La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha hecho pública hoy, a través de su página Web, una Instrucción interna dictada por la Directora del Departamento de Recaudación, en la que se establecen los criterios para la suscripción de acuerdos singulares con obligados declarados en concurso de acreedores.
Modificaciones de ámbito procesal:
La Ley 21/2014, de 4 de noviembre, ha modificado algunos aspectos de la Ley de Enjuiciamiento Civil relacionados con la solicitud de diligencias preliminares. Con esta modificación ahora podrán solicitar la práctica de diligencias preliminares: (a) quienes pretendan ejercitar una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial o intelectual y (b) quienes sean titulares de un derecho de propiedad intelectual y pretendan ejercitar una acción por infracción de éste.
Quién solicite la práctica de alguna de estas diligencias, podrá pedir (I) la identificación del prestador del servicio o (II) de un consumidor de éste sobre quienes existan indicios de que están poniendo a disposición o difundiendo contenidos, obras o prestaciones objeto de derechos de propiedad intelectual o industrial, siempre que no se trate de consumidores finales de buena fe y (III) que el prestador del servicio aporte pagos electrónicos y de publicidad.
La Ley 21/2014, amplia a estos dos nuevos supuestos la prohibición de divulgar la información que se extraiga de estas diligencias preliminares o comunicarla a terceros.
Modificaciones de ámbito mercantil:
Tiene como objetivo (i) reforzar los mecanismos de supervisión de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, asegurando una mayor transparencia y eficacia en la operativa de las mismas; (ii) mejorar la protección de los derechos de propiedad intelectual frente a las vulneraciones que puedan sufrir en el entorno digital; (iii) acotar los límites del concepto de copia privada atendiendo a los progresos de la sociedad de la información; y (iv) ampliar el derecho de ilustración para usos educativos y de investigación, facilitando el uso de licencias.
La mayoría de modificaciones operadas por esta Ley entrarán en vigor el 1 de enero de 2015.
A finales del pasado mes de octubre se publicó el “Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores, y otra normativa tributaria”.
Al respecto, cabe destacar el hecho de que con arreglo a las modificaciones introducidas por la Orden proyectada deberán de presentar obligatoriamente los modelos 036 y 037 electrónicamente por Internet los obligados tributarios que bien tengan la condición de Administración, bien estén adscritos a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o a alguna de las Unidades de Gestión de Grandes Empresas, bien tengan la forma de SA o SRL.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de España ha hecho públicos recientemente los proyectos de Reales Decretos por los que se modifica, respectivamente, el reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
Estos proyectos suponen la modificación del desarrollo reglamentario del IRPF y del IVA para adaptarlo a la reforma fiscal en tramitación que previsiblemente entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2015.
Es preciso apuntar que el proyecto de reforma del reglamento de IVA modifica también el reglamento de facturación y el reglamento general de aplicación de los tributos.
Ley 9/2014, de 31 de julio, de seguridad industrial de los establecimientos, las instalaciones y los productos
El objetivo principal de esta Ley es sustituir la regulación de la Ley 12/2008, de 31 de julio, de seguridad industrial, por una regulación íntegra del régimen jurídicos aplicable a la seguridad industrial de los establecimientos en que se pueden producir accidentes graves, y las instalaciones y los productos que pueden producir daños o perjuicios a las personas, los bienes o el medio ambiente como consecuencia de un accidente, incluyendo el régimen jurídico de los organismos de control.
El presente reglamento tiene por objeto el desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y que la modifica.
Como principales novedades del reglamento de Costas podemos señalar:
Se discute el alcance y el contenido del artículo 175 de la LSC en relación con la posibilidad de prever estatutariamente “la provincia” como lugar de celebración de las Juntas Generales.
La DGRN ha resuelto que no es posible establecer en los Estatutos Sociales la mera referencia a “la provincia” como lugar de celebración de las Juntas Generales puesto que el lugar de celebración de la junta debe concretarse a un espacio geográfico determinado menor, como una ciudad o un pueblo, de modo que tanto socios como terceros puedan conocerlo y actuar en consecuencia en un razonable ámbito de previsibilidad, de manera que quede garantizada la posibilidad de que asistan personalmente a la junta convocada si tal es su deseo (Resolución de 30 de septiembre de 2014).
La DGRN ha resuelto denegar la constitución de una Agrupación de Interés Económico por cinco sociedades anónimas municipales participadas por un Ayuntamiento con un plan de ajuste aprobado a la luz de la Disposición Adicional Novena de la Ley 7/1985 en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, que prohíbe a las Entidades Locales del artículo 3.1 de esta Ley y los organismos autónomos de ellas dependientes constituir o participar en la constitución, directa o indirectamente, de nuevos organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes durante el tiempo de vigencia de su plan económico-financiero o de su plan de ajuste (Resolución de 16 de septiembre de 2014).
