Hoy, 5 de octubre de 2021, se ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el acuerdo de suspensión ("moratoria") de la tramitación de instrumentos de planeamiento, de gestión y de licencias en un conjunto de ámbitos de suelo urbanizable y de suelo urbano de varios municipios del litoral catalán, entre Malgrat de Mar y Alcanar, aprobado por la Comisión de Territorio de Cataluña el pasado 29 de septiembre de 2021.

Se trata de una suspensión potestativa previa a la aprobación inicial del futuro Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral de Malgrat de Mar a Alcanar (PDU). Concretamente afecta a ámbitos situados en los municipios litorales de las comarcas del Maresme (excepto Montgat), el Garraf, el Baix Penedès, el Tarragonès, el Baix Camp (incluyendo Vinyols i els Arcs), el Baix Ebre y el Montsià, excluyendo los del Barcelonès y del Baix Llobregat, puesto que estos serán “revisados”, en su caso, por el futuro PDU metropolitano.

En estos ámbitos (enlace a los planos de suspensión más abajo), la Generalitat ha acordado suspender “la tramitación de planes urbanísticos derivados concretos y de proyectos de gestión urbanística y de urbanización, como también de suspender la concesión de licencias de parcelación de terrenos, de edificación, reforma, rehabilitación o derribo de construcciones, de instalación o ampliación de actividades o usos concretos y otras autorizaciones municipales conexas establecidas por la legislación sectorial, en los ámbitos incluidos en el plan de suspensión de licencias”.

La suspensión tendrá un plazo máximo de vigencia inicial de un año, que podrá ser prorrogado un año más si el acuerdo de aprobación inicial del futuro plan director urbanístico (PDU) confirma la afectación del ámbito de que se trate.

En el mismo acuerdo de suspensión se aprueba someter el documento de Avance de este PDU a un plazo de información pública de un mes. Según la Memoria de este documento (pág. 8), el futuro PDU establecerá unos criterios y definirá “las actuaciones de modificación o extinción susceptibles de aplicación en los suelos objeto de análisis, según el nivel de afectación, total o parcial, de cada uno de los criterios”.

Así pues, el Avance indica que el futuro PDU podrá clasificar como suelo no urbanizable terrenos que actualmente están clasificados como suelo urbano o como suelo urbanizable, en la misma línea de lo que ya ha previsto el Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí, aprobado el pasado 28 de enero de 2021. Por otro lado, también en la misma línea del PDU del litoral gerundense, la Memoria del Avance del PDU afirma que el futuro plano también contendrá una normativa de integración paisajística.

Planos de los ámbitos afectados por la suspensión:

 

 

Más información: Pol Fontboté, abogado del área de Derecho Público de Toda & Nel-lo.

 

Ayer, 20 de septiembre, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) incluyó novedades importantes en relación con la Ley 11/2020, del 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda.

Prácticamente al límite del plazo de un año para que expirara la declaración transitoria contenida a la propia ley, se publica el acuerdo del Ayuntamiento de Barcelona por el que se declara todo el término municipal como área con mercado de vivienda tenso. Por su parte, la Generalitat ha resuelto el mismo respecto a ciudades como Lleida, Tarragona, Girona, Terrassa, Sabadell o Igualada, entre otras.

El Área Metropolitana había adoptado un acuerdo equivalente respecto a municipios como Badalona o Sant Cugat del Vallés y está tramitando la misma declaración respecto a otros, como L'Hospitalet de Llobregat.

 

Enlaces relacionados:

Declaración área mercado vivienda tienes Barcelona 15 de septiembre 2021

Resolución DSO / 2812/2021, de 15 de septiembre, por la que se declaran varios municipios como áreas con mercado de vivienda tenso

Acuerdos AMB 27 de julio 2021 área mercado vivienda tenso: 

Declaración Badalona y otros

Aprobación inicial declaración Hospitalet de LL. y otros

 

Más información:

José María Arnedo, socio del área de Derecho Inmobiliario de Toda & Nel-lo.

Pol Fontboté, abogado del área de Derecho Público de Toda & Nel-lo. 

