La Sentencia del TJUE de 5 de abril de 2017 (asunto C-391\/15) ha declarado que el efecto directo de la Directiva 89\/665\/CEE, del Consejo, relativa a la aplicaci\u00f3n de los procedimientos de recurso en materia de adjudicaci\u00f3n de los contratos p\u00fablicos de suministros y de obras, implica que debe permitirse la interposici\u00f3n de recurso especial en materia de contrataci\u00f3n contra la admisi\u00f3n de un licitador a un procedimiento de adjudicaci\u00f3n.<\/p>\n
Ello supone una importante novedad con respecto a la norma interna espa\u00f1ola, por cuanto hasta la fecha, las impugnaciones de la admisi\u00f3n de un licitador \u00fanicamente pod\u00edan formularse en el eventual recurso contra el acto de adjudicaci\u00f3n.<\/p>\n
En el caso concreto, la UTE actora en el procedimiento judicial espa\u00f1ol, que hab\u00eda concurrido a la licitaci\u00f3n de un contrato de concesi\u00f3n de obras p\u00fablicas, recurri\u00f3 la decisi\u00f3n de la Agencia P\u00fablica de Puertos de Andaluc\u00eda declarando la admisi\u00f3n a la referida licitaci\u00f3n de otra UTE.<\/p>\n
En este sentido, conforme al actual art. 40.2.b) del TRLCSP y la interpretaci\u00f3n efectuada hasta la fecha por los \u00f3rganos espa\u00f1oles, los actos de tr\u00e1mite consistentes en la admisi\u00f3n a la licitaci\u00f3n de una empresa no eran recurribles de forma aut\u00f3noma mediante el recurso especial en materia de contrataci\u00f3n, sino que era una cuesti\u00f3n que deb\u00eda formularse en el eventual recurso especial contra la resoluci\u00f3n de adjudicaci\u00f3n.<\/p>\n