El día 7 de diciembre entró en vigor Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGD), que implica la incorporación definitiva del Reglamento de la Unión Europea n. º 2016/679 de 27 de abril de 2016 en nuestro ordenamiento jurídico, e incide notablemente en la regulación de la controvertida utilización de dispositivos digitales en el entorno laboral

En concreto, supone una ampliación de las facultades de control y dirección reconocidas al empresario mediante el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores, puesto que la LOPDGD recoge expresamente los criterios establecidos por nuestros Tribunales hasta la actualidad, al considerar válida la adopción de medidas de intervención en los dispositivos informáticos propiedad de la empresa, así como el uso de cámaras de videovigilancia y dispositivos de geolocalización (GPS) instalados con la finalidad de velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales. Asimismo, permitirá la grabación de sonido, aunque únicamente para los supuestos que existan riesgos relevantes derivados de la actividad desarrollada y con la finalidad exclusiva de preservar la seguridad de las instalaciones; no para controlar la actividad laboral de los empleados.

Por lo tanto, el escenario de la implementación de la nueva ley es el reconocimiento legal al empresario de la facultad de implantar medidas de control tecnológico sin requerir el consentimiento de los trabajadores afectados. Ello no significa que las medidas puedan ser sorpresivas, pues la LOPDGD exige una comunicación previa informando a los trabajadores y a la representación colectiva. Asimismo, dicha comunicación deberá ser “expresa, clara y concisa” sobre la existencia y características de los dispositivos implantados y finalidades de los datos obtenidos, debiendo dejar constancia de que una de las finalidades será para vigilar el cumplimiento de las obligaciones laborales.

En el caso particular de los dispositivos GPS, la LOPDGD dice que para mantener activa la localización, una vez finalizada la jornada laboral sí requerirá el consentimiento del trabajador. En este sentido, sería recomendable que el empleador garantice e informe a los trabajadores que dichos dispositivos de localización se desconectarán una vez finalizada la jornada de trabajo (Sentencia TSJ de Asturias de 27-12-2017, entre otras).

Será obligatorio que el empleador informe, junto con la comunicación previa, sobre la posibilidad de que los trabajadores ejerciten los derechos reconocidos en materia de protección de datos. 

La única excepción al trámite de información previa será la constatación de la comisión flagrante de un acto ilícito mediante las grabaciones captadas por sonido o videovigilancia. En este caso, se entenderá cumplido el trámite de información cuando exista un distintivo legal visible en las instalaciones de la empresa o establecimiento donde conste la existencia de tratamiento de datos, la identidad del responsable del tratamiento y la posibilidad de ejercitar los derechos.

La novedosa LOPDGD prevé la elaboración de un protocolo interno sobre tecnologías donde se regulen los usos de las herramientas digitales que se convertirá en medida de obligado cumplimiento para las empresas cuando se haya elaborado. En dichas políticas internas, se reconoce un papel crucial a la representación de los trabajadores al intervenir en su elaboración y velar por el cumplimiento en materia de protección de datos y hasta la posibilidad de establecer garantías adicionales mediante Convenio Colectivo.

Podemos concluir entonces, que, cuanto mayor conocimiento tenga el trabajador sobre la existencia de medios tecnológicos con la finalidad de fiscalizar su trabajo, mayor proporcionalidad y seguridad tendrán los datos obtenidos si quieren utilizarse como prueba de un posible incumplimiento laboral.

Finalmente, señalar que, en materia de derechos laborales, la LOPDGD se reconoce expresamente el derecho de los trabajadores a la intimidad digital -como límite al control en el lugar de trabajo- según los estándares mínimos definidos mediante “los usos sociales y los derechos reconocidos constitucional y legalmente” y se introduce el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral con el objetivo de evitar la comunicación con el trabajador por motivos profesionales fuera de la jornada laboral en aras a respetar la intimidad personal y familiar, así como los periodos de descanso, permisos y vacaciones.

Sin embargo, se trasladan los mecanismos de garantía de esos derechos a una regulación interna o colectiva, desarrollada entre la empresa y la representación de los trabajadores que prevea el uso razonable de las herramientas tecnológicas para evitar el riesgo de “fatiga informática”, a la sazón de incorporarse en materia de prevención de riesgos laborales.

