El 25 de julio marca la entrada en vigor de la Directiva 2024\/1760 que tiene por objeto asegurar que las empresas que operan en el mercado interior contribuyan al desarrollo sostenible y a la transici\u00f3n hacia la sostenibilidad de las econom\u00edas y las sociedades. Para ello exige la detecci\u00f3n y, cuando sea necesario, la priorizaci\u00f3n, prevenci\u00f3n, mitigaci\u00f3n, eliminaci\u00f3n, minimizaci\u00f3n y reparaci\u00f3n de los efectos adversos, reales o potenciales, sobre los derechos humanos y el medio ambiente en relaci\u00f3n con sus propias operaciones\u00a0 y las de sus filiales y socios comerciales.<\/p>\n
La Directiva sigue un enfoque basado en el riesgo, siendo esencial la identificaci\u00f3n y evaluaci\u00f3n de riesgos de impactos adversos para el cumplimiento de las obligaciones empresariales. Las empresas deber\u00e1n construir un sistema adecuado para la prevenci\u00f3n, mitigaci\u00f3n, correcci\u00f3n y reparaci\u00f3n de estos riesgos, no solo para los identificados, sino tambi\u00e9n para los que debieran haber sido identificados.<\/p>\n
En la aplicaci\u00f3n de esta norma, se deben considerar las circunstancias espec\u00edficas, la naturaleza y extensi\u00f3n de los efectos adversos, y los factores de riesgo pertinentes. Esto incluye la particularidad de las operaciones comerciales de la empresa, su cadena de actividades, el sector o la zona geogr\u00e1fica en la que operen sus socios comerciales, y el poder de la empresa para influir en sus socios comerciales directos e indirectos.<\/p>\n
La Directiva se aplicar\u00e1 gradualmente a empresas con m\u00e1s de 1.000 empleados y un volumen de negocios superior a 450 millones de euros, cuyas actividades abarcan desde la producci\u00f3n de bienes o prestaci\u00f3n de servicios hasta la distribuci\u00f3n, transporte o almacenamiento de productos.<\/p>\n