Un Reglamento europeo modificará de manera significativa las reglas aplicables a las sucesiones transnacionales a partir del 17 de agosto de 2015.

La nueva reglamentación afectará a más de 12 millones de ciudadanos residentes en algún Estado de la UE diferente al de su nacionalidad, así como a las parejas de distinta nacionalidad, cada vez más frecuentes en el seno de la Unión.

El Reglamento ofrece a los ciudadanos la posibilidad de elegir, bajo determinados requisitos, la Ley aplicable a su sucesión.

Con el fin de analizar en profundidad los cambios que el Reglamento introduce, el próximo 18 de junio de 2015 se celebrará en París una jornada monográfica, en la que TODA & NEL-LO participará activamente como ponente, aportando su experiencia en el marco de las sucesiones internacionales.

Consulte el programa íntegro de la jornada aquí

                                                

30.04.2015

El pasado 24 de diciembre entró en vigor una importante modificación de la Ley de Sociedades de Capital que tiene por objeto la mejora del gobierno corporativo. Estas modificaciones afectan principalmente a la Junta General y al Órgano de Administración.

En relación con la Junta General, cabe destacar la ampliación de sus competencias, la necesidad de votación separada de determinados asuntos, la nueva regulación del derecho de voto en casos de conflictos de interés, del derecho de información, así como del régimen de impugnación de acuerdos sociales.

En cuanto al Órgano de Administración, las reformas afectan especialmente al régimen de retribución de los administradores, a la regulación de los deberes de diligencia y lealtad, al régimen de responsabilidad, a la delegación de facultades y a la figura del Consejero Delegado, destacando la necesidad de que éste suscriba con la Sociedad  un contrato en el que se detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones, primas de seguro y contribuciones a sistemas de ahorro.  

Acceda al ARTÍCULO COMPLETO aquí

20.02.2015

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 21 de enero el texto con la reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Ha sido un proceso largo y complejo teniendo en cuenta la cantidad de enmiendas presentadas por todos los grupos parlamentarios, pero todo parece indicar que finalmente la esperada reforma verá la luz en marzo de este año.

En el área de la responsabilidad penal corporativa (“Corporate Defense”) esta reforma tiene una especial importancia debido a varios motivos entre los que destacaríamos:

  • Los programas de prevención de riesgos penales (también conocidos como programas de “compliance” penal) exoneran a las personas jurídicas de la responsabilidad penal por los delitos cometidos en su organización. 
  • Se establecen los requisitos mínimos y fundamentales que debe contener un programa de “compliance” penal para poder considerar que la persona jurídica cuenta con un modelo de organización y control adecuado y acorde al debido control exigido por el propio Código Penal.  

De esta manera, no cabe duda de que la inminente reforma refuerza la necesidad de todas las entidades jurídicas de fortalecer su cultura de gestión del riesgo empresarial que deberá incluir, sin más dilación,  la prevención de riesgos penales.

Desde el área de Corporate Defense de Toda & Nel-lo ofrecemos a nuestros clientes la elaboración de un sistema de prevención de riesgos penales personalizado para proteger de una posible responsabilidad penal a las entidades jurídicas así como a sus representantes legales,  administradores, consejeros-delegados y altos directivos.

Para más información pueden ponerse en contacto con Jordi Sot Ball-Llosera, Abogado Asociado y Director del área, y Berta Casas Sabata, Abogada, ambos especializados en Corporate Defense, a través de las siguientes direcciones de correos:

 jsot@todanel-lo.com    /     bertacasas@todanel-lo.com

El pasado lunes día 24 de noviembre de 2014 se cumplieron 20 años desde la aprobación de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos (en adelante, LAU). Dicha efeméride no tendría más consideración que la de anecdótica si no fuera porque la propia Ley, en su Disposición Transitoria Tercera, establece que determinados contratos de local de negocio otorgados con anterioridad al 9 de mayo de 1985 bajo la vigencia del Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 (en adelante, LAU 64) finalizarán a los 20 años contados desde su aprobación, o bien a los 20 años contados desde su entrada en vigor, la cual se produjo el 1 de enero de 1995.

Ello significa que el pasado 24 de noviembre expiraron legalmente unos contratos y que el próximo 31 de diciembre expirarán otros, con las consecuencias jurídicas, y sobre todo económicas, que ello puede suponer tanto para el arrendador como para el arrendatario.

Conozca un análisis jurídico sobre esta cuestión con la lectura del artículo al que puede acceder aquí.