 

18.12.2018

El pasado 12 de noviembre de 2018 se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la Orden JUS/183/2018, de 31 de octubre, por la que se crea la Sede judicial electrónica de Catalunya, que entró en vigor el 1 de noviembre de 2018.

Esta Orden se dicta para dar cumplimiento a las previsiones de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de justicia que establece que las administraciones competentes en materia de justicia deben determinar las condiciones e instrumentos de creación de las sedes judiciales electrónicas.

 

 

Así pues, la Orden referida crea la Sede judicial electrónica de Catalunya, que es el portal electrónico disponible para todos los ciudadanos y profesionales de la justicia y a través del cual pueden acceder a la información, procedimientos y servicios electrónicos de la Administración de justicia en Cataluña.

Asimismo, a través de la Sede judicial electrónica de Cataluña se pueden realizar todas las actuaciones, procedimientos y servicios que requieran la autenticación de la Administración de justicia o de los ciudadanos y profesionales en sus relaciones con esta Administración por medios electrónicos.

Por último, la Sede judicial electrónica de Cataluña permite acceder, mediante el punto de acceso general de la Administración de justicia, a todas las sedes y subsedes judiciales electrónicas creadas dentro del territorio del Estado.

Puede consultar la Orden citada aquí
 

El pasado 11 de diciembre de 2018 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2019.

La publicación del calendario se produce para dar cumplimiento a la obligación impuesta a la Administración General del Estado en el art. 30.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y que le obliga a hacerlo antes de que empiece el nuevo año.

De forma resumida, son inhábiles a efectos de cómputo de plazos los sábados y domingos, las fiestas nacionales, las fiestas autonómicas en el territorio respectivo y las fiestas locales determinadas por las respectivas Comunidades Autónomas.

El calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos debe entenderse, en cualquier caso, de acuerdo con el calendario laboral oficial que, para el año 2019, se publicó en el BOE el 20 de octubre de 2018 (consulte aquí la resolución sobre la relación de fiestas laborales para 2019).

Puede consultar la Resolución de 29 de noviembre de 2018 comentada en este artículo aquí

 

 

Como cometamos en una reciente publicación -que puede consultarse clicando aquí-, el Tribunal Supremo (TS), en su Sentencia 1462/2018 de 3/10/2018, estableció como doctrina legal que las prestaciones públicas por maternidad percibidas del Instituto Nacional de la Seguridad Social  (INSS) están exentas del pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Por ello, todos los contribuyentes que hayan tributado por la percepción de esa clase de ayudas tienen derecho a reclamar a hacienda las cantidades indebidamente ingresadas.

El pasado 3 de diciembre de 2018, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) publicó en su página web un formulario que pretende agilizar el proceso de devolución de quienes reclamen esas cantidades. De ese modo, los afectados no tendrán la obligación de presentar solicitudes de rectificación de las declaraciones de IRPF afectadas, sino que podrán limitarse a cumplimentar la habilitada solicitud en la que sólo debe indicarse, uno, el año en que se declararon las percepciones; y dos, el número de cuenta en la que quiere recibir la devolución, sin que sea necesario adjuntar el certificado de la Seguridad Social acreditativo de las prestaciones percibidas.

Es preciso señalar que actualmente sólo es posible tramitar la recuperación de las cantidades declaradas correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015. El formulario que permitirá rectificar las declaraciones de los años 2016 y 2017 estará disponible en enero de 2019.

Puede acceder al formulario de la página web de la AEAT aquí.
 

La Sala Primera de lo Civil del Tribunal  Supremo (TS) en su sentencia nº 530/2018 de 26 de septiembre, analiza cuál es el plazo de duración de un nuevo contrato de arrendamiento sometido a tácita reconducción, si en el contrato “originario” se había pactado una renta anual, y el pago de la misma se articulaba por meses anticipados.

El Alto Tribunal, tras analizar el artículo 1.566 del Código Civil, en relación con el artículo 1.581 del mismo texto legal, ha entendido que la duración del nuevo contrato de arrendamiento lo es por años si se establece en el contrato anterior una renta anual, no siendo lógico entender que un mero fraccionamiento del pago (mensual) de una renta fijada anualmente determine que la duración del contrato es mensual.

