La figura del funcionario interino tiene su cobertura legal en el artº 10 del EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) quedando sujeta su utilización al cumplimiento de determinados requisitos y siempre con una limitación en el tiempo. La figura administrativa del funcionario interino tiene un paralelismo con las diferentes modalidades de contratación eventual sujetas a la disciplina del ordenamiento jurídico laboral. Sobre ambas figuras se proyecta la exigencia de causalidad, la primera en el marco de situaciones administrativas justificadas de necesidad y urgencia y la segunda en la esfera de la existencia de trabajos no estructurales ni de carácter permanente sino accidental, fuera de la actividad habitual de la empresa.

Sobre la utilización abusiva en contratación temporal en régimen de laboralidad, siendo empleador la Administración, es doctrina consolidada de la Sala IV del Tribunal Supremo fijar las consecuencias en la utilización abusiva por excederse de los límites en la temporalidad el declarar a las personas afectadas bajo el status de personal indefinido no fijo, creándose a la sazón una figura superadora de la temporalidad (a modo de sanción a la Administración) si bien sujeta y expuesta a cualquier vicisitud del contrato de trabajo. Exposición que no sucedería si la acuñación jurisprudencial no acotara el status en indefinido no fijo sino en fijo indefinido. Todo y gozar ambas voces en el derecho del trabajo del mismo alcance y dimensión no se predica lo mismo en la disciplina de régimen administrativo.

Este status de fijo indefinido acaba de ser declarado por una sentencia de un Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Alicante con ocasión de una terminación de un contrato de funcionario interino tras 19 años de servicio para un Ayuntamiento. Declara expresamente la sentencia los contornos en los que debe situarse esa declaración que, por novedoso se ve obligada a determinar. En efecto, declara indefinido fijo asimilándolo al funcionario de carrera, obviamente sin ese status pero fijando una suerte de blindaje para distinguirlo del indefinido no fijo, propio del laboral temporal en la Administración, sujeto como ya hemos dicho a cualquier vicisitud. Así pues, esta acuñación de fijeza en la Administración salvo supuestos de incurrir en causas disciplinarias lo razona la sentencia desde la exigencia de la Cláusula 5ª del Acuerdo Marco de la Directiva del Consejo 1999/70 sobre los abusos en la contratación temporal en la Administración y que para paliar esa utilización abusiva ordena que lo Estados miembros creen medidas efectivas frente al abuso. La definición y alcance de “medidas efectivas contra el abuso” ya ha sido estudiada por STJUE de 22 de enero de 2020 (Baldonedo Martín) interpretando que esa expresión no necesariamente significa que deba articularse un régimen sancionador a modo de indemnización para el funcionario interino cesado sino que pueden tratarse otras fórmulas que den respuesta a modo disuasorio para el ente público y resarcimiento para el afectado.

En esa línea la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 2018 no niega que se abra la opción indemnizatoria pero tampoco sostiene que sea la única respuesta de los Tribunales ante el ilícito incurrido por la Administración.

Ofrecer como respuesta al abuso de derecho por la Administración del funcionario interino equiparándolo en gran medida en el funcionario de carrera no quedará -sin duda alguna- sin respuesta en apelación y por supuesto en sede casacional, pues el acomodo legal de los contornos de esa declaración de indefinido no fijo puede violentar el principio de acceso a una plaza fija en la administración desde el régimen de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público.

 

 

Por Jorge Mas, socio de Laboral de Toda & Nel-lo

No cabe duda de que la situación económica a la que nos enfrentamos es compleja y está afectando a muchas empresas que empiezan a sufrir las consecuencias de la crisis provocada por la pandemia de la Covid-19. Con el objetivo de acompañar a nuestros clientes en las nuevas necesidades a las que van a tener que frente, en Toda & Nel-lo hemos decidido lanzar un sólido proyecto de área de Reestructuración de deuda y Concursal con el objetivo de convertirnos en un despacho de referencia en estas nuevas especialidades.

Para potenciar dichas áreas, se ha nombrado como responsables a los counsels Javier Hernández, que pasa a liderar el área de Reestructuración de deuda, y Álvaro Rifá, que estará a cargo de la especialidad de Concursal.

La práctica de Javier Hernández, counsel especializado en M&A y Derecho Financiero, se ha centrado principalmente en el área de las fusiones y adquisiciones, financiación corporativa y de proyectos y reestructuración de deuda. Por su parte, Álvaro Rifá, que se incorporó a Toda & Nel-lo a finales de 2019 procedente de Uría Menéndez para impulsar la práctica concursal, es administrador concursal y está especializado en dicha materia, así como en litigación civil y mercantil y práctica financiera y bancaria.

