El Tribunal Supremo, en su Sentencia n\u00fam. 472\/2016, de 13 de julio de 2016, ha dejado sentados los requisitos para que prospere la acci\u00f3n individual de responsabilidad instada por un acreedor contra el administrador de una sociedad que cierra de facto, incumpliendo los deberes de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la misma.\u00a0<\/p>\n
El Alto Tribunal ha estimado que, en estos casos, no basta con que el administrador haya incurrido en el il\u00edcito org\u00e1nico grave de incumplir los deberes de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad, sino que es preciso acreditar adem\u00e1s que, de haberse realizado la correcta disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la misma, s\u00ed hubiera sido posible que el acreedor cobrara su cr\u00e9dito, total o parcialmente; o, en otras palabras, que el cierre de facto de la sociedad impidi\u00f3 el pago de dicho cr\u00e9dito.<\/p>\n