Actualité et publications

El Tribunal Supremo en su sentencia del 15 de octubre de 2014 declara la improcedencia del despido llevado a cabo por una empresa a una trabajadora que es representante unitario. En el supuesto analizado por la sentencia del Alto Tribunal, una empresa procedió al despido disciplinario de una trabajadora miembro del comité de empresa, por transgresión de la buena fe contractual. En concreto, el empresario imputaba a la empleada un mal uso del crédito horario que legalmente tenía reconocido por ser representante de los trabajadores.

La empresa acreditó que la trabajadora falseó un documento justificativo de su presencia a unos cursos de formación sindical. Dicho curso se celebraba en dos jornadas a partir de las 12 horas, pero la empleada solicitó permiso de 9 a 14 horas, dentro de su horario de trabajo. Además, la segunda jornada del curso se suspendió, circunstancia de la que no informó la despedida.

A pesar de los hechos que logró acreditar la empresa, a través de los servicios de un detective que hizo un seguimiento de la trabajadora, la sentencia declaró improcedente el despido. El Tribunal Supremo realiza en este pronunciamiento un exhaustivo análisis sobre cómo pueden utilizar el crédito horario los representantes de los trabajadores y qué control puede haber por parte del empresario.

En su fundamentación jurídica, la Sala señala que el presunto incumplimiento, en todo o en parte, de las funciones propias de la representación durante el uso del crédito horario no constituye por sí solo una trasgresión de la buena fe contractual que pueda justificar despido. Asimismo, y reiterando el criterio establecido en sentencias anteriores, argumenta que la presunción de que las horas solicitadas para el ejercicio de tareas representativas son empleadas correctamente conduce a interpretar de modo restrictivo la facultad disciplinaria empresarial, que sólo podrá alcanzar el despido en supuestos excepcionales en los que el empleo en propio provecho del crédito horario sea manifiesto y habitual.

Ver texto íntegro de la sentencia aquí.

 

Más información: Jordi Bou, abogado del área de Derecho Laboral de Toda & Nel-lo. 

10.12.2014

El pasado 5 de diciembre se publicó la nueva ISO 19600:2014 Sistemas de gestión de cumplimiento - Directrices  (“Compliance management systems – Guidelines”) que proporciona una guía para el establecimiento, desarrollo, implementación, evaluación, mantenimiento y mejora  de los sistemas de gestión de “compliance” en la empresa.

El alcance de la implementación de estas directrices dependerá del tamaño, estructura, naturaleza y complejidad de cada organización. 

La ISO 19600: 2014 se basa en los principios de buen gobierno, proporcionalidad, transparencia y sostenibilidad. 

Se discute si es inscribible una cláusula de los estatutos de una sociedad de responsabilidad limitada según la cual las juntas generales podrán convocarse mediante correo electrónico dirigido a la dirección electrónica que conste en el libro de registro de socios.

La DGRN señala que esta cláusula, en la forma en que está redactada, no es inscribible, pues ello implicaría entender que el envío del correo electrónico, por sí solo, supone su recepción por el destinatario, sin exigir prueba alguna de la efectiva recepción. No obstante, este sistema podría admitirse si se complementase con algún procedimiento que permita el acuse de recibo del envío como, por ejemplo, la solicitud de confirmación de lectura, o determinados medios que permitan obtener prueba de la remisión y recepción de la comunicación mediante el uso de firma electrónica, etc.). (Resolución de 28 de octubre de 2014).

Ver texto de la Resolución

03.12.2014

Hoy se publican en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las Leyes que reforman la regulación de las grandes figuras impositivas de nuestro ordenamiento, quedando aún pendiente la aprobación de la modificación de la Ley General Tributaria (LGT). Los Impuestos afectados por las leyes publicadas son los siguientes:

-      El  Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

-      El Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR)

-      El Impuesto sobre Sociedades (IS)

-      El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

-      El Impuesto General Indirecto Canario (IGIC)

-      Impuestos Especiales (IIEE)

Ley 26/2014, que modifica las leyes reguladoras del IRPF y del IRNR

Ley 27/2014, que aprueba la nueva Ley del IS

Ley 28/2014, que modifica la Ley del IVA, la Ley del IGIC y la ley reguladora de los IIEE

La Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha hecho pública hoy, a través de su página Web, una Instrucción interna dictada por la directora del organismo el pasado 29/10/2014 que contiene los criterios para la tramitación de solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de pago que deberán aplicar los órganos de recaudación.

