Toda & Nel-lo está participando, como asesor legal en España y en colaboración con la firma inglesa Cooke, Young & Keidan LLP (CYK), en la ejecución de una orden mundial de congelación de cuentas y embargo de bienes dictada por un Tribunal Inglés (“Commercial Court”) contra personas desconocidas que participaron en un fraude electrónico de escala mundial que afectó a una compañía multinacional.

Es la primera vez que los tribunales ingleses adoptan una medida de estas características contra personas desconocidas. La medida, propia del derecho anglosajón y sin equivalente en el derecho continental, se ha mostrado muy útil pues ha permitido identificar hasta 28 personas físicas o jurídicas que habrían participado en el fraude, y ha permitido garantizar la recuperación de parte del dinero defraudado.

Se pone así de manifiesto la necesidad de acudir a fórmulas imaginativas para combatir el fraude en el ámbito financiero, que se presenta cada vez más sofisticado y complejo. En este sentido, merece también ser destacada la autorización concedida por el Tribunal a la demandante para notificar las resoluciones judiciales a los presuntos responsables a través de medios alternativos de notificación, tales como el acceso encriptado a un data room virtual, o a través de redes sociales tales como Facebook o Whatsapp.

El próximo paso será la ejecución en España y en las demás jurisdicciones implicadas de la sentencia dictada por el Tribunal Inglés, por la que se condena a dichas 28 personas y empresas a reembolsar el dinero robado y a pagar 7 millones de libras por los daños y perjuicios causados, más las costas judiciales.

El pasado 17 de septiembre la Agència Tributària de Catalunya (ATC) emitió un comunicado anunciando que, a partir del próximo 2 de octubre, ciertos colectivos pasarán a recibir sus notificaciones por medios electrónicos; en concreto:

a. Las personas jurídicas.

b. Las entidades sin personalidad jurídica como comunidades de bienes, herencias yacentes y comunidades de propietarios.

c. Las personas físicas que ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, y para los trámites y actuaciones que realicen con Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional.

d. Los representantes de un interesado que tenga la obligación de relacionarse electrónicamente con alguna Administración Pública. 

Las notificaciones electrónicas se depositarán en la plataforma eNotum (http://enotum.cat), creada expresamente por la ATC, y en la que se podrá acceder mediante identificación digital.

Asimismo, se habilitará un formulario de contacto mediante el cual se podrá facilitar una dirección de correo electrónico y/o un número de teléfono a los que se enviará un aviso de que se ha colgado una notificación en la plataforma.

Cabe recordar que, tal y como aclara la ATC, la obligatoriedad de los referidos colectivos de relacionarse electrónicamente con la Administración se produjo como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Ley 39/2015).

Puede consultar el texto del comunicado de la ATC aquí.

 

La Sala de Casación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) resuelve en una sentencia reciente que, en el caso de que dos propietarios de un  bien indivisible (en este caso, una finca) tengan el mismo interés legítimo de dicho bien, el juez no puede decidir quién es el propietario final sino que será el azar quien lo decida. Se resolverá a suertes.

El derecho civil catalán concede al copropietario de un bien acción para exigir la división del objeto de la comunidad, siendo dicha acción incondicional e imprescriptible, mientras subsista la comunidad.

De este modo, el artículo 552-11.5 del Código Civil Catalán establece las reglas para proceder a la división cuando un bien no se puede dividir: si solo lo quiere uno de los copropietarios, no hay mayor problema, ya que se le adjudica al que lo pide, debiendo pagar al otro el valor de tasación de la finca que le corresponda por su participación. Si, en cambio, lo quieren todos o varios, se le adjudicará a quien tenga una participación en el inmueble mayor, pagando a los demás el precio correspondiente. Pero si hay varios interesados y todos tienen la misma participación, la suerte decide quién se lo queda.

El TSJC, en su Sentencia nº 61/2018, Sala de lo Civil y Penal, 5 de julio de 2018, analizó la problemática que surgió cuando, perteneciendo una finca a dos cotitulares por mitad, ambos manifestaron su interés en quedársela.

