La Cámara de Comercio Brasil Catalunya, de la que Toda & Nel-lo es socio protector, ha organizado un seminario virtual para analizar, a nivel jurídico, las últimas normativas aprobadas por las autoridades para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19, para lo que se ha contado con las ponencias de los abogados del Despacho. En concreto, los abogados Josep M. Balcells (socio responsable de las áreas de Mercantil e Internacional) y José Mª Arnedo (socio del área de Procesal y responsable de Inmobiliario) han hecho un repaso por los cambios producidos en el área de derecho inmobiliario, con especial atención a los contratos de arrendamiento, así como sobre el impacto del COVID-19 en los contratos mercantiles.

En el documento adjunto se puede consultar el contenido del seminario.

 

 

 

 

 

El pasado 9 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) el Decreto Ley 11/2020, de 7 de abril, en virtud del cual se adoptan distintas medidas económicas, sociales y administrativas para paliar los efectos de la pandemia generada por el COVID-19, de las que, en materia tributaria, procede destacar las siguientes:

- En relación a la suspensión de los plazos de presentación de autoliquidaciones y de pago de los tributos propios de la Generalitat de Cataluña y de los tributos cedidos –suspensión esta, establecida en el Decreto Ley 7/2020, de 17 de marzo-, se viene a aclarar que debe entenderse que la fecha de inicio de la referida suspensión es el 14 de marzo de 2020 -día en que se entró en vigor la declaración del estado de alarma-.

- Se establecen nuevos periodos de presentación de autoliquidaciones y de ingreso en periodo voluntario para determinados tributos propios y cedidos –tributos estos, que se encuentran suspendidos hasta la fecha en que se declare la finalización del estado de alarma-. En concreto:

• En relación al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), en la modalidad de sucesiones, en aquellos supuestos devengados con anterioridad al 14 de marzo de 2020 cuyo plazo de presentación e ingreso en periodo voluntario no hubiera finalizado aún a esa fecha, se establece que el plazo comprenderá el tiempo que les restaba para presentar la autoliquidación más dos meses adicionales.

• En relación con el Impuesto sobre las bebidas azucaradas envasadas, se determina que la presentación e ingreso de la autoliquidación correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2020 se deberá efectuar en el plazo comprendido entre el 1 y el 20 de julio de este año (en lugar del plazo habitual que sería del 1 al 20 de abril).

- En relación con la Tasa sobre los juegos de suerte, envite o azar, se establece una bonificación en la cuota en el porcentaje equivalente al número de días de duración del estado de alarma respecto el total de días naturales que tiene el primer trimestre correspondiente al primer plazo de autoliquidación que se inicie después de la finalización del referido estado. Esta bonificación se aplicará una única vez en el indicado período de liquidación trimestral.

 

Puede consultar el texto completo del Decreto Ley 11/2020 aquí.

14.04.2020

El Consejo de Ministros aprobó el 10 de abril de 2020 el SEGUNDO tramo de la línea de avales para la financiación de empresas y autónomos por importe de 20.000 millones de euros, en desarrollo del art. 29 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo. 

Al igual que con el primer tramo ya aprobado, el objetivo de este segundo tramo sigue siendo el incentivar que las entidades financieras concedan a empresas y autónomos nuevas líneas de financiación, y renueven las ya existentes, mediante la obtención de avales del ICO que garantizarán parte del riesgo asumido por tales entidades financieras en dichas líneas de financiación.

Los avales con esta finalidad podrán solicitarse hasta el 30 de septiembre de 2020, sin perjuicio de que ese plazo pueda ser ampliado en virtud de nuevo acuerdo del Consejo de Ministros.

Las condiciones aplicables al SEGUNDO tramo de la línea de avales son iguales a las aplicadas al primer tramo y que ya resumimos en nuestra anterior alerta informativa (ver aquí), salvo por lo que indicamos a continuación:

1. Destinatarios SEGUNDO tramo de la línea de avales: solamente autónomos y PYMES.  

Recordemos que se considerará PYME a estos efectos a la empresa que emplee a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros.

2. Financiadores beneficiarios de los avales: entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pago que hayan solicitado la adhesión al contrato marco del ICO antes del 15 de mayo de 2020.

3. Costes de la financiación: deberán mantenerse en línea con los costes cargados por las entidades financieras antes del inicio de la crisis del COVID-19, teniendo en cuenta la garantía pública del aval y su coste de cobertura y, por lo tanto, en general, deberán ser inferiores a los costes de los préstamos y otras operaciones para la misma tipología de cliente que no cuenten con el aval. El cumplimiento de esta condición será supervisado por ICO.

Las entidades financieras aplicarán los mejores usos y prácticas bancarias en beneficio de los clientes y no podrán comercializar otros productos con ocasión de la concesión de préstamos cubiertos por este aval público ni condicionar su concesión a la contratación por parte del cliente de otros productos.

Se establece además que el criterio de reparto del SEGUNDO tramo de la línea de avales entre las entidades financieras será el mismo seguido para el primer tramo y que, dicho criterio se mantendrá hasta el 30 de junio de 2020. A partir de entonces, los importes de aval asignados y no utilizados por las entidades se distribuirán entre el resto de operadores, de forma proporcional al importe de aval que hubieran utilizado hasta esa fecha.