El jueves 22 de julio, Josep M.  Balcells, socio del área de Derecho Mercantil y Pol Fontboté, abogado asociado de Derecho Público de Toda & Nel-lo, impartieron un webinar para analizar dichas novedades. En el presente artículo exponemos algunas de las más importantes, por ejemplo, en cuanto a la duración de la garantía legal (que pasa de 2 a 3 años,) y del régimen de las garantías comerciales en la venta de productos y en los servicios posventa. Asimismo, examinaron la ampliación de las obligaciones y responsabilidades en materia de producto no conforme y los remedios (reparación, sustitución, resolución del contrato) que la norma impondrá más detalladamente a partir del 1 de enero de 2022, fecha de su entrada en vigor. 

Dada la repercusión de estas novedades para el sector de la fabricación y distribución de productos de consumo, en esta nota informativa analizamos asimismo el potencial impacto financiero de estas medidas en las cuentas de resultados de las empresas y revisamos las normas vigentes sobre el procedimiento administrativo sancionador en materia de consumo.

 

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16.09.2021

Para situar la resolución del Tribunal Constitucional (TC), recordemos antes los antecedentes de esta.

El 2 de julio de 2018, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS), resolvió el recurso de casación para la unificación de doctrina (RCUD) de una demanda en la que los demandantes alegaron que las causas que motivaron la extinción de sus contratos en un expediente de regulación de empleo (ERE) que había concluido con acuerdo, eran "falsas y no concurren en modo alguno".

Pues, tanto la sentencia del juzgado de lo social de fecha 31 de marzo del 2015, como del recurso de suplicación (25 de abril de 2018), como la precitada del RCUD (de 2de julio de 2018), desestimaron la improcedencia del despido sosteniendo, por el contrario, la procedencia puesto que se tuvieron por acreditadas las causas del despido por cuanto el periodo de consultas del ERE había finalizado con acuerdo entre los representantes de los trabajadores y la representación del ayuntamiento.

Si bien es cierto que ni el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores ni el artículo 124 de la Ley de la jurisdicción social (LRJS) contienen una norma como la del artículo 41.4 in fine o la del artículo 47.1 del ET y por las cuales "cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las causas justificativas a que alude el apartado 1 y solo podrá ser impugnado ante la jurisdicción competente por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión", el Alto Tribunal sostuvo que del estudio conjunto del sistema normativo se puede "afirmar que el legislador ha querido diseñar un régimen jurídico, en todas estas materias, que descansa en dos pilares fundamentales".

- En el ámbito del derecho sustantivo, quiere incentivar y fomentar la consecución de un acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores;

- Y en el ámbito del derecho procesal ha pretendido:

  1. derivar a los procesos colectivos la discusión sobre la concurrencia de las causas justificativas de la medida empresarial que inciden por igual en todos los trabajadores afectados,
  2. Y reservar los pleitos individuales para el análisis de las cuestiones estrictamente particulares que pudieren incidir en cada uno de los trabajadores.

Sostenía además el TS en su sentencia que si no se interpretara de esta forma podría comportar la discusión de la concurrencia de la causa del despido colectivo (finalizado con acuerdo) en cada uno de los procedimientos de impugnación individual que pudieran platearse ante los juzgados de lo social de todo el territorio nacional.

Por el contrario, consideraba el tribunal, el legislador decidió reservar para el proceso individual las cuestiones relativas a la aplicación de las reglas de permanencia, con la expresa exclusión de esta cuestión del proceso colectivo (último párrafo del art. 124.2 LJS), y la regulación distingue el procedimiento de impugnación individual cuando se desarrolla sin que hubiere tenido lugar previamente el colectivo; (regla 2 y 4 del supuesto de la letra a) del art. 124.3 LRJS), del procedimiento individual cuando sí está precedido del colectivo (regla 3 de la letra b).

A pesar de todo lo anterior, el TC entiende que la resolución "no colma las exigencias propias […]del mencionado derecho a la tutela judicial efectiva pues, como ha quedado reflejado al exponer la doctrina de este tribunal, resulta preciso que la denegación de una resolución sobre el fondo traiga causa de un “motivo fundado en un precepto expreso de la ley."

