El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19 tras la declaración del estado de alarma, publicado en el BOE del miércoles 18 de marzo, fecha en la que ha entrado en vigor. Asimismo, en esa misma fecha se ha aprobado el Real Decreto 465/2020 que modifica determinados aspectos del Real Decreto 463/2020, de 14 marzo, de declaración del estado de alarma.

Estas medidas se suman a las del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, y las del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del Covid-19.

Las principales medidas que derivan de ese conjunto de normas pueden resumirse en el sentido ofrecido por Toda & Nel-lo en este documento, el cual se ha estructurado en los siguientes apartados o puntos principales:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MEDIDAS EN MATERIA DE DERECHO ADMINISTRATIVO

2. MEDIDAS RELATIVAS AL DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL

3. DERECHO MERCANTIL Y MEDIDAS EXCEPCIONALES PARA SOCIEDADES, COOPERATIVAS, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES

4. MEDIDAS EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO

5. MEDIDAS EN MATERIA PROCESAL

6. MEDIDAS EN MATERIA CONCURSAL

7. GARANTÍA DE LIQUIDEZ PARA SOSTENER LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ANTE LAS DIFICULTADES TRANSITORIAS CONSECUENCIA DE LA SITUACIÓN

8. VIGENCIA DE LAS PRINCIPALES NORMAS ANALIZADAS

 

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20.03.2020

Dada la situación excepcional que estamos viviendo por la propagación del COVID-19, el Gobierno adoptó ayer algunas medidas urgentes para responder al impacto económico que se está generando.

Concretamente, en materia tributaria, aprobó introducir una disposición para que, en el ámbito de las competencias de la Administración del Estado, se concedan automáticamente aplazamientos del ingreso de las deudas que se deriven de declaraciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación finalice desde hoy mismo (13/03/2020) y hasta el 30 de mayo de 2020, siempre y cuando se cumplan los siguientes dos requisitos:

  • 1. que se trate de deudas cuyo importe, en conjunto, no supere los 30.000 euros; y,
  • 2. que el deudor sea una persona o entidad que haya tenido en 2019 un volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros.

Es preciso advertir que la norma prevé expresamente que puedan ser aplazables tres tipos de deudas que, por su naturaleza, generalmente no lo son:

  • 1. las que afectan a retenciones e ingresos a cuenta;
  • 2. las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos (como el IVA); y,
  • 3. las relativas a los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.

En otro orden de cosas, señalar que los aplazamientos se concederán por un plazo de seis meses y que no se devengarán intereses de demora (actualmente exigibles a razón de un tipo del 3,75% anual) durante los primeros tres.

El planteamiento de los aplazamientos comentados deberá hacerse siguiendo las instrucciones que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) ha publicado en su sede electrónica, a las que puede acceder a través del siguiente enlace.

13.03.2020

El diario Expansión ofrecía, en su edición del 4 de marzo de 2020, una guía que explica las cuestiones laborales, mercantiles y contractuales, administrativas y relativas a potenciales litigios que deben tener en cuenta las empresas en los planes de contingencia que están elaborando ante la crisis del coronavirus.

Para la elaboración de dicho "plan de contingencia" se ha contado con la colaboración de varios abogados de Toda & Nel-lo;  en concreto, de Dídac Ripollès (socio de Laboral, para las cuestiones laborales), Josep M. Balcells (socio de Mercantil e Internacional, para las implicaciones mercantiles), Javier García (socio de Administrativo, para todo lo relativo a los aspectos relacionados con Derecho Público y la Administración) y Álvaro Rifá, counsel de Derecho Procesal (para los temas relacionados con los posibles litigios que pueden desencadenar de esta situación).

La guía da respuesta a las siguientes cuestiones: 

 

LABORAL

  • ¿Puede la empresa obligar a teletrabajar un tiempo?
  • ¿Qué ocurre si la producción se ve afectada?
  • ¿Puede un trabajador dejar de acudir al centro de trabajo por miedo al contagio?
  • ¿Puede decidir el empleado unilateralmente teletrabajar?
  • ¿Qué ocurre si un empleado se contagia o si debe estar en cuarentena?
  • ¿Cabe exigir a un trabajador que preste servicios si se encuentra en cuarentena, pero sin síntomas?
  • ¿Puede una empresa en España suspender su actividad por el Covid-19?
  • ¿Está obligada la empresa a repatriar a expatriados en zonas de riesgo?
  • ¿Está obligado el empresario a suspender viajes, convenciones, reuniones, o ferias internacionales? ¿Y si el empleado se niega a ir?

