El pasado s\u00e1bado d\u00eda 7 de octubre de 2017 se public\u00f3 en el BOE el Real Decreto-ley 15\/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores.<\/p>\n
El mencionado Decreto, de aplicaci\u00f3n inmediata y relativo al traslado del domicilio social de las empresas,\u00a0modifica el art\u00edculo 285.2 de la Ley de Sociedades de Capital estableciendo expresamente que el \u00f3rgano de administraci\u00f3n ser\u00e1 competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional, salvo disposici\u00f3n contraria en los estatutos<\/u>.<\/p>\n
Con anterioridad a esta modificaci\u00f3n, la Ley de Sociedades de Capital ya preve\u00eda que\u00a0el \u00f3rgano de administraci\u00f3n tuviera la facultad de cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional sin necesidad de contar con el acuerdo de la Junta General\u00a0(esta posibilidad fue introducida en 2015 a trav\u00e9s de la Ley 9\/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal),\u00a0pero, el problema en que se encontraban la mayor\u00eda de las empresas, es que en sus Estatutos Sociales todav\u00eda aparec\u00eda el siguiente texto:\u00a0 \u00a0<\/p>\n