La contribución de las empresas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible se encuentra en el desarrollo de acciones filantrópicas, mediante las que se pretende mejorar las condiciones sociales, ambientales o económicas de los entornos en los que cada compañía opera. Esos actos tienen sin duda impactos positivos cuantificables en cada uno de esos frentes, además un beneficio reputacional para la empresa, que debe ir de la mano de las Administraciones Públicas y de las propias entidades no lucrativas...

En un artículo escrito para el diario Cinco Días, Jorge Pipaón, Abogado del Estado y socio de Derecho Público de Toda & Nel-lo, y por Ignacio Goytisolo, socio director de Derecho Tributario del Despacho, exponen que los poderes públicos son los que deben liderar estas alianzas a tres bandas (empresas, ONGs y Administración Pública) para promover la transparencia e incentivar en el mercado un comportamiento responsable en este ámbito. 

 

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12.02.2019

Disponer a la empresa de medidas racionales y eficaces de control para prevenir riesgos penales puede evitar delitos, o en el caso de producirse, exonera de responsabilidad penal a la empresa, así como a sus administradores y directivos.
 

Toda & Nel-lo participa nuevamente en el ciclo de jornadas formativas "Responsabilidad penal de las personas jurídicas: Sistema de prevención de riesgos penales" en colaboración con Martell Abogados y organizadas por la Cambra de Comerç de Barcelona, en las que se explica qué son los programas de Compliance, qué objetivos persiguen y qué ventajas pueden suponer para las empresas. 
 

A continuación, el calendario de sesiones para el primer semestre de 2019.

 

Para inscribirse en la próxima sesión puede hacer clic aquí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA

LUGAR

HORA

6 marzo 2019
(miércoles)

Cambra Comerç Barcelona
5A (aula 6)

9.15-10.45h

20 marzo 2019
(miércoles)

Cambra Comerç Barcelona
5A (aula 6)

9.15-10.45h

3 abril 2019 
(abril)

Cambra Comerç Barcelona
5A (aula 6)

9.15-10.45h

8 mayo 2019 
(miércoles)

Cambra Comerç Barcelona
5A (aula 6)

9.15-10.45h

29 mayo 2019
(miércoles)

Cambra Comerç Barcelona
5A (aula 6)

9.15-10.45h

5 junio 2019
(miércoles)

Cambra Comerç Barcelona
5A (aula 6)

9.15-10.45h

3 julio 2019
(miércoles)

Cambra Comerç Barcelona
5A (aula 6)

9.15-10.45h

10 julio 2019
(miércoles)

Cambra Comerç Barcelona
5A (aula 6)

9.15-10.45h

 

Toda & Nel-lo figura en el ranking de operaciones del diario Expansión en cuanto a transacciones destacadas en compraventa de empresas de 2018 por el asesoramiento a Freixenet en la compra por Henkell, y a GAES en la compra por Amplifon.

 

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Toda & Nel-lo impulsa el despacho de Madrid y refuerza el departamento de Derecho Administrativo con el fichaje de Jorge Pipaón como socio.

Pipaón cuenta con más de quince años de experiencia en el Sector Público. Como Abogado del Estado ha desempeñado importantes funciones, destacando su cargo como secretario general técnico del Ministerio de Hacienda y Función Pública, la jefatura de la Abogacía del Estado en la Secretaría de Estado de Comercio y como Abogado del Estado jefe en la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.

Asimismo, entre otras, ha desarrollado su función pública en el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), y también ha sido miembro del Consejo de Administración de SEITTSA (Sociedad Estatal de Infraestructuras y Transporte Terrestre), de Navantia y de CESCE. Igualmente ha ejercido de secretario del consejo de la sociedad España Expansión Exterior.

Con esta incorporación, Toda & Nel-lo suma ya un total de dieciséis socios entre las oficinas de Madrid y Barcelona.
 

29.01.2019

El pasado 19 de diciembre de 2018, tras su publicación en el BOE, entró en vigor el Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno en virtud del cual se realizaban una serie de reformas legales relacionadas con la vivienda.

Si bien la reforma afectaba a diversas normas, la más mediática de todas ellas fue, sin duda, la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos con el aumento de los plazos obligatorios del arrendamiento de vivienda de tres a cinco o siete años, dependiendo de si el arrendador fuera persona física o jurídica.