De ser así carecería de sentido la determinación de la renta anualmente, si la intención de las partes era fijar la renta de forma mensual.

 

[El término tácita reconducción es una figura jurídica que se da en los contratos de arrendamiento urbanos. Se refiere a la continuación del arrendamiento cuando el contrato llega a su fin y el inquilino permanece en la vivienda o en el local, con el consentimiento del propietario. Si el inquilino permanece disfrutando del inmueble durante 15 días con el consentimiento del arrendador, el contrato se renueva de forma 'tácita', creándose así un nuevo contrato.

 

11.12.2018

El pasado 6 de diciembre se publicó en el BOE la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, con el objetivo de adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y completar sus disposiciones.

Se trata pues de una norma interna complementaria al Reglamento Europeo de Protección de Datos, que deroga excepto en los casos expresamente indicados en sus disposiciones adicional decimocuarta y transitoria cuarta, la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, el Real Decreto Ley 5/2018 de 27 de julio y cuantas disposiciones de igual o inferior rango que contradigan, se opongan o resulten incompatibles con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica publicada. 

 

10.12.2018

Recientemente, el Tribunal Supremo, en su sentencia con fecha 14 de septiembre de 2018, ha resuelto sobre los plazos de prescripción que aplican a la reclamación de un comunero contra su comunidad. En el supuesto enjuiciado, el propietario de un local reclamaba a su comunidad por los beneficios dejados de obtener al no haber podido arrendar el local, por encontrarse los elementos comunes del inmueble en mal estado.

El propietario del local interpuso demanda contra la comunidad de propietarios, pues entendía que la comunidad había incumplido el deber de mantenimiento y conservación previsto en el artículo 10.1 de la Ley de Propiedad Horizontal. Por su parte la comunidad se opuso a la demanda alegando, entre otras cuestiones, la prescripción de la acción ejercitada.

La demanda fue parcialmente estimada en primera instancia, siendo desestimada en segunda instancia por la Audiencia Provincial, que resolvió que la acción ejercitada estaba prescrita. El razonamiento de la Audiencia era que la acción que se ejercitaba era la de indemnización por daños y perjuicios extracontractuales, siéndole de aplicación el plazo de prescripción de 1 año del artículo 1958 del Código Civil (“CC”).

El propietario del local presentó recurso de casación, resolviendo el Tribunal Supremo que lo solicitado por el propietario no era una indemnización por daños extracontractuales sino una reclamación derivada del incumplimiento de la obligación legal de mantenimiento de los elementos comunes.

En la ley este tipo de reclamaciones no tienen previstos un plazo específico de prescripción, por lo que les es de aplicación el plazo general del artículo 1964 CC, que en el momento de producirse los daños era de 15 años (ahora 5 años) . Por este motivo, el Tribunal Supremo desestimó la excepción de prescripción, acordando devolver las actuaciones a la Audiencia Provincial para que dictase nueva sentencia.

Puede consultar el texto íntegro de la sentencia aquí.

 

 

 

[1] STS (Sala de lo Civil) núm. 491/2018 de 14 de septiembre.
[1] El 7 de octubre de 2015, entró en vigor la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, reduciéndose de 15 a 5 años el plazo de prescripción para aquellas acciones personales que no tienen previsto un plazo especial.

 

03.12.2018

El próximo 24 de enero de 2019 Ignacio Goytisolo, socio responsable del departamento de Derecho Tributario, y Albert Mestres, responsable del área de fiscalidad inmobiliaria de Toda & Nel-lo, respectivamente, participarán como moderadores y ponentes en la jornada "El sector inmobiliario en 2019", organizada por el Instituto de Fomento Empresarial (IFE), en la que se examinarán las tendencias fiscales y jurídicas del mercado del sector inmobiliario español.

El encuentro tendrá lugar en el Club Financiero Génova - c/ Marqués de la Ensenada, núm. 14 de Madrid- de 9 a 17:45h, y constará de seis ponencias en las que serán objeto de análisis y debate temas de actualidad; en concreto:

1. El impacto para el sector inmobiliario de las nuevas consideraciones sobre el valor real y el valor de mercado del anteproyecto de Ley de lucha contra el fraude fiscal.