 

MERCANTIL

  • ¿Es un caso de fuerza mayor que justificaría no suministrar a los clientes por no recibir materia prima o producto de los países afectados (China, Italia, etc.)?
  • ¿Puede un cliente exigir que se compre las materias primas más caras de proveedores situados en terceros países si no puede abastecerse desde China?
  • Y, como cliente de empresas chinas, ¿es definitivo el certificado del Gobierno chino acreditando motivos de fuerza mayor?
  • ¿Queda cubierta la fuerza mayor en la póliza de seguro como para resarcir de los daños que cause la pérdida de clientes o para indemnizar a terceros los daños que cause mi empresa por no atender los pedidos?
  • Si un proveedor no ha informado de la rotura de su cadena de suministro y deja de servir los pedidos sin más justificación, ¿podrá reclamársele daños y perjuicios?

 

LITIGACIÓN

  • Como empresario, ¿cabe verse abocado a un aumento de los procedimientos judiciales?
  • ¿Puede considerarse al Covid-19 como un supuesto de fuerza mayor que justifique un incumplimiento contractual? ¿Podría resultar de aplicación la cláusula 'rebuc sic stantibus'?
  • ¿Dónde puede producirse la controversia judicial?
  • ¿Qué puedo hacer ya para salvaguardar los intereses procesales de mi empresa?

 

ADMINISTRATIVO

  • ¿Quién debe soportar las consecuencias económicas de las órdenes gubernativas (de confinamiento, manutención, etc.)?
  • A una empresa farmacéutica, ¿hasta qué punto le vinculan las cláusulas de suministro a centros de salud y hospitales en el caso de desabastecimiento?

 

El artículo completo se puede leer haciendo clic aquí

El Parlament de Catalunya está tramitando un proyecto de ley de medidas fiscales, financieras y del sector público para el 2020 que fue publicado en el Boletín Oficial de la referida cámara catalana el pasado 30 de enero. Entre las distintas medidas tributarias que se pretenden introducir por el referido proyecto de ley, cabe destacar las siguientes:

1. La creación de un nuevo tributo propio, en concreto, el “Impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente” con el que se proyecta gravar la incidencia que ocasionan al entorno natural algunas actividades de producción, almacenamiento o transformación de energía eléctrica.

2. La modificación de determinados tributos propios ya existentes, entre éstos:

a. El Impuesto sobre Bebidas Azucaradas del que se prevé incrementar el tipo de gravamen de 0,08 € a 0,10 € por litro para bebidas con una cantidad de azúcar entre 5 y 8 gramos por cada 100 mililitros, y de 0,12 € a 0,15 € por litro para bebidas con un contenido de azúcar superior a 8 gramos por cada 100 mililitros.

b. El Impuesto sobre Viviendas Vacías en el que se proyecta reformar las bonificaciones previstas en el impuesto en función del volumen de viviendas que se destinen a un alquiler asequible.

c. El Impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos respecto del que se reforma el ámbito subjetivo de aplicación para someter a tributación a aquellos cruceros que no entran en el puerto pero que quedan fondeando en aguas del territorio de Cataluña.

3. El incremento de los tipos impositivos de la tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para bases liquidables superiores a 90.000 €. Concretamente, se proyecta incrementar esos tipos en 2 puntos porcentuales respecto de bases de entre 90.000 € y 120.000 € (fijándose en 23,5 %) y en 1 punto porcentual las de entre 120.000 € y 175.000 € (que pasaría a situarse en el 24,5 %).

4. La reforma de múltiples aspectos relativos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, entre éstas:

a. La recuperación de los coeficientes multiplicadores para los grados más cercanos (Grupo I y II) manteniéndose los coeficientes actuales para los grados más alejados y extraños. La introducción de esa reforma puede llegar a suponer el incremento del 10% de las cuotas tributarias a satisfacer por los cónyuges, ascendientes y descendientes beneficiarios de una sucesión si su patrimonio es superior a 500.000 €, de un 15% si es superior a 2 millones de euros y de un 20% si supera los 4 millones de euros.

b. La modificación del régimen de bonificaciones en cuota que se venía aplicando indistintamente a los contribuyentes de los Grupos I y II. Por lo que se refiere al primer supuesto, se mantienen las mismas bonificaciones del marginal –que van desde el 99% al 20%-, mientras que para los contribuyentes del Grupo II la bonificación marginal queda fijada del 60% al 0%.

c. La práctica eliminación de la posibilidad de aplicar alguna bonificación en el Impuesto en el caso de que el contribuyente haya optado por aplicar cualquier otra reducción o exención, salvo la reducción por adquisición habitual.

