La contribución de las empresas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible se encuentra en el desarrollo de acciones filantrópicas, mediante las que se pretende mejorar las condiciones sociales, ambientales o económicas de los entornos en los que cada compañía opera. Esos actos tienen sin duda impactos positivos cuantificables en cada uno de esos frentes, además un beneficio reputacional para la empresa, que debe ir de la mano de las Administraciones Públicas y de las propias entidades no lucrativas...

En un artículo escrito para el diario Cinco Días, Jorge Pipaón, Abogado del Estado y socio de Derecho Público de Toda & Nel-lo, y por Ignacio Goytisolo, socio director de Derecho Tributario del Despacho, exponen que los poderes públicos son los que deben liderar estas alianzas a tres bandas (empresas, ONGs y Administración Pública) para promover la transparencia e incentivar en el mercado un comportamiento responsable en este ámbito. 

 

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12.02.2019

Disponer a la empresa de medidas racionales y eficaces de control para prevenir riesgos penales puede evitar delitos, o en el caso de producirse, exonera de responsabilidad penal a la empresa, así como a sus administradores y directivos.
 

Toda & Nel-lo participa nuevamente en el ciclo de jornadas formativas "Responsabilidad penal de las personas jurídicas: Sistema de prevención de riesgos penales" en colaboración con Martell Abogados y organizadas por la Cambra de Comerç de Barcelona, en las que se explica qué son los programas de Compliance, qué objetivos persiguen y qué ventajas pueden suponer para las empresas. 
 

A continuación, el calendario de sesiones para el primer semestre de 2019.

 

Para inscribirse en la próxima sesión puede hacer clic aquí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA

LUGAR

HORA

6 marzo 2019
(miércoles)

Cambra Comerç Barcelona
5A (aula 6)

9.15-10.45h

20 marzo 2019
(miércoles)

Cambra Comerç Barcelona
5A (aula 6)

9.15-10.45h

3 abril 2019 
(abril)

Cambra Comerç Barcelona
5A (aula 6)

9.15-10.45h

8 mayo 2019 
(miércoles)

Cambra Comerç Barcelona
5A (aula 6)

9.15-10.45h

29 mayo 2019
(miércoles)

Cambra Comerç Barcelona
5A (aula 6)

9.15-10.45h

5 junio 2019
(miércoles)

Cambra Comerç Barcelona
5A (aula 6)

9.15-10.45h

3 julio 2019
(miércoles)

Cambra Comerç Barcelona
5A (aula 6)

9.15-10.45h

10 julio 2019
(miércoles)

Cambra Comerç Barcelona
5A (aula 6)

9.15-10.45h

 

Toda & Nel-lo figura en el ranking de operaciones del diario Expansión en cuanto a transacciones destacadas en compraventa de empresas de 2018 por el asesoramiento a Freixenet en la compra por Henkell, y a GAES en la compra por Amplifon.

 

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Toda & Nel-lo impulsa el despacho de Madrid y refuerza el departamento de Derecho Administrativo con el fichaje de Jorge Pipaón como socio.

Pipaón cuenta con más de quince años de experiencia en el Sector Público. Como Abogado del Estado ha desempeñado importantes funciones, destacando su cargo como secretario general técnico del Ministerio de Hacienda y Función Pública, la jefatura de la Abogacía del Estado en la Secretaría de Estado de Comercio y como Abogado del Estado jefe en la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.

Asimismo, entre otras, ha desarrollado su función pública en el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), y también ha sido miembro del Consejo de Administración de SEITTSA (Sociedad Estatal de Infraestructuras y Transporte Terrestre), de Navantia y de CESCE. Igualmente ha ejercido de secretario del consejo de la sociedad España Expansión Exterior.

Con esta incorporación, Toda & Nel-lo suma ya un total de dieciséis socios entre las oficinas de Madrid y Barcelona.
 

29.01.2019

El pasado 19 de diciembre de 2018, tras su publicación en el BOE, entró en vigor el Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno en virtud del cual se realizaban una serie de reformas legales relacionadas con la vivienda.

Si bien la reforma afectaba a diversas normas, la más mediática de todas ellas fue, sin duda, la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos con el aumento de los plazos obligatorios del arrendamiento de vivienda de tres a cinco o siete años, dependiendo de si el arrendador fuera persona física o jurídica.

