Dos meses y 13 Reales Decretos-Leyes después de la declaración del Estado de Alarma, todavía surgen muchas dudas sobre lo que las empresas pueden y no pueden hacer con sus trabajadores. De todo lo que se ha aprobado, ¿qué medidas siguen vigentes a fecha de hoy? Teletrabajo, adaptación de jornada, contratos temporales… ¿Y qué sucede ahora con los ERTEs? ¿Cómo se ajusta el ERTE de fuerza mayor a la desescalada y, en su caso, al proceso de recuperación paulatina de la actividad? La finalización del estado de alarma ¿supondrá la finalización de los ERTEs de fuerza mayor? ¿Y después de eso, qué? Por un lado, será necesario gestionar la transición de los ERTEs de fuerza mayor a los ERTEs por causas productivas, pero, ¿y si las suspensiones no son suficientes y nos vemos abocados a despedir?

Toda & Nel-lo organizó el 21 de mayo el webinar “Tras 2 meses y 13 Reales Decretos-Leyes… ¿Dónde estamos ahora en el ámbito laboral?”, donde los abogados del equipo Laboral repasaron todas esas cuestiones así como el alcance y las consecuencias del compromiso del mantenimiento del empleo durante 6 meses y de la (mal) llamada prohibición de despedir. Todo ello en un formato de pregunta-respuesta que incidió principalmente en los aspectos prácticos derivados de todas estas cuestiones.

 

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18.05.2020

Toda & Nel-lo, en colaboración con Corporate Advisory Partners, organizó el 13 de mayo el webinar “Post Covid 19 para tu empresa: Plan de contingencia y medidas legales”, en el que se analizaron los planes que, desde un punto de vista económico-financiero y jurídico, deben llevar a cabo las empresas para afrontar la situación de crisis causada por la pandemia del Covid-19.

Durante la sesión participaron Juan Carlos Llena, socio director de Corporate Advisory Partners, y, por parte de Toda & Nel-lo, Javier Hernández, counsel de M&A y Derecho Financiero, Dídac Ripollès, socio responsable del área Laboral, y Albert Mestres, counsel de Derecho Tributario. La sesión fue moderada por Josep M. Balcells, socio responsable de Mercantil e Internacional de Toda & Nel-lo. 

En este enlace se puede acceder a la presentación del webinar

Y en este enlace, la grabación del webinar

Para más información puede ponerse en contacto a través del email: covid19@todanelo.com.

 

08.05.2020

El diario Cinco Días ha consultado a abogados especializados en derecho inmobiliario para analizar el último Real Decreto aprobado por el Gobierno, el 15/2020, que regula medidas de protección para alquileres de locales comerciales. Aunque esta norma, publicada el pasado 21 de abril, tiene como objeto ayudar a los autónomos o pymes que, por los perjuicios derivados de la crisis sanitaria, no pueden hacer frente al pago de la renta de sus locales, consideran que el texto no plantea soluciones del todo eficientes. José Mª Arnedo, socio de Procesal e Inmobiliario de Toda & Nel-lo, es uno de los abogados consultados. 

 

Se puede acceder al artículo aquí.

En este documento hacemos referencia al Real Decreto en cuestión

 

 

 

 

  • Cuando la actividad empresarial disminuye no significa que el riesgo de incumplimiento normativo también lo haga, más bien al contrario, al adoptarse nuevas formas de trabajar.
  • Es muy importante dejar evidencias de todas las medidas que se estén tomando en la organización como, por ejemplo, en la implementación y seguimiento de planes de prevención de riesgos laborales, en las comunicaciones internas o en los protocolos para la seguridad de la información.
  • Todo ello nos ayudará para acreditar la diligencia debida en la prevención de riesgos evitando responsabilidades de la persona jurídica

En este artículo de opinión publicado en el diario Expansión, los abogados de Compliance Jordi Sot (socio) y Berta Casas (abogada senior) señalan que los sistemas de prevención de riesgos y cumplimiento normativo (compliance) no pueden dejarse de lado justamente por encontrarnos en momentos de confusión e inseguridad. Precisamente, es en situaciones como la actual en las que ser proactivos se convierte, por una parte, en una necesidad y, por otra parte, denota una actitud responsable de las empresas.

