En el marco del proyecto que iniciamos hace unos meses y que seguimos desarrollando a diario -la apertura de nuestro nuevo Despacho en Madrid-, hemos pedido a algunos de nuestros clientes que nos explicaran qué es para ellos Toda & Nel-lo y cuáles son, para ellos, los valores que nos hacen únicos.

Para este vídeo hemos contado con la colaboración de Ingrid Fornesa, José Luis Bonet, Germán Cid, Agustín Cordón, José María Coronas,  Jorge Garbajosa, Antonio Gassó y Marc Ros.

A todos ellos queremos dar las gracias.

 

 

 

14.11.2018

Tres, dos, un@.. ¡reforma!

Tres... (sólo) son los días que ha necesitado el Gobierno español para que entre en vigor una reforma legislativa aprobada en tiempo récord para saciar la indignación popular generada después de que, el pasado martes 06/11/2018, el Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS) anunciara su decisión de volver a su criterio interpretativo “clásico”, según el cual el obligado al pago del popularmente conocido como “Impuesto de las hipotecas”, con la Ley vigente, son los prestatarios (los clientes) y no los prestamistas (habitualmente bancos).

Dos... las modificaciones legislativas concretas que contiene el Real Decreto-ley publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de hoy viernes 9 de noviembre, y que serán aplicables a partir de mañana.

En concreto:

  1. Se ha especificado de forma expresa en la Ley que regula el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados que, “cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, se considerará sujeto pasivo -y, por tanto, obligado al pago del Impuesto- al prestamista” proveyéndose, no obstante, que no se pagará el Impuesto en las operaciones en las que el hipotecante sea, entre otros, una Administración Pública, una entidad sin fines de lucro, una caja de ahorros, la Iglesia Católica o una comunidad religiosa, la Cruz Roja o un partido político; y,
     
  2. Se ha modificado la Ley reguladora del Impuesto sobre Sociedades estableciendo que la deuda tributaria del IAJD que satisfagan los prestamistas -normalmente, bancos-, no se considerará gasto deducible.

Un@... la incógnita que se está intentando resolver en múltiples debates de máximo interés mediático: ¿es imposible recuperar las cantidades ingresadas por prestatarios como consecuencia de operaciones anteriores a la reforma? Sobre este particular, como anunciábamos ayer, en nuestra opinión debemos esperar a conocer el contenido íntegro de la Sentencia dictada el martes por el TS antes de dar una respuesta fundada a la cuestión.

Y es que, siguiendo con el refranero popular que ha inspirado nuestro titular, de toda la vida ya se sabe que “las cosas de Palacio van despacio”.

 

Consulte comentado Real Decreto-ley publicado en el BOE aquí.

 

El pasado lunes 5 de noviembre era el día fijado para que el Tribunal Supremo (TS) resolviera la gran incógnita que mantenía en vilo al país entero, ¿quién debe pagar el IAJD de los préstamos hipotecarios, los bancos o los prestatarios?

Pues bien, a última hora de la tarde del 6 de noviembre, la Sala Tercera del Alto Tribunal publicó una nota informativa en la web del Consejo General del Poder Judicial en la que avanzó su decisión y manifestó que, tras dos días de largas deliberaciones, el Pleno de la Sala había acordado, por una estrecha mayoría -15 votos a favor y 13 en contra-, dictar sentencias restableciendo el criterio anterior según el cual el sujeto pasivo del IAJD en los préstamos hipotecarios es el prestatario y no la entidad prestamista.

Así pues, y aunque jurídicamente resulta difícil de comprender que el TS haya podido volver a modificar su criterio -pues la Sentencia de fecha 16/10/2018 comportaba la anulación de un artículo reglamentario-, está claro que la decisión es firme -al menos, por ahora-.

