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08.03.2022

El autocontrato societario y el conflicto de interés

El autocontrato societario está permitido en determinados supuestos regulados y en aquellos en que así lo decida la Junta General, a pesar de que pueda darse un conflicto de intereses en la persona del administrador.

La autocontratación puede definirse como aquella situación en que, habiendo un conflicto de intereses, una persona actúa al mismo tiempo en nombre propio y como representante de una sociedad. De este modo, el negocio está sometido real y únicamente a la voluntad de un solo sujeto.

La Ley de Sociedades de Capital no regula el autocontrato societario, mientras sí regula la figura jurídica del conflicto de interés. Por ello, y no teniendo el primero una regulación jurídica propia, se aplica por analogía la regulación del conflicto de interés al autocontrato societario.

Dentro de las operaciones ordinarias de una sociedad, hay una serie de operaciones en las que, a pesar de parecer que se produce un conflicto de interés, realmente este no ocurre. Dichas operaciones son las siguientes: (i) cuando un administrador solidario contrata con la sociedad a la que representa estando la sociedad representada por otro administrador solidario en dicha operación; (ii) cuando un administrador mancomunado actúa en su propio nombre, actuando el otro administrador en nombre de la sociedad; y (iii) en el consejo de administración, cuando un consejero contrata con la sociedad, debiendo dicho consejero abstenerse en la votación del acuerdo en cuestión. 

De este modo, existe un autocontrato cuando en una operación, a pesar de haber formalmente dos sujetos y dos voluntades, ambas manifestaciones de voluntad dependen de un mismo sujeto. Además, es también aplicable a los apoderados por el administrador en situación de conflicto de interés para actuar en nombre de la sociedad. La razón es la posibilidad de que se dé un riesgo de parcialidad, dada la dependencia del apoderado.

Asimismo, para que haya un autocontrato societario prohibido, es necesario que la operación no esté autorizada por la sociedad. Esto quiere decir que, si fue autorizada, previa o posteriormente, no se daría un autocontrato prohibido.

La autorización de la sociedad no puede tener carácter general, ni puede estar regulada en los estatutos. En este sentido se ha pronunciado la Dirección General de los Registros y el Notariado.

De este modo, la Junta General sí puede autorizar un autocontrato, mientras que el Órgano de Administración puede autorizarlo pero solo en determinados supuestos, entre los que cabe destacar cuando el valor de la transacción no exceda del 10% del valor de los activos y cuando quede garantizada la independencia del administrador que concede la dispensa respecto del administrador dispensado.

En el caso de que se llevara a cabo la operación en perjuicio de la sociedad, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido que la sociedad podría impugnar la operación, por abuso de poder.

Con relación al conflicto de interés, este se produce cuando, para la satisfacción del propio interés del representante, se sacrifica el interés del representado. En definitiva, cuando el primero obtiene un beneficio a costa de perjudicar al segundo.

Por último, con respecto a los efectos del autocontrato societario, cabe señalar que las operaciones realizadas por un administrador en conflicto de interés entran dentro de la figura del abuso de poder, al actuar el administrador en perjuicio de los intereses de la sociedad que representa. En determinados casos, el administrador necesita de una autorización expresa de la Junta General. En estos casos, cuando se ha concedido la autorización, la actuación del administrador es vinculante para la sociedad si se ha contratado con terceros de buena fe.

En el supuesto de declararse de ineficacia del contrato, en principio la declaración conllevaría la recuperación del estado anterior a la celebración del negocio, lo que, a su vez, perjudicaría a los terceros con los que se hubiera contratado.

En definitiva, el autocontrato societario está permitido en determinados supuestos regulados y en aquellos en que así lo decida la Junta General, a pesar de que pueda darse un conflicto de intereses en la persona del administrador. Ahora bien, si el administrador llevara a cabo un autocontrato societario perjudicando a la sociedad, esta podría actuar contra dicho administrador. Y si el autocontrato fuera declarado ineficaz, afectaría a la sociedad y a los terceros con los que se hubiera contratado.

 

 

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