El aumento sustancial de los flujos de datos personales a la hora de realizar actividades como consecuencia de la rápida evolución tecnológica y la globalización, requerían un marco Europeo más sólido y coherente para la protección de datos, por lo que en mayo de 2016 entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, con el objetivo de unificar para todas las empresas que operan en la Unión Europea un único conjunto de normas de protección de datos con independencia de dónde tengan su sede, concediendo un plazo de dos años de margen para su implementación, siendo de obligada aplicación a partir del próximo 25 de Mayo de 2018.

Nos encontramos pues en la cuenta atrás para que las organizaciones adapten sus estructuras, protocolos y políticas, con las medidas necesarias para estar en condiciones de cumplir con las previsiones de este RGPD en el momento que sea de aplicación.

En este contexto, el RGPD contiene muchos conceptos y principios similares a los establecidos actualmente en materia de Protección de Datos, pues la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 era una de las más maduras respeto al tratamiento de datos personales respecto al resto de los Estados miembros. Por ello, aquellas organizaciones que en la actualidad ya cumplen con la normativa de protección de datos tienen una buena base de partida para adaptarse al nuevo Reglamento.

Los dos aspectos más relevantes e innovadores del Reglamento para los responsables de tratamientos, y pilar del que deben partir las organizaciones son los siguientes:

  1. El principio de responsabilidad proactiva: Las organizaciones deben adoptar una actitud consciente, diligente y proactiva frente a todos los tratamientos de datos personales que lleven a cabo, a fin de garantizar y poder demostrar que las medidas técnicas y organizativas que han adoptado son conformes al Reglamento.
  2. El enfoque del riesgo: La aplicación de las medidas previstas por cada organización para garantizar el cumplimiento del Reglamento debe adaptarse a las características de la misma y los tratamientos que presenten, en función del riesgo para los derechos y las libertades de los titulares de los datos.

En definitiva las organizaciones deberán analizar todos los tratamientos de bases de datos de carácter personal, la finalidad de los mismos, el tiempo en los que se realiza, a quién transfiere sus datos y la aplicación, desde el inicio de cualquier actividad, de una política de responsabilidad activa que reduzca al máximo cualquier riesgo para los derechos y libertades de los interesados, porque son éstos al fin y al cabo, la principal razón de esta normativa: la protección al derecho fundamental de las personas físicas de protección de sus datos personales.

Sin embargo, adaptarse a esta nueva normativa debe ser considerado para las organizaciones como una oportunidad para ganar competitividad y fidelización de sus clientes y consumidores, pues les permitirá conocer en profundidad los datos de que disponen y encontrar un nuevo valor a este tipo de información, pues una vez adaptadas sus políticas, habrán ordenado aquellos cajones olvidados por muchas organizaciones llenos de datos de carácter personal obsoletos, garantizando que sólo se traten aquellos que sean necesarios para los fines del tratamiento (lo que el RGPD llama privacidad por defecto), y estableciendo un equilibro entre los datos y su flujo dentro de su actividad económica.

Finalmente, dentro de todo este proceso de adaptación, deberemos también considerar en su momento la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Española, cuyo Proyecto se encuentra en fase de tramitación, y si se elaborará asimismo un Reglamento de Desarrollo una vez se apruebe la nueva Ley.

Actualmente el texto de este Proyecto de Ley de Protección de Datos destaca como elementos novedosos respecto al RGPD por ejemplo; que adelanta a los trece años la edad de consentimiento para el tratamiento de datos, hace referencia el tratamiento de los datos correspondientes a personas fallecidas en base a la solicitud de sus herederos, y en caso de una inexactitud en los datos personales obtenidos de forma directa, se excluye la imputabilidad del responsable de su tratamiento si éste ha adoptado todas las medidas razonables para su rectificación o supresión.