A pesar de que para hacer una valoración fundada de la Sentencia debemos esperar a que se haga público su contenido, Ignacio Goytisolo, socio responsable del departamento de Derecho Tributario de Toda & Nel-lo, ha realizado toda una serie de consideraciones acerca de la reversión del cambio de criterio en un interesante artículo de opinión publicado con fecha 8 de noviembre en el diario “El Economista” (al que puede accededer haciendo clic en el enlace al final de este texto):

En otro orden de cosas, interesa destacar que las reacciones a la comentada Sentencia no se han hecho esperar, y no son pocos los personajes públicos, especialmente políticos, los que han manifestado el expreso rechazo al último cambio de criterio del Alto Tribunal. Entre las declaraciones más comentadas se encuentra la de Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno español, que manifestó durante el día siguiente que “el Gobierno respeta las resoluciones judiciales, pero no puede dejar de lamentar la decisión del Supremo” y, acto seguido, anunció que, en el Consejo de Ministros del 8 de noviembre, tomarían la determinación de que “nunca más los españoles paguen este Impuesto y lo pague el sector financiero”.

Consulte la nota informativa de la Sala Tercera del Tribunal Supremo aquí.

08.11.2018

En el marco del proyecto de Responsabilidad Social Corporativa que impulsa desde hace años Toda & Nel-lo, en 2017 se decidió apoyar económicamente a la Fundación Vicente Ferrer (FVF) para que pudiera cumplir con sus fines de desarrollo que lleva a cabo en una de las zonas más pobres de la India.

Ahora el Despacho celebra comunicar que el proyecto para el pasado curso escolar (en este caso, de junio a mayo), finalizó con éxito y, gracias a nuestra colaboración, un total de setenta y siete niños con discapacidad intelectual han podido completar su curso escolar, permitiéndoles mejorar su calidad de vida, autoestima y autonomía en la vida diaria.

Concretamente, de entre los muchísimos proyectos desarrollados por la FVF, Toda & Nel-lo decidió contribuir al impulso del proyecto de integración social para niños con discapacidad intelectual, mediante el cual se pretendía asegurar que los niños pertenecientes a las comunidades más desfavorecidas de Anantapur (India), que padecen este tipo de alteraciones del desarrollo, pudieran recibir una educación primaria de calidad, que favorecería su integración social y les proporcionará igualdad de oportunidades en el futuro.

© Albert Uriach
06.11.2018

Noticia publicada en el diario Expansión

30 de octubre 2018

 

 

Puede leer la noticia publicada en la versión online del diario Expansión aquí 

30.10.2018

El equipo de litigación de Toda & Nel-lo ha logrado anular en primera instancia los dos últimos testamentos otorgados por una anciana. El tribunal ha entendido que dichos testamentos no respondían a la verdadera voluntad de la testadora pues los habría firmado mediando dolo de un pariente que, aprovechándose de una situación de vulnerabilidad (edad, soledad e invalidez), logró que la señora cambiara el testamento y le favoreciera. El dolo, en este ámbito, consiste en  la utilización de palabras o maquinaciones insidiosas para inducir a alguien a celebrar un negocio que, sin ellas, no habría hecho.

La Sentencia afronta una problemática real derivada del progresivo incremento de personas de avanzada edad que viven solas, ingresadas en residencias, o que son atendidos por cuidadores.

La impugnación de testamento por dolo y captación de voluntad es un mecanismo excepcional de protección de la libertad de testar, cuya principal dificultad radica precisamente en la prueba de las maniobras y maquinaciones realizadas para conseguir cambiar la voluntad del testador o testadora, pues estas tienden a producirse de forma oculta o disimulada.

La Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS), en su reciente Sentencia 1.505/2018 de 16 de octubre de 2018, da un giro de 180º al criterio que venía manteniendo hasta la fecha y establece como doctrina legal que son los prestamistas (los bancos o entidades crediticias) -y no prestatarios (los deudores)- quienes deben pagar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD) que se devenga por la formalización de escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria.