 

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03.04.2020

Estos días hemos estado tramitando multitud de consultas de nuestros clientes, referentes a qué hacer con todos los contratos que tienen vigentes, ya sean de proveedores, de mantenimientos de instalaciones, de suministro, prestación de servicios, alquileres…

En las medidas adoptadas por el Gobierno de España a través del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, evidentemente, no se da solución a todos los problemas que están surgiendo a las empresas en su día a día.

Las empresas, en su mayoría, ya sea por obligación tras la imposición del Gobierno o, en algunos casos, de forma voluntaria por precaución para evitar una mayor propagación del virus, han paralizado, total o parcialmente, su actividad y, en consecuencia, han procedido a ¿suspender unilateralmente, resolver o incumplir con sus contratos?

Indudablemente, estas no son las soluciones más idóneas, ya que no benefician ni a la empresa que recibe los servicios, ni a la empresa que los ofrece ni, por supuesto, al mercado y al futuro económico del país.

Es por ello que nuestra primera recomendación es que se examine y compruebe el contrato suscrito entre las partes para conocer si existe o no una cláusula o estipulación específica en la cual se exprese y regule una situación excepcional o de fuerza mayor que pueda ser de aplicación y en la que se detalle expresamente el procedimiento que deberán seguir en su caso.

Por ende, si existe la citada cláusula o estipulación, las partes deberán regirse por lo pactado en la misma, dando aplicación a uno de los principios fundamentales del Derecho Civil en materia contractual, el denominado “pacta sunt servanda”, por el cual el contrato obliga a los contratantes y debe ser inexcusablemente cumplido, teniendo las obligaciones nacidas del mismo, fuerza de ley entre las partes.

Una vez analizado lo anterior, lo segundo que debemos hacer es contactar con la otra parte, ya sea para dar aplicación a la cláusula o estipulación que regule esta situación o bien, si no existe previsión alguna en el contrato, para valorar la situación a la que se enfrenta cada una de ellas.

Las circunstancias actuales generadas por la pandemia están provocando que, previsiblemente, alguna de las partes contratantes incumpla con sus obligaciones, generando a la otra parte una situación insostenible en relación con el cumplimiento de sus obligaciones y esto es, precisamente, lo que queremos evitar. Por ello, para superar esta crisis, se recomienda tratar de acordar de forma conjunta la posibilidad de novar o modificar el contrato.

Esta modificación o novación que deberá ser formalizada por escrito, estaría justificada por la aplicación de la doctrina “rebus sic stantibus”, que se fundamenta, de acuerdo con la jurisprudencia, en el riesgo imprevisible, la ruptura del equilibrio contractual de la base del negocio, o la frustración del contrato por causas que hagan imposible o gravoso su cumplimiento para una de las partes en las relaciones negociales obligatorias de los contratos de tracto sucesivo, es decir, continuados en el tiempo o, siendo de tracto único, con obligaciones diferidas en el tiempo.

Como hemos indicado, la aplicación de esta doctrina supondría que los contratantes pueden liberarse del cumplimiento de sus obligaciones contractuales u obtener la modificación de su contenido, siempre y cuando se produzcan circunstancias o situaciones sobrevenidas e imprevistas que impliquen una modificación sustancial del equilibrio de las contraprestaciones de las partes, de modo que el cumplimiento de las mismas sea extraordinariamente gravoso para alguna de ellas.

Esta doctrina que, para un mejor entendimiento del lector, puede traducirse como “estando así las cosas”, se ha venido aplicando de forma muy restrictiva por nuestros tribunales, con un carácter excepcional y, únicamente, cuando realmente existe una “desproporción exorbitante entre las prestaciones de las partes”  porque, tal y como afirma el Tribunal Supremo, su aplicación puede provocar cierta inseguridad jurídica. Es decir, es esencial que, la parte que alegue su aplicación, tenga buena fe y carezca de culpa por no poder cumplir con sus obligaciones contractuales.

