El despido disciplinario viene regulado por los art\u00edculos 54 y 55 del Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, desde hace un a\u00f1o est\u00e1n habiendo distintos pronunciamientos judiciales sobre la obligaci\u00f3n de cumplir con un tr\u00e1mite de audiencia previa a las personas trabajadoras en los despidos disciplinarios.<\/p>\n
Para contextualizar, la audiencia previa es un tr\u00e1mite previsto en el art\u00edculo 55 del Estatuto de los Trabajadores que establece que, cuando la persona a la que se va a despedir sea representante de los trabajadores, previo al despido y a la entrega de la carta, la empresa deber\u00e1 iniciar un expediente contradictorio por el que ser\u00e1n o\u00eddos tanto el interesado como los dem\u00e1s miembros de la Representaci\u00f3n de los Trabajadores.<\/p>\n
De este modo, el Estatuto tan solo prev\u00e9 esta tramitaci\u00f3n espec\u00edfica para los representantes de los trabajadores y no parec\u00eda que hubiese duda de los casos en los que proced\u00eda la aplicaci\u00f3n de expediente contradictorio o tr\u00e1mite de audiencia previa.<\/p>\n
Sin embargo, en febrero de 2023, el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares declar\u00f3 la Improcedencia de un despido disciplinario a un trabajador que no era representante de la Representaci\u00f3n de los Trabajadores ni estaba sindicado, por haber incumplido la empresa con el deber de dar una audiencia previa a la persona trabajadora en base al art\u00edculo 7 del Convenio 158 de la Organizaci\u00f3n Internacional de los Trabajadores (en adelante, OIT).<\/p>\n
El art. 7 del Convenio n\u00fam. 158 OIT establece que \u00ab\u00a0no deber\u00e1 darse por terminada la relaci\u00f3n de trabajo de un trabajador por motivos relacionados con su conducta o su rendimiento antes de que se le haya ofrecido la posibilidad de defenderse de los cargos formulados contra \u00e9l, a menos que no pueda pedirse razonablemente al empleador que le conceda esta posibilidad\u00a0\u00bb.<\/p>\n
Esta interpretaci\u00f3n ha dado lugar a tres interpretaciones<\/strong>:<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Nos centraremos en el posicionamiento del TSJ de las Illes Balears en tanto que es el primero que inici\u00f3 esta interpretaci\u00f3n (13 de febrero de 2023).<\/p>\n El trabajador debe tener la posibilidad de defenderse de los cargos formulados contra \u00e9l; no es suficiente que el trabajador pueda impugnar esta decisi\u00f3n.<\/p>\n Por ello, al haber incumplido con un requisito formal del despido, de nuestro art\u00edculo 55 del Estatuto de los Trabajadores se desprende que la consecuencia no puede ser otra que calificar el despido como improcedente, por no haber cumplido con el procedimiento adecuado.<\/p>\n Criterio seguido por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y por el Juzgado de lo Social de Matar\u00f3.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n El TSJ de Madrid, en la sentencia de abril de 2023, se pronunci\u00f3 entendiendo que el despido disciplinario objeto del recurso incumpli\u00f3 con lo exigido por el art\u00edculo 7 de la OIT, norma directamente aplicable y que fue alegada en instancia.<\/p>\n Sin embargo, como el texto literal del Estatuto de los Trabajadores no prev\u00e9 como requisito el tr\u00e1mite de audiencia previa para todas las personas trabajadoras, considera que no puede conllevar la calificaci\u00f3n de despido improcedente en tanto que el empresario ha cumplido con todos los requisitos formales previstos por el 55.1 del ET.<\/p>\n En este sentido, interpreta que el derecho a una audiencia previa es una obligaci\u00f3n que nace de la mera existencia de un contrato de trabajo y que, por lo tanto, al incumplir con la misma ha habido un incumplimiento de una obligaci\u00f3n en virtud del art\u00edculo 1.101 del C\u00f3digo Civil. \u00ab\u00a0Quedan sujetos a la indemnizaci\u00f3n de los da\u00f1os y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquellas\u00a0\u00bb.<\/p>\n Por ello, nace la posibilidad que el trabajador tenga derecho a ser indemnizado por los da\u00f1os y perjuicios que ocasiona dicho incumplimiento<\/strong> en caso de que el despido sea declarado improcedente. Es decir, prev\u00e9 una indemnizaci\u00f3n adicional en base a este incumplimiento.\u00a0\u00a0<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Catalu\u00f1a sostiene que el Convenio 158 de la OIT no es un Tratado Internacional de aplicaci\u00f3n directa. Por tanto, tampoco lo es el propio art\u00edculo 7. \u00a0<\/p>\n El TSJ de Catalu\u00f1a reitera que el art\u00edculo 1 del propio Convenio establece que lo regulado en el Convenio se deber\u00e1 aplicar por medio de la legislaci\u00f3n nacional.<\/p>\n \u201cArticulo 1: Deber\u00e1 darse efecto a las disposiciones del presente convenio por medio de la legislaci\u00f3n nacional<\/strong>, excepto en la medida en que esas disposiciones se apliquen por via de contratos colectivos, laudos arbitrales o sentencias judiciales, o de cualquier otra forma conforme a la pr\u00e1ctica nacional.\u201d<\/p>\n Por ello, el art\u00edculo 7 no puede ser de aplicaci\u00f3n directa si hay posterior desarrollo normativo interno, y en nuestro caso se desarrolla por los apartados 1 y 2 del art\u00edculo 55 as\u00ed como por jurisprudencia de aplicaci\u00f3n.<\/p>\n No se est\u00e1 privando a la persona trabajadora del derecho de defensa en tanto que desde el momento que se le hace entrega de la carta de despido, se puede defender con plenas garant\u00edas de las faltas cometidas que se les imputan.<\/p>\n1.\u00a0Improcedencia por incumplimiento del art. 7 Convenio 158 OIT<\/h5>\n
2. No improcedencia por incumplimiento art. 7 Convenio 158 OIT<\/h5>\n
3. No aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 7 Convenio 158 OIT<\/h5>\n