En este caso, el TSJC revalidó el criterio de su anterior sentencia de 3 de noviembre de 2016, que señalaba la necesidad de ponderar en cada caso el interés de las partes en el bien y, en el caso de que éstos fuesen equivalentes, entonces debía decidir la suerte.

¿Cómo resolver la espinosa cuestión de la plusvalía municipal? Por el momento, la sentencia del pasado 9 de julio del Tribunal Supremo arroja algunas luces, si bien sigue generando sombras, a la vez que saca a flote una auténtica tabla de salvación para las maltrechas arcas de los ayuntamientos con un giro argumental que invita a pensar que esta posición jurisprudencial puede haber tenido un componente más político que estrictamente jurídico. En contrapartida, un número importante de contribuyentes asisten atónitos a cómo el Supremo echa al traste las expectativas que, razonablemente, se habían generado a partir de sentencia del Tribunal Constitucional.

Como abogado fiscalista tuve la ocasión de empezar a defender profesionalmente estos temas en 2012 para ciertos clientes propietarios de centros comerciales (normalmente, fondos internacionales, que fueron de los primeros en embarcarse en esos litigios), que, durante los momentos más crudos de la última crisis, se habían visto abocados a una venta a pérdida de esos inmuebles, tras haberlos comprado en el momento más álgido del mercado.

Luego, asistimos a la paulatina extensión de los litigios entre los contribuyentes y casi todos los ayuntamientos. La primera alerta de lo injusto de este impuesto se dio en 2014 cuando se modificó la ley estatal, introduciendo una exención para que aquellos que eran desahuciados de su vivienda, además de la deuda con el banco no se llevaran de paso una deuda con su consistorio.

Más recientemente, el grado de incertidumbre ha sido tal que algunos ayuntamientos o diputaciones, como la de Alicante, directamente han optado por no cobrar el impuesto en ningún caso (también en los supuestos de ganancias evidentes) y con carácter provisional (a la espera de una clarificación suficiente de la cuestión). Salvo esas contadas excepciones, el contribuyente que haya querido reclamar se ha visto abocado al tan engorroso sistema del «primero hay que pagar para luego reclamar» la devolución de ingresos indebidos ante el propio ayuntamiento de entrada y luego ante los tribunales.

Llegados a este punto, podemos afirmar que la normativa del impuesto parte de una concepción errónea del mercado inmobiliario, fruto de una visión del legislador sesgada por décadas de prosperidad y constantes aumentos del valor del suelo y de los activos inmobiliarios. Según esa visión siempre optimista, se venía dando por bueno que el vendedor siempre va a lograr un «incremento» o «plusvalía». Y, en efecto, esa parecía una realidad refrendada por los hechos año tras año, hasta el punto de que, ante la magnitud de las ganancias que envolvían cualquier operación de venta, nadie se planteaba seriamente si el impuesto era legítimo, si estaba bien calculado, o si podía contravenir principios constitucionales básicos, como el de «capacidad económica», el cual exige que un ciudadano solo deba tributar cuando haya obtenido una ganancia o cualquier otra forma de manifestación de riqueza. Nada más lejos de la realidad, tal y como se encargó de demostrar la irrupción de la crisis, hace ahora una década, mostrándonos a todos que era factible que un terreno hubiera visto minorado su valor entre la fecha de compra y la de venta.

A vueltas con la sentencia de julio, los principales aspectos reseñables serían los siguientes:

1. En primer lugar, el Supremo rechaza la tesis sostenida por varios tribunales superiores de justicia, de modo que parece claro que sólo podrán recuperarse las cuotas pagadas por plusvalía cuando se acredite que ha habido pérdida de valor del terreno transmitido. En los últimos meses, esos tribunales venían considerando que todas las liquidaciones eran nulas de pleno derecho, basándose en los artículos declarados inconstitucionales y nulos, y que, según se entendía, habían sido expulsados del ordenamiento jurídico con la sentencia del Tribunal Constitucional, de 2017. Ahora, el Supremo ha puesto fin a esta interpretación, desbaratando las vías para una devolución que muchos ya empezaban a vislumbrar.

