Actualidad

El pasado 26 de octubre, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) dictó su sentencia 182/2021 declarando la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1. 2º párrafo, 107.2.a) y 107.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales por considerarlos contrarios al principio de capacidad económica.

En la sentencia, cuyo texto íntegro ha sido anticipado en la página web del TC, pero aun no publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Tribunal razona que considera inconstitucionales los señalados preceptos porque fijan un sistema de cálculo objetivo de determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), comúnmente conocido como “plusvalía municipal”.

Es de interés destacar que el Tribunal incluye un párrafo limitando sus efectos por el que precisa que no serán revisables, en base al criterio de la Sentencia, aquellas situaciones que, a la fecha de dictarse la misma, “hayan sido decididas mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme”, ni tampoco “las liquidaciones provisionales o definitivas no impugnadas” ni “las autoliquidaciones cuya rectificación no hubiera sido solicitada ex art. 120.3 LGT” a dicha fecha.

Esa limitación de efectos temporales es controvertida y se está estudiando su corrección, así como las posibles vías que pudieran permitir la recuperación de cantidades ingresadas y no reclamadas con anterioridad al 26 de octubre de 2021.

Cumple advertir que la sentencia cuenta con el voto particular concurrente del presidente del Tribunal, D. Juan José González Rivas, y con otro formulado por el magistrado D. Cándido Conde-Pumpido Tourón, al que se adhiere la magistrada Dª. María Luisa Balaguer Callejón.

Se puede acceder al texto íntegro de la Sentencia aquí, al primer voto particular aquí  y al segundo aquí.

 

Más información: Mireia de Pol, abogada senior del área de Derecho Tributario de Toda & Nel-lo. 

Recientemente, se han producido importantes modificaciones en el derecho de las personas con discapacidad tanto a nivel estatal como en Cataluña, y ello a raíz de la entrada en vigor de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal y también el Decreto Ley 19/2021, de 31 de agosto, por el que se adapta el Código Civil de Cataluña a la reforma del procedimiento de modificación judicial de la capacidad.

A continuación, trataremos de resumir brevemente las más relevantes.

 

Modificación de la normativa estatal:

La reforma introducida en la legislación estatal ha supuesto un nuevo paso hacia la progresiva adecuación de nuestro ordenamiento jurídico a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en Nueva York en 2006, norma que ha venido orientando las resoluciones dictadas por nuestros tribunales en esta materia y a la que se ha intentado ir adecuando nuestro ordenamiento a través de distintas modificaciones legislativas.

En este sentido, con dicha modificación, se concibe ahora un régimen de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad que incluye modificaciones, tanto en el ámbito civil como procesal, estableciéndose un nuevo sistema de apoyo a las personas con discapacidad. La idea que orienta este nuevo sistema, bajo la consideración de que todas las personas son titulares del derecho a la toma de sus propias decisiones, es que la capacidad jurídica resulta inherente a la condición humana y, por tanto, no puede perderse ni modificarse.

Así, la nueva regulación elimina, por lo tanto, el concepto clásico de incapacitación, y la representación deja de ser la forma de apoyo a la persona incapacitada. En contraposición, el nuevo sistema prevé el apoyo de la persona en el ejercicio de su capacidad. Este apoyo se despliega en actuaciones de distinto tipo: acompañamiento amistoso, ayuda técnica en la comunicación de declaraciones de voluntad, consejo, toma de decisiones delegadas y como última ratio, representación en la toma de decisiones.

Para ello, se eliminan las instituciones de la tutela -históricamente el centro del procedimiento de incapacitación-, y de la patria potestad prorrogada y rehabilitada, y centra la atención en el desarrollo de la curatela, institución que pasa a considerarse como la medida judicial idónea para el apoyo de las personas con discapacidad.

La curatela se concibe como una institución de ayuda gradual en el ejercicio de la capacidad jurídica que precisa que se establezcan los actos concretos para los que la persona requiere de apoyo y, solo en último término, se prevé la posibilidad de atribuir al curador funciones representativas. Además, se establece que las medidas de apoyo acordadas serán revisadas periódicamente por la autoridad judicial para garantizar que atiendan adecuadamente a la situación de la persona.