Es decir, el TC señala que la interpretación del TS restringe indebidamente que la pretensión individual sobre la concurrencia de causas que motivaron un ERE pueda ser sometida al conocimiento de los órganos judiciales, atentando al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y, por tanto, concluye que "regulación legal no impide que en procesos individuales, el órgano judicial pueda dilucidar respecto de la realidad de las causas invocadas para justificar la referida medida colectiva, aunque se hubiera alcanzado un acuerdo con la representación de los trabajadores.

 

Más información: Jordi Bou, abogado del área de Derecho Laboral de Toda & Nel-lo. 

La Dirección General de Trabajo da respuesta a una consulta realizada por Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre la interpretación que debe darse a la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto-ley 8/2020, donde se establece que las medidas  extraordinarias, recogidas en el mismo Real Decreto-ley, sobre la exoneración de cotizaciones empresariales durante los periodos de suspensión de contratos de trabajo por fuerza mayor, «estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad».

El incumplimiento del compromiso empresarial, que se produce con la extinción de contratos de trabajo por razones vinculadas a la Covid-19, comporta la devolución de la totalidad de las exenciones disfrutadas por la empresa, y no exclusivamente la de los trabajadores cuyos contratos se han visto extinguidos.

No obstante a lo anterior y atendiendo a la regulación actual, cabe la posibilidad de que una empresa pueda aplicar varios ERTE’s de diferente tipo, dependiendo de múltiples circunstancias como la actividad desarrollada en la empresa, la evolución de la pandemia o las decisiones adoptadas por las autoridades territoriales para hacer frente a la crisis sanitaria.

De estar en un supuesto como el anterior, el inicio del cómputo del plazo de 6 meses puede ser diferente en el seno de una misma empresa, bien por verse afectado por varios expedientes o porque en un centro se reanude la actividad antes que en otro, por ejemplo.

Cuando nos encontremos ante este supuesto, si se incumpliera el compromiso del mantenimiento de empleo, la empresa incumplidora se verá obligada a la devolución de la totalidad de las cuotas exoneradas correspondientes al ámbito del centro de trabajo afectado por el despido del trabajador. La DGT considera que no se deben devolver la totalidad de las cuotas exoneradas en la empresa porque el incumplimiento del compromiso recogido en la Disposición Adicional Sexta únicamente se ha producido en un único centro, y no en la totalidad de la empresa.

 

 

En esta nota informativa, los abogados del área de Derecho Tributario de Toda & Nel-lo analizan las principales medidas fiscales aprobadas por la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal (Ley Antifraude) y que tienen implicaciones en: 

  • Impuesto de Sociedades (IS)
  • Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
  • Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR)
  • SOCIMIs
  • Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD)
  • Impuesto sobre el Patrimonio (IP)
  • Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD)
  • Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
  • Ley General Tributaria
  • Ley 7/2012 (anterior ley de lucha contra el fraude)

 

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Más información: Javier Blanco, abogado del área de Derecho Tributario de Toda & Nel-lo. 

 

 

 

 

 

En el último artículo de actualidad jurídica del área de Compliance analizábamos la Sentencia de Tribunal Supremo que condenaba a un empresario por el acceso al correo personal de un trabajador. Con este artículo pretendemos abundar en la legislación vigente y la jurisprudencia que se ha dictado al respecto.

Cada vez son más los deberes y obligaciones legales que recaen sobre los administradores de las sociedades mercantiles y que amplían de manera notable el contenido del deber de diligencia de un ordenado empresario que incluye el deber de adoptar aquellas medidas necesarias para la buena dirección y control de la sociedad (art. 225.3 de la Ley de Sociedades de Capital). Los administradores no solo deben rendir cuentas de los resultados de negocio, sino también de la consecución de aquellos defendiendo los activos de la sociedad y cumpliendo con una serie de requisitos normativos cuya vulneración puede derivar no solo en responsabilidad personal para el administrador, sino también en duras sanciones para la sociedad que gestiona, incluida, desde el año 2010, la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Lo anterior, junto con la digitalización de las empresas y la mayor injerencia y control que permiten las nuevas tecnologías, ha redimensionado el escenario de conflicto entre la capacidad del empresario para adoptar medidas que aseguren un uso responsable y adecuado de los medios digitales puestos a disposición de los trabajadores y el derecho a la intimidad y el derecho al secreto de las comunicaciones de los que aquellos son titulares, también en el ámbito laboral.