05.12.2014

Apenas un año después de haber sido declarada en concurso voluntario de acreedores, Precintia international, S.A. logró el pasado día 24 de octubre la aprobación de la propuesta de convenio presentada ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Barcelona. La compañía catalana, líder en el sector de la fabricación y comercialización de precintos de seguridad, logró la aprobación de un convenio concursal que permite dar viabilidad a la compañía y que consolida su reestructuración financiera.

Para acometer dicha reestructuración y lograr la superación del trámite concursal, Precintia ha contado con el asesoramiento del despacho Toda & Nel-lo Abogados y de la consultoría estratégica Corporate Advisory, con un equipo de letrados y economistas liderado por Albert Faus y Juan Carlos Llena. En la fase decisiva del proceso concursal, la propuesta de convenio se aprobó con prácticamente el setenta por ciento de adhesiones de los acreedores, entre los que se cuentan los principales proveedores de la compañía, sus entidades financieras de referencia y, también, la práctica totalidad de su plantilla.

La Compañía se vio obligada a instar el concurso a principios de octubre de 2013, ante la necesidad de ajustar su situación financiera a la reducción de ventas experimentada por el sector a raíz de la crisis. La directora general de Precintia, Elisabeth Baucells, mostraba su satisfacción con el acuerdo alcanzado, "que garantiza la continuidad de la empresa y de los puestos de trabajo actuales, y que nos estimula para seguir afrontando los retos de futuro, que son muchos e importantes tanto a nivel de producto como de servicio a nuestros clientes".

Precintia internacional –con una plantilla de más de cien trabajadores– sigue siendo líder en España en la producción y comercialización de precintos de seguridad, contando entre sus clientes con compañías líderes en sectores como la banca, la alimentación, la energía, el transporte aéreo o la distribución y logística. Tras la reestructuración que ha supuesto el concurso de acreedores, la compañía apunta claramente a su expansión internacional. 

28.11.2014

Según la doctrina iuslaboralista, se entiende por ultraactividad del convenio colectivo, la prórroga de su contenido normativo  más allá de su vigencia o período de duración pactado en el mismo. Hasta la irrupción en escena de la reforma laboral por Ley 3/2012, el artº 86.3 del ET garantizaba a los trabajadores cuyo convenio colectivo había sido denunciado por pérdida de vigencia del mismo y –salvo pacto en contrario- la extención de la vigencia de  su contenido normativo en tanto en cuanto no quedara sustituído por uno nuevo. De esta forma, se garantizaba a los trabajadores afectados, no quedar huérfanos de  norma paccionada. Ello no era, sino , un reflejo de la protección constitucional del derecho a la negociación colectiva consagrado en el artº 37 de nuestra Carta Magna, en el marco  no solo de la autonomía de la voluntad de los interlocutoros sociales, sino también de la fuerza vinvulante de los convenios como fuente de derecho de las relaciones laborales (artº 3.1.b ET).

La Ley 3/2012 de 6 de julio, más conocida como de reforma laboral,  nace con la vocación de flexibilizar las relaciones laborales y según su preambulo en relación con la  la regla de la ultraactividad  de los convenios colectivos, para evitar la petrificación de las condiciones de trabajo pactadas en convenio .

Así las cosas, la nueva redacción del artº 86.3, incorpora la limitación de un año para la ultraacitividad de los convenios colectivos en contraposición a la regla que regía con anterioridad a la reforma en virtud de la cual, la ultraactividad era ilimitada en el tiempo hasta que las partes no fueran capaces de lograr un nuevo convenio o bien, hubiéran dispuesto otra cosa.  Dicho cambio de calado por su relevancia económica y trascendencia jurídica  ha constituído una de las banderas de rechazo a la reforma laboral por parte de los sindicatos.  

En efecto, dispone actualmente la norma que “transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquél perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiére, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación” . Para mayor claridad la disposición transitoria cuarta de la Ley ordena que el plazo de un año empieza a computarse a partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley, es decir, el 7 de julio de 2012. Ello significa que aquellos convenios colectivos denunciados antes de la entrada en vigor de la Ley, han gozado de una ultraactividad limitada a un año, pérdiendo ésta el 8 de julio de 2013, con lo que sino se ha alcanzado un nuevo convenio y si no hubiére otro de ámbito superior que fuera de aplicación, como regla subsidiaria debe entenderse, tal y como sostiene la doctrina mayoritaria, que será de aplicación la norma laboral general y ordinaria, a la sazón, el Estatuto de los Trabajadores. Situación que sin duda genera una inseguridad jurídica, cuando ésta es un valor constitucional consagrada en el artº 9.3 de la Carta Magna.