En Toda & Nel-lo contamos con los especialistas apropiados y también con el apoyo de profesionales de todas las demás áreas con las que existen importantes sinergias para dar un servicio de calidad. Como equipo tendremos que adaptarnos y estamos seguros de que este cambio comportará una gran oportunidad de reconvertir una parte de nuestro negocio.

 

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Más información sobre nuestras nuevas áreas:

 

Reestructuración de deuda

Nuestros servicios profesionales estarán siempre orientados a garantizar la viabilidad del negocio del deudor afectado, tratando de evitar en todo momento desenlaces traumáticos e imprevistos que pudieran desembocar en última instancia en el propio concurso del deudor, o incluso, en la liquidación de su negocio. Nuestros servicios de asesoramiento estarán dirigidos tanto al deudor como a los acreedores financieros.

 

Servicios

  • Diseño de la estructura legal de los instrumentos de deuda y garantías de la operación
  • Preparación y negociación de los documentos contractuales (pacto de espera —stand still—, acuerdo marco de refinanciación, paquete de garantías y solicitud de homologación judicial del acuerdo de refinanciación)
  • Ejecución de acuerdos puntuales de desinversión de activos
  • “Blindaje” y homologación judicial del acuerdo de refinanciación

 

Concursal

En Toda & Nel-lo asesoraremos a nuestros clientes ante cualquier situación de insolvencia a la que puedan tener que enfrentarse en su condición de deudores, acreedores o como terceros interesados en la adquisición de activos o unidades productivas de empresas en concurso. Nuestra experiencia profesional acumulada nos permite comprender la situación del cliente y asesorarle desde un punto de vista estratégico y multidisciplinar con la finalidad de afrontar con las mayores garantías posibles cualquier situación de crisis empresarial.

Asimismo, creemos en las posibilidades que nos brinda la Ley Concursal para tratar de lograr, siempre que ello sea posible, la continuidad de las empresas ante situaciones de insolvencia, para lo que será imprescindible un asesoramiento legal estratégico desde el mismo momento en el que el cliente aprecie los primeros síntomas de dificultad económica.

 

Servicios

  • Procedimientos concursales (asesoramiento en situaciones de insolvencia inminente, tramitación de procedimientos concursales, incidentes concursales, ejercicio de acciones rescisorias, expedientes de regulación de empleo, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales dictadas en procesos concursales extranjeros, responsabilidad de administradores, consejeros y directivos o intervención como administración concursal).
  • Protección al acreedor y su crédito.
  • Inversiones en activos y pasivos concursales, así como asesoramiento en la compraventa de unidades productivas tanto en situaciones previas a la insolvencia, como concursales.
  • Administración concursal

 

Leer la noticia en 

La prestigiosa editora de guías y rankings Chambers & Partners ha publicado un nuevo ranking al Derecho Público en Barcelona. Toda & Nel-lo, con tres profesionales listados y en Banda 1 como despacho, tiene una presentación destacada en este nuevo ranking.

El Despacho figura en Banda 1 (junto a los despachos Uría Menéndez y Tornos Abogados). Ignacio Toda, socio fundador del Despacho, se encuentra también en la posición más destacada del ranking de abogados destacados (Banda 1). El también socio fundador de Toda & Nel-lo Ricard Nel-lo, en Banda 2, y Javier García en Banda 3. 

Este reconocimiento supone para Toda & Nel-lo la culminación y reconocimiento de más de 25 años de ejercicio profesional buscando la máxima especialización y la mayor aportación posible de valor añadido a los clientes. Un reconocimiento de nuestros clientes y del mercado que refleja la excelencia, vocación y calidad de servicio. 

La noticia ha sido recogida por el portal Lawyerpress.  

17.06.2020

Tras un largo y progresivo periodo de recuperación de la economía tras la última crisis, y cuando ya parecía que veíamos la luz al final del túnel, nos vemos golpeados de repente por una crisis sanitaria sin precedentes inmediatos que amenaza con una nueva crisis económica que acabará afectando a muchísimas empresas. Ante esta situación muchos clientes nos preguntan: 

¿Cómo puedo saber con anticipación si voy a necesitar refinanciar / restructurar mi deuda? ¿Cuándo debo plantearme un proceso de refinanciación? ¿Cuáles son las claves para afrontarlo con éxito?