A nivel práctico, las principales novedades del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), respecto la situación jurídica actual en cuanto a protección de datos, y que deberán cotejar las organizaciones y en su caso aplicarlas antes del próximo 25 de Mayo, son:

  • La base legal sobre la que se desarrollan los tratamientos: Documentar e identificar claramente los intereses legítimos en los que se fundamentan las operaciones de tratamiento. El nuevo Reglamento no acepta formas de consentimiento tácito o por omisión, o cualquier consentimiento basado en la inacción, pues el consentimiento debe ser INEQUÍVOCO añadiendo en el caso de situaciones específicas, esto es, cuanto se traten datos sensibles, se adopten decisiones automatizadas o en caso de transferencias internacionales además se exigirá un consentimiento EXPLÍCITO.

 Este cambio implica que deban revisarse todos los tratamientos iniciados con anterioridad al inicio de aplicación del Reglamento, pues únicamente seguirán siendo legítimos cuando el consentimiento lo hubieran prestado mediante una afirmación o acción afirmativa, o aquellos que puedan apoyarse en otra base legal, como puede ser el nuevo concepto de interés legítimo, debiendo de acreditar en cualquier caso el responsable este cumplimiento.

  • Transparencia e información a los interesados: La información a los interesados tanto respecto a las condiciones de los tratamientos que les afecten como en las respuestas a los ejercicios de los derechos, deberá proporcionarse de forma clara, inteligible, y de fácil acceso. Así el nuevo Reglamento establece una lista exhaustiva de la información que debe proporcionarse a los interesados, más amplia que la que hasta la fecha contenía la LOPD en su artículo 5, incorporando en líneas generales los siguientes detalles;

 

  • La base jurídica o legitimación del tratamiento.
  • El plazo o criterios de conservación de la información
  • La existencia de decisiones automatizadas o elaboración de perfiles
  • La previsión de transferencias a terceros países
  • El derecho a presentar reclamación ante las autoridades de control

Y en su caso,

  • El origen de los datos
  • Las categorías de los datos
  • Los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos.

Deberán por ello adaptarse todas las notas legales existentes en los procedimientos de recogida de datos de las organizaciones, teniendo en cuenta principalmente que debe hacerse compatible esta mayor exigencia de información que introduce el Reglamento, y la voluntad que la información básica sea ofrecida a los interesados en el mismo momento y medio en que se recojan los datos.

  • Derechos: El Reglamento contiene los ya tradicionales derechos ARCO de la LOPD (acceso, rectificación, cancelación y oposición), ampliándolos además con el derecho de supresión (derecho al olvido), derecho a la limitación del tratamiento, derecho a la portabilidad de los datos y derecho de oposición y decisiones individualizadas de datos. Con carácter general, las principales obligaciones a tener en cuenta por las organizaciones en cuanto a los procedimientos de estos derechos son:

 

  • Se requiere a los responsables que posibiliten el ejercicio de esos derechos a través de procedimientos visibles, accesibles y sencillos, por medios electrónicos, especialmente cuando el tratamiento se realiza por estos medios y gratuitos.
  • El responsable deberá atender cualquier solicitud en el plazo de un mes, pudiéndose extender hasta dos meses más cuando se trate de solicitudes complejas.
  • El responsable que trate una gran cantidad de datos sobre un interesado podrá pedir a éste que especifique la información a la que se refiere su solicitud.
  • El RGPD contiene obligaciones específicas expresamente dirigidas a los encargados de tratamiento en cuanto al ejercicio de estos derechos.

 

  • Relaciones Responsable – Encargado: Según el RGPD, el responsable deberá adoptar medidas apropiadas, incluida la elección de los encargados de tratamiento, de forma que garantice y esté en condición de demostrar que el tratamiento que subcontrata se realiza conforme el RGPD, vinculando esta exigencia con el principio de responsabilidad activa, pilar fundamental del RGPD en cualquier actividad de tratamiento de datos. Por ello, los contratos vigentes a la aplicación del RGPD deberán modificarse y adaptarse  para que sean válidas, sin ser válidas remisiones genéricas al artículo del RGPD que lo regula.
22.03.2018

El pasado 9 de marzo entró en vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Uno de los aspectos que más revuelo ha generado es la nueva redacción de la regulación sobre los contratos menores o de adjudicación directa.