Dado que la fórmula escogida por el Gobierno fue la de vehicular la reforma a través de Decreto Ley, amparándose en motivos de urgencia, el mismo requería de su posterior convalidación por el Congreso de Diputados.

El día 22 de enero de 2019 estaba convocada una sesión extraordinaria del Congreso de los Diputados para convalidar el referido Real Decreto Ley y la misma no ha salido adelante al haber votado en contra de la misma Podemos (además del PP, Ciudadanos, ERC y Bildu).

Al no ser convalidado el Decreto por el Congreso, la reforma queda sin efecto, por lo que a partir de ahora volvemos a la regulación anterior al Decreto de todas las normas a las que el mismo afectaba.

Jordi Sot, socio responsable del área de Compliance de Toda & Nel-lo, analiza en este artículo de Cinco Días las claves de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD 3/2018). 

 

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Los abogados del departamento de Procesal de Toda & Nel-lo Víctor Tapiol y Lluís Nel-lo analizan para el diario El País la Ley de Segunda Oportunidad, un salvavidas que está siendo utilizado muy por debajo de lo esperado

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A continuación se pueden descargar el artículo del diario el Economista, que recoge declaraciones del socio de Toda & Nel-lo José María Arnedo, experto en Urbanismo e Inmobiliario, sobre las nuevas medidas en materia de vivienda y alquiler, que comprende la modificación de cinco normas:

  • la Ley de Arrendamientos Urbanos,
  • la Ley sobre Propiedad Horizontal,
  • la Ley de Enjuiciamiento Civil,
  • el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y
  • el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

 

 

Mª Antonieta Fernández, counsel de Derecho Administrativo de Toda & Nel-lo, se ha integrado en el equipo de dirección del SDL (Seminario de Derecho Local) que organiza la FMC (Federació de Municipis de Catalunya), que cuenta ya con más de treinta años de existencia. Actúa como think tank del mundo local y en él se debaten temas de actualidad jurisprudencial y legislativa con incidencia en el mundo local.

La presentación del nuevo equipo directivo, liderado por Juli Ponce Solé, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona y director del instituto TransJus, tuvo lugar durante el Seminario de Derecho Local el pasado 14 de diciembre. Durante la jornada María Antonieta Fernández presentó, como en anteriores sesiones, el informe de actualidad jurídica del seminario.

La FMC es una asociación formada por municipios y entes locales de Cataluña constituida para la promoción de la autonomía local. Está integrada en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y participa, en el marco de la acción municipalista internacional, en la organización Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), que es la entidad municipalista de más representativa a nivel internacional.

 

20.12.2018

El 18 de diciembre de 2018 el Gobierno publicaba en el BOE el R.D. Ley aprobado en el Consejo de Ministros del pasado viernes 14, en virtud del cual se realizan una serie de reformas relacionadas con la vivienda.

El Ejecutivo califica las medidas como de urgentes, de ahí su adopción vía Decreto-Ley. La urgencia se fundamenta en cinco motivos:

  • La grave situación de vulnerabilidad económica y social de un gran número de familias y hogares para afrontar los pagos de una vivienda;
  • La existencia de diversos factores que inciden en el incremento de los precios del mercado de la vivienda;
  • La escasez del parque de vivienda social existente en España;
  • El crecimiento del número de desahucios vinculados a contratos de alquiler;
  • Y las deficiencias que en materia de accesibilidad sufren diariamente las personas con discapacidad y movilidad reducida.

Si bien la reforma con más repercusión mediática concierne a la Ley de Arrendamientos Urbanos, la misma también afecta a otras normas, esto es, a la Ley de Propiedad Horizontal estatal (no a la regulación catalana), a la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Régimen de las Haciendas Locales y a la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

Tiempo habrá de analizar lo acertado o no de la reforma, así como la suficiencia de las medidas introducidas pero, dada la inminencia de su entrada en vigor (al día siguiente de su publicación), es prioritario enumerar los cambios introducidos por el Gobierno para su conocimiento por arrendadores y arrendatarios.

El Real Decreto-Ley se estructura en cuatro títulos, una disposición adicional, dos disposiciones transitorias y tres disposiciones finales.