Toda & Nel-lo, en colaboración con Corporate Advisory Partners, organizó el 18 de junio el webinar temático sobre refinanciación y restructuración de deuda financiera “COVID-19: ¿Debo plantearme la refinanciación de mi deuda?”, donde el counsel de M&A y Derecho Financiero de Toda & Nel-lo Javier Hernández, junto a Carlos Llena, socio de Corporate Advisory, repasaron algunas cuestiones financieras, corporativas y legales de este tipo de operaciones:

¿Por qué es esencial anticiparse en un proceso de refinanciación / restructuración de deuda?

¿Cómo se plantea una operación de este tipo?

¿Qué cuestiones suelen suscitarse en estos procesos?

¿Cómo incide la operación en la compañía y en sus socios y gestores?

 

Para acceder a la presentación del webinar en PDF, hacer clic aquí

Para acceder a la grabación del vídeo, hacer clic aquí

15.06.2020

El equipo de Mercantil de Toda & Nel-lo organizó el 4 de junio el webinar “Medidas legales frente al Covid-19 en las sociedades mercantiles y en los contratos”, donde nuestros abogados Josep M. Balcells y Pau Nel-lo (socios) y Marta Solsona y Diego Unceta (asociados) analizaron las principales cuestiones societarias y contractuales para hacer frente al Covid-19, desde un punto de vista práctico.

 

Mediante este enlace se puede acceder a la presentación en PDF del webinar.

Y mediante este enlace se puede acceder a la grabación del webinar. 

Dos meses y 13 Reales Decretos-Leyes después de la declaración del Estado de Alarma, todavía surgen muchas dudas sobre lo que las empresas pueden y no pueden hacer con sus trabajadores. De todo lo que se ha aprobado, ¿qué medidas siguen vigentes a fecha de hoy? Teletrabajo, adaptación de jornada, contratos temporales… ¿Y qué sucede ahora con los ERTEs? ¿Cómo se ajusta el ERTE de fuerza mayor a la desescalada y, en su caso, al proceso de recuperación paulatina de la actividad? La finalización del estado de alarma ¿supondrá la finalización de los ERTEs de fuerza mayor? ¿Y después de eso, qué? Por un lado, será necesario gestionar la transición de los ERTEs de fuerza mayor a los ERTEs por causas productivas, pero, ¿y si las suspensiones no son suficientes y nos vemos abocados a despedir?

Toda & Nel-lo organizó el 21 de mayo el webinar “Tras 2 meses y 13 Reales Decretos-Leyes… ¿Dónde estamos ahora en el ámbito laboral?”, donde los abogados del equipo Laboral repasaron todas esas cuestiones así como el alcance y las consecuencias del compromiso del mantenimiento del empleo durante 6 meses y de la (mal) llamada prohibición de despedir. Todo ello en un formato de pregunta-respuesta que incidió principalmente en los aspectos prácticos derivados de todas estas cuestiones.

 

Hacer clic aquí para acceder a la presentación del webinar en PDF.

Hacer clic aquí para acceder al vídeo del webinar

 

18.05.2020

Toda & Nel-lo, en colaboración con Corporate Advisory Partners, organizó el 13 de mayo el webinar “Post Covid 19 para tu empresa: Plan de contingencia y medidas legales”, en el que se analizaron los planes que, desde un punto de vista económico-financiero y jurídico, deben llevar a cabo las empresas para afrontar la situación de crisis causada por la pandemia del Covid-19.

Durante la sesión participaron Juan Carlos Llena, socio director de Corporate Advisory Partners, y, por parte de Toda & Nel-lo, Javier Hernández, counsel de M&A y Derecho Financiero, Dídac Ripollès, socio responsable del área Laboral, y Albert Mestres, counsel de Derecho Tributario. La sesión fue moderada por Josep M. Balcells, socio responsable de Mercantil e Internacional de Toda & Nel-lo. 

En este enlace se puede acceder a la presentación del webinar

Y en este enlace, la grabación del webinar

Para más información puede ponerse en contacto a través del email: covid19@todanelo.com.