5. Finalmente, la aprobación de un tipo reducido del 5% del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD) a satisfacer por las adquisiciones de vivienda por parte de miembros de familias monoparentales.

 

Puede consultar el texto íntegro del comentado Proyecto de Ley aquí.

Las opiniones de los internautas publicadas en páginas web como TripAdvisor suponen un importante escaparate en negocios como la hostelería y la restauración. Sin embargo, las opiniones no siempre son favorables a los intereses de los titulares de los mismos, hecho que precisamente propició el procedimiento judicial objeto de este artículo.

El pasado 18 de septiembre de 2019, el Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Barcelona dictó sentencia absolviendo a TripAdvisor de una demanda por competencia desleal interpuesta por una empresa que había recibido críticas negativas en el portal.

Las críticas negativas que fundamentaban la base de la demanda fueron calificadas por la empresa demandante de falsas y dañinas para la imagen de sus negocios. En consecuencia, la demandante solicitaba que se condenara a TripAdvisor a reparar el daño que dichos comentarios habían producido en sus negocios.

El Juez de lo Mercantil desestimada la demanda basándose, por un lado, en que el portal efectúa un doble control de las opiniones que suben los usuarios a la red: uno proactivo y otro reactivo; y por otro, en que TripAdvisor no basa su modelo de negocio en la mayor o menor reputación de los establecimientos que tienen un perfil creado su web.

En consecuencia, el Juzgado desestima la demanda formulada por la empresa receptora de las críticas negativas, sin expresa condena en costas dado que concurren notas suficientes de novedad, de dificultad y razonables dudas de derecho.

08.01.2020

Desde Toda & Nel-lo queremos recordar que el pasado 1 de marzo de 2019 se publicó el Real Decreto Ley 6/2019 (RD 6/2019), de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, con el que se establecieron modificaciones que pretenden conseguir una mayor igualdad entre mujeres y hombres.

Una de las modificaciones más mencionadas fue la realizada en el artículo 45.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, por la que se estableció la obligación de elaborar y aplicar un Plan de Igualdad también en empresas con menos de 250 trabajadores. La preceptiva obligación de disponer de un plan de igualdad había dependido -hasta la fecha- de si las empresas superaban ese número de trabajadores en platilla.

Ahora bien, la Disposición transitoria 12ª del precitado RD ha previsto una disminución del número de trabajadores en plantilla y que darán lugar a una inclusión paulatina de un mayor número de empresas en la obligación de disponer de un plan de igualdad. Así hasta que la medida alcance a las empresas con más de 50 trabajadores

En efecto, desde la fecha de publicación del RD 6/2019 (el pasado 7 de marzo de 2019) el número de trabajadores que circunscriben a las empresas en el obligado plan disminuye año tras año. De este modo:

- Las empresas de más de 150 y hasta 250 trabajadores contaban con un periodo de un año para la aprobación de los planes de igualdad.
- Las empresas de más de 100 y hasta los 150 trabajadores, disponen de un periodo de dos años desde la publicación del RD 6/2019.
- Las empresas de 50 a 100 trabajadores dispondrán de un periodo de tres años.

Consecuencia de lo anterior, el próximo 6 de marzo de 2020 será la fecha límite para que las empresas que cuenten con más de 150 trabajadores deban disponer ya de un plan de igualdad y, a su vez, se inicia la cuenta atrás para las empresas con más de 100 trabajadores, que dispondrán de un año para elaborar y aplicar el suyo.

Recordamos que otra de las novedades que trajo el RD 6/2019 fue que, el diagnóstico previo, sobre el que el plan aplicará medidas tendentes a una mayor igualdad, debe ahora negociarse con la representación de los trabajadores. No se trata pues de un proceso que pueda aplicar de forma unilateral la empresa.

En caso de incumplimiento de alguna de las materias previstas en relación a los planes de igualdad, se prevé la posibilidad de sancionar a la empresa por infracción grave en virtud de lo establecido en el artículo 7.13 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

07.01.2020

¿Siguen cometiendo las empresas graves errores en materia de compliance?

¿Los empresarios y los consejos de administración prestan la atención a este asunto que se merece?

¿Dónde es el primer sitio en el que mirar a la hora de configurar un plan de 'compliance' en una empresa?

¿Es difícil explicar a los empleados que tienen que informar de las actividades que son susceptibles de delito?

 

En esta entrevista para El Economista, el socio director de Compliance de Toda & Nel-lo Jordi Sot analiza las claves para implantar un programa de cumplimiento normativo eficaz según el tamaño, tipología o necesidades de cada empresa, los errores que se suelen cometer a la hora de configurar un plan de compliance, o los riesgos a los que más se enfrenta un abogado especializado en esta materia y cómo se afrontan dichos riesgos, como la falta de regulación en el uso de los sistemas informáticos, uno de los más frecuentes.

