El Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso presentado por el Grupo Parlamentario Socialista\u00a0 contra los art\u00edculos 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 11 de la Ley 10\/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el \u00e1mbito de la Administraci\u00f3n de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicolog\u00eda y Ciencias Forenses.<\/p>\n
Ahora bien, a pesar de la rotundidad del pronunciamiento, cabe efectuar dos precisiones previas:<\/p>\n
En este sentido, el Tribunal Constitucional considera que el establecimiento de las tasas para el ejercicio de acciones judiciales no vulnera, en s\u00ed mismo, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva; no incumple el mandato de sometimiento a la Administraci\u00f3n al control judicial ni tampoco el principio de gratuidad de la Justicia, toda vez el Tribunal entiende que los fines perseguidos por la ley recurrida son constitucionalmente leg\u00edtimos. Y ello porque, por un lado, <\/span>\u201cevita situaciones de abuso\u201d<\/em> que generan aquellos que no buscan la tutela de los Tribunales sino ventajas mediante la dilaci\u00f3n de procedimientos y, por otro lado, en relaci\u00f3n con la financiaci\u00f3n mixta de la Justicia, su legitimidad se debe a que el hecho imponible gravado por la tasa no es el servicio p\u00fablico de la Justicia sino el <\/span>\u201cejercicio de la potestad jurisdiccional\u201d.<\/em><\/p>\n Ahora bien, tal y como se desprende de la Sentencia de 21 de julio de 2016, la legitimidad de esta segunda finalidad no puede suponer la implantaci\u00f3n de unas tasas excesivas que imposibiliten el acceso a la Justicia. Y ello porque \u201cel objetivo de la financiaci\u00f3n mixta de la Justicia no puede traer consigo el sacrificio de un derecho fundamental\u201d. <\/em>Por ello, seg\u00fan la doctrina constitucional, para que una medida legislativa se considere proporcionada, debe cumplir los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.<\/p>\n En este sentido, el Tribunal entiende que no se cumple el requisito de idoneidad en relaci\u00f3n con el primer fin perseguido. Esto es, prevenir recursos abusivos. Y ello porque, al tratarse de un sistema de tasas en el que todos pagan lo mismo, queda diluido para \u201ctodo aquel que dispone de medios econ\u00f3micos suficientes” <\/em>y, sin embargo, “perjudica al justiciable que ejercita correctamente su derecho a recurrir\u201d.<\/em><\/p>\n Ahora bien, el Tribunal Constitucional, en relaci\u00f3n con la financiaci\u00f3n mixta de la Justicia, entiende que s\u00ed es una medida id\u00f3nea y tambi\u00e9n necesaria toda vez que no hay una alternativa a la tasa para conseguir la finalidad de \u201cfijar una corresponsabilidad econ\u00f3mica por parte de todo aquel que genera la actividad procesal cuya realizaci\u00f3n produce un coste para el estado\u201d.<\/em><\/p>\n Por \u00faltimo, en cuanto al requisito de proporcionalidad en sentido estricto, el Tribunal Constitucional entiende que las tasas son inconstitucionales y nulas por su elevada cuant\u00eda. M\u00e1s concretamente, el Tribunal anula las cuant\u00edas de las tasas fijadas tanto para el acceso a la jurisdicci\u00f3n como para la interposici\u00f3n de recursos por considerar que vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva, regulada en el art\u00edculo 24.1 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola. \u00a0Esto es, el pago de las tasas reguladas en el art\u00edculo 7.1 de la Ley 10\/2012, donde se prev\u00e9n las siguientes cuotas fijas:<\/p>\n En el orden contencioso-administrativo:<\/p>\n En el orden civil:<\/p>\n En el orden social:<\/p>\n Adem\u00e1s, el Tribunal tambi\u00e9n ha declarado inconstitucional el art\u00edculo 7.2, que impone una cuota variable cuya cuant\u00eda ser\u00e1 la que resulte de aplicar al valor econ\u00f3mico del litigio el tipo de gravamen que corresponda, seg\u00fan la siguiente escala: de 0 a 1.000.000 euros, 0,5%; el resto, un tipo porcentual del 0,25; con un m\u00e1ximo variable de 10.000 euros.<\/p>\n Ahora bien, en virtud del principio de seguridad jur\u00eddica, la sentencia del Tribunal Constitucional destaca que la nulidad de las tasas s\u00f3lo producir\u00e1 efectos <\/span>“pro futuro\u201d. <\/em>Esto es, s\u00f3lo se aplicar\u00e1 en relaci\u00f3n con nuevos supuestos o con los procedimientos donde no haya reca\u00eddo una resoluci\u00f3n firme.<\/span><\/p>\n Adem\u00e1s, la sentencia tampoco ordena la devoluci\u00f3n de las cantidades pagadas en relaci\u00f3n con las tasas declaradas nulas ni en los procedimientos finalizados por resoluci\u00f3n firme ni tampoco en los no finalizados en el que el pago de la tasa se llev\u00f3 a cabo sin que fuera impugnada toda vez la ausencia de la impugnaci\u00f3n de la tasa dio firmeza a la liquidaci\u00f3n del tributo.<\/p>\n\n
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