Por su parte, en el ámbito procesal, la nueva ley pretende que el sistema previsto en la Ley de la Jurisdicción Voluntaria («LJV») pase a ser el sistema preferente, acudiéndose al procedimiento de la Ley de Enjuiciamiento Civil («LEC») solo cuando exista oposición en el expediente previo de jurisdicción voluntaria se regirá el procedimiento por lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil («LEC»).

 

 

Modificación de la normativa catalana:

Tras la reforma estatal, la Generalitat de Cataluña se vio obligada a la aprobación del Decreto Ley 19/2021, mediante el que viene a resolver de forma provisional el vacío que deja para los sometidos a la ley sustantiva catalana las profundas modificaciones de orden procedimental introducidas por la mentada ley estatal. El ejecutivo catalán se ha impuesto la obligación de aprobar en el plazo de doce meses una modificación completa del Libro Segundo del Código Civil de Cataluña (CCCat).

Es decir, el Decreto Ley 19/2021 se centra en salvar transitoriamente el vacío generado por la modificación de la LJV y la LEC a través de la reformulación de los artículos 226-1 a 226-7 del CCCat.

Mediante esta reforma, también se eliminan las figuras de la tutela y la potestad parental prorrogada, rehabilitada, pero difiere de la regulación estatal al eliminar la curatela y consagrar la figura de la asistencia como el instrumento principal mediante el que prestar apoyo a la persona con discapacidad.

De modo similar que la curatela en la legislación común, la asistencia en Cataluña se concibe como una figura flexible que debe ser aplicada como un abanico de facultades en función de las necesidades que precise la persona incapaz.

El nuevo articulado prevé dos formas de designación de la asistencia: i) por designación judicial, mediante solicitud del propio interesado o de las personas legitimadas, y ii) por designación notarial por parte de la propia persona.

Esta posibilidad de designación notarial es una de las reformas más relevantes puesto que, ahora, una persona en previsión o apreciación de un estado de incapacidad podrá ordenar en escritura pública - que deberá inscribir en el registro civil – la designación de las personas que deberán asistirla y el contenido y funcionamiento de la asistencia. En circunstancias excepcionales, la autoridad judicial podrá prescindir de esta designación o modificarla si las circunstancias lo aconsejan.

En el procedimiento que conduzca a la designación judicial de la persona que deba ejercer la asistencia será necesario respetar la voluntad, deseos y preferencias de la persona, debiendo recabarse la mayor información posible de las personas de su confianza a fin de conocer esta voluntad si el interesando no pudiera expresarla. El nombramiento deberá inscribirse en el registro civil y deberá ser revisado de oficio, con carácter general, cada tres años.

A fin de compatibilizar los nuevos preceptos con los que persisten en el sistema, el Decreto establece que todas las referencias hechas a la tutela, curatela y potestad prorrogada se han de entender hechas al nuevo sistema.  A su vez, no se podrán constituir nuevas tutelas, curatelas ni potestades parentales a partir de la entrada en vigor de esta norma y las constituidas anteriormente se mantienen en vigor hasta su revisión (adaptación al nuevo régimen). En este sentido, la revisión podrá ser solicitada en cualquier momento por las personas sometidas a la medida y las que ejercen algún cargo sobre ellas. Si esta solicitud no se realiza, la revisión se hará de oficio por la autoridad judicial o a instancia del Ministerio Fiscal, dentro del plazo de tres años desde la entrada en vigor de este Decreto Ley.

Las modificaciones son, pues, sustanciales, por lo que habrá que ver cómo se van implementando a partir de ahora y si, como se pretende, se van a salvaguardar los intereses de la persona “incapaz” y si esta se verá completamente protegida. 

10.11.2021

El pasado 27 de octubre se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el Decreto-Ley 24/2021, de 26 de octubre, de aceleración del despliegue de las energías renovables distribuidas y participadas.

La medida principal del Decreto-Ley, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, es la modificación del Decreto ley 16/2009, de 26 de noviembre, de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso a las energías renovables, para introducir medidas que mejoren la aceptación social de los proyectos de energías renovables, compatibilizar la actividad agraria con la producción de energías renovables y velar por la conservación de la biodiversidad, la ordenación territorial y el desarrollo sostenible del medio rural.

