Como es bien sabido, y as\u00ed lo declara el art\u00edculo 232 de la Ley Org\u00e1nica 6\/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), \u00ab\u00a0las actuaciones judiciales ser\u00e1n p\u00fablicas\u00a0\u00bb, si bien \u00ab\u00a0con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento\u00a0\u00bb.<\/p>\n
En el presente art\u00edculo nos centramos en analizar si los escritos procesales <\/strong>(esto es, el escrito de demanda, la contestaci\u00f3n y\/o los eventuales recursos que pudieren plantearse) deben considerarse \u00ab\u00a0p\u00fablicos\u00a0\u00bb y, en su caso, si las partes est\u00e1n autorizadas a divulgarlos<\/strong>.<\/p>\n Empezando por la primera de las cuestiones, la publicidad de las actuaciones procesales se encuentra regulada en los art\u00edculos 232 y ss. de la LOPJ, en el Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1\/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales (Acuerdo de 15 de septiembre de 2005), y en las correspondientes leyes de procedimiento. Al respecto, en el \u00e1mbito civil, en el cual se centra nuestro an\u00e1lisis, esta cuesti\u00f3n se encuentra asimismo regulada en los art\u00edculos 138 y ss. de la Ley 1\/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC).<\/p>\n El propio art\u00edculo 232 de la LOPJ prev\u00e9 l\u00edmites a la publicidad de las actuaciones procesales <\/strong>(cuando concurran \u00ab\u00a0razones de orden p\u00fablico y de protecci\u00f3n de los derechos y libertades\u00a0\u00bb) que permiten acordar el secreto de todo o parte de las mismas.<\/p>\n En an\u00e1logo sentido, el art\u00edculo 140.3, en relaci\u00f3n con el 138.2 de la LEC, establece que podr\u00e1 acordarse el car\u00e1cter reservado de las actuaciones cuando \u00ab\u00a0ello sea necesario para la protecci\u00f3n del orden p\u00fablico o de la seguridad nacional en una sociedad democr\u00e1tica, o cuando los intereses de los menores o la protecci\u00f3n de la vida privada de las partes y de otros derechos y libertades lo exijan o, en fin, en la medida en la que el tribunal lo considere estrictamente necesario, cuando por la concurrencia de circunstancias especiales la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia\u00a0\u00bb.<\/p>\n Sin embargo, aunque la informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n obrante en los autos no sean declarados ni secretos ni reservados, ello no significa que las mismas sean accesibles a todo el p\u00fablico<\/strong>, pues las personas legitimadas para obtener acceso y copia de dicha informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n estar\u00e1n limitadas.<\/p>\n En efecto, solo tendr\u00e1n acceso a dicha informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n \u00ab\u00a0las partes<\/strong> y cualquier persona que acredite un inter\u00e9s leg\u00edtimo y directo<\/strong>\u00a0\u00bb (art\u00edculo 234.2 de la LEC). Id\u00e9ntica previsi\u00f3n encontramos en el art\u00edculo 141 de la LEC[1]<\/a> y en el art\u00edculo 2 del Acuerdo de 15 de septiembre de 2005[2]<\/a>.<\/p>\n Lo anterior, viene a corroborar que la publicidad de las actuaciones procesales tiene sus l\u00edmites, puesto que no todo ciudadano tiene acceso a los escritos procesales presentados por las partes, sino solo aquellos que sean parte del procedimiento o que acrediten tener un inter\u00e9s leg\u00edtimo y directo en el mismo; y, en este \u00faltimo caso, cuando las actuaciones no hayan sido declaradas secretas.<\/p>\n En cualquier caso, y entrando ya en la segunda de las cuestiones aqu\u00ed analizadas, es importante se\u00f1alar que las partes y\/o las personas con inter\u00e9s leg\u00edtimo y directo solo tienen facultad de \u00ab\u00a0examinar y conocer<\/strong>\u00a0\u00bb la informaci\u00f3n solicitada y de \u00ab\u00a0obtener copias simples y documentos<\/strong>\u00a0\u00bb (art\u00edculo 243 de la LEC), pero en ning\u00fan caso se prev\u00e9 la posibilidad de divulgar dichas copias y documentos.<\/strong><\/p>\n En este sentido, la LEC, en su art\u00edculo 140, de la misma forma que lo hace el art\u00edculo 4 del Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, prev\u00e9 que son los Letrados de la Administraci\u00f3n de Justicia<\/strong> y los \u00f3rganos competentes de la oficina judicial los competentes<\/strong> para facilitar cuanta informaci\u00f3n<\/strong> soliciten las personas legitimadas para ello y para expedirles las copias<\/strong> simples de escritos<\/strong> y documentos<\/strong> que consten en los autos.<\/p>\n De hecho, el apartado segundo del art\u00edculo 4 del Acuerdo de 15 de septiembre de 2005 prev\u00e9 un procedimiento espec\u00edfico para la solicitud de dicha documentaci\u00f3n, consistente en que \u201clos legitimados\u201d deber\u00e1n presentar una solicitud por escrito al Letrado de la Administraci\u00f3n de Justicia, precisando el documento cuyo conocimiento se solicita y exponiendo la causa que justifica su inter\u00e9s. Dicha solicitud ser\u00e1 resuelta mediante acuerdo del Letrado de la Administraci\u00f3n de Justicia, quien deber\u00e1 valorar, entre otros, el inter\u00e9s del solicitante y los derechos fundamentales en juego; pudiendo revisarse la decisi\u00f3n final del mismo.