Según han explicado Ignacio Goytisolo y Albert Mestres, socio y counsel, respectivamente, de Fiscal de Toda & Nel-lo en el artículo de opinión publicado con fecha 19 de octubre en el diario Expansión (al que puede acceder haciendo clic en el archivo adjunto al final de este  texto), en esencia, el Alto Tribunal fundamenta su decisión teniendo en cuenta tres aspectos relevantes:

  1. Que la interpretación que sugiere es la que mejor se ajusta a la literalidad y sistemática de la normativa reguladora del Impuesto.
     
  2. Que, teniendo en cuenta que lo que determina la exigencia del IAJD es el carácter “inscribible” de la escritura, y que lo que se inscribe en el Registro de la Propiedad es la hipoteca y no el préstamo, es lógico que el obligado al pago del Impuesto sea el interesado en hacer la inscripción, esto es, el prestamista.
     
  3. Que la interpretación es coherente también con el hecho de que el Impuesto se calcula tomando como base la responsabilidad hipotecaria y no el importe del dinero concedido en préstamo.

El pronunciamiento del TS podría conllevar que los deudores que hayan satisfecho el IAJD en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria durante los últimos años se planteen recuperar las cantidades ingresadas.

No obstante lo anterior, debemos advertir que esta misma mañana el Presidente de la Sala Tercera del Alto Tribunal ha comunicado que, como consecuencia de la enorme repercusión económico y social que se ha producido tras la publicación de la comentada Sentencia, ha acordado con carácter urgente:

  1. Dejar sin efecto todos los señalamientos sobre recursos de casación pendientes con un objeto similar; y,
     
  2. Avocar al Pleno de la Sala el conocimiento de uno de los asuntos pendientes para decidir si el giro jurisprudencial debe ser o no confirmado.

Así pues, y aunque jurídicamente resulta difícil de comprender que el TS pueda volver a modificar su criterio -pues la comentada Sentencia ha comportado la anulación de un artículo reglamentario-, tocará esperar a ver qué termina decidiendo el Pleno de la Sala para responder a nuestro titular: ¿pagarán los bancos el IAJD de los préstamos hipotecarios?

Consulte la Sentencia comentada aquí y la nota informativa del Presidente de la Sala Tercera aquí

 

 

19.10.2018

Los planes fiscales del Gobierno de España de los que se hacía eco EXPANSIÓN en su edición de ayer (05-10-2018) merecen un análisis técnico sosegado. Sosiego del que deberían también contagiarse nuestros dirigentes, encendiendo la “luces largas” para dotarse de un campo de visión más profundo y menos cortoplacista acerca de las consecuencias que entraña cualquier reforma fiscal de calado. Y ese examen debiera tener siempre una doble vertiente: la económica (fomento de la inversión) y la jurídica (justicia fiscal y congruencia del sistema impositivo).

Sin duda, la medida más chocante a ojos de aquellos profesionales familiarizados con la fiscalidad internacional es un potencial nuevo gravamen sobre dividendos obtenidos por empresas españolas de sus filiales extranjeras (se apunta a una tributación del 5%). Una medida tal vendría a romper con una larguísima tradición del sistema fiscal español –mantenida durante más de 20 años y, por ende, inalterable bajo gobiernos de diverso color político–, la cual ha transitado por la senda de la incentivación a la salida al extranjero de las empresas patrias, sobre todo a través del Impuesto sobre Sociedades (IS).

De hecho, dicha tradición puede sintetizarse en los distintos hitos que reseñamos, claves todos ellos para entender dónde estamos y de dónde venimos en esta materia:

1. En 1995, a través de la entonces Ley del IS (LIS 1995), se introdujo una deducción (en cuota) del 100%, tributando cero el dividendo extranjero en España, siempre que la participación alcanzara el 5% y se hubiera mantenido durante al menos un año.