Al respecto, es de destacar que el Decreto-Ley introduce un nuevo artículo, el 9bis, al Decreto Ley 16/2019, de 26 de noviembre, en virtud del cual se establece que, en los proyectos de parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas de potencia superior a 5 MW, situados en tierra y en suelo no urbanizable, se requiere que el promotor acredite (i) la disponibilidad o compromiso de disponibilidad de más del 50% de los terrenos agrícolas privados sobre los que se proyecta la instalación y (ii) haber presentado una oferta de participación local.

Dicha oferta de participación local consistirá en ofrecer la posibilidad de participar, al menos en un 20% de la propiedad del proyecto o de su financiación, a las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, radicadas en el municipio en que se pretende ubicar la instalación, o en los municipios limítrofes al mismo o los que pertenezcan a la misma comarca.

Por otro lado, el Decreto-Ley también tiene por objeto (i) modificar la Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático, para prever los objetivos en materia de generación renovable, distribuida y participada en el horizonte de 2030, concretar la forma de evitar la ocupación innecesaria del territorio e incorporar a la planificación energética la necesidad que se realice conjuntamente con la planificación territorial sectorial de las energías renovables; (ii) adoptar medidas de simplificación administrativa en materia de autoconsumo de energía eléctrica; y (iii) crear la Mesa de Diálogo Social de las Energías Renovables.

El texto íntegro del Decreto-Ley puede consultarse en este enlace

 

Más información: Javier García, socio responsable del área de Derecho Público de Toda & Nel-lo. 

 La doctrina tradicional del Tribunal Supremo ha venido indicando de forma reiterada que la situación de enfermedad, o la imputación de bajo rendimiento (como sucede en el caso de la sentencia analizada), no comporta la calificación de nulidad del despido, en base a que:

  • La condición de enfermo no está contemplada en el listado de supuestos de discriminación (refrendado por la STJUE Chacón Navas);
  • El despido debido a la morbilidad del trabajador no es lícito, pero no está contemplado como causa de nulidad;
  • Tampoco es posible considerar el despido por enfermedad como acreedor a la declaración de nulidad por violación de "derechos fundamentales o libertades públicas del trabajador" (como el derecho a la protección de la salud) puesto que no estarían comprendidos en la categoría de los "derechos fundamentales y libertades públicas";
  • Para que el despido pueda ser calificado de nulo, por discriminatorio, es preciso que dicho trabajador sufra algún tipo de discapacidad (no solo enfermedad).

Por tanto, de la doctrina jurisprudencial vigente:

1. La enfermedad por sí misma solo es causa de improcedencia del despido y no de nulidad, puesto que para que la enfermedad pueda sustentar la nulidad debe llevar aparejado un elemento de estigmatización o segregación de quienes la padecen respecto al resto de quienes prestan servicios en el mismo centro empresa.

2. Pero la situación de incapacidad temporal, sin más elementos, no equivale a discapacidad. Si bien, puede producir discriminación la enfermedad que implique discapacidad, aunque para ello es preciso que: se trate de una enfermedad de larga duración, sea conocida por la empresa (es decir, su diagnóstico) y se sitúe como causa de la extinción del contrato.

No obstante todo lo anterior, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en su sentencia de 14 de septiembre de 2021, ha considerado "que la actuación de la empresa constituye una vulneración del derecho a la integridad física (artículo 15 CE), puesto que una 'política de empresa' (HDP 7º y RJ 6º, in fine) tendente a despedir a quien ha estado a menudo en situación de incapacidad temporal es un factor de segregación de quienes se vean en la necesidad de situarse en tal estado, en la medida en que es una amenaza genérica".

De este modo, el hecho de haber despedido a quien se ha encontrado "a menudo" en situación de incapacidad temporal, ha sido declarado como despido nulo.

 

Más información: Jordi Bou, abogado del área de Derecho Laboral de Toda & Nel-lo. 

Tras las modificaciones introducidas por el Real Decreto 203/2021, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, las notificaciones y comunicaciones de la Agencia Tributaria están disponibles en la DEHú que sustituye a la DEH.

No obstante, con el fin de garantizar un plazo de adaptación, hasta el 4 de abril de 2022 convivirán los dos sistemas y, hasta esa fecha, la Agencia Tributaria notificará a través de la DEH y de la DEHú. Una vez finalizado el plazo transitorio, la DEH quedará obsoleta y las notificaciones solo se realizarán por el sistema de la DEHú.