Dado que la fórmula escogida por el Gobierno fue la de vehicular la reforma a través de Decreto Ley, amparándose en motivos de urgencia, el mismo requería de su posterior convalidación por el Congreso de Diputados.

El día 22 de enero de 2019 estaba convocada una sesión extraordinaria del Congreso de los Diputados para convalidar el referido Real Decreto Ley y la misma no ha salido adelante al haber votado en contra de la misma Podemos (además del PP, Ciudadanos, ERC y Bildu).

Al no ser convalidado el Decreto por el Congreso, la reforma queda sin efecto, por lo que a partir de ahora volvemos a la regulación anterior al Decreto de todas las normas a las que el mismo afectaba.

Jordi Sot, socio responsable del área de Compliance de Toda & Nel-lo, analiza en este artículo de Cinco Días las claves de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD 3/2018). 

 

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Los abogados del departamento de Procesal de Toda & Nel-lo Víctor Tapiol y Lluís Nel-lo analizan para el diario El País la Ley de Segunda Oportunidad, un salvavidas que está siendo utilizado muy por debajo de lo esperado

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A continuación se pueden descargar el artículo del diario el Economista, que recoge declaraciones del socio de Toda & Nel-lo José María Arnedo, experto en Urbanismo e Inmobiliario, sobre las nuevas medidas en materia de vivienda y alquiler, que comprende la modificación de cinco normas:

  • la Ley de Arrendamientos Urbanos,
  • la Ley sobre Propiedad Horizontal,
  • la Ley de Enjuiciamiento Civil,
  • el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y
  • el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

 

 

Mª Antonieta Fernández, counsel de Derecho Administrativo de Toda & Nel-lo, se ha integrado en el equipo de dirección del SDL (Seminario de Derecho Local) que organiza la FMC (Federació de Municipis de Catalunya), que cuenta ya con más de treinta años de existencia. Actúa como think tank del mundo local y en él se debaten temas de actualidad jurisprudencial y legislativa con incidencia en el mundo local.

La presentación del nuevo equipo directivo, liderado por Juli Ponce Solé, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona y director del instituto TransJus, tuvo lugar durante el Seminario de Derecho Local el pasado 14 de diciembre. Durante la jornada María Antonieta Fernández presentó, como en anteriores sesiones, el informe de actualidad jurídica del seminario.

La FMC es una asociación formada por municipios y entes locales de Cataluña constituida para la promoción de la autonomía local. Está integrada en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y participa, en el marco de la acción municipalista internacional, en la organización Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), que es la entidad municipalista de más representativa a nivel internacional.

 

20.12.2018

El 18 de diciembre de 2018 el Gobierno publicaba en el BOE el R.D. Ley aprobado en el Consejo de Ministros del pasado viernes 14, en virtud del cual se realizan una serie de reformas relacionadas con la vivienda.

El Ejecutivo califica las medidas como de urgentes, de ahí su adopción vía Decreto-Ley. La urgencia se fundamenta en cinco motivos:

  • La grave situación de vulnerabilidad económica y social de un gran número de familias y hogares para afrontar los pagos de una vivienda;
  • La existencia de diversos factores que inciden en el incremento de los precios del mercado de la vivienda;
  • La escasez del parque de vivienda social existente en España;
  • El crecimiento del número de desahucios vinculados a contratos de alquiler;
  • Y las deficiencias que en materia de accesibilidad sufren diariamente las personas con discapacidad y movilidad reducida.

Si bien la reforma con más repercusión mediática concierne a la Ley de Arrendamientos Urbanos, la misma también afecta a otras normas, esto es, a la Ley de Propiedad Horizontal estatal (no a la regulación catalana), a la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Régimen de las Haciendas Locales y a la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

Tiempo habrá de analizar lo acertado o no de la reforma, así como la suficiencia de las medidas introducidas pero, dada la inminencia de su entrada en vigor (al día siguiente de su publicación), es prioritario enumerar los cambios introducidos por el Gobierno para su conocimiento por arrendadores y arrendatarios.

El Real Decreto-Ley se estructura en cuatro títulos, una disposición adicional, dos disposiciones transitorias y tres disposiciones finales.

