El legislador español, desde hace ya más de veinte años, tiene establecido un régimen especial de exención fiscal para los rendimientos del trabajo obtenidos en los días -con un tope de 60.100 /año- fuera de España (en desplazamiento físico, ya fuera de un día aislado o por un período más largo) en beneficio de una empresa radicada en el extranjero, normalmente condicionándolo a la existencia allí de un impuesto similar a nuestro IRPF. Como se regula en la letra "p" del artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, es comunmente conocido como el beneficio fiscal "7p"
Pero, en las dos últimas décadas, han sido una constante los sinsabores, y bandazos ejecutados, sufridos en definitiva por muchos viajeros laborales, pero también en las carnes de numerosos operadores jurídicos (asesores y abogados fiscalistas, jueces, inspectores de Hacienda, multinacionales obligadas a retener a sus trabajadores...) que a la postre deben (debemos) tomar decisiones -en ocasiones a diario, y casi siempre arriesgadas o ante un alto grado de incertidumbre- en materia del 7p. Desafortunadamente, parece haberse extendido también en este campo, la malentendida interpretación de confundir la honrosa prohibición de la analogía (art. 14 Ley General Tributaria) a la hora de extender beneficios fiscales más allá de la literalidad de la norma con el deshonroso exceso de celo consistente en interpretar restrictivamente -y bajo sospecha del fisco- cualquier beneficio fiscal que se "mueva".
Afortunadamente, la última alegría para un contribuyente 7p se la ha brindado el Tribunal Supremo estos días, al haberle reconocido que los "días de tránsito" (viajes de ida y/o vuelta) no tienen por qué eliminarse del cómputo temporal para determinar el importe exento al que la ley le ampara. Con razón, concluye el Supremo que "puede existir una gran diferencia horaria que escapa del control del trabajador, así como también escapan a su control las circunstancias y detalles de los viajes en avión (escalas, repostajes etc.) o las diferencias horarias establecidas entre distintas regiones".
Eso sí, las empresas, junto con sus empleados, deberán seguir con la recomendación básica de seguir con las máximas cautelas en todo lo que respecte al 7p, y asegurándose de que cualquier práctica corporativa se asiente siempre en políticas y protocolos internos muy claros y basados en la autorresponsabilidad y, por ende, en la prevención de conflictos con Hacienda: registrando puntualmente viajes y estancias, elaborando memorandos con la motivación, y el registro documental a modo de prueba de los desplazamientos al extranjero, etc. Máxime mientras sigan sin superarse dos viejos caballos de batalla (¿perdidas?) frente Hacienda al escrutar el 7p en la práctica (¡paradójicamente, además de extralegales, éstas exigencias sí que, por completo, "escapan del control" del empleado!), a saber: que, a efectos de Precios de Transferencia en el seno de grupos multinacionales, la filial (española) de origen le haya refacturado esos costes laborales -por día- a la filial (extranjera) de destino de los trabajos acogidos al 7p; o, todavía más sangrante, que por defecto Hacienda tienda a denegar la devolución (monetaria) del beneficio directamente al empleado si la pide vía su Declaración de la Renta anual, bajo el endeble y
peregrino argumento de que le genera desconfianza al recaudador de impuestos que "ni el empleador" lo habría visto suficientemente claro cuando no se "atrevió a mojarse" por la exención cuando le practicó las retenciones de IRPF.
¿La próxima parada (del convoy del 7p) en esta línea -férrea y viaria- jurisprudencial? Con permiso del maquinista, permítanmela anunciársela ya, para que vayan apeándose con tiempo: que el Supremo termine por tumbar el tradicionalísimo criterio de Hacienda, y de la Dirección General de Tributos, de no permitir el 7p a Consejeros Delegados, por mantener "relación mercantil" con la empresa, lo cual choca con la tozuda realidad de que no se cuenta la "relación laboral" entre los requisitos del 7p: guste más o guste menos, el legislador simplemente pide que se trate de "rendimientos del trabajo", y como tales -y no bajo ninguna otra categoría- tributan las "retribuciones a administradores y miembros de los Consejos de Administración" (art. 17.2.e Ley del IRPF).
Pues bien, ocurre que la Audiencia Nacional ya falló no hace mucho en ese sentido (favorable a un consejero), en sentencia recurrida actualmente en casación por el fisco ante el Supremo, en febrero de 2020 (Auto 1804/2020), así que, más pronto que tarde, tendremos el diagnóstico definitivo, y supremo, sobre esta cuestión. En el paisaje se divisa un paso más hacia la "democratización" de los viajes 7p, que llegue a más gente y a un mayor número de supuestos, sin encorsetamientos o cortapisas innecesarios. ¿O es que los beneficios fiscales no se crearon acaso para disfrutarlos? Eso sí, con mesura y responsabilidad, como en todo a lo que corresponde a fiscalidad.
Artículo publicado en Expansión el 11 de marzo de 2021
Por Albert Mestres, counsel de Derecho Tributario de Toda & Nel-lo, responsable de Fiscalidad Internacional