 

08.05.2020

El diario Cinco Días ha consultado a abogados especializados en derecho inmobiliario para analizar el último Real Decreto aprobado por el Gobierno, el 15/2020, que regula medidas de protección para alquileres de locales comerciales. Aunque esta norma, publicada el pasado 21 de abril, tiene como objeto ayudar a los autónomos o pymes que, por los perjuicios derivados de la crisis sanitaria, no pueden hacer frente al pago de la renta de sus locales, consideran que el texto no plantea soluciones del todo eficientes. José Mª Arnedo, socio de Procesal e Inmobiliario de Toda & Nel-lo, es uno de los abogados consultados. 

 

Se puede acceder al artículo aquí.

En este documento hacemos referencia al Real Decreto en cuestión

 

 

 

 

  • Cuando la actividad empresarial disminuye no significa que el riesgo de incumplimiento normativo también lo haga, más bien al contrario, al adoptarse nuevas formas de trabajar.
  • Es muy importante dejar evidencias de todas las medidas que se estén tomando en la organización como, por ejemplo, en la implementación y seguimiento de planes de prevención de riesgos laborales, en las comunicaciones internas o en los protocolos para la seguridad de la información.
  • Todo ello nos ayudará para acreditar la diligencia debida en la prevención de riesgos evitando responsabilidades de la persona jurídica

En este artículo de opinión publicado en el diario Expansión, los abogados de Compliance Jordi Sot (socio) y Berta Casas (abogada senior) señalan que los sistemas de prevención de riesgos y cumplimiento normativo (compliance) no pueden dejarse de lado justamente por encontrarnos en momentos de confusión e inseguridad. Precisamente, es en situaciones como la actual en las que ser proactivos se convierte, por una parte, en una necesidad y, por otra parte, denota una actitud responsable de las empresas.

 

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03.04.2020

Estos días hemos estado tramitando multitud de consultas de nuestros clientes, referentes a qué hacer con todos los contratos que tienen vigentes, ya sean de proveedores, de mantenimientos de instalaciones, de suministro, prestación de servicios, alquileres…

En las medidas adoptadas por el Gobierno de España a través del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, evidentemente, no se da solución a todos los problemas que están surgiendo a las empresas en su día a día.

Las empresas, en su mayoría, ya sea por obligación tras la imposición del Gobierno o, en algunos casos, de forma voluntaria por precaución para evitar una mayor propagación del virus, han paralizado, total o parcialmente, su actividad y, en consecuencia, han procedido a ¿suspender unilateralmente, resolver o incumplir con sus contratos?

Indudablemente, estas no son las soluciones más idóneas, ya que no benefician ni a la empresa que recibe los servicios, ni a la empresa que los ofrece ni, por supuesto, al mercado y al futuro económico del país.

Es por ello que nuestra primera recomendación es que se examine y compruebe el contrato suscrito entre las partes para conocer si existe o no una cláusula o estipulación específica en la cual se exprese y regule una situación excepcional o de fuerza mayor que pueda ser de aplicación y en la que se detalle expresamente el procedimiento que deberán seguir en su caso.

Por ende, si existe la citada cláusula o estipulación, las partes deberán regirse por lo pactado en la misma, dando aplicación a uno de los principios fundamentales del Derecho Civil en materia contractual, el denominado “pacta sunt servanda”, por el cual el contrato obliga a los contratantes y debe ser inexcusablemente cumplido, teniendo las obligaciones nacidas del mismo, fuerza de ley entre las partes.

Una vez analizado lo anterior, lo segundo que debemos hacer es contactar con la otra parte, ya sea para dar aplicación a la cláusula o estipulación que regule esta situación o bien, si no existe previsión alguna en el contrato, para valorar la situación a la que se enfrenta cada una de ellas.

Las circunstancias actuales generadas por la pandemia están provocando que, previsiblemente, alguna de las partes contratantes incumpla con sus obligaciones, generando a la otra parte una situación insostenible en relación con el cumplimiento de sus obligaciones y esto es, precisamente, lo que queremos evitar. Por ello, para superar esta crisis, se recomienda tratar de acordar de forma conjunta la posibilidad de novar o modificar el contrato.

Esta modificación o novación que deberá ser formalizada por escrito, estaría justificada por la aplicación de la doctrina “rebus sic stantibus”, que se fundamenta, de acuerdo con la jurisprudencia, en el riesgo imprevisible, la ruptura del equilibrio contractual de la base del negocio, o la frustración del contrato por causas que hagan imposible o gravoso su cumplimiento para una de las partes en las relaciones negociales obligatorias de los contratos de tracto sucesivo, es decir, continuados en el tiempo o, siendo de tracto único, con obligaciones diferidas en el tiempo.