Sentada la explicación del sentido y alcance de la ultraactividad de los convenios colectivos, poniendo de manifiesto donde reside el cambio legislativo, constituye interés de este artículo analizar en el breve espacio de que disponemos, la  doctrina sentada por la Sentencia de la Audiencia Nacional de 23.7.13, que con ocasión de un pleito promovido por el SEPLA contra AIR NOSTRUM LINEAS AEREAS DEL MEDITERRANEO S.A ., en el que se discutía si tras la denuncia del convenio colectivo con anterioridad a la reforma laboral debía operar la ultraactividad limitada al año como sostenía la empresa o por el contrario sin límite alguno como sostenía el Sindicato amparándose en que la nueva disposición señala que el límite de un año de ultraactividad opera “salvo pacto en contrario”.

Esta expresión legal “salvo pacto en contrario” la hace valer el Sindicato anudándolo con lo pactado en su día en el convenio colectivo denunciado por pérdida de su vigencia. En dicho convenio, las partes establecían que mientras el convenio no se sustituyéra por otro, las condiciones salariales mantendrían las cuantías alcanzadas sin sufrir ningún tipo de variación. Dicha voluntad de las partes se reforzaba al convenirse igualmente que las cláusulas normativas del convenio permanecerían vigentes hasta tanto no entrara en vigor un nuevo convenio.

Sostiene pues el SEPLA, que el nuevo artº 86.3 ET establece un régimen de ultraactividad limitada solo en defecto de pacto y tal pacto concurre en ese caso, por lo que no debe operar la fecha límite de un año de la DT4ª de la Ley sino el ámbito temporal fijado por las partes en el propio convenio denunciado.

Se argumenta pues, que fue voluntad de las partes no dejar un vacio normativo paccionado durante las negociaciones del nuevo convenio y por esa razón se extendía el convenio, tanto en su clausulado salarial como normativo, hasta la consecución de otro.

Por su parte, la empresa vino a sostener que la expresión “salvo pacto en contrario” a que alude el nuevo artº 86.3 ET, se limita a reproducir lo dispuesto en la Ley vigente en el momento de la suscripción del convenio y consiguientemente lo pactado en su día en el convenio denunciado no era más que un reflejo legal del entonces vigente artº 86.3. Es decir, que la prórroga de las condiciones salariales asi como de su contenido normativo enfatizaba la regla general de ultraactividad, persiguiendo consecuentemente el mismo objetivo y sin aportar nada nuevo. Así mismo y al no existir otro convenio de ámbito superior las relaciones laborales quedaban cubiertas solo por la normativa laboral general (Estatuto de los Trabajadores)

Presentadas las posiciones de las partes, la sentencia de la AN resuelve en sentido favorable a la postura y argumentación de la parte social frustrando con ello las expectativas generadas tras la reforma por el sector patronal en orden a la limitación de la ultraactividad.

Sostiene dicha resolución que  efectivamente el inciso legal “salvo pacto en contrario” opera como principal frente al límite de ultraactividad de un año que tendría un cáracter subsidiario. Con ello la sentencia hace valer la expresión “pacto en contrario” que incorpora la norma con el acuerdo alcanzado en el convenio que establecía expresamente que mientras no existiera otro convenio permanecería vigente su contenido normativo.

Afirma la sentencia que la regla de la ultraacitividad  limtada no es absoluta ni imperativa y que   el artº 86.3 ET no establece una disposición de carácter indisponible sino que expresamente otorga primacía a la autonomía colectiva al remitir a “los términos que se hubiésen establecido en el propio convenio” en cuanto a su vigencia  “ una vez denunciado y concluida la duración pactada”, y al mencionar el “pacto en contrario”. Signos inequívocos a juicio del Tribunal en virtud de  lo cuales se prioriza el acuerdo por encima del automatismo o regla subsidiaria de la ultraactividad limitada.

La solución que ofrece la AN todo y que no crea jurisprudencia, sí que de momento y mientras no sea revocada por el TS, tiene un innegable valor  doctrinal que puede proyectarse sobre una gran cantidad de convenios previos a la reforma que contienen cláusulas de ultraacitividad; pudiendo afirmar, tal y como apunta la sentencia objeto de comentario, que el cambio normativo pueda perder fuerza. La cláusula del convenio denunciado que a criterio de la AN se concibió  con la vocación de perpetuar la ultraactividad ilimitada más allá de cualquier cambio legislativo atemperando esa regla de prórroga indefinida, puede constituir una via para eludir la inequivoca intención del legislador en orden a limitar la ultraacitividad. La sentencia descansa –sin duda-  en el marco de la contrareforma ya anunciada por el sector progresista de la Magistratura del orden social.