Por este motivo, es de esperar que las entidades financieras se muestren muy activas en la concesión de financiación acogida a este SEGUNDO tramo de avales hasta el 30 de junio, so pena de perder la cuota de avales que les hubiesen asignado y que no hubiesen consumido hasta esa fecha.
 

 

Más información: Javier Hernández

13.04.2020

En este documento, los abogados de Derecho Administrativo de Toda & Nel-lo analizan las principales medidas normativas aprobadas como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19 en materia de Derecho Administrativo (actualizado a fecha 29 de marzo de 2020); en concreto, en lo que respecta a:

 

1. Estado de alarma
2. Contratación Pública
3. Procedimientos administrativos y contenciosos; plazos
4. Subvenciones y ayudas
5. Personas jurídicas de derecho público
6. Sector turístico
7. Servicios funerarios
8. Licencias de obras
9. Medicamentos y productos sanitarios
10. Otros

 

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Más información: Javier García, socio de Derecho Administrativo de Toda & Nel-lo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.04.2020

El pasado domingo 29 de marzo se publicaba en el BOE el RDL 10/2020 por el que se establecía, con efectos del mismo lunes 30 de marzo, y hasta el 9 de abril, un permiso especial retribuido para todos aquellos trabajadores por cuenta ajena que no presten servicios esenciales.

Como ha ocurrido en anteriores ocasiones, la redacción del RDL 10/2020 generaba algunas dudas interpretativas, que el Gobierno ha considerado oportuno despejar mediante la aprobación y publicación en el BOE el mismo lunes 30 de marzo de la Orden SAN/307/2020, que ha establecido la obligación de las empresas de hacer entrega a los trabajadores que desarrollen su actividad en las actividades esenciales calificadas como tales en el Anexo del RDL 10/2020, de una declaración responsable en la que se indique que la persona trabajadora puede continuar desplazándose a su puesto de trabajo.

En este documento de nuestros abogados de Derecho Laboral, analizamos dicha medida y adjuntamos un modelo de declaración responsable a emitir para los trabajadores por cuenta ajena que no deban acogerse al permiso retribuido recuperable recogido en el Real Decreto-ley 10/2020.

 

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Más información: Dídac Ripollès, socio de Laboral de Toda & Nel-lo

 

02.04.2020

Después de días de incertidumbre, amenazas de huelga e impago generalizado de rentas por el sindicato de arrendatarios, quejas de las asociaciones de propietarios, y desconcierto general al respecto, el Gobierno ha decidido finalmente adoptar medidas sobre el pago de renta en los alquileres. Hoy, 1 de abril de 2020, se ha publicado en el BOE del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan, entre muchas otras, medidas complementarias en el ámbito de los alquileres para paliar los efectos del COVID-19.

El Decreto centra las medidas únicamente en los arrendamientos de vivienda otorgados al amparo de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 y distingue entre si el arrendador de los mismos es un pequeño propietario o si lo es una empresa, un gran tenedor de inmuebles en alquiler o entidades públicas de vivienda, dando una cobertura distinta en uno y otro caso. Asimimo, prevé para los arrendatarios en situación de vulnerabilidad moratorias en el pago de la renta o condonaciones de la misma, que serán obligatorias o no, según la condición del arrendador de la vivienda, y establece una serie de ayudas económicas avaladas por el Estado para aquellos arrendatarios en situación de vulnerabilidad que no puedan pactar moratorias con sus arrendadores persona física y no puedan hacer frente al pago de la renta de sus viviendas.

El Decreto establece, además de medidas estrictamente económicas, la posibilidad de solicitar por el arrendatario una prórroga de la vigencia del arrendamiento por un periodo máximo de seis meses, si el contrato expira dentro del periodo comprendido desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley hasta el día en que hayan transcurrido dos meses desde la finalización del estado de alarma; y una suspensión de lanzamientos por falta de pago para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, o la suspensión del procedimiento de desahucio por un periodo máximo de seis meses.

Dicho cuanto antecede, relacionaremos cada una de las medidas aprobadas relativas al arrendamiento, que entrarán en vigor al día siguiente al de su publicación -mañana, 2 de abril de 2020-, empezando por la definición de situación de vulnerabilidad y su acreditación a los efectos del Real Decreto-Ley.

Nuestros abogados del departamento de Derecho Inmobiliario analizan las principales medidas introducidas por el referido Real Decreto-Ley en este documento.

 

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Más información: José Mª Arnedo, socio de Procesal e Inmobiliario
 

01.04.2020

El Real Decreto-ley que entró en vigor el 30 de marzo ha causado un quebradero de cabeza a las empresas. El equipo de Laboral de Toda Nel-lo, liderado por el socio Dídac Ripollès, ofrece las claves sobre este Real Decreto-ley, que cierra aún más la actividad y crea un permiso retribuido para los trabajadores afectados, en este artículo de Expansión publicado el 31 de marzo de 2020. 