Así, el legislador se ha centrado en reforzar la transparencia, reducir los umbrales económicos y evitar el fraccionamiento indebido del objeto de la prestación en sucesivos contratos menores. Además, se ha extendido la aplicación de su régimen a aquellos poderes adjudicadores que no tienen el carácter de Administración Pública. Sin embargo, a pesar de las novedades introducidas en el procedimiento de adjudicación, lo cierto es que este tipo de contratos mantiene sus características y aplicación práctica.

De este modo, si bien la modificación de mayor calado suponía aparentemente la prohibición de contratar directamente con un mismo adjudicatario prestaciones por valor igual o superior a 15.000 euros (servicios y suministros) o a 40.000 euros (obras) en el período de un año, las interpretaciones efectuadas por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado (“JCCPE”) han diluido esta limitación “por adjudicatario”.

Así, de conformidad con la interpretación efectuada por la JCCPE en sus Informes núms. 41/2017, 42/2017 y 5/2018:

“(…) la exigencia de que el contratista no haya suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen el umbral establecido debe interpretarse de modo que lo que la norma impide no es que se celebren otros contratos menores por el mismo operador económico sin límite alguno, sino que la conducta prohibida y que, por consecuencia, debe ser objeto de la necesaria justificación, consiste en que se celebren sucesivos contratos cuyas prestaciones constituyan una unidad y cuya fragmentación resulte injustificada en dos supuestos: bien por haber existido un previo contrato de cuantía superior al umbral y que, sin embargo, se desgaja sin motivo en otros contratos menores posteriores con prestaciones que debieron formar parte del primer contrato, o bien porque esto se haga fraccionando indebidamente el objeto en sucesivos contratos menores”.

Por lo tanto, de acuerdo con la interpretación de la JCCPE, en realidad la nueva Ley no prohíbe la contratación menor con un mismo contratista en cuantías iguales o superiores a 15.000 o a 40.000 euros, sino la injustificada fragmentación de las prestaciones que deban constituir un mismo contrato.

Siendo así, en la tramitación del expediente administrativo del contrato menor resultará conveniente no sólo la acreditación de la necesidad del contrato, sino también de la inexistencia de fragmentación del objeto del mismo.

En definitiva, resulta evidente que la interpretación de la “nueva” limitación, que aparentaba ser una ruptura con el anterior sistema, supone en realidad la continuidad del régimen jurídico, si bien con la obligación adicional de justificar la no fragmentación de los contratos.

22.03.2018

Es una práctica bastante habitual que en la compra de viviendas en construcción, se produzca la subrogación del comprador en el préstamo hipotecario concedido al promotor, incluso con alguna modificación de las condiciones.

En esos casos en los que el préstamo hipotecario no se concede directamente al consumidor sino que este se subroga en un préstamo previamente concedido al promotor, el Tribunal Supremo ha dictado una reciente sentencia de fecha 24 de noviembre de 2017 indicando expresamente que la entidad bancaria tiene la obligación de facilitar al consumidor aquella información contractual que le permita adoptar su decisión con conocimiento pleno de la carga económica y jurídica que la subrogación lleva aparejada.

Por lo tanto, si el banco no cumple con su deber de información precontractual, indicando al consumidor que se subroga en el préstamo hipotecario del promotor la existencia de la cláusula suelo y su incidencia en el precio del contrato, ésta podrá declararse nula.

22.03.2018

Recientemente el Tribunal Supremo ha resuelto un supuesto en el que una empresa había adquirido otra empresa declarada en concurso que mantenía deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social. La TGSS declaró responsable solidaria a la empresa adquirente respecto de las deudas que la empresa adquirida tenía pendientes con la Seguridad Social por cuotas y recargos.

La TGSS defendía que la adquisición de una empresa o de una unidad productiva, cuando se mantenía la identidad, debía regirse por las normas generales de sucesión de empresas, debiendo asumir la empresa adquirente no solo las deudas laborales sino también las deudas con la Seguridad Social.