De los criterios fijados por la referida Instrucción, debemos destacar los siguientes:

  1. El plazo máximo de concesión de los aplazamientos que se soliciten no podrá superar, salvo supuestos excepcionales, los 5 años. En cualquier caso, el indicado plazo variará en función de la cuantía de la deuda tributaria a la que haga referencia la solicitud.
  2. La periodicidad de pago que se establecerá en los aplazamientos/fraccionamientos que se soliciten será, con carácter general, trimestral.
  3. Se denegará la concesión de aplazamientos y fraccionamientos de deudas inferiores a 100 euros.
  4. También se denegará la concesión de aplazamientos y fraccionamientos a aquéllos contribuyentes que tengan otras deudas tributarias pendientes de pago en período ejecutivo por un importe superior a 50 euros, siempre que respecto de las mismas se haya notificado la correspondiente providencia de apremio.
  5. Serán inadmitidas las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento reiterativas de otras anteriores que hayan sido denegadas anteriormente. En este sentido, se entenderá que una solicitud es reiterativa si hace referencia a una deuda que no se ha reducido, respecto de la anterior petición, en un 50%.

Instrucción de la ATC

Se discute el sentido y alcance de la oposición del acreedor en una operación de escisión por segregación en la que, habiéndose cumplido los requisitos legales exigidos para esta opción, las sociedades implicadas afirmaban que los créditos estaban suficientemente garantizados, mientras que el acreedor manifestaba lo contrario.

La DGRN estima que, a falta de acuerdo entre los interesados sobre la concurrencia de las circunstancias que hacen nacer el derecho de oposición, la reforma estructural es plenamente eficaz al concurrir los requisitos previstos en la ley y debe procederse a la inscripción, sin perjuicio del derecho del acreedor a hacer constar en el Registro Mercantil el ejercicio unilateral de su derecho de oposición y a hacer valer su posición jurídica ante el juez competente en los términos previstos en el artículo 44 de la Ley 3/2009 (Resolución de 15 de octubre de 2014).

Ver texto de la Resolución

24.11.2014

Con motivo de  los proyectos de reforma fiscal para 2015 hemos elaborado un documento en el que se resumen algunas de las novedades y en el que indicamos posibles actuaciones de optimización fiscal a realizar antes del 31 de diciembre de 2014.

Le recomendamos consultar el texto íntegro del mencionado documento en el siguiente enlace: Novedades fiscales 2015

Se discute si es posible inscribir en el Registro Mercantil la siguiente cláusula relativa a la remuneración de los administradores: “El cargo de Administrador será retribuido con una cantidad máxima de hasta 124.484,04 euros brutos anuales. Dicha retribución será automáticamente revisada cada año, conforme al Índice de Precios al Consumo (I.P.C.)”.

La DGRN estima que esta cláusula es inscribible en el Registro Mercantil pues determina que el órgano de administración será retribuido y que el sistema de retribución será una cantidad anual, cantidad respecto de la que se establece un máximo actualizable conforme a la evolución del índice de precios al consumo (Resolución de 26 de septiembre de 2014).

Ver texto de la Resolución

24.11.2014

El Boletín Oficial del Estado de 21 de noviembre de 2014 publica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.

Esta Ley establece un nuevo modelo de cooperación judicial penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, al sustituir las antiguas comunicaciones entre las autoridades centrales o gubernativas por la comunicación directa entre las autoridades judiciales, suprimir el principio de doble incriminación en relación con un listado predeterminado de delitos y regular como excepcional el rechazo al reconocimiento y ejecución de una resolución, a partir de un listado tasado de motivos de denegación. Además, simplifica y agiliza los procedimientos de transmisión de las resoluciones judiciales, mediante el empleo de formularios o certificados que deben completar las autoridades judiciales competentes para la transmisión de una resolución a otro Estado miembro.