2. En 2002, se introdujo la amortización (extracontable) del “fondo de comercio financiero” (beneficio fiscal compatible con el del hito 1 y, en su caso, con el del hito 4 que se dirá) para incentivar la internacionalización: cuando una sociedad española adquiría más del 5% en una extranjera, podía deducir en base imponible la diferencia entre el precio pagado por las acciones y su valor contable (a razón de un 5% anual durante 20 años).

3. En 2007 fue cuando el beneficio fiscal del hito 2 quedó “tocado de muerte”. Y es que la Comisión de la UE inició actuaciones (culminadas por Decisiones de 2009 y 2011) contra esa normativa española al considerarla ayuda de Estado ilegal, por cuanto situaba a la empresa española en una situación más ventajosa respecto de sus competidores de otros Estados comunitarios.

4. En 2015, la deducción del hito 1 se eliminó, si bien se trató de una mera eliminación técnica: fue sustituida por un beneficio fiscal superior, cuál es la exención plena (en base imponible) del artículo 21 de la LIS actual (LIS 2015). Además, desde entonces ya no es imprescindible alcanzar un 5% de participación, sino que bastaría también con haber pagado más de 20 millones por las acciones extranjeras.

Ciertamente, de confirmarse esa nueva medida, asistiremos a un cambio de paradigma. Por vez primera en las últimas décadas, habría una medida fiscal proveniente de las propias instituciones españolas de sentido contrario a la constante incentivadora a la salida al extranjero. Ante ello, cabe plantearse las siguientes preguntas:

¿Cómo se explicará políticamente la aparente contradicción de que el régimen fiscal actual evite la doble imposición internacional –o incluso dé pie a una doble “no imposición”– a sociedades de países UE con filiales aquí (al dejar exentos España esos dividendos) mientras, en cambio, sí habría doble imposición sobre dividendos cuando una sociedad española salga fuera?

¿Se establecerá algún tipo de medida para mitigar esa doble imposición (p.ej., exoneración de gravamen si el dividendo en cuestión hubiera tributado en el país de procedencia a un porcentaje igual o superior al tipo nominal del IS, actualmente del 25%)?

¿Volverán a erigirse las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE) en una fórmula idónea para canalizar inversiones internacionales a través de un vehículo societario español (siempre que se salvaguarde, claro está, la exención de las ETVE en la percepción de dividendos extranjeros)?

A la hora de postularse para adquirir una sociedad en el extranjero, ¿perderá competitividad la empresa española frente a competidores de jurisdicciones de nuestro entorno (como es el caso de Holanda), que sí garantizan a sus empresas la no tributación de dividendos foráneos?

¿Podría ser ésta una “primera piedra” de una oleada de medidas que estarían por venir limitadoras de la exención del artículo 21 de la LIS 2015 (incluso para dividendos internos)?

Las necesidades de recaudación apremian y, a buen seguro, los beneficios empresariales –ya sean obtenidos en España o en el extranjero– seguirán siendo una víctima propiciatoria a la hora de establecer nuevos gravámenes o de apretar las tuercas a los ya existentes. El partido no ha hecho más que empezar.

 

   

Artículo de opinión escrito por Albert Mestres, counsel de Fiscal, en el diario Expansión, el sábado 6 de octubre de 2018. 

08.10.2018

 

El Tribunal General de la UE (Luxemburgo) falla a favor de Wala en su disputa de marca con Wallapop

La empresa leridiana de retail Unipreus, comercializadora de ropa deportiva, moda casual y calzado a través de su marca Wala, ha recibido el respaldo del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) en su conflicto legal con wallapop.

En concreto, el TGUE ha anulado la resolución de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO, por sus siglas en inglés) en la que esta desestimaba los recursos de Unipreus contra el registro de Wallapop como marca comunitaria, para diferentes servicios competidores con los de Wala.

Carlos Rivadulla, counsel de IP/IT de Toda & Nel-lo, ha sido el asesor legal de Unipreus en este asunto desde que comenzara la disputa en 2015.