Adicionalmente, también con la idea de facilitar el cambio se hizo un volcado masivo de la base de datos de los e-mails de avisos que constaban en la DEH a la DEHú, por tanto, los contribuyentes ya podrían recibir las notificaciones a través del nuevo sistema.

Sin embargo, ese traspaso no se ha realizado en la mayoría de los contribuyentes. Por tanto, recomendamos entrar en la DEHú a través del portal Red Sara y verificar si en los datos de contacto consta efectivamente algún e-mail de aviso. En caso de que no conste ninguno deberían darse de alta los datos de contacto donde se quieran recibir los avisos.

Para acceder a las notificaciones depositadas por la Agencia Tributaria en la DEHú se realiza a través de dos vías:

Por último, a través de la DEHú también se recibirán las notificaciones de otros organismos del ámbito estatal, autonómico y local, cuyo listado completo puede descargarse a través del portal Red Sara.

 

Más información: Silvia Cembrano, abogada del área de Derecho Tributario de Toda & Nel-lo.

Hoy, 5 de octubre de 2021, se ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el acuerdo de suspensión ("moratoria") de la tramitación de instrumentos de planeamiento, de gestión y de licencias en un conjunto de ámbitos de suelo urbanizable y de suelo urbano de varios municipios del litoral catalán, entre Malgrat de Mar y Alcanar, aprobado por la Comisión de Territorio de Cataluña el pasado 29 de septiembre de 2021.

Se trata de una suspensión potestativa previa a la aprobación inicial del futuro Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral de Malgrat de Mar a Alcanar (PDU). Concretamente afecta a ámbitos situados en los municipios litorales de las comarcas del Maresme (excepto Montgat), el Garraf, el Baix Penedès, el Tarragonès, el Baix Camp (incluyendo Vinyols i els Arcs), el Baix Ebre y el Montsià, excluyendo los del Barcelonès y del Baix Llobregat, puesto que estos serán “revisados”, en su caso, por el futuro PDU metropolitano.

En estos ámbitos (enlace a los planos de suspensión más abajo), la Generalitat ha acordado suspender “la tramitación de planes urbanísticos derivados concretos y de proyectos de gestión urbanística y de urbanización, como también de suspender la concesión de licencias de parcelación de terrenos, de edificación, reforma, rehabilitación o derribo de construcciones, de instalación o ampliación de actividades o usos concretos y otras autorizaciones municipales conexas establecidas por la legislación sectorial, en los ámbitos incluidos en el plan de suspensión de licencias”.

La suspensión tendrá un plazo máximo de vigencia inicial de un año, que podrá ser prorrogado un año más si el acuerdo de aprobación inicial del futuro plan director urbanístico (PDU) confirma la afectación del ámbito de que se trate.

En el mismo acuerdo de suspensión se aprueba someter el documento de Avance de este PDU a un plazo de información pública de un mes. Según la Memoria de este documento (pág. 8), el futuro PDU establecerá unos criterios y definirá “las actuaciones de modificación o extinción susceptibles de aplicación en los suelos objeto de análisis, según el nivel de afectación, total o parcial, de cada uno de los criterios”.

Así pues, el Avance indica que el futuro PDU podrá clasificar como suelo no urbanizable terrenos que actualmente están clasificados como suelo urbano o como suelo urbanizable, en la misma línea de lo que ya ha previsto el Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí, aprobado el pasado 28 de enero de 2021. Por otro lado, también en la misma línea del PDU del litoral gerundense, la Memoria del Avance del PDU afirma que el futuro plano también contendrá una normativa de integración paisajística.

Planos de los ámbitos afectados por la suspensión:

 

 

Más información: Pol Fontboté, abogado del área de Derecho Público de Toda & Nel-lo.

 

El 20 de septiembre, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) incluyó novedades importantes en relación con la Ley 11/2020, del 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda.

Prácticamente al límite del plazo de un año para que expirara la declaración transitoria contenida a la propia ley, se publica el acuerdo del Ayuntamiento de Barcelona por el que se declara todo el término municipal como área con mercado de vivienda tenso. Por su parte, la Generalitat ha resuelto el mismo respecto a ciudades como Lleida, Tarragona, Girona, Terrassa, Sabadell o Igualada, entre otras.