El TS (Sala de lo Contencioso-administrativo) en Sentencia núm. 113/2018 de 29 de enero, resuelve aplicando la Ley Concursal por ser ley especial para entidades en concurso. Entiende el Alto Tribunal, que en estricta aplicación del artículo 149.2 de la Ley Concursal , en caso de adquisición de una unidad productiva en un procedimiento concursal, esta es « sólo a efectos laborales », con exclusión de las deudas de la Seguridad Social, no pudiendo hacerse responsable solidaria a la empresa adquirente.

 

La DGRN, en sus últimas resoluciones (entre otras la de 19 de enero de 2017),  declara que una mayoría reforzada para la toma de decisiones en la junta general que, en la práctica, exija la unanimidad de todos los socios, es válida e inscribible en la medida en que formalmente no se exige estatutariamente la unanimidad (prohibida por el art. 200 LSC).  En concreto, la DGRN acuerda que la situación fáctica en la que pueda encontrarse una sociedad por el juego de las mayorías según los socios que en cada momento sean titulares del capital social, y que pueda conducir a la imposibilidad de adoptar acuerdos siempre y cuando no todos los socios estén de acuerdo, no implica la vulneración del artículo 200 de la LSC en el que se prohíbe exigir la unanimidad para la adopción de un acuerdo.

El mencionado artículo 200 LSC  establece que para todos o algunos asuntos determinados, los estatutos podrán exigir un porcentaje de votos favorables superior al establecido por la ley, sin llegar a la unanimidad. En base a este precepto, una sociedad se podría encontrar en una situación en la cual en sus estatutos, para un determinado acuerdo, se requiere una mayoría de votos favorables y que por la situación accionarial de ese momento de la sociedad, ese acuerdo sólo pudiera ser aprobado si todos los socios de la misma votaran en el mismo sentido.

Un ejemplo de esta situación es el resuelto por la Resolución de la DGRN de 19 de enero de 2017, en la que los estatutos de la sociedad en cuestión requieren una mayoría que suponga el voto favorable del setenta por cien (70%) de los votos cuando la sociedad tiene 3 socios y cada uno de ellos ostenta la titularidad de un tercio del capital social, por lo que para alcanzar el 70% requerido sería necesario que los tres socios votaran en el mismo sentido, es decir, el 100% del capital, la unanimidad.

La DGRN entiende que los estatutos de una sociedad mercantil, adoptados con sujeción a las normas de carácter imperativo, constituyen su norma suprema, debiendo ser respetados mientras nos sean modificados y que por el hecho de que en un momento determinado todos los socios de la sociedad tengan que votar en el mismo sentido para la aprobación de un acuerdo, eso no significa que en los estatutos se haya incluido la unanimidad como mayoría reforzada.

19.03.2018
Es una práctica bastante habitual que en la compra de viviendas en construcción, se produzca la subrogación del comprador en el préstamo hipotecario concedido al promotor, incluso con alguna modificación de las condiciones.
 
En esos casos en los que el préstamo hipotecario no se concede directamente al consumidor sino que este se subroga en un préstamo previamente concedido al promotor, el Tribunal Supremo ha dictado una reciente sentencia de fecha 24 de noviembre de 2017 indicando expresamente que la entidad bancaria tiene la obligación de facilitar al consumidor aquella información contractual que le permita adoptar su decisión con conocimiento pleno de la carga económica y jurídica que la subrogación lleva aparejada.
 
Por lo tanto, si el banco no cumple con su deber de información precontractual, indicando al consumidor que se subroga en el préstamo hipotecario del promotor la existencia de la cláusula suelo y su incidencia en el precio del contrato, ésta podrá declararse nula. 
 

 

La Dirección General de Tributos (DGT) se ha pronunciado recientemente, a través de Consulta Vinculante –V0047-18, de 15 de enero de 2018–, acerca del IVA que, en su caso, deba repercutir un profesional a la sociedad mercantil, de la que es socio el mismo profesional, la cual es la prestadora de los correspondientes servicios ante los clientes terceros. Los criterios ahí vertidos vienen a afianzar los apuntados por la propia DGT en resoluciones emitidas en los últimos tiempos.