Entendemos que la situación actual es un evento que las partes no pudieron razonablemente prever a la hora de contratar y, es por ello que, justificaría la aplicación de esta doctrina ya que, según nuestros tribunales “es el remedio al desequilibrio patrimonial que la alteración de las circunstancias contractuales comporta en caso de una extraordinaria modificación del entorno contractual”  que, en el presente caso, es la aparición del COVID-19 y sus graves consecuencias en nuestro país.

Dado, no obstante, el carácter restrictivo aplicado a esta doctrina por nuestros tribunales, así como la dificultad o incertidumbre de su aplicación con carácter general a todos los supuestos afectados por el COVID-19, es importante resaltar que su aplicación deberá ser única y exclusivamente durante el tiempo que permanezca vigente el estado de alarma dictado por el Gobierno o bien, hasta cuando las partes pacten, por entender que ya se ha normalizado su actividad y desaparece la situación de incertidumbre total.

La sociedad, por lo general, está respondiendo muy positivamente ante esta grave crisis, con multitud de gestos de solidaridad y responsabilidad social, y es por ello que se espera que las empresas reaccionen en el mismo sentido.

Empresarios, trabajadores y ciudadanos hemos asimilado que esta situación nos afecta a todos, ya sea de una forma u otra, y debemos colaborar y tomar decisiones que, entre todos y dentro de lo posible, sean lo menos gravosas para todas las partes, porque todos nos vamos a necesitar para volver a “la normalidad”.

En este mismo sentido se ha pronunciado el Pacto Mundial de Naciones Unidas que ha querido hacer un llamamiento a todas las empresas para que adopten medidas colectivas a fin de frenar el brote de COVID-19, así como se mantengan unidas para facilitar la continuidad de los negocios con el fin de tener una rápida recuperación.

Por tanto, con el objeto de evitar graves e inminentes incumplimientos contractuales y, en consecuencia, evitar futuros inconvenientes y problemas a la hora de reanudar nuestra actividad, se recomienda a las partes afectadas contactar con la otra parte y tratar de encontrar soluciones consensuadas y temporales de forma que, se pueda dar continuidad a la viabilidad de las empresas.

 

 

  Por Isabel García Expósito
 

"En estos días de excepcionales circunstancias, mientras nuestro personal sanitario lucha sin descanso contra la pandemia provocada por el Covid-19 y vela por la salud de nuestros familiares, amigos y conciudadanos (mi más sincero reconocimiento a todos ellos por su extraordinaria labor), los abogados tratamos de poner nuestro granito de arena informando y asesorando en todo aquello que esté a nuestro alcance para mitigar los efectos económicos de esta plaga, que desgraciadamente parece que no serán pocos.

Desde que se decretó el confinamiento domiciliario y el cierre obligatorio de infinidad de negocios, una de las dudas más habituales que se nos han planteado por nuestros clientes, amén de lo relacionado con los contratos de trabajo, son todas aquellas relacionadas con el alquiler.

Téngase en cuenta que ello afecta en igual medida al arrendatario, que puede pasar serias dificultades para pagar la renta y demás importes comprometidos por el hecho de ver su actividad profesional enormemente reducida o anulada por completo, o al arrendador, que puede depender del cobro de la renta para cubrir sus necesidades más básicas y cumplir puntualmente con sus obligaciones de pago...

Leer el artículo completo en Diario Jurídico

 

 

José Mª Arnedo, socio de Procesal e Inmobilario
30.03.2020

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, publicado en el BOE de hoy, 18 de marzo, establece una serie de medidas en relación con los contratos públicos celebrados por entidades del Sector Público.

En síntesis, se prevén las siguientes medidas:

 

A) Contratos públicos de servicios y suministros:

 

En cuanto a los contratos de servicios y suministro de prestación sucesiva, se prevé su posible suspensión si su ejecución deviene imposible por el COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, las Comunidades Autónomas o la Administración local para combatirlo.

Se concretan los daños y perjuicios por los que podrá ser indemnizado el contratista en caso de suspensión.

El órgano de contratación deberá apreciar, a instancias del contratista y en plazo de 5 días naturales, la imposibilidad de ejecución del contrato por la situación, siendo el sentido del silencio negativo. 