El Área Metropolitana había adoptado un acuerdo equivalente respecto a municipios como Badalona o Sant Cugat del Vallés y está tramitando la misma declaración respecto a otros, como L'Hospitalet de Llobregat.

 

Enlaces relacionados:

Declaración área mercado vivienda tienes Barcelona 15 de septiembre 2021

Resolución DSO / 2812/2021, de 15 de septiembre, por la que se declaran varios municipios como áreas con mercado de vivienda tenso

Acuerdos AMB 27 de julio 2021 área mercado vivienda tenso: 

Declaración Badalona y otros

Aprobación inicial declaración Hospitalet de LL. y otros

 

Más información:

José María Arnedo, socio del área de Derecho Inmobiliario de Toda & Nel-lo.

Pol Fontboté, abogado del área de Derecho Público de Toda & Nel-lo. 

El jueves 22 de julio, Josep M.  Balcells, socio del área de Derecho Mercantil y Pol Fontboté, abogado asociado de Derecho Público de Toda & Nel-lo, impartieron un webinar para analizar dichas novedades. En el presente artículo exponemos algunas de las más importantes, por ejemplo, en cuanto a la duración de la garantía legal (que pasa de 2 a 3 años,) y del régimen de las garantías comerciales en la venta de productos y en los servicios posventa. Asimismo, examinaron la ampliación de las obligaciones y responsabilidades en materia de producto no conforme y los remedios (reparación, sustitución, resolución del contrato) que la norma impondrá más detalladamente a partir del 1 de enero de 2022, fecha de su entrada en vigor. 

Dada la repercusión de estas novedades para el sector de la fabricación y distribución de productos de consumo, en esta nota informativa analizamos asimismo el potencial impacto financiero de estas medidas en las cuentas de resultados de las empresas y revisamos las normas vigentes sobre el procedimiento administrativo sancionador en materia de consumo.

 

Acceder al artículo completo
 

16.09.2021

Para situar la resolución del Tribunal Constitucional (TC), recordemos antes los antecedentes de esta.

El 2 de julio de 2018, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS), resolvió el recurso de casación para la unificación de doctrina (RCUD) de una demanda en la que los demandantes alegaron que las causas que motivaron la extinción de sus contratos en un expediente de regulación de empleo (ERE) que había concluido con acuerdo, eran "falsas y no concurren en modo alguno".

Pues, tanto la sentencia del juzgado de lo social de fecha 31 de marzo del 2015, como del recurso de suplicación (25 de abril de 2018), como la precitada del RCUD (de 2de julio de 2018), desestimaron la improcedencia del despido sosteniendo, por el contrario, la procedencia puesto que se tuvieron por acreditadas las causas del despido por cuanto el periodo de consultas del ERE había finalizado con acuerdo entre los representantes de los trabajadores y la representación del ayuntamiento.

Si bien es cierto que ni el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores ni el artículo 124 de la Ley de la jurisdicción social (LRJS) contienen una norma como la del artículo 41.4 in fine o la del artículo 47.1 del ET y por las cuales "cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las causas justificativas a que alude el apartado 1 y solo podrá ser impugnado ante la jurisdicción competente por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión", el Alto Tribunal sostuvo que del estudio conjunto del sistema normativo se puede "afirmar que el legislador ha querido diseñar un régimen jurídico, en todas estas materias, que descansa en dos pilares fundamentales".

- En el ámbito del derecho sustantivo, quiere incentivar y fomentar la consecución de un acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores;

- Y en el ámbito del derecho procesal ha pretendido:

  1. derivar a los procesos colectivos la discusión sobre la concurrencia de las causas justificativas de la medida empresarial que inciden por igual en todos los trabajadores afectados,
  2. Y reservar los pleitos individuales para el análisis de las cuestiones estrictamente particulares que pudieren incidir en cada uno de los trabajadores.

Sostenía además el TS en su sentencia que si no se interpretara de esta forma podría comportar la discusión de la concurrencia de la causa del despido colectivo (finalizado con acuerdo) en cada uno de los procedimientos de impugnación individual que pudieran platearse ante los juzgados de lo social de todo el territorio nacional.