Como hemos indicado, la aplicación de esta doctrina supondría que los contratantes pueden liberarse del cumplimiento de sus obligaciones contractuales u obtener la modificación de su contenido, siempre y cuando se produzcan circunstancias o situaciones sobrevenidas e imprevistas que impliquen una modificación sustancial del equilibrio de las contraprestaciones de las partes, de modo que el cumplimiento de las mismas sea extraordinariamente gravoso para alguna de ellas.

Esta doctrina que, para un mejor entendimiento del lector, puede traducirse como “estando así las cosas”, se ha venido aplicando de forma muy restrictiva por nuestros tribunales, con un carácter excepcional y, únicamente, cuando realmente existe una “desproporción exorbitante entre las prestaciones de las partes”  porque, tal y como afirma el Tribunal Supremo, su aplicación puede provocar cierta inseguridad jurídica. Es decir, es esencial que, la parte que alegue su aplicación, tenga buena fe y carezca de culpa por no poder cumplir con sus obligaciones contractuales.

Entendemos que la situación actual es un evento que las partes no pudieron razonablemente prever a la hora de contratar y, es por ello que, justificaría la aplicación de esta doctrina ya que, según nuestros tribunales “es el remedio al desequilibrio patrimonial que la alteración de las circunstancias contractuales comporta en caso de una extraordinaria modificación del entorno contractual”  que, en el presente caso, es la aparición del COVID-19 y sus graves consecuencias en nuestro país.

Dado, no obstante, el carácter restrictivo aplicado a esta doctrina por nuestros tribunales, así como la dificultad o incertidumbre de su aplicación con carácter general a todos los supuestos afectados por el COVID-19, es importante resaltar que su aplicación deberá ser única y exclusivamente durante el tiempo que permanezca vigente el estado de alarma dictado por el Gobierno o bien, hasta cuando las partes pacten, por entender que ya se ha normalizado su actividad y desaparece la situación de incertidumbre total.

La sociedad, por lo general, está respondiendo muy positivamente ante esta grave crisis, con multitud de gestos de solidaridad y responsabilidad social, y es por ello que se espera que las empresas reaccionen en el mismo sentido.

Empresarios, trabajadores y ciudadanos hemos asimilado que esta situación nos afecta a todos, ya sea de una forma u otra, y debemos colaborar y tomar decisiones que, entre todos y dentro de lo posible, sean lo menos gravosas para todas las partes, porque todos nos vamos a necesitar para volver a “la normalidad”.

En este mismo sentido se ha pronunciado el Pacto Mundial de Naciones Unidas que ha querido hacer un llamamiento a todas las empresas para que adopten medidas colectivas a fin de frenar el brote de COVID-19, así como se mantengan unidas para facilitar la continuidad de los negocios con el fin de tener una rápida recuperación.

Por tanto, con el objeto de evitar graves e inminentes incumplimientos contractuales y, en consecuencia, evitar futuros inconvenientes y problemas a la hora de reanudar nuestra actividad, se recomienda a las partes afectadas contactar con la otra parte y tratar de encontrar soluciones consensuadas y temporales de forma que, se pueda dar continuidad a la viabilidad de las empresas.

 

 

  Por Isabel García Expósito
 

"En estos días de excepcionales circunstancias, mientras nuestro personal sanitario lucha sin descanso contra la pandemia provocada por el Covid-19 y vela por la salud de nuestros familiares, amigos y conciudadanos (mi más sincero reconocimiento a todos ellos por su extraordinaria labor), los abogados tratamos de poner nuestro granito de arena informando y asesorando en todo aquello que esté a nuestro alcance para mitigar los efectos económicos de esta plaga, que desgraciadamente parece que no serán pocos.

Desde que se decretó el confinamiento domiciliario y el cierre obligatorio de infinidad de negocios, una de las dudas más habituales que se nos han planteado por nuestros clientes, amén de lo relacionado con los contratos de trabajo, son todas aquellas relacionadas con el alquiler.

Téngase en cuenta que ello afecta en igual medida al arrendatario, que puede pasar serias dificultades para pagar la renta y demás importes comprometidos por el hecho de ver su actividad profesional enormemente reducida o anulada por completo, o al arrendador, que puede depender del cobro de la renta para cubrir sus necesidades más básicas y cumplir puntualmente con sus obligaciones de pago...

Leer el artículo completo en Diario Jurídico

 

 

José Mª Arnedo, socio de Procesal e Inmobilario
30.03.2020