En el artículo anterior ya mencionamos que la facultad de organización y control del empresario encuentra amparo legal en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores (ET), que faculta al empresario para adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, entre los que se incluyen, de conformidad con los artículos 5.c y 20.2 ET, los deberes de diligencia y colaboración, así como el deber de cumplir con las órdenes, instrucciones y medidas acordadas por el empresario en el ejercicio regular de sus facultades de dirección y organización.

Esta facultad vendría justificada, además de para verificar el cumplimiento de las obligaciones y deberes laborales por parte de los trabajadores, (i) por la necesidad de coordinar y garantizar la continuidad de la actividad operativa en supuestos de ausencia de los trabajadores (bajas, vacaciones, extinción relación laboral), (ii) por la necesidad de proteger la integridad de los sistemas y medios informáticos, así como de la información confidencial almacenada en los mismos, y (iii) por la necesidad de prevenir, detectar y reaccionar adecuadamente ante un uso inadecuado y ilícito de los medios digitales por parte de los trabajadores que pudiera derivar en responsabilidades frente a terceros.

Ahora bien, esta facultad del empresario no es absoluta, sino que en su ejercicio debe respetar los derechos fundamentales a la intimidad y al secreto de las comunicaciones de los trabajadores.

La sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, sec. 1ª, de 22 de abril de 2021, nº 328/2021, rec. 715/2020, introduce una novedad importante respecto a la licitud probatoria de la principal fuente de prueba con la que el empresario puede, por un lado, justificar la intromisión en los medios digitales y, por otro lado, fundamentar la corrección-sanción impuesta al trabajador. La novedad consiste en equiparar para la jurisdicción laboral y penal los criterios aceptados para considerar legítima la injerencia por el empresario en del derecho a la intimidad y el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones.

Hasta esta sentencia, el Tribunal Supremo seguía criterios distintos según se actuara ante la jurisdicción laboral o ante la jurisdicción penal. Así, las sentencias de la Sala 2ª de lo Penal del Tribunal Supremo 528/2014, de 16 de junio y 2844/2014, de 16 de junio, afirmaban que los criterios jurisprudenciales utilizados por la Sala 4ª de los Social del Tribunal Supremo, avalados por el Tribunal Constitucional, para considerar correcta la injerencia en el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones de los trabajadores, solo eran aplicables a la jurisdicción laboral, siendo insuficientes para la jurisdicción penal, en la que respecto al derecho de la inviolabilidad de las comunicaciones se exigía autorización judicial, si bien solo para los correos electrónicos no abiertos y no leídos, para otorgar validez probatoria a la prueba obtenida por el empresario mediante la intromisión en los medios digitales. A partir de esa premisa, la Sala 1ª de lo Penal del Tribunal Supremo proclamaba el carácter indispensable de la autorización judicial para acceder a las comunicaciones personales del trabajador. Ahora bien, quedaban excluidos de esa exigencia los denominados datos de tráfico o el uso de medios para para acceder a otros servicios de red, los mensajes que una vez recibidos y abiertos por su destinatario, ya no forman parte de la comunicación propiamente dicha, y respecto a los cuales se aplica la normativa de protección de datos y derecho a la intimidad, así como los criterios de la Sala 4ª de lo Social del Tribunal Supremo.

Así las cosas, mientras en la jurisdicción laboral el derecho a la intimidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones eran susceptibles de “negociación” por el empresario y el trabajador, en la jurisdicción penal el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones del trabajador solo podía quedar limitado por una autorización judicial.

La Sala 2ª de lo Penal del Tribunal Supremo, haciéndose eco de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) (en concreto, de las sentencias 12/01/2016, caso Barbulescu I y 05/09/2017, caso Barbulescu II), ha modulado sus criterios equiparándolos a la jurisdicción laboral.

A día hoy, en ambas órdenes jurisdiccionales -laboral y penal- se admite la fiscalización del derecho a la intimidad y del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, excluyéndose la exigencia de la autorización judicial, en el orden penal, para justificar la intromisión del empresario.

