra un a\u00f1o desde la declaraci\u00f3n de concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos. Esta paralizaci\u00f3n no impedir\u00e1 el devengo de los intereses, recargos y dem\u00e1s obligaciones vinculadas a la falta de pago del cr\u00e9dito a su vencimiento.<\/em><\/p>\n Sin embargo, haciendo una interpretaci\u00f3n extremadamente restrictiva de dicha disposici\u00f3n, el Tribunal Supremo considera que debe alzarse un embargo trabado por la Tesorer\u00eda General de la Seguridad Social, cuando la concursada ya se hallaba en fase de liquidaci\u00f3n, toda vez que debe garantizarse que en dicha fase \u201chaya una ejecuci\u00f3n universal de todo el patrimonio del deudor concursada, para que pueda asegurarse el pago de los cr\u00e9ditos conforme a las reglas legales de preferencia de cobro, previstas para acreedores tanto concursales como contra la masa<\/em>\u201d.<\/p>\n Para sostener esta premisa el Tribunal razona que no puede hacerse una interpretaci\u00f3n literal del art\u00edculo 84.4 de la Ley Concursal, sino que esta disposici\u00f3n debe ser considerada teniendo en cuenta el resto de preceptos de dicha norma.<\/p>\n La referida Sentencia, al margen de la novedad que implica para la ordenaci\u00f3n de la fase de liquidaci\u00f3n del concurso, constituye tambi\u00e9n un valioso precedente que podr\u00e1 ser invocado para tratar de limitar las facultades que ostentan las Administraciones P\u00fablicas a lo largo de todo el procedimiento concursal.<\/p>\n Ahora bien, y en este sentido, tambi\u00e9n debe tenerse en cuenta que esta resoluci\u00f3n no altera el orden de prelaci\u00f3n que la propia Ley Concursal reserva para los cr\u00e9ditos de derecho p\u00fablico, cuando los configura en su mayor\u00eda como cr\u00e9ditos con privilegio general y, dentro de estos, les confiere una notable prioridad de pago, una vez abierta la fase de liquidaci\u00f3n (art. 156.1 LC).<\/p>\n