El título I introduce la reforma de la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda de la Ley de Arrendamientos Urbanos entre las que destacan:

  • a) Se establece la exclusión del ámbito de aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos de la cesión temporal del uso que comporta la actividad de las denominadas viviendas de uso turístico independientemente de su canal de comercialización.
  • b) En los arrendamientos de vivienda con superficie superior a 300 m2 o renta de 5’5 veces salario mínimo interprofesional, primará la voluntad de las partes y, en su defecto, la Ley y el mismo Código Civil.
  • c) Se extienden los plazos de duración obligatoria para el arrendador (potestativa para el arrendatario), recuperándose los plazos establecidos con anterioridad a la reforma de 2013, es decir, cinco años de vigencia mínima, si el plazo pactado es inferior a ésta.

Ahora bien, como novedad se introduce que, en caso de que el arrendador sea persona jurídica, la duración mínima del contrato obligatoria para el arrendador será de siete años.

El plazo comenzará a contar desde la puesta a disposición de la vivienda al arrendatario. Las renovaciones serán anuales y siempre hasta dicho plazo, salvo que el arrendatario manifieste su voluntad de no renovar.

  • d) En cuanto a la prórroga tácita de los contratos de arrendamiento de vivienda, en caso de inexistencia de denuncia previa de alguna de las partes a la finalización del plazo convenido o la prórroga obligatoria, en su caso, se establece que se prorrogará el contrato durante tres años más.
  • e) Si el plazo de arrendamiento concertado es superior a cinco o siete años, dependiendo de quién sea el arrendador, persona física o jurídica, se podrá pactar que, en caso de fallecimiento del arrendatario, la subrogación sea solo por dicho plazo mínimo.
  • f) Se regulan limitaciones adicionales de actualización de renta y repercusión de gastos durante el período de vigencia obligatoria
  • g) Se prevé que la legislación sobre vivienda podrá establecer el derecho de tanteo y retracto, respecto a la totalidad del inmueble, en favor del órgano que designe la Administración competente en materia de vivienda.
  • h) Las partes podrán pactar cualquier tipo de garantía del cumplimiento por el arrendatario de sus obligaciones arrendaticias adicional a la fianza en metálico. Ahora bien, en el caso del arrendamiento de vivienda, en contratos de hasta cinco años de duración, o de hasta siete años si el arrendador fuese persona jurídica, el valor de esta garantía adicional no podrá exceder de dos mensualidades de renta. Por tanto, se fija en dos mensualidades de renta la cuantía máxima de las garantías adicionales a la fianza que pueden exigirse al arrendatario en contratos que no excedan de la duración mínima obligatoria. El saldo de la fianza en metálico que deba ser restituido al arrendatario al final del arriendo, devengará el interés legal, transcurrido un mes desde la entrega de las llaves por el mismo sin que se hubiere hecho efectiva dicha restitución.
  • i)  Se establece por Ley que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato serán a cargo del arrendador cuando este sea persona jurídica, exceptuando aquellos servicios que hayan sido contratados por iniciativa directa del arrendatario.

El título II introduce modificaciones en el régimen de propiedad horizontal estatal (no aplicables en Cataluña):

  • a)  Se incrementa hasta el 10% del último presupuesto ordinario la cuantía del fondo de reserva de las comunidades de propietarios y se establece la posibilidad de que tales recursos se destinen a la realización de las obras obligatorias de accesibilidad previstas en el artículo 10.1.b) de la LPH.
  • b) Se extiende la obligación de realizar tales obras de accesibilidad en aquellos supuestos en los que las ayudas públicas a las que la comunidad pueda tener acceso alcancen el 75% del importe de las mismas.
  • c) Se explicita la mayoría cualificada (3/5 partes de propietarios y cuotas) necesaria para que las comunidades de propietarios puedan limitar o condicionar el ejercicio de la actividad, o establecer cuotas especiales o incremento en la participación de los gastos comunes de las viviendas destinadas a uso turístico (máximo incremento 20%). Estos acuerdos no pueden ser adoptados con carácter retroactivo.

