La figura del funcionario interino tiene su cobertura legal en el artº 10 del EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) quedando sujeta su utilización al cumplimiento de determinados requisitos y siempre con una limitación en el tiempo. La figura administrativa del funcionario interino tiene un paralelismo con las diferentes modalidades de contratación eventual sujetas a la disciplina del ordenamiento jurídico laboral. Sobre ambas figuras se proyecta la exigencia de causalidad, la primera en el marco de situaciones administrativas justificadas de necesidad y urgencia y la segunda en la esfera de la existencia de trabajos no estructurales ni de carácter permanente sino accidental, fuera de la actividad habitual de la empresa.
Sobre la utilización abusiva en contratación temporal en régimen de laboralidad, siendo empleador la Administración, es doctrina consolidada de la Sala IV del Tribunal Supremo fijar las consecuencias en la utilización abusiva por excederse de los límites en la temporalidad el declarar a las personas afectadas bajo el status de personal indefinido no fijo, creándose a la sazón una figura superadora de la temporalidad (a modo de sanción a la Administración) si bien sujeta y expuesta a cualquier vicisitud del contrato de trabajo. Exposición que no sucedería si la acuñación jurisprudencial no acotara el status en indefinido no fijo sino en fijo indefinido. Todo y gozar ambas voces en el derecho del trabajo del mismo alcance y dimensión no se predica lo mismo en la disciplina de régimen administrativo.
Este status de fijo indefinido acaba de ser declarado por una sentencia de un Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Alicante con ocasión de una terminación de un contrato de funcionario interino tras 19 años de servicio para un Ayuntamiento. Declara expresamente la sentencia los contornos en los que debe situarse esa declaración que, por novedoso se ve obligada a determinar. En efecto, declara indefinido fijo asimilándolo al funcionario de carrera, obviamente sin ese status pero fijando una suerte de blindaje para distinguirlo del indefinido no fijo, propio del laboral temporal en la Administración, sujeto como ya hemos dicho a cualquier vicisitud. Así pues, esta acuñación de fijeza en la Administración salvo supuestos de incurrir en causas disciplinarias lo razona la sentencia desde la exigencia de la Cláusula 5ª del Acuerdo Marco de la Directiva del Consejo 1999/70 sobre los abusos en la contratación temporal en la Administración y que para paliar esa utilización abusiva ordena que lo Estados miembros creen medidas efectivas frente al abuso. La definición y alcance de “medidas efectivas contra el abuso” ya ha sido estudiada por STJUE de 22 de enero de 2020 (Baldonedo Martín) interpretando que esa expresión no necesariamente significa que deba articularse un régimen sancionador a modo de indemnización para el funcionario interino cesado sino que pueden tratarse otras fórmulas que den respuesta a modo disuasorio para el ente público y resarcimiento para el afectado.
En esa línea la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 2018 no niega que se abra la opción indemnizatoria pero tampoco sostiene que sea la única respuesta de los Tribunales ante el ilícito incurrido por la Administración.
Ofrecer como respuesta al abuso de derecho por la Administración del funcionario interino equiparándolo en gran medida en el funcionario de carrera no quedará -sin duda alguna- sin respuesta en apelación y por supuesto en sede casacional, pues el acomodo legal de los contornos de esa declaración de indefinido no fijo puede violentar el principio de acceso a una plaza fija en la administración desde el régimen de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público.