 

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31.03.2020

En este documento, los abogados de Derecho Administrativo de Toda & Nel-lo analizan las principales medidas normativas aprobadas como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19 en materia de Derecho Administrativo (actualizado a fecha 29 de marzo de 2020); en concreto, en lo que respecta a:

 

1. Estado de alarma
2. Contratación Pública
3. Procedimientos administrativos y contenciosos; plazos
4. Subvenciones y ayudas
5. Personas jurídicas de derecho público
6. Sector turístico
7. Servicios funerarios
8. Licencias de obras
9. Medicamentos y productos sanitarios
10. Otros

 

Se puede acceder al documento haciendo clic aquí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.03.2020

Fin de semana movido para las empresas y sus asesores laborales. Tras varios días de especulación sobre la posibilidad de aplicar en España una prohibición o suspensión de los despidos objetivos similar a la aplicada en Italia, el sábado 28 de marzo amanecía con la publicación en el BOE del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias en el ámbito laboral para paliar los efectos del COVID-19. Y entre ellas la supuesta “prohibición” de despedir, con una formulación que no ha dejado indiferente a nadie por la poca claridad que aporta sobre la posibilidad o no de despedir y, en su caso, sobre los efectos de los eventuales despidos que pudieran llevar a cabo las empresas en las próximas semanas.

El mismo sábado se publicaba también en el BOE la Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, ordenando la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros en el que se acordó autorizar la prórroga del estado de alarma hasta las 00:00 horas del día 12 de abril de 2020, en las mismas condiciones establecidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Y cuando aún estábamos tratando de digerir las medidas complementarias del RDL 9/2020, saltaba la noticia de que el Gobierno pretendía adelantar las vacaciones de Semana Santa al mismo lunes. Sobre la base de que la actividad laboral y profesional es la causa que explica la mayoría de los desplazamientos, y ante la necesidad de restringir más la movilidad de las personas, empiezan las especulaciones sobre una posible restricción de 15 días de duración a la movilidad de todos los trabajadores de actividades no esenciales. Tras varias comparecencias y numerosos borradores de la norma en circulación, finalmente pasadas las 23:30h de ayer domingo 29 de marzo se publicaba en el BOE el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula el permiso retribuido recuperable de las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales.

Analizamos las principales medidas introducidas por esos dos RD-ley en este documento.
 

30.03.2020

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19 tras la declaración del estado de alarma, publicado en el BOE del miércoles 18 de marzo, fecha en la que ha entrado en vigor. Asimismo, en esa misma fecha se ha aprobado el Real Decreto 465/2020 que modifica determinados aspectos del Real Decreto 463/2020, de 14 marzo, de declaración del estado de alarma.

Estas medidas se suman a las del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, y las del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del Covid-19.

Las principales medidas que derivan de ese conjunto de normas pueden resumirse en el sentido ofrecido por Toda & Nel-lo en este documento, el cual se ha estructurado en los siguientes apartados o puntos principales:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MEDIDAS EN MATERIA DE DERECHO ADMINISTRATIVO

2. MEDIDAS RELATIVAS AL DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL

3. DERECHO MERCANTIL Y MEDIDAS EXCEPCIONALES PARA SOCIEDADES, COOPERATIVAS, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES

4. MEDIDAS EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO

5. MEDIDAS EN MATERIA PROCESAL

6. MEDIDAS EN MATERIA CONCURSAL

7. GARANTÍA DE LIQUIDEZ PARA SOSTENER LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ANTE LAS DIFICULTADES TRANSITORIAS CONSECUENCIA DE LA SITUACIÓN

8. VIGENCIA DE LAS PRINCIPALES NORMAS ANALIZADAS

 

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20.03.2020

Dada la situación excepcional que estamos viviendo por la propagación del COVID-19, el Gobierno adoptó ayer algunas medidas urgentes para responder al impacto económico que se está generando.

Concretamente, en materia tributaria, aprobó introducir una disposición para que, en el ámbito de las competencias de la Administración del Estado, se concedan automáticamente aplazamientos del ingreso de las deudas que se deriven de declaraciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación finalice desde hoy mismo (13/03/2020) y hasta el 30 de mayo de 2020, siempre y cuando se cumplan los siguientes dos requisitos:

  • 1. que se trate de deudas cuyo importe, en conjunto, no supere los 30.000 euros; y,
  • 2. que el deudor sea una persona o entidad que haya tenido en 2019 un volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros.

Es preciso advertir que la norma prevé expresamente que puedan ser aplazables tres tipos de deudas que, por su naturaleza, generalmente no lo son:

  • 1. las que afectan a retenciones e ingresos a cuenta;
  • 2. las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos (como el IVA); y,
  • 3. las relativas a los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.

En otro orden de cosas, señalar que los aplazamientos se concederán por un plazo de seis meses y que no se devengarán intereses de demora (actualmente exigibles a razón de un tipo del 3,75% anual) durante los primeros tres.

El planteamiento de los aplazamientos comentados deberá hacerse siguiendo las instrucciones que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) ha publicado en su sede electrónica, a las que puede acceder a través del siguiente enlace.

13.03.2020