Por el contrario, consideraba el tribunal, el legislador decidió reservar para el proceso individual las cuestiones relativas a la aplicación de las reglas de permanencia, con la expresa exclusión de esta cuestión del proceso colectivo (último párrafo del art. 124.2 LJS), y la regulación distingue el procedimiento de impugnación individual cuando se desarrolla sin que hubiere tenido lugar previamente el colectivo; (regla 2 y 4 del supuesto de la letra a) del art. 124.3 LRJS), del procedimiento individual cuando sí está precedido del colectivo (regla 3 de la letra b).

A pesar de todo lo anterior, el TC entiende que la resolución "no colma las exigencias propias […]del mencionado derecho a la tutela judicial efectiva pues, como ha quedado reflejado al exponer la doctrina de este tribunal, resulta preciso que la denegación de una resolución sobre el fondo traiga causa de un “motivo fundado en un precepto expreso de la ley."

Es decir, el TC señala que la interpretación del TS restringe indebidamente que la pretensión individual sobre la concurrencia de causas que motivaron un ERE pueda ser sometida al conocimiento de los órganos judiciales, atentando al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y, por tanto, concluye que "regulación legal no impide que en procesos individuales, el órgano judicial pueda dilucidar respecto de la realidad de las causas invocadas para justificar la referida medida colectiva, aunque se hubiera alcanzado un acuerdo con la representación de los trabajadores.

 

Más información: Jordi Bou, abogado del área de Derecho Laboral de Toda & Nel-lo. 

La Dirección General de Trabajo da respuesta a una consulta realizada por Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre la interpretación que debe darse a la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto-ley 8/2020, donde se establece que las medidas  extraordinarias, recogidas en el mismo Real Decreto-ley, sobre la exoneración de cotizaciones empresariales durante los periodos de suspensión de contratos de trabajo por fuerza mayor, «estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad».

El incumplimiento del compromiso empresarial, que se produce con la extinción de contratos de trabajo por razones vinculadas a la Covid-19, comporta la devolución de la totalidad de las exenciones disfrutadas por la empresa, y no exclusivamente la de los trabajadores cuyos contratos se han visto extinguidos.

No obstante a lo anterior y atendiendo a la regulación actual, cabe la posibilidad de que una empresa pueda aplicar varios ERTE’s de diferente tipo, dependiendo de múltiples circunstancias como la actividad desarrollada en la empresa, la evolución de la pandemia o las decisiones adoptadas por las autoridades territoriales para hacer frente a la crisis sanitaria.

De estar en un supuesto como el anterior, el inicio del cómputo del plazo de 6 meses puede ser diferente en el seno de una misma empresa, bien por verse afectado por varios expedientes o porque en un centro se reanude la actividad antes que en otro, por ejemplo.

Cuando nos encontremos ante este supuesto, si se incumpliera el compromiso del mantenimiento de empleo, la empresa incumplidora se verá obligada a la devolución de la totalidad de las cuotas exoneradas correspondientes al ámbito del centro de trabajo afectado por el despido del trabajador. La DGT considera que no se deben devolver la totalidad de las cuotas exoneradas en la empresa porque el incumplimiento del compromiso recogido en la Disposición Adicional Sexta únicamente se ha producido en un único centro, y no en la totalidad de la empresa.

 

 

En esta nota informativa, los abogados del área de Derecho Tributario de Toda & Nel-lo analizan las principales medidas fiscales aprobadas por la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal (Ley Antifraude) y que tienen implicaciones en: 

  • Impuesto de Sociedades (IS)
  • Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
  • Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR)
  • SOCIMIs
  • Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD)
  • Impuesto sobre el Patrimonio (IP)
  • Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD)
  • Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
  • Ley General Tributaria
  • Ley 7/2012 (anterior ley de lucha contra el fraude)

 

Acceder al documento

 

Más información: Javier Blanco, abogado del área de Derecho Tributario de Toda & Nel-lo. 

 

 

 

 

 

En el último artículo de actualidad jurídica del área de Compliance analizábamos la Sentencia de Tribunal Supremo que condenaba a un empresario por el acceso al correo personal de un trabajador. Con este artículo pretendemos abundar en la legislación vigente y la jurisprudencia que se ha dictado al respecto.