2. Por otra parte, la sentencia afirma que si no puede acreditarse la pérdida de valor, debe aplicarse la fórmula legal. No obstante, deja abierta una incógnita: ¿qué ocurre cuando la plusvalía es tan escasa que la aplicación de la fórmula legal puede suponer la vulneración del principio de capacidad económica constitucionalmente protegido? Sobre este particular, el Supremo deja la solución en manos del futuro, porque, como afirma, «la cuestión (…) no se nos ha planteado aún y tampoco ha sido resuelta por el Constitucional».

3. Por último, el Supremo gira las tornas en cuanto a la parte a la que corresponde la carga de la prueba: ésta recae ahora sobre el contribuyente; y decimos «ahora» porque habían recaído diversas sentencias que estaban fallando a favor de que eran los ayuntamientos los que debían probar la existencia de plusvalía. Lo anterior conlleva que, ahora más que nunca, el contribuyente que sostenga haber experimentado una minusvalía en la venta, acuda a litigar idealmente con un informe pericial bajo el brazo, que acredite el valor del terreno en la compra y lo compare con el valor del mismo terreno en la venta. Recordemos que la actual fórmula de determinación del impuesto para nada tiene en cuenta los valores de compra o de venta efectivamente acordados entre comprador y vendedor, sino que parte de criterios objetivos como el valor catastral o el tiempo de tenencia del inmueble.

En conclusión, cada caso merecerá ser analizado individualmente buscando la mejor opción para cada supuesto. De hecho, incluso los contribuyentes que vendieron con cierta ganancia podrían todavía confiar en que el Supremo acabe considerando, cuando menos, que la fórmula de cálculo de la base imponible es errónea. En paralelo, habrá que estar atentos a cómo la nueva ley que regule el impuesto es aprobada y en qué términos. Con la fragmentación del actual Congreso de los Diputados, acertar con algún pronóstico al respecto sería poco menos que una quimera. Tanto a nivel jurisprudencial como legislativo, es posible que esta cuestión sufra alguna vuelta de tuerca más.

 

Artículo de opinión escrito por Albert Mestres, counsel de Fiscal de Toda & Nel-lo, en Diari de Tarragona 

24.08.2018

Toda & Nel-lo ha participado, como asesor legal de las familias Hevia y Bonet, en la operación de venta de una participación mayoritaria en el Grupo Freixenet a la compañía multinacional alemana Henkell, perteneciente al Grupo Oetker.

Han intervenido en la operación Javier Hernández y Manuel Berzosa, ambos pertenecientes al Departamento de Derecho Mercantil de Toda & Nel-lo, así como Ignacio Toda, socio fundador del Despacho.

 

Acceda al comunicado de prensa aquí

01.08.2018
- A diferencia del proyecto español de ley, la Directiva Europea extiende la aplicación de estatuto legal de protección también a los trabajadores del sector privado.
- España se encuentra entre el reducido grupo de miembros de la OCDE que no dispone de medidas adecuadas para salvaguardar la intimidad y el estatus laboral de los denunciantes

 

A finales de abril se hizo pública la propuesta de la directiva europea para la protección de los denunciantes de corrupción o fraude y violaciones de las leyes en los países de la Unión Europea, que regula un "estatuto legal de protección del denunciante" que elevará el nivel de protección de los trabajadores, en consonancia con los Derechos Sociales Europeos (Pillar of Socials Rights).

A diferencia del proyecto español de ley de lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes (en tramitación parlamentaria), que limita la protección a los funcionarios del sector público, la directiva extiende la aplicación de estatuto legal de protección a los trabajadores del sector privado.

En concreto, la directiva impone a las empresas privadas con más de 50 trabajadores o con un volumen de negocio anual de más de 10 millones de euros, y a las Administraciones nacionales y regionales, así como a los municipios con más de 10.000 habitantes, a implementar un canal de denuncias interno y un procedimiento para gestionar las comunicaciones y denuncias, fijándose un plazo de respuesta de tres meses.