El título III incorpora una modificación del procedimiento de desahucio de vivienda regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil en aquellos casos que el mismo cuando afecte a hogares vulnerables, estableciendo la necesidad de notificar al demandado con el emplazamiento la posibilidad de que acuda a los servicios sociales, y que a instancia de éstos se suspenda el procedimiento durante un plazo máximo de un mes a contar desde la recepción de la comunicación de los Servicios Sociales al órgano judicial, o de dos meses si el demandante es una persona jurídica.

El título IV, recoge medidas en materia económica y fiscal, e incluye:

a) La modificación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales introduciendo tres medidas en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles:

  • 1º.- Cuando el arrendador sea un ente público, se exceptúa de la obligación de repercutir el impuesto al arrendatario en los supuestos de alquiler de inmueble de uso residencial con renta limitada por una norma jurídica.
  • 2º- Se modifica la regulación del recargo previsto para los inmuebles de uso residencial desocupados con carácter permanente  al objeto de que pueda ser aplicado por los ayuntamientos mediante la aprobación de la correspondiente ordenanza fiscal.
  • 3º.- Se crea una bonificación potestativa de hasta el 95 por ciento para los inmuebles destinados a alquiler de vivienda con renta limitada por una norma jurídica.

b) A fin de facilitar a los ciudadanos las condiciones de acceso al alquiler de viviendas, se introduce una exención para determinados arrendamientos de vivienda en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.

La Disposición Transitoria Primera establece que los contratos de arrendamiento suscritos con anterioridad a la entrada en vigor del real decreto-ley continuarán rigiéndose por lo establecido en el régimen jurídico que les era de aplicación.

La Disposición Transitoria Segunda establece un periodo de tres ejercicios presupuestarios para que las comunidades de propietarios se adapten a la nueva cuantía del fondo de reserva.

La fecha de entrada de vigor de todas estas modificaciones para los nuevos contratos de arrendamiento de vivienda: 19 de diciembre de 2018.
 

Faisant le constat que l’inadaptation du droit des sociétés à la mobilité transfrontière est un frein à l’exercice de la liberté d’établissement des entreprises dans l’espace économique Européen (EEE), la Commission européenne a publié le 25 avril 2018 une proposition de directive harmonisant les procédures de transformations, fusions et scissions transfrontalières pour les seules sociétés de capitaux .

L’objectif de la directive est de favoriser la mobilité des entreprises dans l’EEE par l’harmonisation des règles du droit des sociétés, tout en instaurant des garde-fous pour protéger les droits et les intérêts des travailleurs, des actionnaires et des créanciers.

Cependant, malgré le mérite de ce projet, nombre des mesures envisagées intègrent, en l’état actuel, des contraintes pour les entreprises souhaitant organiser une réorganisation transfrontière, ce qui va à l’encontre d’une simplification du droit des sociétés.

Il est tout d’abord prévu que la procédure applicable en cas de fusion transfrontière restera la même que celle prévue dans la directive existante 2005/56/CE sur les fusions transfrontalières , à l'exception de nouvelles règles accélérées pour les fusions «simples», et de mesures de protection supplémentaires pour les actionnaires et les créanciers afin d’harmoniser les règles entre les États membres.

Les procédures pour les transformations et les scissions transfrontières seront quant à elles remaniées. Ces procédures comprendront quatre grandes étapes :

• l’élaboration d’un projet de l’opération transfrontière et de ses modalités qui sera rendu publique;
• l'élaboration, par la direction de la société, de rapports destinés aux actionnaires et aux travailleurs;
• la présentation d'un rapport par un expert indépendant (facultatif pour les petites entreprises), désigné par l'autorité compétente;
• la vérification de la légalité de l’opération par les États membres de départ et de destination;

Afin d’empêcher que ces procédures de réorganisation transfrontière ne soient utilisées pour réaliser des montages artificiels, notamment dans le but d'obtenir des avantages fiscaux indus, la Commission européenne a prévu des règles harmonisées de protection des droits et intérêts des travailleurs, actionnaires et créanciers.

Ainsi est-il reconnu aux associés qui ne souhaitent pas participer à l’opération, le droit de céder leurs parts sur la base d’un prix de cession « adéquat » sous forme de « soulte en espèce ». 

Les travailleurs, quant à eux, se voient reconnaitre un droit à l’information sur le projet de mobilité, sur ses conséquences et sur les incidences qu’il pourrait avoir sur eux.