“Se trata de una victoria importante para Wala, porque significa una interpretación adecuada a la realidad de mercado y a la competencia entre las empresas. En ocasiones las plataformas tecnológicas pretenden transmitir la idea de que sus servicios son meramente neutros o de intermediación tecnológica pero en realidad afectan a determinadas actividades comerciales en las que puede haber un competidor real y, como en este caso, que venía utilizando una marca similar con anterioridad”, afirma sobre el caso Rivadulla, quien también considera que la decisión del Tribunal General aporta una interpretación más amplia y coherente con la realidad empresarial.

 

El artº 12.4 apartado e) del Estatuto de los Trabajadores establece que, para la conversión de un contrato de trabajo a tiempo completo en uno a tiempo parcial, y viceversa, siempre deberá operar la libre voluntad de las partes y, en ningún caso, podrá imponerse por parte del empresario "de forma unilateral o como consecuencia de una modificación sustancial de condiciones de trabajo".

En el supuesto analizado, el pronunciamiento del Tribunal Supremo en la reciente sentencia de 30 de mayo de 2018, en unificación de doctrina, la empresa, que venía sufriendo una notoria y reiterada disminución en la demanda de servicios, le propuso al trabajador una novación por la que su contrato pasara a ser a tiempo parcial. La negativa del trabajador condujo a la empresa a la extinción del contrato por causas objetivas.

El alegato del trabajador frente a su despido fue la de aducir la garantía que contiene el ya citado precepto y que sigue rezando "El trabajador no podrá ser despedido ni sufrir ningún otro tipo de sanción o efecto perjudicial por el hecho de rechazar esta conversión". Desestimada la pretensión del trabajador se propuso como sentencia de contraste la dictada por la sala de lo social del TSJ de Madrid de fecha 12 de febrero de 2016, que en similares circunstancias, acabó pronunciándose por la necesidad de abrir un "procedimiento de modificación sustancial de su contrato de trabajo, por la vía del art. 41, ... sin realizar esta previsión, aun cuando se acepte que hubo un ofrecimiento no formal, toma una decisión extintiva del contrato de la actora cuando ... se podían haber superado no con la extinción sino con una modificación del misma". Este pronunciamiento abría la puerta para que la empresa unilateralmente, vía modificación sustancial de condiciones, modificara la jornada del trabajador.

Adquiere pues interés la resolución del Supremo, dados los pronunciamientos contradictorios, en aras a conocer si ¿se puede modificar la jornada de los trabajadores por la vía de la modificación sustancial de condiciones? ¿se debe realizar esa modificación? O bien, si la empresa opta por la extinción del contrato por causas objetivas -en tanto que el trabajador rechaza la reducción de jornada-, ¿puede declararse la nulidad de la extinción?

En ambas sentencias, la disminución de la demanda de prestación de servicios, quedaron perfectamente acreditadas y, en ambas, existió por parte de la empresa un ofrecimiento formal de proceder a modificar la jornada del contrato pasando de tiempo completo a tiempo parcial, que se ajustara a las necesidades de la empresa.

La respuesta del alto tribunal ha sido la misma que ofrece el citado art. 12.4 ET y por la que "El trabajador no podrá ser despedido..., sin perjuicio de las medidas que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 52.c) de esta Ley, puedan adoptarse por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción".

En este sentido, la sentencia del Supremo rechaza la solución dada por el TSJ de Madrid, que estableció praeter legem la obligatoriedad de proceder a la modificación sustancial de condiciones -por ser una medida menos gravosa-, huérfano de fundamento legal y, sin embargo, notoriamente contrario al referido art. 12 que prohíbe la conversión del contrato de trabajo a tiempo completo en uno a tiempo parcial sin consentimiento expreso del afectado. La sentencia convalida pues tanto la extinción del contrato por causas objetivas acreditadas, una vez que el afectado se negó a acceder a la reducción propuesta como, de forma implícita, el proceder de la empresa, rechazando que esa extinción pueda considerarse una represalia por parte de la empresa a la negativa del trabajador a la modificación.