<\/p>\n Es decir, la legislaci\u00f3n aplicable no prev\u00e9 expresamente la facultad de las partes de divulgar los escritos procesales<\/strong> y, como hemos visto, la propia LEC y el Acuerdo de 15 de septiembre de 2005 prev\u00e9n expresamente un procedimiento para la obtenci\u00f3n de dicha documentaci\u00f3n. Ello, junto con los l\u00edmites a la publicidad de las actuaciones procesales a los que nos hemos referido anteriormente, nos permite concluir que las partes no tienen facultad para divulgar escritos procesales obtenidos en el marco de un procedimiento del cual son parte<\/strong>.<\/p>\n Pero es que, m\u00e1s all\u00e1 de lo anterior, concurren dos obst\u00e1culos adicionales<\/strong>, a los cuales cabe referirnos de forma sucinta: por una parte, la necesaria observaci\u00f3n de la normativa en materia de protecci\u00f3n de datos de car\u00e1cter personal<\/strong>; y, por la otra, la eventual protecci\u00f3n de los derechos de autor.<\/p>\n En cuanto a la cuesti\u00f3n relativa a la protecci\u00f3n de datos de car\u00e1cter personal, cabe recordar que, seg\u00fan establece el art\u00edculo 236 bis de la LOPJ, las partes autorizan el tratamiento de datos personales en el procedimiento solo para fines jurisdiccionales.<\/p>\n Adem\u00e1s, cabe tener en cuenta que el acceso a las actuaciones por quien no es parte pero acredite un inter\u00e9s leg\u00edtimo y directo podr\u00e1 llevarse a cabo \u00ab\u00a0previa disociaci\u00f3n, anonimizaci\u00f3n u otra medida de protecci\u00f3n de datos de car\u00e1cter personal que las mismas contuvieren y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garant\u00eda del anonimato de las v\u00edctimas o perjudicados, cuando proceda\u00a0\u00bb (art\u00edculo 235 de la LOPJ y, en el mismo sentido, el art\u00edculo 141 bis de la LEC).<\/p>\n As\u00ed pues, el consentimiento del tratamiento de datos personales \u00fanicamente para fines jurisdiccionales y la necesaria anonimizaci\u00f3n de los escritos es incompatible con la divulgaci\u00f3n de un escrito procesal (que contiene datos de car\u00e1cter personal) al p\u00fablico.<\/p>\n Por otro lado, puede considerarse, asimismo, que los escritos profesionales de los abogados se encuentran protegidos por los derechos de autor, de forma que el documento no podr\u00eda divulgarse sin el consentimiento del mismo, si bien esta no es una cuesti\u00f3n pac\u00edfica. Cabe citar, en todo caso, la sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca (Secci\u00f3n 1\u00aa) n\u00fam. 107\/2017, de 2 de marzo<\/a>,<\/strong>\u00a0la cual, con cita a otras sentencias, expone que podr\u00eda interpretarse que existe un derecho de propiedad intelectual sobre los escritos profesionales de abogados:<\/p>\n \u00ab\u00a0el objeto del procedimiento se centra en determinar si existe un derecho de propiedad intelectual sobre los escritos profesionales de abogados<\/strong>, en este caso una demanda ante la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa<\/p>\n (\u2026)<\/p>\n La propiedad intelectual sobre los escritos de los abogados (dict\u00e1menes, demandas y otros escritos procesales) es una vieja cuesti\u00f3n que no ha recibido por el momento un tratamiento profundo ni por la doctrina cient\u00edfica ni por la jurisprudencia<\/strong>.<\/p>\n (\u2026)<\/p>\n Desde la STJUE de 16 de julio de 2009 (Infopaq), doctrina cient\u00edfica y jurisprudencia tienden a aplicar un<\/strong> criterio d\u00e9bil de originalidad<\/strong> (reconocido en la legislaci\u00f3n de la UE para programas de ordenador y bases de datos que el TJUE, en la sentencia citada, hace extensivo a obras literarias), en el sentido de considerar original toda creaci\u00f3n propia de su autor (no copiada).<\/p>\n Si a ello a\u00f1adimos que el Tribunal Supremo ha llegado a admitir como obra literaria original un libro de instrucciones de una mampara de ba\u00f1o o los anuncios por palabras de un diario ( Sentencias de 30 de enero de 1996 y 13 de mayo de 2005 respectivamente), no habr\u00eda raz\u00f3n en principio para negar originalidad a los escritos profesionales de abogados<\/strong>. (\u2026)\u00a0\u00bb.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n En definitiva, si bien en la normativa aplicable no encontramos una prohibici\u00f3n expresa que impida a una parte en el proceso la divulgaci\u00f3n de un escrito procesal, de una interpretaci\u00f3n de la misma podemos deducir que no est\u00e1 permitida o por lo menos, que est\u00e1 muy limitada, toda vez que (i)<\/strong> no todo ciudadano puede tener acceso a estos escritos, existiendo un procedimiento definido para la obtenci\u00f3n de copias de las actuaciones procesales; (ii)<\/strong> la legislaci\u00f3n se refiere al \u00ab\u00a0acceso y conocimiento\u00a0\u00bb y a la \u00ab\u00a0obtenci\u00f3n de copias\u00a0\u00bb, pero en ning\u00fan caso a su divulgaci\u00f3n; y (iii)<\/strong> existen otros obst\u00e1culos en materia de protecci\u00f3n de datos y de protecci\u00f3n de derechos de autor que impiden dicha divulgaci\u00f3n o que, por lo menos, deben ser tenidos muy en cuenta antes de tomar la decisi\u00f3n de hacerlo.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n M\u00e1s informaci\u00f3n y contacto<\/a><\/p>\n \u00a0<\/p>\n \u00a0<\/p>\n