Et enfin, la société  se verra obliger de présenter dans son projet des mesures permettant d’assurer la protection de ses créanciers.

La proposition de directive a le mérite de fixer un cadre harmonisé pour la réalisation des opérations transfrontières. Cependant ses dispositions se révèlent, en l’état actuel du projet, trop contraignantes, sources d’insécurité juridique, ou trop couteuses pour les entreprises pour pouvoir favoriser efficacement la mobilité transfrontière dans l’EEE. 

En effet, malgré son effort d’harmonisation, beaucoup de notions de la directive restent imprécises et devront être, in fine, précisées par les Etats membres. Les sociétés se retrouveront alors face au risque que chaque Etat membre fixe des règles différentes, créant une situation d’insécurité juridique pour les entreprises avec des contraintes supplémentaires, et de potentiels contentieux à la clé.

Tel en est le cas, lorsque la directive reconnait aux associés ne souhaitant pas prendre part à l’opération transfrontière, un droit à vendre leurs actions et à recevoir une « indemnisation adéquate », sans préciser les contours de cette notion.

Tel en est encore le cas, lorsque la proposition de directive donne la possibilité aux autorités compétentes de bloquer les opérations transfrontières si elles reconnaissent l’existence d’un montage artificiel destiné à obtenir des avantages fiscaux indus, ou à porter atteinte aux droits des travailleurs, créanciers ou associés minoritaires.

De nombreux points de ces procédures de blocage  dites « anti-abus » demeurent très imprécis, voir en potentielle contradiction avec la jurisprudence libérale de la CJUE , et devront être fixés, in fine, par les droits nationaux, créant là encore une situation d’insécurité juridique pour les entreprises.

Enfin, ces propositions font également peser sur les entreprises des contraintes financières nouvelles telles que le cout du rachat des parts des associés minoritaire.

Il est donc primordial que les entreprises des États membres fassent entendre leurs commentaires sur ce projet de texte européen afin que cette opportunité d’harmonisation et de simplification des opérations transfrontières soit réelle.

 

Article rédigé par Catherine Marti de Anzizu, associée responsable du French Desk de Toda & Nel-lo

 

 

 

1. Art 86bis projeté : La directive serait applicable aux seules sociétés de capitaux constituées selon la législation d’un État membre et ayant leur siège social, leur administration sociale ou leur principal établissement dans l’UE.
2. Directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux
3. CJUE, Grde Ch., 25 octobre 2017, Polbud, Aff.  C 106/16, p.40 « n’est pas constitutif en soi d’abus le fait d’établir le siège, statutaire ou réel, d’une société en conformité avec la législation d’un État membre dans le but de bénéficier d’une législation plus avantageuse » 
04.12.2018

Josep M. Balcells y Javier Hernández, socio y counsel, respectivamente, del área de Mercantil de Toda & Nel-lo, aparecen en la 11ª edición de la publicación  Best Lawyers® para España, un ranking de profesionales elaborado con las recomendaciones de sus compañeros de profesión. Son los propios “peers”, quienes valoran la labor profesional de los candidatos y eligen a los premiados. Ambos abogados figuraban en la publicación desde hace años; en concreto, desde 2013 en el caso de Josep M. Balcells, y desde 2015 en el caso de Javier Hernández.

Josep M. Balcells es Socio Director de las áreas Mercantil e Internacional del Despacho; abogado especialista en Derecho Comercial y Societario, así como en Derecho de los Negocios y Contractual internacional. Posee amplia experiencia en el asesoramiento a numerosas empresas españolas y extranjeras en materia de operaciones societarias, contratación y operativa comercial y morosidad.  Igualmente, se ha especializado en materia de distribución comercial internacional (agencia, franquicia y distribución), así como en el sector energético, sector “retail” y en automoción, en sus respectivas regulaciones sectoriales.

Por su parte, la práctica profesional de Javier Hernández se ha centrado principalmente en el área de las fusiones y adquisiciones, financiación corporativa y de proyectos, reestructuración de deuda y mercado de capitales. Ha participado en operaciones de relevancia en diversas áreas de su práctica profesional y su experiencia incluye una amplia variedad de operaciones a nivel nacional e internacional.

27.11.2018