 

Leer entrevista completa 

03.01.2020

Afrontamos el final de 2019 y la apertura del nuevo año con numerosas incertidumbres acerca de posibles cambios fiscales que podrían producirse a lo largo de 2020. Las posibles mayorías en el Parlamento español para poder aprobar leyes tributarias están todavía por definir, si bien los pactos explorados entre grupos políticos de izquierdas dibujan un escenario de subida de impuestos sobre las rentas del capital, tanto para personas físicas como sociedades.

A modo de ejemplo, se espera que en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas la base del ahorro (en la cual se integran los rendimientos por intereses, dividendos o las ganancias en la venta de activos) deje de tributar a un tipo máximo del 23%, quizá para elevarse hasta un 27%. Ello ocasiona que muchas empresas familiares se animen ahora a repartir dividendo a sus socios procedentes de beneficios acumulados (y no reinvertidos) en el pasado.

En paralelo, la posibilidad de que se instaure un gravamen mínimo en la percepción de dividendos por una sociedad (de manera que del típico beneficio del artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades pudiera ver sensiblemente reducido su efecto, pasando de exención plena a exención del 95%), está llevando a muchas filiales –nacionales o extranjeras– a acordar (incluso en el mismo año 2019, de ser posible) un dividendo a favor de su sociedad matriz.

En ese sentido, el periódico Expansión, en su edición del pasado miércoles 18 de diciembre y citando a Toda & Nel-lo y al abogado Albert Mestres (counsel de Derecho Tributario) como experto en esta temática, se hacía eco de estos movimientos patrimoniales, que abarcan un amplio espectro de contribuyentes, desde sociedades cotizadas a empresas medianas o de tipo familiar.

Sea como fuere, convendrá analizar al detalle cada caso concreto, considerando los “timings” (así como eventuales efectos retroactivos de las medidas fiscales que puedan resultar aplicables) y los períodos de ejecución que puedan ser precisos.
 

 

23.12.2019

El 7 de diciembre se publica en el DOUE Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1912 del Consejo, de 4 de diciembre de 2018, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 282/2011 en lo que respecta a determinadas exenciones relacionadas con operaciones intracomunitarias, siendo de aplicación a partir del 1 de enero de 2020:

Medios de prueba de la expedición o transporte intracomunitario (art. 45.bis Reglamento de Ejecución 282/2011)

Con el objetivo de aumentar la seguridad jurídica, se armonizan las condiciones para considerar que se ha producido una expedición o transporte intracomunitario de las mercancías mediante dos presunciones iuris tantum: 

 

 

Como recordábamos en una nota de actualidad jurídica de 21/05/2019, el IANP es un tributo de nueva creación, exigible en todo el territorio de Cataluña, que tiene por objeto gravar de forma progresiva la tenencia por parte de personas jurídicas y algunas entidades sin personalidad jurídica propia -entre estas, comunidades de bienes y herencias yacentes-, de determinados bienes considerados “no productivos”.

Se trata de un gravamen pionero entre las comunidades autónomas que busca evitar que grandes patrimonios tengan propiedades a nombre de empresas para no tener que declararlas a través del Impuesto de Patrimonio.

Entre los bienes sujetos a este impuesto se encuentran los bienes inmuebles, los coches y vehículos de potencia de más de 200 caballos, embarcaciones de lujo, aviones privados, helicópteros, objetos de arte, antigüedades y joyas.

La presentación de la autoliquidación debe hacerse por vía telemática en la sede electrónica de la Agencia Tributaria de Cataluña a la que se puede acceder mediante el siguiente enlace.

28.11.2019

El 15 de noviembre se publica en el BOP de Barcelona una nueva moratoria de licencias de vivienda de uso turístico en la ciudad de Barcelona.

En concreto, el Ayuntamiento de Barcelona ha acordado suspender:

1) Las comunicaciones previas y declaraciones responsables de inicio de actividad de vivienda de uso turístico.

2) Las licencias de obras y comunicaciones previas para obras destinadas a la implantación de vivienda de uso turístico.

3) Las licencias urbanísticas de cambio de uso de edificio para destinarlos a actividad de vivienda de uso turístico.

 

El acuerdo de suspensión puede consultarse en el siguiente enlace.

La nueva moratoria se acuerda por un plazo inicial de un año, y quedan excluidas de la misma las comunicaciones previas con informe previo del PEUAT vigente.

 

15.11.2019