Se prevé, asimismo, la prórroga de contratos cuando, su vencimiento, no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación como consecuencia de la paralización de los procedimientos de contratación derivada de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y no pudiera formalizarse el correspondiente nuevo contrato.

En cuanto a los contratos de servicios y suministro distintos de los anteriores, si no han perdido su finalidad como consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19, se prevé la posibilidad de ampliación del plazo inicial o de la prórroga en curso para el cumplimiento.

La ampliación será, en principio, igual al tiempo perdido por la referida situación

En tal supuesto, se prevé el derecho del contratista al abono de determinados gastos salariales, hasta un límite máximo del 10 por 100 del precio inicial del contrato, previa solicitud y acreditación.

Todo lo anterior no resulta de aplicación a los siguientes contratos:

a) Contratos de servicios o suministro sanitario, farmacéutico o de otra índole, cuyo objeto esté vinculado con la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.

b) Contratos de servicios de seguridad, limpieza o de mantenimiento de sistemas informáticos.

c) Contratos de servicios o suministro necesarios para garantizar la movilidad y la seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte.

d) Contratos adjudicados por aquellas entidades públicas que coticen en mercados oficiales y no obtengan ingresos de los Presupuestos Generales del Estado.

 

B) Contratos públicos de obras:

 

Se prevé su posible suspensión si su ejecución deviene imposible por el COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, y cuando esta situación genere la imposibilidad de continuar la ejecución del contrato

Para que proceda la suspensión, el órgano de contratación deberá apreciar, a instancias del contratista y en el plazo de 5 días naturales, la imposibilidad de ejecución del contrato por la situación. 

Asimismo, en los contratos en los que, de acuerdo con el «programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra» estuviese prevista la finalización de su plazo de ejecución entre el 14 de marzo, fecha de inicio del estado de alarma, y durante el período que dure el mismo, se prevé que el contratista pueda solicitar una prórroga en el plazo de entrega, ofreciendo el cumplimiento se da la ampliación.

Se concretan los conceptos indemnizables a los que tendrá derecho el contratista en los casos de ampliación o suspensión, así como las condiciones que deben cumplirse para ello.

 

C) Contratos públicos de concesión de obras y concesión de servicios:

 

Se prevé que la situación de hecho creada por el COVID-19 y las medidas adoptadas por el Estado, las Comunidades Autónomas o la Administración local para combatirlo, puedan dar lugar al concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante, según proceda en cada caso, la ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15 por 100 o mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato.

Ello procederá cuando el órgano de contratación, a instancia del contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de la situación descrita en la norma.

 

 

 

Hoy, 17 de marzo, se ha publicado en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Barcelona el Decreto de Alcaldía de 17 de marzo de 2020, por el que se acuerda la suspensión de los plazos de ejecución de las obras de promoción privada durante la vigencia del estado de alarma, así como la prohibición de la ejecución de las obras, instalaciones y construcciones, siempre y cuando no puedan garantizar las medidas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, las autoridades sanitarias estatales y autonómicas y la Agencia de Salud Pública de Barcelona en materia de prevención y protección contra el Covid-19, así como los requerimientos impuestos en el Real decreto 463/2020.

Se puede acceder al documento aquí

Todos llevamos días cuestionándonos si las distintas afectaciones que se están viviendo en las empresas como consecuencia del Coronavirus y las medidas aprobadas para prevenir su expansión, reúnen las características necesarias para ser consideradas fuerza mayor. Especialmente teniendo en cuenta los efectos que podría tener una declaración “oficial” en tal sentido fuera del ámbito laboral. O en relación a los supuestos en los que el cierre de la empresa o de la actividad no viene dado por una decisión de la autoridad correspondiente, sino por una cuestión preventiva o incluso por la falta de suministros.