La norma, asimismo, establece dos niveles más de canales de denuncia para el caso de que los canales internos no funcionen o no se adopten las medidas adecuadas. Los Estados miembros deben proporcionar canales adecuados para denunciar ante las autoridades competentes e incluso, de existir un peligro inminente para el interés público, a los medios de comunicación.

La utilización del canal de denuncias debe activar la aplicación del estatuto de protección del denunciante que comprende, entre otras medidas, garantizar la confidencialidad, la prohibición de represalias, con sanciones en caso de que existieran, acceso a asesoramiento gratuito y protección en los procedimientos judiciales.

Protección más que deseable ante la ausencia en España de una regulación en defensa de los denunciantes. Nuestro país se encuentra entre el reducido grupo (15%) de miembros de la OCDE que no disponen de medidas adecuadas para salvaguardar la intimidad y el estatus laboral de los denunciantes, cuando, por el contrario, la legislación española obliga a las empresas a imponer a sus empleados la obligación de informar de riesgos e incumplimientos en el ámbito de prevención y detección de delitos.

Temor a las respresalias

En efecto, en el ámbito de la responsabilidad penal de las empresas, el Código Penal español establece que las mismas quedarán exentas de responsabilidad si establecen modelos de organización y gestión que incluyan medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

Estos modelos de organización y gestión deben disponer, como requisito indispensable, de un canal de denuncias y la imposición de la obligación de denunciar a todos los empleados.

El uso de estos canales es limitado, siendo uno de los principales motivos el temor a posibles represalias para el denunciante. Este temor puede aliviarse con la externalización del canal, sin embargo, nuestra experiencia en la gestión de canales externos nos indica, de manera inequívoca, que se hacen necesarias medias adicionales que fortalezcan la confidencialidad e indemnidad de los denunciantes y que les haga sentir protegidos a la hora de poner de manifiesto posibles riesgos o incumplimientos que pongan en funcionamiento los mecanismos de prevención y control para evitar la comisión de delitos.

Es evidente que la directiva tendrá efectos directos en las empresas y en sus mecanismos de control interno y evaluación y gestión de riesgos, dado que deberán adoptar los procesos y procedimientos adecuados para implementar un canal de denuncias, tramitar las comunicaciones que lleguen al mismo, adoptar las medidas adecuadas para, en su caso, corregir y sancionar conductas, y todo ello garantizando la protección de los denunciantes.

 

Artículo de opinión escrito por Jordi Sot, socio de Compliance, en el diario Cinco Días. Puede leer el artículo aquí

31.07.2018

El Consell General de Turismo de Barcelona ha nombrado a Joan Torrella nuevo director general del Consorcio en sustitución de Jordi William Carnes, que dimitió el pasado mes de febrero.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha presidido la reunión del Consell General de Turismo de Barcelona, que ha aprobado la propuesta del comité ejecutivo designando a Torrella como Director General, tal y como propuso el Comité Ejecutivo de la entidad a principios de julio, y a Ignacio Toda, abogado de Toda & Nel-lo, como Secretario General.

Acceda al comunicado de prensa difundido por el Ajuntament de Barcelona aquí. Puede leer la noticia en Europa Press o La Vanguardia

26.07.2018

La compañía italiana Amplifon ha adquirido el 100% de la compañía catalana Gaes por 528 millones de euros para crear el líder mundial en centros auditivos. Para la operación, GAES ha contado con Toda & Nel-lo como asesor

Gaes, propiedad de la familia Gassó, ha destacado que la integración en Amplifon le permitirá impulsar el proceso de internacionalización puesto en marcha en los últimos años. La firma, fundada en 1949 y cuya sede en Barcelona cuenta con 1.800 empleados en todo el mundo, y está presente en España, en Portugal, Andorra, Argentina, Chile, Ecuador, Panamá, Colombia y México. El acuerdo impulsará la expansión de la marca Gaes que pasará a liderar el mercado español y a consolidar su presencia en el latinoamericano.