2. ¿El mercado al rescate de la fiscalidad, o la fiscalidad al rescate del mercado?

3. El mercado inmobiliario: visión general, novedades y tendencias legislativas.

4. La financiación a promotores en 2019.

5. SOCIMIs: Análisis de los nuevos vehículos de inversión inmobiliaria y su impacto en la atracción de los fondos internacionales.

6. Los vaivenes jurisprudenciales en la plusvalía municipal y AJD: ¿quién puede reclamar?

 

Resulta preciso apuntar que las inscripciones realizadas antes del 31 de diciembre de 2018 disfrutarán de un descuento de 200 € sobre la cuota de inscripción, por lo que recomendamos a los interesados que formalicen su inscripción antes de dicha fecha. 

Puede consultar el programa de la jornada y las formas de inscribirse aquí.

Infracción de derechos de autor en Internet

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de octubre de 20018, asunto C-149/17.

En los supuestos en que se produzca una infracción de los derechos de autor o derechos afines (descargas de películas, música, libros, etc.) mediante una conexión a Internet en un domicilio compartido por varios familiares, el Tribunal de Justicia ha dictaminado que el titular de la conexión podría ser considerado responsable civil de tal infracción en el caso de no identificar al familiar que haya realizado la infracción. Es decir, el titular de la línea o conexión debería indemnizar a los titulares de derechos.

El Tribunal de Justicia considera que si la legislación nacional así lo permite, la normativa comunitaria relativa a la protección de los derechos de autor no puede permitir el desamparo de los titulares de derechos por la negativa del titular de identificar a los infractores. Se establece así un equilibrio entre la protección a los derechos de autor y el respeto a la vida privada y familiar. Es decir, no se exigiría la obligación, si fuera de posible, de que el titular de la conexión identificase al familiar infractor, pero sí que se le podría exigir al titular de la línea la responsabilidad civil (pago de una indemnización, por ejemplo).

Esta situación se asimila , con sus matices, a la regulación sancionadora de la multas de tráficos por excesos de velocidad detectados por radares. Si el titular del vehículo no identifica o no puede hacerlo al conductor en el momento de la infracción, se le considerará el responsable de la mismas a los efectos del pago de la multa.

 

El Tribunal Supremo (TS), en su reciente Sentencia 1.462/2018 de 3 de octubre de 2018, haciendo una interpretación literal y gramatical de la Ley reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ha establecido como doctrina legal que las prestaciones públicas por maternidad percibidas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) están exentas del pago del Impuesto.

Con el referido pronunciamiento, el Alto Tribunal zanja de forma clara y contundente la polémica que se había generado durante los últimos tiempos acerca de cómo deben tributar en el IRPF las mencionadas prestaciones y que, hasta entonces, estaba teniendo dos soluciones diversas en los Tribunales de Justicia:

1. por una parte, había Tribunales, como el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, que venían sosteniendo que esas prestaciones debían considerarse exentas del IRPF; mientras que,

2. por contra, otros (como el TSJ de Andalucía) defendían que se trataba de remuneraciones que debían tributar en renta.

Tras el comentado fallo del TS, quienes han estado percibiendo prestaciones por maternidad durante los últimos años y han tributado por ellas se plantean cómo poder recuperar las cantidades improcedentemente ingresadas. Al respecto, es preciso efectuar dos consideraciones:

1. el derecho de los contribuyentes a solicitar la modificación de las declaraciones del IRPF prescribe a los 4 años, por lo que solamente podrán recuperarse las prestaciones de maternidad tributadas de 2014 en adelante; y,

2. el mecanismo legal oportuno para tal fin es la presentación de solicitudes de rectificación de las autoliquidaciones de renta que deben determinar la devolución de los ingresos indebidamente efectuados.

Finalmente, cabe apuntar que, según ha circulado en prensa, parece que en los próximos días la Agecia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) habilitará un formulario específico de solicitud, cuyo uso facilitará y acelerará la tramitación de las devoluciones procedentes.

Puede consultar la sentencia comentada aquí.