Admitida la facultad de intromisión del empresario en el derecho a la intimidad y en el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones de los trabajadores, el ejercicio de dicha facultad debe cumplir con una serie de requisitos para que pueda ser considerada una acción lítica y con valor probatorio, es decir, que no vulnere los derechos del trabajador.

 

¿Cuáles son los pasos a seguir?

El punto de partida y presupuesto inexcusable para la legitimidad de la intromisión y consiguiente valor probatorio es limitar o excluir la expectativa de privacidad e intimidad en el uso de los dispositivos digitales por parte del trabajador. No es lícito el acceso a los dispositivos digitales si el trabajador no ha sido advertido previamente de esa posibilidad y/o además no ha sido limitado el uso del dispositivo -total o parcialmente- creándose una expectativa de privacidad que no puede ser vulnerada. De manera que el empresario debe comunicar de manera clara, sencilla y expresa (i) los usos permitidos de los dispositivos -limitación o prohibición de uso personal, limitación de horarios, etc-, (ii) las medidas de supervisión y control sobre los dispositivos que se utilizarán, (iii) las finalidades y base legítima de la supervisión y control y (iv) las consecuencias del incumplimiento.

Con ello, el trabajador conoce y acepta la facultad de supervisión del empresario, estando advertido de la limitación o prohibición de los usos de los dispositivos, estando obligado, de conformidad con los artículos 5.c y 22.2 ET a cumplir con las instrucciones del empresario.

Además, en la determinación de las medidas a adoptar y, especialmente, en su ejecución, se debe realizar un el denominado juicio de proporcionalidad, consistente en aplicar criterios de ponderación relacionados con la utilidad, necesidad y la inexistencia de otras medidas menos invasivas, así como la existencia de sospechas fundadas.

Dicho proceso tiene ahora amparo normativo al ser recogido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales que en su artículo 87 dispone:

“1. Los trabajadores y empleados públicos tendrán derecho a la protección de su intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por su empleador. 2. El empleador podrá acceder a los contenidos derivados del uso de los medios digitales facilitados a los trabajadores a los solos efectos de controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales o estatutarias y de garantizar la integridad de dichos dispositivos. 3. Los empleadores deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales respetando en todo caso los estándares mínimos de protección de su intimidad de acuerdo con los usos sociales y los derechos reconocidos constitucional y legalmente. El acceso por el empleador al contenido de dispositivos digitales respecto de los que haya admitido su uso con fines privados requerirá que se especifiquen de modo preciso los usos autorizados y se establezcan garantías para preservar la intimidad de los trabajadores, tales como, en su caso, la determinación de los periodos en que los dispositivos podrán utilizarse para fines privados. Los trabajadores deberán ser informados de los criterios de utilización”.

En conclusión, el empresario dispone a día de hoy de un marco normativo y jurisdiccional completo para ejercitar diligentemente su facultad de organización, vigilancia y control sobre los dispositivos digitales puestos a disposición de sus trabajadores, teniendo valor y fuerza probatoria contra el trabajador que vulnere e infrinja sus deberes y obligaciones laborales respecto al uso de los dispositivos digitales.

 

El departamento de Compliance y Protección de Datos Personales de Toda & Nel-lo cuanta con amplia formación y experiencia en asesorar a empresas en la implementación de procesos de supervisión, vigilancia y control de los dispositivos digitales. 

 

Para más información: Jordi Dapeña, abogado senior del área de Compliance de Toda & Nel-lo. 

14.09.2021

Con motivo del Covid-19, el pasado 3 de mayo de 2021 entró en vigor la Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

La entrada en vigor de la previamente mencionada Ley 5/2021 introdujo, de manera definitiva, las siguientes actualizaciones en el ámbito de la asistencia y celebración telemática de la junta general de las sociedades de capital:

  1. Asistencia telemática a la junta general:

La nueva redacción del artículo 182 de la LSC extiende a cualquier tipo de sociedad mercantil la posibilidad, anteriormente prevista únicamente para las sociedades anónimas, de que los socios puedan asistir de forma telemática a una junta que se celebra también físicamente.

Este precepto hace referencia a las juntas mixtas, es decir, a las juntas en las que el socio puede acudir, según sus preferencias, bien de manera presencial, bien de manera telemática.