En relación a esta cuestión os adjuntamos la nota interna de la Dirección General de Trabajo que ha empezado a circular esta mañana. En esta nota interna el Ministerio de Trabajo considera FUERZA MAYOR prácticamente todo lo que tenga que ver con el Coronovirus, incluidos los aislamientos preventivos y los cierres por falta de suministros. En concreto:

“En general, por lo tanto, deben entenderse integradas en el concepto de fuerza mayor temporal las situaciones de pérdida de actividad debidas a las siguientes circunstancias

a) Las derivadas de las distintas medidas gubernativas o sanitarias de contención adoptadas como consecuencia del Covid-19, incluida la declaración del estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que impliquen o puedan implicar, entre otras, suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y o las mercancías.

A estos efectos todas las actividades incluidas en el anexo del real decreto antes citado se consideran afectadas por fuerza mayor temporal.

b) Las debidas a situaciones urgentes y extraordinarias provocadas por el contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo, que queden debidamente acreditadas.

c) Falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad o impongan la suspensión de ciertas actividades laborales, siempre que traiga su causa en las medidas excepcionales decretadas por la autoridad gubernativa o recomendadas por las autoridades sanitarias, en ambos casos en relación al Covid-19.

No deja de ser una nota interna del Ministerio, y por tanto sin valor normativo. Y estamos a la espera de ver si mañana se aprueban las medidas laborales en relación con los ERTES que anunció el presidente del gobierno en su comparecencia del sábado. Con lo que, una vez más, recomendamos prudencia, paciencia y, en la medida de lo posible, esperar a mañana para conocer las medidas laborales concretas que se aprueban para hacer frente a esta situación.

 

 

Área Laboral de Toda & Nel-lo

 

16.03.2020

El prestigioso directorio legal internacional Chambers & Partners ha reconocido a Toda & Nel-lo como despacho destacado en la guía Chambers Europe 2020. En concreto, el ranking destaca al despacho en las áreas de Derecho Administrativo (Banda 1), Derecho Procesal (Banda 4) y Derecho Mercantil (Banda 4) en Barcelona. 

Además del reconocimiento como firma en dichas áreas, el directorio también destaca a ocho abogados como profesionales destacados en sus respectivas especialidades. En concreto, a Ignacio Toda (Banda 1), Ricard Nel-lo (Banda 2) y Javier García (Banda 3), socios de Derecho Administrativo; Ignacio Goytisolo, socio de Derecho Tributario (Banda 3), Jordi Sot Ball-llosera, socio de Compliance (Banda 3), Dídac Ripollès, socio de Laboral (Banda 4), Albert Faus, socio de Derecho Procesal (Banda 4), y Javier Hernández, counsel de Mercantil - M&A.

Chambers Europe, que también clasifica a los principales despachos y abogados a nivel mundial, elabora estos rankings en base a un profundo análisis por parte de un equipo de investigadores que tienen en consideración la información de los despachos de los últimos 12 meses (asuntos llevados, complejidad, repercusión, etc), así como opiniones de sus clientes e incluso en base a las valoraciones de otros abogados y firmas. 

12.03.2020

Transcurridos casi 10 años de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modificó el Código Penal introduciendo la responsabilidad penal directa de las personas jurídicas, el Tribunal Supremo aún no ha tenido ocasión de manifestarse ni fijar los criterios con los que valorar la eficacia eximente o no de un sistema de prevención de riesgos penales.

Sí que ha afirmado el alto Tribunal que el elemento inicial y objetivo de todo Sistema de Prevención de Riesgos Penales con aspiraciones de ser efectivo ha de ser la convicción y la voluntad de instaurar en la organización, de forma permanente y continua, una auténtica y real cultura corporativa ética y de firme compromiso de respeto a la legalidad.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado en su Circular 1/2016 afirma que la eficacia del Sistema de Prevención radica en la importancia que tiene y que se le otorga en los procesos operacionales, de gestión y de gobierno, tanto por la alta dirección como por los empleados, siendo ello reflejo de la existencia de una auténtica y real cultura corporativa en la organización.