El título I introduce la reforma de la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda de la Ley de Arrendamientos Urbanos entre las que destacan:

  • a) Se establece la exclusión del ámbito de aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos de la cesión temporal del uso que comporta la actividad de las denominadas viviendas de uso turístico independientemente de su canal de comercialización.
  • b) En los arrendamientos de vivienda con superficie superior a 300 m2 o renta de 5’5 veces salario mínimo interprofesional, primará la voluntad de las partes y, en su defecto, la Ley y el mismo Código Civil.
  • c) Se extienden los plazos de duración obligatoria para el arrendador (potestativa para el arrendatario), recuperándose los plazos establecidos con anterioridad a la reforma de 2013, es decir, cinco años de vigencia mínima, si el plazo pactado es inferior a ésta.

Ahora bien, como novedad se introduce que, en caso de que el arrendador sea persona jurídica, la duración mínima del contrato obligatoria para el arrendador será de siete años.

El plazo comenzará a contar desde la puesta a disposición de la vivienda al arrendatario. Las renovaciones serán anuales y siempre hasta dicho plazo, salvo que el arrendatario manifieste su voluntad de no renovar.

  • d) En cuanto a la prórroga tácita de los contratos de arrendamiento de vivienda, en caso de inexistencia de denuncia previa de alguna de las partes a la finalización del plazo convenido o la prórroga obligatoria, en su caso, se establece que se prorrogará el contrato durante tres años más.
  • e) Si el plazo de arrendamiento concertado es superior a cinco o siete años, dependiendo de quién sea el arrendador, persona física o jurídica, se podrá pactar que, en caso de fallecimiento del arrendatario, la subrogación sea solo por dicho plazo mínimo.
  • f) Se regulan limitaciones adicionales de actualización de renta y repercusión de gastos durante el período de vigencia obligatoria
  • g) Se prevé que la legislación sobre vivienda podrá establecer el derecho de tanteo y retracto, respecto a la totalidad del inmueble, en favor del órgano que designe la Administración competente en materia de vivienda.
  • h) Las partes podrán pactar cualquier tipo de garantía del cumplimiento por el arrendatario de sus obligaciones arrendaticias adicional a la fianza en metálico. Ahora bien, en el caso del arrendamiento de vivienda, en contratos de hasta cinco años de duración, o de hasta siete años si el arrendador fuese persona jurídica, el valor de esta garantía adicional no podrá exceder de dos mensualidades de renta. Por tanto, se fija en dos mensualidades de renta la cuantía máxima de las garantías adicionales a la fianza que pueden exigirse al arrendatario en contratos que no excedan de la duración mínima obligatoria. El saldo de la fianza en metálico que deba ser restituido al arrendatario al final del arriendo, devengará el interés legal, transcurrido un mes desde la entrega de las llaves por el mismo sin que se hubiere hecho efectiva dicha restitución.
  • i)  Se establece por Ley que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato serán a cargo del arrendador cuando este sea persona jurídica, exceptuando aquellos servicios que hayan sido contratados por iniciativa directa del arrendatario.

El título II introduce modificaciones en el régimen de propiedad horizontal estatal (no aplicables en Cataluña):

  • a)  Se incrementa hasta el 10% del último presupuesto ordinario la cuantía del fondo de reserva de las comunidades de propietarios y se establece la posibilidad de que tales recursos se destinen a la realización de las obras obligatorias de accesibilidad previstas en el artículo 10.1.b) de la LPH.
  • b) Se extiende la obligación de realizar tales obras de accesibilidad en aquellos supuestos en los que las ayudas públicas a las que la comunidad pueda tener acceso alcancen el 75% del importe de las mismas.
  • c) Se explicita la mayoría cualificada (3/5 partes de propietarios y cuotas) necesaria para que las comunidades de propietarios puedan limitar o condicionar el ejercicio de la actividad, o establecer cuotas especiales o incremento en la participación de los gastos comunes de las viviendas destinadas a uso turístico (máximo incremento 20%). Estos acuerdos no pueden ser adoptados con carácter retroactivo.

El título III incorpora una modificación del procedimiento de desahucio de vivienda regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil en aquellos casos que el mismo cuando afecte a hogares vulnerables, estableciendo la necesidad de notificar al demandado con el emplazamiento la posibilidad de que acuda a los servicios sociales, y que a instancia de éstos se suspenda el procedimiento durante un plazo máximo de un mes a contar desde la recepción de la comunicación de los Servicios Sociales al órgano judicial, o de dos meses si el demandante es una persona jurídica.