Es preciso señalar que, para que los socios se puedan beneficiar de esta nueva redacción del artículo 182 de la LSC, es necesario que los estatutos sociales de la sociedad prevean la posibilidad de asistencia a la junta general por medios telemáticos que garanticen debidamente la identidad del sujeto.

En este sentido, y al contrario de lo dispuesto en el nuevo artículo 182 bis de la LSC, para que se produzca la consecuente modificación estatutaria, siempre y cuando los estatutos de la sociedad no prevean de manera previa la posibilidad de asistencia a la junta por medios telemáticos, se requerirá la aprobación del acuerdo por la mayoría en su caso necesaria de acuerdo con lo dispuesto en la LSC.

La gran diferencia con la redacción anterior del artículo 182 de la LSC radica en que anteriormente la LSC únicamente daba opción de asistir a las juntas de manera telemática a las sociedades anónimas. La nueva redacción elimina dicha referencia, aplicándose el precepto a cualquier tipo de sociedades de capital.

Por otro lado, además, con la nueva redacción se prevé de forma expresa que las respuestas a las preguntas que realicen los socios durante el transcurso de la junta, en ejercicio de su derecho de información, puedan facilitarse durante el transcurso de la misma. Por el contrario, con la redacción anterior, la sociedad debía responder por escrito, dentro de los siete días siguientes a la celebración de la junta, a las preguntas que, en su caso, realizasen los socios durante la junta.

  1. Junta exclusivamente telemática:

El nuevo artículo 182 bis de la LSC regula, por primera vez, la posibilidad de celebrar la junta general de cualquier tipo de sociedad de capital de manera exclusivamente telemática.

En concreto, de acuerdo con la redacción literal del nuevo artículo 182 bis de la LSC, lo que se autoriza es que se pueda regular en los estatutos sociales la posibilidad de celebrar las juntas generales sin la necesidad de asistencia física de los socios o sus representantes.

Cabe mencionar asimismo que esta posibilidad no existía hasta la fecha, a excepción de las medidas excepcionales adoptadas en el contexto del Covid-19, específicamente en el Real Decreto-Ley 34/2020 y en la Ley 2/2021, de 29 de marzo, que permitieron, tanto en el año 2020 como en el actual, la posibilidad de celebrar las juntas generales de manera telemática incluso a pesar de que los estatutos de la sociedad no hubieran previsto esta posibilidad.

En este sentido, es importante precisar que la modificación de los estatutos sociales, en su caso, necesaria para la introducción de la posibilidad de celebrar las juntas exclusivamente de manera telemática, requiere la aprobación de los socios que representen, al menos, dos tercios del capital presente o representado en la reunión, por lo que, en este caso y a diferencia de lo dispuesto en el apartado anterior, de acuerdo con la redacción literal del apartado 2 del artículo 182 bis de la LSC, no sería necesario tener en cuenta las mayorías establecidas en la LSC para la adopción de este tipo de acuerdos.

Por último, es importante señalar que la junta exclusivamente telemática se considerará celebrada en el domicilio social con independencia de donde se halle el presidente de la junta.

 

Más información: Alejandra Marín, abogada del área de Derecho Mercantil de Toda & Nel-lo. 

 

El pasado 3 agosto el Gobierno acordó la prórroga de las medidas en alquiler de vivienda originalmente previstas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, aprobado tras decretarse el estado de alarma a causa de la Covid-19.

Desde entonces, las medidas previstas en dicha norma para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica se han ido prorrogando, incluyendo modificaciones y precisiones hasta el diseño actual, cuya última prorroga finalizaba el 9 de agosto de 2021.

Ante la incertidumbre de la evolución de la pandemia y la llegada de la “quina ola”, que continúa ocasionando graves efectos negativos en la economía, el ejecutivo acordó nuevamente ampliar las medidas, esta vez hasta el 31 de octubre de este año.

Resumidamente, las medidas prorrogadas hasta el 31 de octubre en materia el alquiler de vivienda son las siguientes:

  1. Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos por impago de rentas o expiración del plazo:

En los juicios verbales en los que se pretenda recuperar la posesión de la finca por impago de rentas o expiración del plazo de duración, el arrendatario podrá instar un incidente de suspensión extraordinaria del desahucio si acredita que se encuentra en situación de vulnerabilidad económica que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva.