Cada vez son más los deberes y obligaciones legales que recaen sobre los administradores de las sociedades mercantiles y que amplían de manera notable el contenido del deber de diligencia de un ordenado empresario que incluye el deber de adoptar aquellas medidas necesarias para la buena dirección y control de la sociedad (art. 225.3 de la Ley de Sociedades de Capital). Los administradores no solo deben rendir cuentas de los resultados de negocio, sino también de la consecución de aquellos defendiendo los activos de la sociedad y cumpliendo con una serie de requisitos normativos cuya vulneración puede derivar no solo en responsabilidad personal para el administrador, sino también en duras sanciones para la sociedad que gestiona, incluida, desde el año 2010, la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Lo anterior, junto con la digitalización de las empresas y la mayor injerencia y control que permiten las nuevas tecnologías, ha redimensionado el escenario de conflicto entre la capacidad del empresario para adoptar medidas que aseguren un uso responsable y adecuado de los medios digitales puestos a disposición de los trabajadores y el derecho a la intimidad y el derecho al secreto de las comunicaciones de los que aquellos son titulares, también en el ámbito laboral.

En el artículo anterior ya mencionamos que la facultad de organización y control del empresario encuentra amparo legal en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores (ET), que faculta al empresario para adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, entre los que se incluyen, de conformidad con los artículos 5.c y 20.2 ET, los deberes de diligencia y colaboración, así como el deber de cumplir con las órdenes, instrucciones y medidas acordadas por el empresario en el ejercicio regular de sus facultades de dirección y organización.

Esta facultad vendría justificada, además de para verificar el cumplimiento de las obligaciones y deberes laborales por parte de los trabajadores, (i) por la necesidad de coordinar y garantizar la continuidad de la actividad operativa en supuestos de ausencia de los trabajadores (bajas, vacaciones, extinción relación laboral), (ii) por la necesidad de proteger la integridad de los sistemas y medios informáticos, así como de la información confidencial almacenada en los mismos, y (iii) por la necesidad de prevenir, detectar y reaccionar adecuadamente ante un uso inadecuado y ilícito de los medios digitales por parte de los trabajadores que pudiera derivar en responsabilidades frente a terceros.

Ahora bien, esta facultad del empresario no es absoluta, sino que en su ejercicio debe respetar los derechos fundamentales a la intimidad y al secreto de las comunicaciones de los trabajadores.

La sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, sec. 1ª, de 22 de abril de 2021, nº 328/2021, rec. 715/2020, introduce una novedad importante respecto a la licitud probatoria de la principal fuente de prueba con la que el empresario puede, por un lado, justificar la intromisión en los medios digitales y, por otro lado, fundamentar la corrección-sanción impuesta al trabajador. La novedad consiste en equiparar para la jurisdicción laboral y penal los criterios aceptados para considerar legítima la injerencia por el empresario en del derecho a la intimidad y el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones.

Hasta esta sentencia, el Tribunal Supremo seguía criterios distintos según se actuara ante la jurisdicción laboral o ante la jurisdicción penal. Así, las sentencias de la Sala 2ª de lo Penal del Tribunal Supremo 528/2014, de 16 de junio y 2844/2014, de 16 de junio, afirmaban que los criterios jurisprudenciales utilizados por la Sala 4ª de los Social del Tribunal Supremo, avalados por el Tribunal Constitucional, para considerar correcta la injerencia en el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones de los trabajadores, solo eran aplicables a la jurisdicción laboral, siendo insuficientes para la jurisdicción penal, en la que respecto al derecho de la inviolabilidad de las comunicaciones se exigía autorización judicial, si bien solo para los correos electrónicos no abiertos y no leídos, para otorgar validez probatoria a la prueba obtenida por el empresario mediante la intromisión en los medios digitales. A partir de esa premisa, la Sala 1ª de lo Penal del Tribunal Supremo proclamaba el carácter indispensable de la autorización judicial para acceder a las comunicaciones personales del trabajador. Ahora bien, quedaban excluidos de esa exigencia los denominados datos de tráfico o el uso de medios para para acceder a otros servicios de red, los mensajes que una vez recibidos y abiertos por su destinatario, ya no forman parte de la comunicación propiamente dicha, y respecto a los cuales se aplica la normativa de protección de datos y derecho a la intimidad, así como los criterios de la Sala 4ª de lo Social del Tribunal Supremo.

