LA REFORMA DEL RECURSO DE CASACIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, ¿A QUÉ RECURSOS AFECTA?

25.07.2016

LA REFORMA DEL RECURSO DE CASACIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, ¿A QUÉ RECURSOS AFECTA?

El 22 de julio de 2016 entró en vigor la reforma del recurso de casación contencioso-administrativo que fue introducida en virtud de la Disposición Final Tercera de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE 174) de 22 de julio de 2015.

La citada norma legal no contiene un régimen transitorio de entrada en vigor, lo que en la práctica ha llevado a que los expertos se planteasen: ¿Qué recursos deben tramitarse con arreglo a la nueva regulación? Las respuestas más comunes a esta cuestión son tres:

  1. Los que se planteen contra resoluciones que hayan sido dictadas a partir del 23/05/2016 y, cuyo plazo de impugnación en casación finalice, en consecuencia, más allá del día del 22/07/2016.
  2. Los que se interpongan a partir de la entrada en vigor de la reforma, con independencia de la fecha en que fueron notificadas las resoluciones que se impugnen, por analogía a lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
  3. Los que se interpongan contra sentencias dictadas a partir del 22/07/16.

Podría pensarse que el debate sobre esta cuestión es algo baladí o de exclusivo interés doctrinal pero, dado el calado de la reforma, ello no es así. En efecto, en la medida en que con la modificación legislativa el acceso a la casación cambia por completo, a todo aquel ciudadano que se plantee recurrir ante el Tribunal Supremo (TS) resoluciones notificadas con posterioridad al 10/06/2016 le resulta de gran interés despejar la duda.

Para comprender la relevancia de la cuestión, es preciso recordar que entre las múltiples novedades que se introducen con la reforma, destaca la supresión del límite cuantitativo o summa gravaminis existente como requisito del acceso a la casación, fijado hasta la fecha en 600.000 euros.

La desaparición de ese límite y la nueva regulación del mecanismo de admisión de recursos, basado en permitir el acceso a aquellos asuntos que se considere que plantean cuestiones de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, permitirá al TS centrarse en establecer criterio interpretativo sobre temas con relevancia jurídica de los que aún no exista jurisprudencia y con total independencia de su cuantía.

En consecuencia, por ejemplo, a un ciudadano que hubiera formulado recurso contencioso-administrativo contra una liquidación de plusvalía municipal (Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana), que muy difícilmente ascenderá a un importe superior a 600.000 euros, le resulta de gran interés conocer la respuesta a la cuestión planteada por cuanto de ésta depende que pueda (o no) presentar un recurso de casación en el caso de que la sentencia de primera instancia sea desestimatoria.

Pues bien, en una sesión de estudio que organizó la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) a principios de julio, D. Joaquín Huelin Martínez de Velasco, magistrado de la Sala Tercera del TS, avanzó que el debate sería zanjado en los días siguientes a la entrada en vigor de la reforma en virtud de un Acuerdo del Tribunal que se haría público a través de la página web del Consejo General del Poder Judicial.

Dicho acuerdo no se ha hecho esperar, y el pasado viernes fue publicado según lo anunciado. Los criterios adoptados por el Alto Tribunal establecen que el nuevo régimen del recurso de casación contencioso-administrativo se aplicará para tramitar y resolver todos aquellos que se interpongan contra sentencias y autos dictados en una fecha posterior al 22 de julio de 2016. Además, prevén expresamente que si se ha solicitado la aclaración o integración de una resolución, la fecha a tomar en consideración para determinar el sometimiento de la resolución al régimen casacional será la de la resolución aclarada o integrada.

Puede consultar los criterios del TS sobre la entrada en vigor de la nueva casación contencioso-administrativa aquí.