En unos meses las empresas comenzarán a estudiar la previsión para el próximo curso y elaborarán un calendario laboral para presentarlo y, en su caso, negociarlo con los representantes de los trabajadores. Entonces ¿qué debe contener este? ¿debe preverse hasta el último detalle?

Parece existir la creencia de que el calendario laboral debe regular hasta el último detalle. Tal vez porque el art. 34.6 del Estatuto de Trabajadores (ET), que contempla la necesidad de que la empresa anualmente confeccione el calendario laboral y exponga un ejemplar del mismo en un lugar visible de cada centro de trabajo, se encuentra junto a las reglas sobre la duración de la jornada, su distribución y el establecimiento de los preceptivos descansos.

O tal vez porque en cierta manera se haya interiorizado que el contenido concreto de un calendario laboral debe ser el que preveía el artículo 4.3 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, de Regulación de Jornadas, Horas Extraordinarias y Descansos, y que disponía que «el calendario laboral (...) comprenderá el horario de trabajo y la distribución anual de los días de trabajo, festivos, descansos semanales o entre jornadas y otros días inhábiles».No obstante, Real Decreto -este último- que perdió su vigencia el 12 de junio de 1995», sin que hasta la fecha se haya dictado texto reglamentario nuevo.

Por otra parte, tanto el artículo 64.6 del ET calendario laboral como el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre sobre jornadas especiales de trabajo, prevén la participación de los representantes legales de los trabajadores. En el caso del Estatuto, los representantes serán objeto de consulta y, en el caso del Real Decreto 1561/1995, serán objeto de consulta y deberán emitir informe preceptivo, previo a la elaboración del calendario laboral.

¿Cuál debe ser su contenido mínimo?

Los límites los fijarán, en primer lugar, las previsiones que se hayan establecido a través del convenio colectivo y, en defecto de regulación convencional en la materia, debemos tener en cuenta que el calendario se configura como un instrumento regulador del tiempo de trabajo a través del cual se satisface el derecho del trabajador a la información sobre su jornada. No obstante, la regulación leal al respecto (34.5 ET) es bastante parca, estableciendo únicamente la obligación de “elaborar el calendario laboral, debiendo exponerse un ejemplar del mismo en un lugar visible”.

Por tanto, ello no significa que deba contener el régimen de prestación de servicios de cada trabajador individualmente considerado, según recoge la sentencia del Tribunal Supremo de 20-7-2015.

En consecuencia, si el Convenio no contiene ningún compromiso no cabe exigirle a la empresa que en el Calendario incluya horarios y turnos de trabajo. Por lo que el calendario elaborado por la empresa podría tan solo contener el periodo de vacaciones y fiestas oficiales de cada centro de trabajo si este fuera el contenido mínimo exigido convencionalmente; incluso en empresas en las que la prestación de trabajo es continuada las 24 horas del día y los 7 días de la semana.

25.09.2018

La DGRN (Dirección General de los Registros y del Notariado) ha declarado recientemente, en  resolución de 31 de julio de 2018, que es inscribible la cláusula estatutaria que estipula que los socios no pueden constituir derechos reales sobre sus participaciones sociales, ni utilizarlas de otro modo como garantía o para cualquier otro objeto que pudiera dar como resultado una transmisión de dichas participaciones. 

La DGRN fundamenta su decisión en el carácter esencialmente cerrado de la sociedad de responsabilidad limitada y en el hecho de que por medio del título constitutivo de los derechos reales puedan atribuirse determinados derechos sociales al titular de tales derechos reales que le permitan influir en la vida corporativa de la sociedad (p. ej., el usufructo y la prenda de participaciones puede utilizarse para instrumentar sindicatos de voto). Asimismo, la DGRN añade que, al permitirse al socio la transmisión plena de sus participaciones (en el presente caso sin prohibición alguna y según las restricciones que resultan del artículo 107 de la Ley de Sociedades de Capital) no lo convierte en «prisionero» de la sociedad y no perturba la realización del valor patrimonial de las participaciones con una dificultad objetiva que sea prácticamente insalvable, ni puede considerarse que rebase los límites generales a la autonomía de la voluntad (cfr. artículos 1255 y 1258 del Código Civil, 28 de la Ley de Sociedades de Capital y 188.1 del Reglamento del Registro Mercantil).