La compañía catalana cuenta con más de 600 puntos de venta en todo el mundo, 500 de ellos en España, y el año pasado registró unos ingresos de 210 millones y un beneficio bruto de explotación o ebitda de 30 millones. Por su parte, Amplifon es el líder global de cuidado auditivo en el sector retail. Cuenta con 14.000 colaboradores y una red de más de 10.000 puntos de venta en 21 países de los 5 continentes. Para esta operación Gaes ha contado con el asesoramiento jurídico de Toda & Nel-lo, despacho de referencia de la compañía desde hace más de 22 años,y  en concreto para este proyecto con los abogados Javier Hernández, como responsable, y con Pau Nel-lo y Manuel Berzosa.

Pueden leer la noticia en EFE y en Expansión

 

24.07.2018
Poursuivant sa dynamique de croissance, Toda & Nel-lo annonce l'ouverture de son bureau à Madrid.
 
Madrid est une plate-forme stratégique pour les acteurs privés et publics qui souhaitent développer leurs activités sur tout le territoire espagnol.
 
Sa position privilégiée en fait également un carrefour important entre l'Europe, l'Amérique du Sud et l'Afrique.
 
L'ouverture du bureau de Madrid fait partie de la volonté de Toda & Nel-lo d'accompagner ses clients dans leurs meilleurs intérêts dans la mise en œuvre de leurs projets en Espagne et à l'étranger.
 
Fondé en 1992, le cabinet est aujourd'hui composé de plus de cinquante-cinq avocats et intervient dans tous les domaines du droit, avec une expérience reconnue dans le traitement de dossiers liés aux affaires publiques-privées ou aux affaires franco-espagnoles.
 
 
            
23.07.2018

Como era de esperar, la política de gestos ha llegado a las amnistías fiscales, que se erigen así en nueva víctima propiciatoria (una más en el ámbito tributario) en esta etapa que nos ha tocado vivir, en la que nuestros dirigentes se afanan en tuitear mensajes que calen rápido y que actúen como una suerte de efecto placebo ante la opinión pública, sin considerar que el mero paso del tiempo terminará por demostrar que, en su momento, estuvimos ante una mera gesticulación exagerada, un brindis al sol político sin efectividad jurídica.

El anuncio ayer del presidente del Gobierno de prohibir por ley ordinaria las futuras amnistías fiscales es posiblemente tan grandilocuente y efectista a nivel mediático como inefectivo a nivel jurídico. Y es que, como expondremos a continuación, únicamente si esa prohibición se introdujera mediante una reforma de nuestra Constitución (modificada sólo en dos ocasiones desde 1978) podríamos hablar de una prohibición real y efectiva.

1. Principio de jerarquía normativa. De acuerdo con ese principio, existen principalmente tres rangos normativos, a saber (por este orden): las normas de rango constitucional, las de rango legal y las de rango reglamentario. Ello implica que una cierta disposición reglamentaria pude incurrir en un vicio de ilegalidad que conlleve su ineficacia o expulsión tras su declaración como “reglamento ilegal”. En cambio, una ley sólo podría ser expulsada del ordenamiento jurídico por ser inconstitucional o, en su caso, contraria al Derecho comunitario europeo, que, por cierto, nada regula en materia de amnistías fiscales; téngase en cuenta, además, que jamás podríamos estar ante una “ley ilegal”.

2. Inconstitucionalidad manifiesta de todo reglamento que apruebe un amnistía. A propósito de la controvertida amnistía fiscal de 2012, el Tribunal Constitucional ya dejó claro (sentencia del 8 de junio de 2017) que es inconstitucional la aprobación de una amnistía a través de una norma reglamentaria o de un Real Decreto-Ley (como fue el caso del Real Decreto-ley 12/2012 aprobado entonces por el Gobierno de Rajoy). En ese sentido, a fecha de hoy resulta claro que la aprobación de una nueva amnistía sólo podría hacerse mediante ley ordinaria.