En este caso concreto, la consultante es una abogada y socia de una sociedad dedicada a la actividad de prestación de servicios de asesoría fiscal, facturando sus servicios como persona física a dicha sociedad, única cliente de la consultante.

Lo más destacable de este tipo de pronunciamientos reside en que la DGT no se inclina por que deba llevar IVA siempre y en todo caso ese cobro de servicios por parte del profesional. En concreto, la DGT alude al principio de estanqueidad tributaria para sostener que no tiene por qué coincidir (o ser análogo) el trato en IVA e IRPF, al tratarse de dos tributos distintos, cada uno con su propia normativa reguladora.

De esta manera, podría ocurrir que, aun teniendo que tributar una renta tal como rendimiento de actividad económica o profesional en el IRPF de la persona física en cuestión, esa percepción no quede sujeta a IVA en la medida en que se entienda que ese individuo no tiene con la sociedad una relación como profesional a efectos de IVA sino una relación de dependencia laboral.

A este respecto, habrá que atender, entre otros elementos, a los siguientes (de acuerdo con la remisión que la DGT efectúa a los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a la Comisión Europea):

  • Si el socio está o no integrado en la estructura organizativa de la sociedad, y hasta qué punto los medios principales para prestar el servicio en cuestión se hallan en sede del socio o de la sociedad.
  • Si el socio actúa bajo una suerte de subordinación o si, por el contrario, es libre de organizar su actividad mediante la elección de colaboradores, estructuras necesarias para el desarrollo de funciones y de horarios de trabajo, vacaciones, etc.
  • Si el socio actúa bajo su exclusiva responsabilidad o lo hace por cuenta de la sociedad y bajo la responsabilidad de ésta.
  • Si el socio soporta el riesgo económico de la actividad –lo que reafirmaría su independencia– y, en ese sentido, si, por ejemplo, así lo refleja su eventual retribución variable (v.gr. sujeta a éxito o a resultados).

En todo caso, la determinación de si, en el ámbito del IVA, estamos más bien ante una relación de dependencia laboral (sin IVA) o ante una actividad profesional (con IVA) exige un análisis caso por caso, sobre la base de las circunstancias más arriba relacionadas.

Sin duda, la DGT tiende a aportar nueva luz en esta materia, si bien ello no quita que seguirán siendo muchas las zonas grises, así como numerosos los supuestos en los que continuará resultando una cuestión enormemente complicada y debatible determinar si esa relación entre socio y sociedad debe o no llevar IVA.

A través de BOE de 27 de febrero se ha aprobado versión actualizada del Modelo 510 para la autoliquidación ante la Generalitat de Catalunya del Impuesto sobre las Viviendas Vacías. Recordemos que esta obligación tributaria se impone a las personas jurídicas que sean propietarias (o, en su caso, usufructuarias o titulares de otros derechos reales que den derecho a la explotación) de viviendas en Catalunya que se hallen desocupadas sin causa justificada por un período superior a dos años.

La normativa que en su día dio a luz a este impuesto (Ley del Parlament de Catalunya 14/2015, de 21 de julio) se halla aún pendiente de dilucidar su constitucionalidad, tras el recurso de inconstitucionalidad 2255-2016, interpuesto por el Presidente del Gobierno. No obstante, el Tribunal Constitucional decidió, en su momento, levantar la suspensión cautelar sobre dicha normativa catalana, lo que explica que, hoy por hoy, el impuesto resulte exigible (sin perjuicio de un eventual derecho a solicitar la devolución de los importes satisfechos de resultar una ulterior declaración de inconstitucionalidad).

En concreto, el Modelo 510 ha sido ahora objeto de determinados cambios, tras determinados cambios legislativos introducidos  recientemente (mediante Ley del Parlament 5/2017). En particular, el nuevo modelo se ha adaptado al nuevo mínimo exento de ciento cincuenta metros cuadrados. 