El presente real decreto aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno creado por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es un organismo público creado para asumir las competencias de velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad y de buen gobierno previstas en su norma de creación, así como para garantizar el derecho de acceso a la información pública, y conocer las reclamaciones que en materia de acceso a la información presenten los ciudadanos.
Junto con la Tasa Judicial de carácter estatal derivada de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre de 2012, desde el pasado 16 de octubre es también exigible en el ámbito territorial de Cataluña, tanto en el orden Jurisdiccional Civil como en el Contencioso-Administrativo, el pago de una nueva Tasa Judicial, en orden a los siguientes criterios
I. HECHO IMPONIBLE: escrito iniciador de la primera instancia y de incidente en el proceso concursal (la tasa se autoliquidará y pagará en 30 días naturales desde la presentación del escrito), escrito iniciador de recurso en segunda o superior instancia (la tasa se autoliquidará y pagará con la presentación del escrito) y la solicitud de segunda certificación o testimonios de sentencias y otros documentos que consten en los expedientes judiciales.
! Quedan exentas las solicitudes iniciadoras de declaración de concurso y no devengará el pago de la tasa la ejecución de títulos judiciales, las demandas reconvencionales, las conciliaciones, las medidas cautelares y los ordinarios derivados de un procedimiento monitorio anterior.
II. SUJETOS EXENTOS
a) Personas físicas.
b) Personas jurídicas que tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
c) Las entidades totalmente o parcialmente exentas del pago del Impuesto sobre Sociedades.
d) Los sujetos pasivos exentos del IAE, de acuerdo con la normativa sobre Haciendas Locales.
e) El Ministerio Fiscal.
III. BONIFICACIONES: existe una bonificación del 25% si se presentan los escritos de forma telemática.
IV. CUOTA:
En el orden jurisdiccional civil:
En el orden jurisdiccional contencioso administrativo:
V. PRESENTACIÓN: la autoliquidación se presentará exclusivamente por medios telemáticos a través de la sede electrónica de la Generalitat de Cataluña, mediante los portales Oficina Virtual de Trámites de la Generalitat de Cataluña (OVT), Canal Empresa o la extranet del profesional de la Administración de justicia. Se encargará de gestionar la tasa y de recibir los documentos de autoliquidación la Secretaría de Relaciones con la Administración de Justicia.
El Tribunal Constitucional, en su sentencia de 25 de septiembre de 2014, desestima la cuestión de inconstitucionalidad formulada por el Tribunal Supremo, en la que se plantea una posible vulneración del principio de igualdad consagrado en la Constitución a raíz de la regla para establecer la cuantía de las pensiones de jubilación y de incapacidad permanente cuando el trabajador ha permanecido inactivo durante uno o más periodos de tiempo a lo largo de su vida laboral.
En esos casos, la Ley General de la Seguridad Social establece que para evitar que las lagunas en la cotización del trabajador provocadas por los periodos de inactividad laboral hagan disminuir su base reguladora de las pensiones, se aplica una regla de integración de lagunas. Dicha regla consiste en establecer una “ficción legal” por la que se permite computar como cotizados también los meses sin cotización, aplicando a estos meses la base de cotización mínima conforme al último contrato vigente antes del periodo de inactividad.
El Tribunal Supremo planteó que esta regla puede provocar situaciones de trato desigual, en aquellos trabajadores que su último contrato antes de la inactividad fuera a tiempo parcial, porque la regla de integración de lagunas le aplicaría unas cotizaciones menores durante ese periodo, a diferencia de los trabajadores que fueron contratados a tiempo completo.
La sentencia del TC rechaza que la norma cuestionada vulnere el principio de igualdad, puesto que aplica a todos los trabajadores la misma regla. Señala que el tratamiento desigual viene dado, en todo caso, por aplicar la proporcionalidad en las cotizaciones en relación con la jornada trabajada, lo que no supone un trato contrario al artículo 14 de la Constitución, en aras al principio contributivo.
El pasado 24 de octubre de 2014 se publicó en el BOE la Resolución de 17 de octubre de 2014, por la que se aprueba la relación de fiestas laborales para el año 2015.
En el siguiente enlace puede acceder al texto íntegro de dicha resolución. En la página 3 del documento encontrará una tabla, en la que se indican los días festivos en cada Comunidad Autónoma para el próximo año.
Texto íntegro Resolución de 17 de octubre de 2014
Resulta pertinente recordar la importancia de que las empresas confeccionen debidamente cada año el calendario laboral. En este sentido, el artículo 34.6 del Estatuto de los Trabajadores establece: “Anualmente se elaborará por la empresa el calendario laboral, debiendo exponerse un ejemplar del mism#o en un lugar visible de cada centro de trabajo”.