3. Principios de temporalidad y de especialidad legal: una ley prohibiendo amnistiar cedería ante cualquier amnistía aprobada por ley posterior.En ausencia de prohibición constitucional, cualquier ley que en el futuro pueda establecer una amnistía fiscal sería absolutamente válida (constitucional y, por supuesto, legal). Ello sería posible incluso sin necesidad de que esa ley previera una derogación expresa de la ley anterior prohibitiva, por cuanto así lo establecen los principios generales del Derecho. En particular, cabe referirnos a dos principios elementales: el de especialidad –la ley específica aprobando una nueva amnistía podría imponerse sobre la prohibición genérica de amnistiar prevista en otra ley– y, sobre todo, el de temporalidad (la ley posterior prevalecería, en su caso, sobre la ley anterior).

4. La reforma constitucional, la única vía para un blindaje real. Así las cosas, si realmente este Gobierno, a través del Parlamento, desea prohibir nuevas amnistías fiscales, el (único) cauce adecuado sería la reforma constitucional: debería introducirse un nuevo artículo en la Constitución, de manera que una hipotética ley aprobando una amnistía ya no tendría cabida en nuestro sistema. Es decir, estaríamos entonces ante una “ley inconstitucional”. Por ello, si el Grupo Socialista (o cualquier otro grupo del arco parlamentario) pretendiera establecer ahora ese blindaje constitucional, precisaría nada menos que de 3/5 partes de apoyos de los diputados y de la mayoría absoluta de los senadores.

En definitiva, la anunciada ley prohibiendo (o limitando) amnistías fiscales podría ser poco menos que “papel mojado” tan pronto como una determinada mayoría parlamentaria (simple) decidiera legislar a favor de una nueva amnistía fiscal. Efectista sí, pero, ¿realmente efectivo?

   Artículo de opinión escrito por Albert Mestres, counsel de Fiscal de Toda & Nel-lo

18.07.2018

La firma ficha a Jacobo Ollero, que se incorpora al despacho procedente de Jiménez de Parga, para liderar el proyecto como socio del área de mercantil e internacional

Toda & Nel-lo da un paso más en su estrategia de crecimiento abriendo oficina en Madrid, donde la firma incorpora a Jacobo Ollero, procedente del bufete Jiménez de Parga, para liderar el proyecto como socio responsable de mercantil e internacional.

La firma fundada por Ignacio Toda y Ricard Nel-lo contará en Madrid en un principio con un equipo de siete personas, donde también se incorpora Carlos Martos como socio responsable del área de procesal.

Este movimiento responde a la apuesta de Toda & Nel-lo por impulsar su plan de expansión y de alinearse con los intereses de sus clientes con operaciones en Madrid. La firma, que ha doblado las cifras de negocio y de abogados en los últimos cinco años, tendrá una facturación que rondará los siete millones de euros este año, un 15% más que el ejercicio anterior.

El bufete, que nació en 1992, cuenta ya con un equipo de más de cincuenta y cinco abogados entre las oficinas de Madrid y Barcelona, ofrece servicios jurídicos en todas las áreas del Derecho y está especializado en asuntos público-privados.

El nuevo socio del despacho, Jacobo Ollero, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y está especializado en Derecho Mercantil, de Nuevas Tecnologías y Derecho del Deporte y Licensing.

17.07.2018

Catherine Marti de Anzizu, socia de Toda & Nel-lo y responsable del French Desk del Despacho, acudió, en su cargo como Consejera de Comercio Exterior de Francia (CEE), al último Forum Europe des Conseillers du Commerce Extérieur los días 2 y 3 de julio en Lyon. Junto a Emmanuel Mielvaque, presidente de CCE en España, llevó a cabo una presentación sobre las oportunidades de inversión en España y las claves de éxito para implantar empresas en nuestro país.

Organizado por CCE Auvergne-Rhône-Alpes, en colaboración con  CCE Alemania, España e Italia, el encuentro contó con la asistencia de más de 178 empresas de la región y con intereses económicos en estos países.

Durante el encuentro tuvieron lugar numerosos espacios dedicados al networking y se organizaron sesiones de testimonios de empresas sobre casos de éxito en Alemaia, España o Italia.

10.07.2018