El título IV, recoge medidas en materia económica y fiscal, e incluye:

a) La modificación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales introduciendo tres medidas en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles:

  • 1º.- Cuando el arrendador sea un ente público, se exceptúa de la obligación de repercutir el impuesto al arrendatario en los supuestos de alquiler de inmueble de uso residencial con renta limitada por una norma jurídica.
  • 2º- Se modifica la regulación del recargo previsto para los inmuebles de uso residencial desocupados con carácter permanente  al objeto de que pueda ser aplicado por los ayuntamientos mediante la aprobación de la correspondiente ordenanza fiscal.
  • 3º.- Se crea una bonificación potestativa de hasta el 95 por ciento para los inmuebles destinados a alquiler de vivienda con renta limitada por una norma jurídica.

b) A fin de facilitar a los ciudadanos las condiciones de acceso al alquiler de viviendas, se introduce una exención para determinados arrendamientos de vivienda en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.

La Disposición Transitoria Primera establece que los contratos de arrendamiento suscritos con anterioridad a la entrada en vigor del real decreto-ley continuarán rigiéndose por lo establecido en el régimen jurídico que les era de aplicación.

La Disposición Transitoria Segunda establece un periodo de tres ejercicios presupuestarios para que las comunidades de propietarios se adapten a la nueva cuantía del fondo de reserva.

La fecha de entrada de vigor de todas estas modificaciones para los nuevos contratos de arrendamiento de vivienda: 19 de diciembre de 2018.
 

La Comisión Europea publicó el 25 de abril de 2018, una propuesta de directiva armonizando los procedimientos de transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas para las sociedades de capital, al constatar que la inadaptación del derecho de sociedades a la movilidad transfronteriza constituye un freno al ejercicio de la libertad de establecimiento para las empresas en el espacio económico europeo.

El objetivo de la directiva es el de fomentar la movilidad transfronteriza de las empresas en la UE con la armonización de las normas del derecho de Sociedades, estableciendo al mismo tiempo salvaguardas para proteger los derechos y los intereses de los trabajadores, acreedores y accionistas (I). Sin embargo, a pesar del mérito de este proyecto, muchas de las medidas previstas pueden ser limitaciones para las empresas que deseen realizar una reorganización transfronteriza, lo que contradice la idea de simplificación del Derecho de Sociedades (II).

La directiva establece que el procedimiento aplicable en el supuesto de fusión trasfronteriza quedará igual a lo establecido en la directiva actualmente vigente nº 2005/56/CE sobre las fusiones transfronterizas , con las excepciones de la introducción de nuevas normas aceleradas para las fusiones “simples”, y de la introducción de medidas suplementarias de protección a los accionistas y acreedores con el fin de armonizar las normas entre los Estados miembros. Por lo que respecta a los procedimientos de  transformaciones y escisiones societarios la directiva modificara la actual Directiva 2017/1132/CE del Consejo, de 14 de junio de 2017.

Así destacar que los procedimientos de transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas establecidos en la nueva Directiva incluyen cuatro grandes etapas:

- La elaboración de un proyecto sobre la operación transfronteriza, y sus modalidades;
- La elaboración, por parte de la dirección de la sociedad, de informes a destinación de los accionistas y trabajadores;
- La presentación de un informe realizado por un perito independiente (con carácter facultativo sólo para las pequeñas empresas) designado por la autoridad competente;
- La verificación de la legalidad de la operación por parte de los Estados miembros de origen y de destino;

Además, con el fin de impedir que estos procedimientos de reorganización transfronteriza sean utilizados para realizar “artificios” encaminados a obtener ventajas fiscales indebidas, la Comisión Europea prevé en el proyecto normas armonizadas que protegen los derechos y los intereses de los  trabajadores, acreedores y socios.

Así, se reconoce a los accionistas que no deseen participar en la operación, un derecho  de separación mediante la cesión de sus acciones a cambio de una “compensación adecuada en efectivo”; se reconoce a los trabajadores un derecho de la información sobre el proyecto de movilidad, sus consecuencias y sus incidencias sobre ellos; y la sociedad que emprenda su reorganización trasfronteriza se verá en la obligación de presentar en el proyecto las medidas que permitirán asegurar la protección de los acreedores.

Esta propuesta de directiva analizada tiene el mérito de establecer un marco armonizado para la realización de las operaciones transfronterizas. No obstante, sus disposiciones podrían crear inseguridad jurídica al dejar al arbitrio de los Estados contratantes la determinación de las cláusulas imprecisas, a la vez que las empresas deberán prever unos nuevos costes, inexistentes hoy.