Ante la falta de pronunciamientos sobre la eficacia por parte del Tribunal Supremo, debemos remitirnos y poner el acento en los criterios fijados en los estándares genéricos y específicos sobre sistemas de gestión de riesgos de cumplimiento normativo, cuyos principios han sido recogidos por el Código Penal Español y por la Fiscalía General del Estado en su Circular 1/2016 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Los más actuales marcos de referencia en gestión de riesgos de cumplimiento normativo -Estándar Genérico Internacional ISO 19600:2014 Sistemas de Gestión de Compliance, Estándar Específico Internacional ISO 37001:2017 Sistemas de Gestión Antisoborno y Estándar Específico Nacional ISO-UNE 19601:2017 Sistemas de Gestión de Compliance Penal -recogen el testigo de COSO I (Internal Control-Integrated Framework 1992), de la Australian Standart As 3806-2006 y de la IDW AssS 980 de 2011, acogiendo el binomio eficacia/seguridad razonable.

Todos ellos huyen del concepto de seguridad absoluta -inexistente en los Sistema de Gestión de Cumplimiento Normativo -y hacen referencia a la seguridad razonable, aceptando cierto grado de riesgo residual de incumplimiento, de manera que la materialización de un riesgo (comisión de un hecho delictivo) no implica necesariamente la ineficacia del Sistema.

La eficacia de un Sistema de Prevención de Riesgos Penales en términos de razonabilidad viene recogido en el propio Código Penal en su artículo 31 bis.2.1ª al incluir como primera condición para la eficacia eximente del sistema que éste incluya medidas de vigilancia y control idóneas para prevenirdelitos o para reducir de forma significativael riesgo de su comisión. Con ello, se alinea con el término seguridad razonable y admite la posibilidad de la materialización de hechos delictivos sin que ello implique la ineficacia del sistema y, la consiguiente, responsabilidad penal de la persona jurídica.

De manera más explícita el binomio eficacia/seguridad razonable es recogido por la Fiscalía General del Estado en su Circular 1/2016 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, al manifestar que "todo sistema por eficaz que sea, soportará un cierto grado de riesgo residual, de manera que la capacidad de detección se valorará como elemento de validez y eficacia del modelo de prevención, de manera que detectada la conducta delictiva, corregido el sistema, sancionado el infractor y puesto en conocimiento de la autoridad (capacidad de reacción), la fiscalía deberá solicitar la exención de la responsabilidad penal de la persona jurídica, al evidenciarse no solo la efectividad del sistema, sino también su consonancia con la cultura corporativa existente en la organización."

Si la máxima de la cultura corporativa, desde la perspectiva penal, es la tolerancia cero a la comisión de hechos delictivos, un Sistema de Prevención de Riesgos Penales será eficaz cuando tenga capacidad de garantizar razonablemente que los objetivos de negocio se consiguen sin incurrir en prácticas delictivas garantizando lasostenibilidad de la organización.

En conclusión, un Sistema de Prevención de Riesgos Penales será eficaz cuando garantice razonablemente el "pleno" cumplimiento de la cultura corporativa de tolerancia cero a la comisión de delitos, y para ello deberá tener, además de capacidad de prevención y detección de riesgos penales, capacidad de reacción ante la comisión de delitos, concretada en acciones de corrección y mejora continua para que aquellos no vuelvan a repetirse en el futuro -si la comisión de un hecho delictivo no implica necesariamente la ineficacia del sistema, su repetición por falta de reacción, sí es prueba de su deficiencia e ineficacia para gestionar diligentemente los riesgos penales a los que la organización está expuesta -. Con ello, se consigue una gestión global de los riesgos penales que da pleno sentido a la cultura corporativa y dota al Sistema de eficacia en términos de razonabilidad.

 

Artículo publicado en el diario Expansión el día 28 de enero de 2020

 

Por Jordi Sot (socio) y Jordi Dapeña (abogado senior) del área de Compliance de Toda & Nel-lo

 

El equipo de Compliance de Toda & Nel-lo ofrece un servicio integral que incluye el diseño, la implementación y la gestión operativa de un Sistema de Prevención de Riesgos Penales idóneo y eficaz en términos de razonabilidad, con capacidad para prevenir y reducir significativamente la materialización de los riegos penales identificados, así como con capacidad de detección y capacidad de reacción, incluyendo un protocolo de actuación ante incumplimientos (Comité de Crisis) con el objetivo de gestionar los efectos y decidir la estrategia a seguir ante incumplimientos con relevancia penal.