 

   Artículo de opinión escrito por Jordi Bou, abogado de Laboral, en Expansión. Puede leer el artículo publicado en el diario aquí

02.10.2018

Tras casi dos años de trabajos parlamentarios, finalmente en sesión del Congreso de los Diputados de este septiembre de 2018, se ha aprobado por unanimidad el Informe de la Subcomisión para la elaboración de un Estatuto del Artista, un documento marco con 75 propuestas con el que se pretende dar solución a asuntos reclamados por el sector cultural, entre los cuales destacan los siguientes tres ámbitos: fiscalidad; protección laboral y Seguridad Social; y compatibilidad de entre prestaciones por jubilación e ingresos por derechos de autor.

Para mayor concreción, las medidas “estrella” girarían entorno a los siguientes cinco ejes:

1. Ajustar la fiscalidad a la actividad profesional intermitente y de ingresos irregulares propia del sector.

2. Crear un régimen específico de la Seguridad Social, tanto dentro del Régimen General como del de Autónomos. Este Régimen tendría como premisa el tener en cuenta las peculiaridades específicas del trabajo intermitente tanto en lo referente a la fórmula de cotización como a las coberturas a efectos de enfermedad temporal, enfermedad permanente, maternidad o jubilación, entre otros. Además, se deberían reconocer las enfermedades y lesiones laborales de la práctica artística y técnica. De esta forma el trabajador ejercería su profesión en un entorno seguro y protegido de cualquier incidencia que suceda en su labor.

3. Garantizar el efectivo derecho de los y las profesionales de la cultura a estar debidamente representados sindicalmente y a participar activa y democráticamente en las negociaciones colectivas de su sector. Se pretende promover la creación de los convenios colectivos pertinentes, así como la revisión de los existentes, para que la actividad cultural esté correctamente regulada.

4. Garantizar que los trabajadores de la cultura que ejerzan una función que implique un contrato por cuenta ajena sean dados de alta por la empresa contratante en el espacio específico y acabar así con la contratación por medio de la figura del “falso autónomo” en el entorno de la actividad cultural.  En general, se persigue evitar medidas de precarización en espacios culturales.

5. Impulsar el fomento de la actividad artística sin ánimo de lucro que se desarrolla en los sectores independientes a los efectos de permitir la creación de cooperativas de trabajo asociado cuyo funcionamiento interno se corresponda con las particularidades de la actividad cultural, al tiempo que se vincule al sector con las prácticas propias de la economía colaborativa, social y solidaria.

Lo cierto es que ese informe plantea la necesidad modificar hasta tres leyes (la de IRPF, la de Autónomos y de Enjuiciamiento Civil; además de distintas normas de rango reglamentario, con la introducción de nuevos decretos o la modificación de los ya existentes) para adaptar la normativa española a la realidad de la profesión cultural. Será por lo tanto un trabajo arduo en el que queda mucho por hacer, y en el que será precisa una buena dosis de creatividad e innovación en el arte de hacer leyes por parte de nuestra clase política.

Solo así, con todos los grupos parlamentarios remanando en la misma dirección –de hecho, es esperable que la tramitación legislativa continúe con un apoyo unánime de las Cámaras Legislativas–, se podrá ver realizada esa pretensión de dotarnos en los próximos meses con una nueva realidad normativa con ese amparo estatutario y legal para los verdaderos artistas, en cualquier de las disciplinas del arte o la cultura, que podrán de esa manera volcar  todo su “arte” y energía en crear, y no en sortear farragosas cuestiones legislativas o tener que verse inmerso en constantes discusiones con las autoridades (tributarias, de Seguridad Social, etc.).