La reforma del impuesto también ha reducido las cargas administrativas para los contribuyentes, que no tendrán que presentar la autoliquidación en caso de que no resulte ninguna cantidad a ingresar como consecuencia de la aplicación del mínimo exento o de la concurrencia de exenciones subjetivas. 

Estos cambios tendrán efectos por primera vez en la obligación tributaria devengada el 31 de diciembre del 2017 y, en consecuencia, el nuevo modelo será necesario para presentar la autoliquidación del impuesto y efectuar el ingreso correspondiente entre los días 1 y 20 del mes de marzo del 2018. 

 

 

 

El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, en respuesta a la consulta tributaria núm. 241E/17, de 25 de octubre de 2017, ha aclarado que sólo están sujetas al Impuesto sobre activos no productivos las personas jurídicas y algunas entidades sin personalidad jurídica propia que tengan su residencia en Cataluña.

De ese modo, no quedan obligados por el Impuesto quienes tengan su residencia fuera de la señalada comunidad autónoma aunque sean titulares de activos situados allí.

Cabe recordar que el Impuesto sobre activos no productivos de las personas jurídicas, aprobado en virtud de la Ley 6/2017, de 9 de mayo, es un impuesto de carácter autonómico que tiene por objeto gravar la tenencia de determinados bienes considerados “no productivos”, en concreto:

  • Bienes inmuebles.
  • Vehículos a motor de potencia igual o superior a los 200 CV.
  • Embarcaciones de ocio.
  • Aeronaves.
  • Objetos de arte y antigüedades con un valor superior al que establece la Ley del Patrimonio Histórico.
  • Joyas.

 

Puede consultar el texto íntegro de la consulta tributaria del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de Cataluña comentada aquí.

El pasado 1 de diciembre de 2017 se publicó en el Boletín Oficial de la Cortes Generales (BOCG) una proposición de ley para modificar el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital que regula el «Derecho de separación (del socio) en caso de falta de distribución de dividendos». Puede consultar el texto íntegro aquí

El proyecto de reforma del controvertido artículo tiene como objetivo encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad financiera de la sociedad y la legítima aspiración de los  socio minoritarios a participar en los beneficios de la sociedad.

En particular, las modificaciones previstas en la proposición son las siguientes:

  • Se podrá excluir de los Estatutos sociales la aplicabilidad del artículo 348 bis de la LSC.   
  • Se exigirá un período de obtención de beneficios de tres años consecutivos. La irrupción de un año con pérdidas obligaría a reiniciar de nuevo el cómputo de dicho plazo.
  • Se reducirá de un tercio a un cuarto el porcentaje mínimo de beneficios a repartir.
  • Se eliminará del referido precepto la actual referencia a los «beneficios propios de la explotación del objeto social», con lo que se reducirá la complejidad y la inseguridad jurídica que causa la determinación de los referidos beneficios.
  • La expresión «transcurrido el quinto ejercicio» sustituiría a la actual: «a partir del quinto ejercicio». El objetivo es evitar que el derecho de separación pueda reclamarse al comienzo del quinto ejercicio, en base a las cuentas del año anterior.
  • Las sociedades en concurso estarán excluidas de la aplicabilidad del artículo. Para ello,  tendrán que haber puesto en conocimiento del juzgado competente los siguientes hechos: a) la iniciación de negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, b) la intención de obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio y, c) la comunicación a dicho juzgado de la apertura de negociaciones para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos. Asimismo, estarán excluidas las sociedades que hayan alcanzado un acuerdo de refinanciación.

Se trascribe a continuación  la que sería la nueva redacción del artículo 348 bis LSC, que como hemos visto plantea varias  soluciones encaminadas a conciliar los intereses de las partes afectadas. No obstante, tendremos que esperar a su tramitación parlamentaria para saber si va a ser ésta su redacción definitiva.