No obstante, el arrendador también podrá oponer su propia situación de vulnerabilidad, a lo que el juez deberá decidir sobre cual debe prevalecer. Para el caso de que se entendiera que prevalece la del arrendador, se acordaría la continuación del procedimiento.

  1. Suspensión de los desahucios y lanzamientos en los procedimientos de precario:

Asimismo, se prevé que el Juez podrá suspender los lanzamientos para los procedimientos de precario y ocupación o perturbación sin justo título.

No obstante, para que en estos casos pueda suspenderse el lanzamiento deben darse los siguientes requisitos: (i) las viviendas deberán pertenecer a personas jurídicas o físicas que sean titulares de más de diez viviendas (lo que se conoce como “gran tenedor”), (ii) todas las personas que habitan sin título deberán acreditar que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica y (iii) además, quien habite deberá ser persona dependiente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley 39/2006, víctima de violencia sobre la mujer o tener a su cargo, conviviendo en la misma vivienda, alguna persona dependiente o menor de edad.

Sin perjuicio de lo anterior, no podrá acorarse la suspensión en determinados supuestos como cuando el inmueble ocupado sea el domicilio habitual o segunda residencia de una persona física, cuando la entrada o permanencia se haya producido mediante intimidación o violencia sobre las personas, entre otros.

  1. Prórroga extraordinaria del contrato por seis meses:

Se establece también que, en los contratos de vivienda habitual en los que finalice el periodo de prorroga obligatoria o tácita antes del 31 de octubre de 2021, el arrendatario podrá solicitar una prórroga extraordinaria por un periodo máximo de 6 meses. Durante los meses prorrogados, seguirían aplicando los términos y condiciones establecidos en el contrato en vigor.

El arrendador estará obligado a aceptar dicha prorroga del contrato, salvo que (i) las partes hubieran pactado otro plazo previamente, o (ii) se haya resuelto el contrato por necesidad del arrendador, según lo previsto en el artículo 9.3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

  1. Moratoria y quita del pago de la renta:

Por último, salvo que ya se hubiera llegado a un acuerdo, los arrendatarios de viviendas habituales que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, podrán solicitar del arrendador el aplazamiento temporal o la quita parcial en el pago de la renta cuando este sea i) una empresa o entidad pública o ii) un gran tenedor.

En definitiva, nos encontramos con otra nueva ampliación en los plazos para que el arrendatario en situación de vulnerabilidad pueda acogerse a las medidas extraordinarias en el arrendamiento de vivienda.

No obstante, en la práctica, los numerosos requisitos previstos en la ley, así como la dificultad para acreditar la situación de vulnerabilidad que requiere de la aportación de una documentación específica, comporta que finalmente acabe siendo un número reducido de arrendatarios los que puedan beneficiarse de estas medidas.

 

Más información: Lluís Nel-lo, abogado del área de Derecho Procesal de Toda & Nel-lo. 

10.09.2021

Según el Tribunal Supremo (TS), la primera vía para reaccionar ante un incumplimiento de convenio urbanístico por demora es la de la acción de resolución y/o responsabilidad contractual, no la de la reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración. 

Así lo declara en su reciente sentencia de 23 de junio de 2021 (Roj: STS 2624/2021). En esta resolución, el alto tribunal declara que, como regla general, el incumplimiento de un convenio urbanístico por demora o retraso no puede fundamentar una reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración, que constituye una figura de responsabilidad extracontractual. Ante un incumplimiento por demora debe instarse en primer lugar la resolución del convenio o exigir las correspondientes responsabilidades contractuales.

No obstante, el TS reconoce que, en “determinadas ocasiones” en las que proceda una reparación “integral”, se puede admitir la “compatibilidad” en el ejercicio de ambas acciones, siempre y cuando no se confundan los requisitos y fundamentos de cada figura, que son de distinta naturaleza.