Por último, consideramos de especial interés centrarnos particularmente en las reformas previstas en el ámbito tributario:

A. En materia de IVA, se plantea que cadena de valor de la actividad artística pase de tributar del tipo general (21%) al reducido (10%), lo que ayudaría a la competitividad del sector cultural.

B. En materia de IRPF, destacaríamos dos grandes propuestas de enmienda:

i). Se quiere adecuar la redacción del precepto legal que prevé una reducción del 30% sobre los rendimientos irregulares, de manera que los artistas y creadores puedan, bajo determinados requisitos, acogerse a dicho beneficio fiscal (actualmente, les es muy difícil su aplicación en la práctica), teniendo particularmente en cuenta la potencial inestabilidad de esos ingresos a lo largo del tiempo (a la vez que, con el cobro de un determinado proyecto que puntualmente resulte exitoso, se pueden ver penalizados en exceso por la progresividad propia de los tipos impositivos en IRPF.

ii). Por otro lado, a la vista de excesiva litigiosidad entre los artistas y hacienda a la hora de discutir los gastos potencialmente deducibles (al efecto de obtener el rendimiento neto tributable en IRPF por rendimientos de actividades económicas de índole artísticas), se propone la introducción en la norma del IRPF criterios objetivos sobre los gastos fiscalmente deducibles (aplicables a todos los contribuyentes) y nuevas regles sobre adquisición y mantenimiento de vehículos; gastos por promoción y relaciones públicas; o gastos en transporte público entre lugar de residencia y de trabajo; entre otros.

En general, dichas medidas tributarias se nos antojan razonables y convenientes, si bien sería deseable que esa sensibilidad por parte del legislador fiscal también fuera extensible a otros sectores profesionales o empresariales que, en ocasiones, pueden sufrir problemáticas similares.

En definitiva, sería esperable una “lex artis” de Hacienda que realmente fomentara la colaboración con los ciudadanos y empresas, con normas y criterios claros que rehuyeran de los litigios para apostar definitivamente por una agencia tributaria cercana y que generara confianza hacia los administrados, en el contexto actual de una autoridad fiscal moderna en un contexto europeo y de globalización económico. Esperemos que el Estatuto del Artista y sus buenos propósitos constituyan un primer paso hacia ello.

   Artículo de opinión escrito por Albert Mestres, counsel de Fiscal

26.09.2018

Toda & Nel-lo está participando, como asesor legal en España y en colaboración con la firma inglesa Cooke, Young & Keidan LLP (CYK), en la ejecución de una orden mundial de congelación de cuentas y embargo de bienes dictada por un Tribunal Inglés (“Commercial Court”) contra personas desconocidas que participaron en un fraude electrónico de escala mundial que afectó a una compañía multinacional.

Es la primera vez que los tribunales ingleses adoptan una medida de estas características contra personas desconocidas. La medida, propia del derecho anglosajón y sin equivalente en el derecho continental, se ha mostrado muy útil pues ha permitido identificar hasta 28 personas físicas o jurídicas que habrían participado en el fraude, y ha permitido garantizar la recuperación de parte del dinero defraudado.

Se pone así de manifiesto la necesidad de acudir a fórmulas imaginativas para combatir el fraude en el ámbito financiero, que se presenta cada vez más sofisticado y complejo. En este sentido, merece también ser destacada la autorización concedida por el Tribunal a la demandante para notificar las resoluciones judiciales a los presuntos responsables a través de medios alternativos de notificación, tales como el acceso encriptado a un data room virtual, o a través de redes sociales tales como Facebook o Whatsapp.

El próximo paso será la ejecución en España y en las demás jurisdicciones implicadas de la sentencia dictada por el Tribunal Inglés, por la que se condena a dichas 28 personas y empresas a reembolsar el dinero robado y a pagar 7 millones de libras por los daños y perjuicios causados, más las costas judiciales.

26.09.2018