El reciente Real Decreto-ley 9\/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen diversas directivas de la Uni\u00f3n Europea introduce en la Ley de Enjuiciamiento Civil (\u201cLEC\u201d) una nueva regulaci\u00f3n que busca facilitar el acceso a los medios de prueba en las reclamaciones de da\u00f1os derivados de conductas vulneradoras del Derecho de la Competencia.<\/p>\n
En los supuestos en los que se vulneran las normas de la competencia, se abre un procedimiento ante la autoridad de la competencia, la cual tras analizar las pr\u00e1cticas denunciadas, resuelve imponiendo la sanci\u00f3n que considera oportuna. Sin embargo, pese a que se acaba sancionando al infractor, el perjudicado no recibe, por ese procedimiento, ninguna compensaci\u00f3n por los da\u00f1os sufridos. La \u00fanica v\u00eda que se le ofrece para reclamar una indemnizaci\u00f3n es la interposici\u00f3n de una acci\u00f3n civil por da\u00f1os.<\/p>\n
Hasta la presente reforma, el ejercicio de este tipo de acciones resultaba arduo y complejo debido al dif\u00edcil acceso a medios de prueba que pudieran sustentar la pretensi\u00f3n ejercitada, pues los documentos necesarios para que prospere dicha acci\u00f3n se encuentran bajo el control del infractor o de la autoridad de competencia que ha tramitado el procedimiento sancionador.<\/p>\n
Es por ello que se ha creado una nueva secci\u00f3n en la LEC que facilita a las partes el acceso a las fuentes de prueba en este tipo de procedimientos. En el nuevo articulado se han establecido los requisitos para solicitar al tribunal medidas que permitan acceder a las pruebas, ofreci\u00e9ndose un listado ejemplificativo de las medidas a solicitar, as\u00ed como su ejecuci\u00f3n y el r\u00e9gimen sancionador derivado de la obstrucci\u00f3n de su pr\u00e1ctica.<\/p>\n
1. La solicitud de exhibici\u00f3n de fuentes pruebas; tribunal competente y momento procesal<\/u><\/strong><\/p>\n En primer lugar, el acceso a las fuentes pruebas est\u00e1 exclusivamente previsto para aquellos procedimientos en los que se ejerciten acciones de da\u00f1os derivados de la infracci\u00f3n del derecho de la competencia.\u00a0 Es en el contexto de justificar la viabilidad de la acci\u00f3n\u00a0 de da\u00f1os que el interesado puede pedir al tribunal a trav\u00e9s de una solicitud \u201cmotivada razonadamente<\/em>\u201d que ordene la exhibici\u00f3n de aquellas pruebas que sean pertinentes y que se encuentren en poder de la otra parte o de un tercero.<\/p>\n A fin de evitar abusos, la exhibici\u00f3n ser\u00e1 lo m\u00e1s acotada posible, para lo que la ley establece que el juez deber\u00e1 valorar los hechos y pruebas\u00a0 que hayan justificado la exhibici\u00f3n, la proporcionalidad de las medidas y los intereses de las partes.<\/p>\n Ser\u00e1 competente para ordenar la exhibici\u00f3n el tribunal que est\u00e9 conociendo el asunto en primera instancia, y si no se hubiera iniciado, el que sea competente para conocer de la demanda principal.<\/p>\n Est\u00e1 previsto que esta solicitud pueda realizarse antes de la incoaci\u00f3n del proceso, en la demanda o durante la pendencia del proceso. En caso de solicitarse con anterioridad a la incoaci\u00f3n del proceso, el peticionario deber\u00e1 presentar la demanda en los 20 d\u00edas siguientes a su pr\u00e1ctica.<\/p>\n El mal uso de este tipo de medidas tendr\u00e1 un coste para su solicitante, pues deber\u00e1 abonar tanto los gastos, como los da\u00f1os y perjuicios que se deriven. Por este motivo, la persona de quien se interese la medida podr\u00e1 pedir al tribunal que obligue al solicitante a constituir cauci\u00f3n suficiente<\/u> para responder de los da\u00f1os que pudieran generarse.<\/p>\n 2. Procedimiento<\/u><\/strong><\/p>\n Una vez recibida la solicitud se dar\u00e1 traslado de la misma y se citar\u00e1 a todas las partes a una vista oral, tras la que el tribunal resolver\u00e1 mediante auto si la estima o no. Contra la resoluci\u00f3n podr\u00e1 interponerse recurso de reposici\u00f3n con efectos suspensivos, que en caso de desestimarse, permitir\u00e1 a la parte perjudicada hacer valer sus derechos en segunda instancia.<\/p>\n No obstante, si la solicitud denegada hubiera sido formulada con antelaci\u00f3n a la interposici\u00f3n de la demanda, podr\u00e1 el peticionario interponer directamente recurso de apelaci\u00f3n.<\/p>\n 3. Ejecuci\u00f3n de la medida <\/u><\/strong><\/p>\n Para garantizar la efectividad de la medida, est\u00e1 previsto que el tribunal pueda emplear todos los medios necesarios, incluso acordando la entrada y registro en lugares cerrados y domicilios. La obstrucci\u00f3n a la buena pr\u00e1ctica de las medidas puede comportar graves consecuencias, pudiendo el requerido ser tenido por confeso, por allanado o que se le impongan multas de hasta 60.000 euros, adem\u00e1s de la condena a pagar las costas del incidente de acceso a fuentes de prueba y del procedimiento principal.<\/p>\n 4. Exhibici\u00f3n de pruebas contenidas en un expediente de una autoridad de la competencia <\/u><\/strong><\/p>\n Asimismo, es posible solicitar prueba que conste en el procedimiento sancionador que se haya tramitado ante la autoridad de competencia. Ahora bien, se establecen estrictos requisitos de confidencialidad y limitaciones respecto a la prueba que se puede solicitar y el momento oportuno para ello. No pudiendo en ning\u00fan caso ordenarse la exhibici\u00f3n de las declaraciones de los programas de clemencia o de las solicitudes de transacci\u00f3n por constar en ellas informaci\u00f3n auto inculpatoria.<\/p>\n 5. Confidencialidad <\/u><\/strong><\/p>\n La nueva regulaci\u00f3n no prev\u00e9 que la confidencialidad de la informaci\u00f3n suponga un obst\u00e1culo para el desarrollo de las medidas. As\u00ed pues, se prev\u00e9 que el juez pueda acordar el acceso a pruebas que contengan informaci\u00f3n confidencial adoptando siempre las medidas necesarias para garantizar su protecci\u00f3n (audiencias a puerta cerrada, disociar pasajes sensibles, encargar a peritos la elaboraci\u00f3n de res\u00famenes, etc.).<\/p>\n El incumplimiento de los deberes de confidencialidad lleva aparejado la imposici\u00f3n de sanciones como la desestimaci\u00f3n directa de la acci\u00f3n, la condena al pago de los da\u00f1os y perjuicios y la imposici\u00f3n de multas de hasta un mill\u00f3n de euros, adem\u00e1s de la condena en costas del incidente y \u00a0del proceso principal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El reciente Real Decreto-ley 9\/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen diversas directivas de la Uni\u00f3n Europea introduce en la Ley de Enjuiciamiento Civil (\u201cLEC\u201d) una nueva …<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"class_list":["post-3089","legal-news","type-legal-news","status-publish","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"\n