Ver texto íntegro de la Ley

La Audiencia Nacional ha declarado nulo un despido colectivo que debía afectar a 672 trabajadores, pese a existir un acuerdo entre la empresa y las secciones sindicales que ostentaban la mayoría en la mesa negociadora. La Audiencia nacional estimó la nulidad por no haber participado las secciones sindicales no firmantes del acuerdo en el referéndum entre los trabajadores afectados que el pacto estableció como preceptivo para llevar a cabo la medida extintiva.

En el caso enjuiciado, resuelto por la Audiencia Nacional en su sentencia de 11 de noviembre de 2014, la empresa y tres de las secciones sindicales componentes de la mesa negociadora llegaron a un acuerdo a la finalización del periodo de consultas, al que se opusieron las otras tres secciones sindicales representadas en la negociación por el lado social. El acuerdo incluía el requisito de someter la decisión sobre el despido colectivo al refrendo de la asamblea de trabajadores afectados. El mencionado referéndum fue organizado conjuntamente por la empresa y las secciones sindicales firmantes de dicho acuerdo.

Las secciones que no firmaron el acuerdo impugnaron el despido colectivo, solicitando la nulidad de la medida extintiva entre otros motivos porque en el referéndum de ratificación por parte de la asamblea se cometieron diversas irregularidades: la no publicación de censos ni de las composiciones de las mesas, el no quedar asegurada la libertad y el secreto del voto y, sobre todo, el hecho de convocar a la votación solo al censo compuesto por los 672 trabajadores que serían despedidos en caso de aceptación de la oferta en lugar de a los 826 que lo serían en caso contrario.

Estas circunstancias, unidas a la absoluta falta de traslado de información a las tres secciones negociadoras pero no firmantes, a quienes no se les facilitaron censos, ni se les explicó la composición de las mesas, ni el procedimiento de votación, ni se les permitió su presencia durante el escrutinio, hacen que la Sala determine que concurre un ataque frontal a la libertad sindical de estas secciones al no permitírseles influir eficientemente sobre sus afiliados y el resto de trabajadores afectados para que, en su caso, pudiesen votar en contra de la propuesta trasladada. A raíz de esta vulneración de la libertad sindical, el fallo considera el despido nulo, pese a que el resultado del referéndum fuese a favor de la propuesta.

Texto íntegro de la SAN de 11 de noviembre de 2014

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha hecho pública hoy, a través de su página Web, una Instrucción interna dictada por la Directora del Departamento de Recaudación, en la que se establecen los criterios para la suscripción de acuerdos singulares con obligados declarados en concurso de acreedores.

Instrucción 3/2014, de 19 de noviembre

Modificaciones de ámbito procesal:

La Ley 21/2014, de 4 de noviembre, ha modificado algunos aspectos de la Ley de Enjuiciamiento Civil relacionados con la solicitud de diligencias preliminares. Con esta modificación ahora podrán solicitar la práctica de diligencias preliminares: (a) quienes pretendan ejercitar una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial o intelectual y (b) quienes sean titulares de un derecho de propiedad intelectual y pretendan ejercitar una acción por infracción de éste.

Quién solicite la práctica de alguna de estas diligencias, podrá pedir (I) la identificación del prestador del servicio o (II) de un consumidor de éste sobre quienes existan indicios de que están poniendo a disposición o difundiendo contenidos, obras o prestaciones objeto de derechos de propiedad intelectual o industrial, siempre que no se trate de consumidores finales de buena fe y (III) que el prestador del servicio aporte pagos electrónicos y de publicidad.

La Ley 21/2014, amplia a estos dos nuevos supuestos la prohibición de divulgar la información que se extraiga de estas diligencias preliminares o comunicarla a terceros.

Modificaciones de ámbito mercantil:

Tiene como objetivo (i) reforzar los mecanismos de supervisión de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, asegurando una mayor transparencia y eficacia en la operativa de las mismas; (ii) mejorar la protección de los derechos de propiedad intelectual frente a las vulneraciones que puedan sufrir en el entorno digital; (iii) acotar los límites del concepto de copia privada atendiendo a los progresos de la sociedad de la información; y (iv) ampliar el derecho de ilustración para usos educativos y de investigación, facilitando el uso de licencias.

La mayoría de modificaciones operadas por esta Ley entrarán en vigor el 1 de enero de 2015.

 

Texto íntegro de la Ley 21/2014 de 4 de noviembre