Así las cosas, mientras en la jurisdicción laboral el derecho a la intimidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones eran susceptibles de “negociación” por el empresario y el trabajador, en la jurisdicción penal el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones del trabajador solo podía quedar limitado por una autorización judicial.

La Sala 2ª de lo Penal del Tribunal Supremo, haciéndose eco de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) (en concreto, de las sentencias 12/01/2016, caso Barbulescu I y 05/09/2017, caso Barbulescu II), ha modulado sus criterios equiparándolos a la jurisdicción laboral.

A día hoy, en ambas órdenes jurisdiccionales -laboral y penal- se admite la fiscalización del derecho a la intimidad y del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, excluyéndose la exigencia de la autorización judicial, en el orden penal, para justificar la intromisión del empresario.

Admitida la facultad de intromisión del empresario en el derecho a la intimidad y en el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones de los trabajadores, el ejercicio de dicha facultad debe cumplir con una serie de requisitos para que pueda ser considerada una acción lítica y con valor probatorio, es decir, que no vulnere los derechos del trabajador.

 

¿Cuáles son los pasos a seguir?

El punto de partida y presupuesto inexcusable para la legitimidad de la intromisión y consiguiente valor probatorio es limitar o excluir la expectativa de privacidad e intimidad en el uso de los dispositivos digitales por parte del trabajador. No es lícito el acceso a los dispositivos digitales si el trabajador no ha sido advertido previamente de esa posibilidad y/o además no ha sido limitado el uso del dispositivo -total o parcialmente- creándose una expectativa de privacidad que no puede ser vulnerada. De manera que el empresario debe comunicar de manera clara, sencilla y expresa (i) los usos permitidos de los dispositivos -limitación o prohibición de uso personal, limitación de horarios, etc-, (ii) las medidas de supervisión y control sobre los dispositivos que se utilizarán, (iii) las finalidades y base legítima de la supervisión y control y (iv) las consecuencias del incumplimiento.

Con ello, el trabajador conoce y acepta la facultad de supervisión del empresario, estando advertido de la limitación o prohibición de los usos de los dispositivos, estando obligado, de conformidad con los artículos 5.c y 22.2 ET a cumplir con las instrucciones del empresario.

Además, en la determinación de las medidas a adoptar y, especialmente, en su ejecución, se debe realizar un el denominado juicio de proporcionalidad, consistente en aplicar criterios de ponderación relacionados con la utilidad, necesidad y la inexistencia de otras medidas menos invasivas, así como la existencia de sospechas fundadas.

Dicho proceso tiene ahora amparo normativo al ser recogido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales que en su artículo 87 dispone:

“1. Los trabajadores y empleados públicos tendrán derecho a la protección de su intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por su empleador. 2. El empleador podrá acceder a los contenidos derivados del uso de los medios digitales facilitados a los trabajadores a los solos efectos de controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales o estatutarias y de garantizar la integridad de dichos dispositivos. 3. Los empleadores deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales respetando en todo caso los estándares mínimos de protección de su intimidad de acuerdo con los usos sociales y los derechos reconocidos constitucional y legalmente. El acceso por el empleador al contenido de dispositivos digitales respecto de los que haya admitido su uso con fines privados requerirá que se especifiquen de modo preciso los usos autorizados y se establezcan garantías para preservar la intimidad de los trabajadores, tales como, en su caso, la determinación de los periodos en que los dispositivos podrán utilizarse para fines privados. Los trabajadores deberán ser informados de los criterios de utilización”.

En conclusión, el empresario dispone a día de hoy de un marco normativo y jurisdiccional completo para ejercitar diligentemente su facultad de organización, vigilancia y control sobre los dispositivos digitales puestos a disposición de sus trabajadores, teniendo valor y fuerza probatoria contra el trabajador que vulnere e infrinja sus deberes y obligaciones laborales respecto al uso de los dispositivos digitales.

 

El departamento de Compliance y Protección de Datos Personales de Toda & Nel-lo cuanta con amplia formación y experiencia en asesorar a empresas en la implementación de procesos de supervisión, vigilancia y control de los dispositivos digitales. 

 

Para más información: Jordi Dapeña, abogado senior del área de Compliance de Toda & Nel-lo. 

14.09.2021