El 9 de diciembre se celebra el día internacional contra la corrupción que busca, desde el año 2005, involucrar a estados, autoridades, funcionarios, empresas, medios de comunicación y a la sociedad civil en general en la lucha contra esta lacra, según recoge la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. Ciertamente, creo que a todos nos gustaría algún día poder conmemorar y celebrar el Día Internacional de la integridad y de la ética, pero sospecho que aún estamos lejos de que sea posible. Pasos hacia delante se están dando y medidas, más o menos efectivas, se han implantado. Sin embargo, el arraigo social, político y económico de la corrupción precisa un impulso más firme y permanente que la asfixie hasta dejarla sin aliento.
Uno de los motores de la lucha contra la corrupción es, y debe ser, la adopción de medidas legislativas orientadas a erradicarla, y en este aspecto, tenemos una de cal y otra de arena. Podrían exponerse multitud de ejemplos, pero me centraré en dos que son de actualidad. El primero de ellos, para mí, ejemplo a seguir, es la orden ministerial del Ministerio de Hacienda y Función Pública por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que, en definitiva, regula el acceso a los fondos europeos. La orden, en consonancia con la legislación europea, exige un plan de medidas antifraude que refuerce los mecanismos de prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés a todas las entidades que participen en la decisión o ejecución de los fondos, llegando hasta los contratistas y subcontratistas.
Estos controles antifraude deberían garantizar que los fondos son finalmente destinados a sus legítimos fines, entre ellos, mitigar los impactos del covid-19, transformar la sociedad modernizando el tejido productivo, impulsando el respeto al medio ambiente, fomentando la digitalización, la investigación y la formación, pues, en definitiva, se trata de conseguir una mayor capacidad de la sociedad para superar una situación como la de la pandemia.
Aun contando con esta regulación y sus medidas, no hay que descartar que intereses torticeros impulsen intentos corruptos para eludir fraudulentamente la efectividad de estas y hacerse con una porción del 'pastel' de los fondos. Confiemos en que esta incidencia, de darse, sea detectada y combatida.
Otro ejemplo es la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, dechado a no seguir como el que narraba con anterioridad, por la falta de celeridad del legislador en la necesaria transposición de la norma al derecho español.
La Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción incide en la responsabilidad de los estados en establecer una protección eficaz de los denunciantes de irregularidades para que estén exentos de represalias. En efecto, potenciar la involucración de todos en prevenir y contrarrestar la corrupción mediante el uso de canales de denuncia ante el conocimiento de infracciones o irregularidades, debe acompañarse de medidas de protección de los que dan un paso adelante. Denunciar no puede ni debe suponer una acción de riesgo si no, al contrario, un ejercicio de responsabilidad sin consecuencias adversas.
Por ello, la Directiva establece unas normas mínimas comunes a la Unión que proporcionen un elevado nivel de protección de los denunciantes que, de buena fe, informen de irregularidades o infracciones para evitar que haya cualquier tipo de represalia.
Pues bien, la Directiva publicada en 2019 y por mandato de esta, debe ser objeto de transposición antes de finales de este año e incluso habilita a los estados a establecer disposiciones internas más favorables a los derechos de los denunciantes. Parece que el legislador no está por la labor pues, hasta el momento, la protección del denunciante en este país solo se contempla en proposiciones de ley de distintos partidos políticos.
Esta dilación podría excusarse en que no será hasta diciembre de 2023 que las empresas del sector privado con más de 50 trabajadores deberán establecer canales de denuncia, pero no podemos olvidar que fue el propio legislador quien estableció en el año 2015 la exigencia de implantar canales de denuncia dentro de los sistemas de prevención de riesgos penales de las empresas, por lo que sería más que conveniente dotar lo antes posible a los potenciales usuarios de estos canales de la protección que les brinda la Directiva.
Sería reconfortante conmemorar el día internacional contra la corrupción atisbando voluntades de avanzar contra la misma acelerando todas aquellas medidas legislativas, perceptiblemente al alcance, que permitan encaminarnos hacia el día internacional de la integridad y la ética.
Por Jordi Sot, socio responsable de Compliance de Toda & Nel-lo.
Artículo publicado por primera vez en El Confidencial el 9 de diciembre de 2021.