Efectivamente, muchos de los conceptos de la directiva quedan imprecisos, y deberán, in fine, ser definidos y clarificados por los Estados miembros. Esto conlleva que las sociedades puedan hallarse frente a normativa distinta para unos mismos hechos, en función de la regulación propia de Estado miembro. Ello creará una verdadera situación de inseguridad jurídica, y las empresas para realizar su movilidad transfronteriza se verán obligadas a sortear, en el mejor de los casos los escollos que surjan, sin perjuicio de los potenciales litigios que puedan aparecer fruto de dicha inseguridad.

Tal es caso por ejemplo, cuando la directiva reconoce un derecho a ceder sus acciones y a recibir una compensación adecuada a los accionistas que se opongan a la transformación transfronteriza, sin precisar la significación y el contenido de este concepto “compensación adecuada”.

También es el caso cuando la propuesta de directiva establece que las autoridades competentes puedan bloquear una operación trasfronteriza si reconocen en ella la existencia de un artificio encaminado a obtener ventajas fiscales indebidas, o a perjudicar y/o vulnerar  injustificadamente los derechos de los trabajadores, de los accionistas minoritarios, o de los acreedores. Muchas de las modalidades de estos procedimientos de bloqueo «contra los abusos» quedan o bien imprecisos, o bien en potencial contradicción con la jurisprudencia de la CJUE .

Finalmente, y como se ha anunciado, esta propuesta creará también nuevas cargas económicas sobre las empresas. Así las empresas se verán obligadas a soportar nuevos costes tales como: el coste de la compra-venta de las acciones de los socios que se opongan a la operación transfronteriza, los honorarios del perito independiente, o los gastos de justicia por potenciales procedimientos judiciales incoados por las partes interesadas. 

Por todo ello, es de vital importancia que las empresas de los Estados miembros hagan oír sus voces sobre este proyecto de directiva europea, y aporten sus ideas y su saber hacer con el fin de hacer realidad una texto normativo que armonice y simplifique las operaciones trasfronterizas eficazmente y eliminando las problemáticas aquí anunciadas.

 

 

 

 

Artículo escrito por Catherine Marti de Anzizu, socia responsable del French Desk de Toda & Nel-lo

 

 

[1] Art 86 del proyecto: “la directiva se aplicará a la transformación de las sociedades de capital constituidas de conformidad con el Derecho de un Estado miembro y cuyo domicilio social, administración central o centro de actividad principal en la Unión se hallen en una sociedad regulada por el Derecho de otro Estado miembro”.
[2] Directiva 2005/56/CE relativa a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital.
[3] CJUE, Gran Sala, 25 de octubre de 2017, Polbud, Asunto C-106/16, § 40 no constituye un abuso en sí mismo el hecho de establecer el domicilio, social o real, de una sociedad de conformidad con la legislación de un Estado miembro con el fin de disfrutar de una legislación más ventajosa”.

 

 

 

04.12.2018

Josep M. Balcells y Javier Hernández, socio y counsel, respectivamente, del área de Mercantil de Toda & Nel-lo, aparecen en la 11ª edición de la publicación  Best Lawyers® para España, un ranking de profesionales elaborado con las recomendaciones de sus compañeros de profesión. Son los propios “peers”, quienes valoran la labor profesional de los candidatos y eligen a los premiados. Ambos abogados figuraban en la publicación desde hace años; en concreto, desde 2013 en el caso de Josep M. Balcells, y desde 2015 en el caso de Javier Hernández.

Josep M. Balcells es Socio Director de las áreas Mercantil e Internacional del Despacho; abogado especialista en Derecho Comercial y Societario, así como en Derecho de los Negocios y Contractual internacional. Posee amplia experiencia en el asesoramiento a numerosas empresas españolas y extranjeras en materia de operaciones societarias, contratación y operativa comercial y morosidad.  Igualmente, se ha especializado en materia de distribución comercial internacional (agencia, franquicia y distribución), así como en el sector energético, sector “retail” y en automoción, en sus respectivas regulaciones sectoriales.

Por su parte, la práctica profesional de Javier Hernández se ha centrado principalmente en el área de las fusiones y adquisiciones, financiación corporativa y de proyectos, reestructuración de deuda y mercado de capitales. Ha participado en operaciones de relevancia en diversas áreas de su práctica profesional y su experiencia incluye una amplia variedad de operaciones a nivel nacional e internacional.

27.11.2018