Nueva redacción propuesta para el  artículo 348 bis LSC:

«1. Transcurrido el quinto ejercicio contado desde la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad, el socio que hubiera hecho constar en el acta su protesta por la insuficiencia de los dividendos reconocidos o su ausencia tendrá derecho de separación en el caso de que la junta general no acordara la distribución como dividendo de, al menos, una cuarta parte de los beneficios obtenidos durante el ejercicio anterior que sean legalmente repartibles, siempre que se hayan obtenido beneficios durante los tres ejercicios anteriores y el total de los dividendos distribuidos durante los últimos cinco años sea inferior a la cuarta parte de los beneficios totales registrados en dicho periodo.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del ejercicio de las acciones de impugnación de acuerdos sociales y de responsabilidad que pudieran corresponder y salvo disposición contraria de los estatutos.

2. Para la supresión o modificación de la causa de separación a que se refiere el apartado anterior, será necesario el consentimiento de todos los socios, salvo que se reconozca el derecho a separarse de la sociedad al socio que no hubiera votado a favor de tal acuerdo.

3. El plazo para el ejercicio del derecho de separación será de un mes a contar desde la fecha en que se hubiera celebrado la junta general ordinaria de socios.

4. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación en los siguientes supuestos:

a) Cuando se trate de sociedades cotizadas o sociedades cuyas acciones estén admitidas a negociación en un sistema multilateral de negociación.

b) Cuando la sociedad se encuentre en concurso.

c) Cuando, al amparo de la legislación concursal, la sociedad haya puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaración de su concurso la iniciación de negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, o cuando se haya comunicado a dicho juzgado la apertura de negociaciones para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos.

d) Cuando la sociedad haya alcanzado un acuerdo de refinanciación que satisfaga las condiciones de irrescindibilidad fijadas en la legislación concursal.»

 

 

 

18.12.2017

Con la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 2017 se complica la contratación temporal sucesiva. Hasta ahora era posible concertar diferentes contratos temporales con un mismo trabajador siempre que se entendiera que se había roto lo que la jurisprudencia ha designado como “unidad esencial del vínculo”. Ello sucedía cuando entre uno y otro contrato mediaba una interrupción de 3 meses (antes eran las interrupciones de 20 días).

No obstante, se supera esta doctrina para establecer lo siguiente:

  • Un paréntesis de tres meses y medio no rompe necesariamente la unidad esencial del vínculo.
  • Se matiza la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de julio de 2012 para señalar que ésta no opta por un método matemático a la hora de apreciar la ruptura del vínculo, ni erige el módulo de tres meses como barrera universal.
  • Establece que para valorar si existe una vinculación laboral debe hacerse de forma unitaria. Es decir, atender al tiempo total transcurrido desde el momento en que se pretende fijar el inicio de la relación laboral, el volumen de actividad desarrollada, el número y duración de los cortes, la identidad de la actividad productiva desarrollada, la identidad de las tareas, el tenor del convenio colectivo y, en general, cualquier otro.

Puede consultar el texto íntegro de la Sentencia aquí

18.12.2017

La DGRN, en una reciente resolución de fecha 12 de septiembre de 2017, acuerda suspender la inscripción de un acuerdo de aumento de capital social mediante compensación de créditos por no haber votado a favor el socio cuyos créditos se compensan.

La junta general relativa al aumento de capital había sido convocada por los administradores de la sociedad, asistiendo el porcentaje de capital social suficiente para adoptar este tipo de acuerdo. En la citada Junta se acordó por unanimidad del capital presente el aumento de capital previsto en la convocatoria y en los términos fijados en el informe de los administradores.

No obstante, la sociedad es deudora de un crédito que ostenta uno de los socios no asistentes a la citada junta general y es por esa causa, la no asistencia a la Junta del socio acreedor, que la registradora entiende que dicho acuerdo no es inscribible precisamente por no resultar el consentimiento de dicho socio.

La DGRN entiende que se trata de un negocio jurídico entre el acreedor que aporta a la sociedad y ésta misma, lo que exige la concurrencia de los requisitos, que para todo negocio jurídico, exige el artículo 1.261 CC, por lo que el consentimiento expreso o tácito, del aportante, es esencial para su existencia.

14.12.2017