En su anterior sentencia de 10 de febrero de 2021 (Roj: STS 537/2021), el TS se había pronunciado en una línea similar al establecer que “por la vía de la responsabilidad patrimonial de la Administración no puede exigirse la devolución de las cantidades entregadas en virtud de un convenio urbanístico de planeamiento en caso de incumplimiento del mismo por ser necesario instar su resolución por incumplimiento para solicitar tal devolución”.

En definitiva, todos estos pronunciamientos se insertan en la consolidada jurisprudencia del TS que enmarca las acciones por incumplimiento de convenios urbanísticos en los mecanismos generales para reaccionar ante incumplimientos contractuales. Así, por ejemplo, el TS ha declarado en numerosas ocasiones que el plazo de prescripción para la acción de incumplimiento de convenios urbanísticos es el previsto con carácter general en la legislación civil para las acciones personales (por todas, Roj: STS 3501/2020).

 

Más información: Pol Fontboté, abogado del área de Derecho Público de Toda & Nel-lo. 

 

Muchas empresas, en las que hasta ahora se teletrabajaba a tiempo completo, están optando por limitar el teletrabajo a menos del 30% de la jornada para evitar aplicar la ley del trabajo a distancia, y en consecuencia, no tener que asumir los gastos asociados. Cinco Días ha contado con la participación de Carlos Piera, socio del área de Derecho Laboral de Toda & Nel-lo, para analizar las claves de este tema de actualidad. Y es que las empresas que mantengan el teletrabajo a partir del 30 de septiembre deberán adecuarse a lo establecido en la nueva normativa del trabajo a distancia, siempre y cuando superen el umbral en el que al menos el 30% del tiempo de trabajo, computado en un período de referencia de 3 meses, sea en remoto. Esto implica, entre otras cosas, el abono de los gastos derivados de la realización del trabajo a distancia, un asunto que según los abogados laboralistas genera muchas dudas.

 

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09.09.2021

El Anteproyecto de Ley para la Reforma de la Ley Concursal de 8 de julio fue aprobado por el Consejo de Ministros el 3 de agosto de 2021.

La finalidad principal es transponer la Directiva sobre reestructuración e insolvencia 2019/1023, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, y aplicar una drástica reforma al sistema concursal actual.

 

El anteproyecto de ley se encuentra pendiente de aprobación

 

El Ministerio de Justicia y el de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha liderado el proyecto de reforma. Entre las novedades que se proponen:

  • Los instrumentos pre-concursales se definen como planes de reestructuración que sustituirían los actuales acuerdos de refinanciación, pero que se muestran insuficientes.
     
  • Se propone un nuevo proceso concursal para autónomos y microempresas de menos de diez trabajadores con un coste muy reducido. Inicialmente sería necesario pasar por un periodo de negociación con los acreedores de un máximo de tres meses. En dicho periodo se debería plantear o bien un plan de continuación rápido y flexible o, en su defecto, se plantearía una liquidación ordenada a través de un sistema de tramitación on line. En estos supuestos, no será preceptiva la intervención de abogado ni procurador en representación, ni del deudor ni de los acreedores. Tampoco se designará administrador concursal. 
     
  • En relación con los mecanismos de segunda oportunidad, se propone la posibilidad de exonerar las deudas sin que sea necesaria la liquidación previa del patrimonio del deudor. Se propone que la duración del plan de pagos tenga una duración máxima de tres años, que podrá ser ampliada a cinco cuando se enajene la vivienda habitual del deudor. Respecto de la exoneración del crédito público, se plantea garantizar la recuperación de dicho crédito, y lo que supone una postura contraria a la doctrina del Tribunal Supremo en relación a la sentencia de 2 de julio de 2019 cuyo ponente fue Don Ignacio Sancho Gargallo.
     
  •  Con el fin de garantizar la agilización de los procesos concursales, se incentivaría a aquellos administradores concursales que gestionen con premura los procesos, y se penalizaría a aquellos cuya gestión no sea adecuada y que dilate el proceso innecesariamente.

 

Diferentes entidades, colegios y asociaciones profesionales han realizado alegaciones en contra de su aprobación y con nuevas propuestas más adecuadas. 

 

 

Más información: Miriam Magdalena, socia del área de Insolvencias y Concursal de Toda & Nel-lo.