Topicality

El Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña de 31 de diciembre de 2014,  ha publicado la Ley 21/2014, de 29 de diciembre, de protectorado de las fundaciones y verificación de la actividad de las asociaciones declaradas públicas.

Esta Ley tiene por objeto regular el contenido y el alcance de las funciones del Protectorado y el órgano de supervisión de las asociaciones de utilidad pública, dando respuesta al mandato del legislador contenido en el Libro Tercero del Código Civil de Cataluña.

Esta regulación es una novedad en la legislación catalana, puesto que atribuye a la Administración de la Generalitat de Catalunya la función de seguimiento de las asociaciones que hayan obtenido la declaración de utilidad pública.

En este sentido, la Ley atribuye funciones de seguimiento de las asociaciones declaradas de utilidad pública al órgano de supervisión de estas entidades. Dichas funciones son ejercidas por los correspondientes órganos del departamento competente en materia de asociaciones, mientras que el Protectorado ejerce sus potestades respecto a las fundaciones por medio de los correspondientes órganos del departamento competente en materia de fundaciones.

Además, instaura la potestad sancionadora con la finalidad de que actúe como mecanismo disuasivo de las conductas contrarias a las obligaciones administrativas y como medida generadora de confianza para quienes contribuyen a la financiación de estas entidades.

El Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya de 31 de diciembre de 2014, ha publicado la Ley 19/2014, de 29 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Esta Ley tiene por objeto: (i) regular y garantizar la transparencia de la actividad pública, (ii) regular y garantizar el derecho de acceso de las personas a la información y documentación públicas, (iii) establecer los principios y obligaciones de buen gobierno de acuerdo con los que deben actuar los altos cargos, el personal de servicio de la Administración y las demás personas a las que es de aplicación la Ley, (iv) aplicar el gobierno abierto y fomentar la participación y colaboración ciudadanas, y (v) regular el régimen de garantías y responsabilidades por el incumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos por esta Ley.

En cuanto al ámbito subjetivo de esta Ley, es de aplicación a las administraciones públicas de Cataluña (incluye la Administración de la Generalidad y los entes locales), así como todos los organismos y entidades de naturaleza administrativa dependientes o vinculadas a estas administraciones. También afecta a las personas privadas que ejercen actividades públicas o de interés público, como asociaciones y fundaciones cuyos ingresos provienen de forma significativa de subvenciones o ayudas públicas.

Además, la Ley desarrolla sus efectos sobre todas las demás instituciones públicas que no son administraciones públicas en la parte que realizan funciones administrativas por razón de su funcionamiento o en los aspectos institucionales respecto a los que se considera también exigible un deber de transparencia e información.

La Ley regula la transparencia en la actividad pública como una obligación a cargo de la Administración que debe facilitar de forma proactiva, y la regula de una forma muy amplia (información institucional y organizativa, gestión económica y presupuestaria, información de relevancia jurídica, programación y planificación, contratación pública, actividad subvencional, etc.).

En este sentido, destaca la  regulación del Registro de grupos de interés con la finalidad de que los ciudadanos puedan identificar a las personas que actúan como tales y conocer las relaciones que tienen con la Administración en defensa de intereses concretos, así como las reglas éticas a las que deben ajustar su conducta, así como la creación del Portal de Transparencia, como un instrumento básico y general para facilitar a la ciudadanía la información de forma integrada de todas las administraciones públicas.

Se discute si es posible inscribir una escritura de reducción del capital de una sociedad de responsabilidad limitada con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto disminuido como consecuencia de pérdidas cuando en el balance que se incorpora consta una partida de pasivo de signo positivo denominada “subvenciones, donaciones y legados recibidos”.

La Dirección General estima el recurso señalando que no cabe equiparar la partida de “subvenciones, donaciones y legados” con una correspondiente a reservas a efectos de impedir la reducción de capital por pérdidas (Resolución de 7 de enero de 2015).

Ver el texto de la Resolución aquí

12.02.2015

La sentencia del Tribunal Constitucional del día 22 de enero de 2015 ha desestimado el recurso interpuesto por los Grupos Parlamentarios de la Izquierda Plural y del PSOE contra la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, más conocida como la Reforma Laboral. De esta forma, el TC avala definitivamente la constitucionalidad de las modificaciones legales introducidas en la mencionada reforma y que suscitaron controversia jurídica, después de que en fecha 16 de julio del 2014 el TC dictará otra sentencia en la que también se confirmaba la validez constitucional de la Ley 3/2012. Sin más recursos en tramitación contra la Reforma Laboral, con la reciente sentencia de 22 de enero de este año dicha reforma legislativa recibe el aval definitivo del Pleno del Tribunal Constitucional.

Entre algunas otras cuestiones, los principales aspectos que reciben el reconocimiento de ajuste al texto constitucional son tres:

  • Es acorde a derecho la regulación realizada por la Reforma Laboral por la que se modificaba el art. 41 del Estatuto de los Trabajadores (ET), y que permite al empresario realizar unilateralmente modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo (horario, jornada, salario, sistema de trabajo, funciones…) siempre que concurran probadas razones económicas, técnicas, organizativas y de producción. El TC desestima, tal y como pretendían los recurrentes, que dicho régimen vulnere el derecho a la negociación colectiva (art. 37.1 CE) ni la libertad sindical (art. 28.1 CE).

  • También se considera constitucional la regulación introducida por la Reforma Laboral de los despidos colectivos (art. 51 ET), puesto que el TC no aprecia que ella implique, como alegan los recurrentes, abrir la puerta a despidos colectivos carentes de causa y sin someterlos a control judicial efectivo. La nueva norma suprime la referencia a “acreditar la concurrencia de la causa extintiva” y a “justificar la razonabilidad del despido”. No obstante, en la sentencia el TC señala que la redacción actual “impone al empresario un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores en el que debe entregarles no solo una ‘memoria explicativa de las causas del despido colectivo’, sino también ‘toda la información necesaria para acreditar las causas motivadoras del despido colectivo…y…. dota a la definición de las causas extintivas de una mayor objetividad y certidumbre”.

  •  Se considera ajustada a la Constitución la prioridad que la Reforma Laboral da al convenio colectivo de empresa a la hora de establecer la regulación de determinadas materias (art. 84.2 ET), siendo de aplicación con preferencia a los convenios colectivos sectoriales o superiores. La propia sentencia fundamenta su decisión porque considera “la empresa como un espacio especialmente propicio para la negociación colectiva de cara a la fijación de las condiciones de trabajo que resulten ajustadas a las concretas características y necesidades de la empresa y sus trabajadores”.

Ver el texto íntegro de la sentencia aquí

 

09.02.2015

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 30 de enero un Real Decreto que permite el empleo del documento único electrónico (DUE) para la constitución de cooperativas, sociedades civiles, comunidades de bienes, sociedades limitadas laborales y emprendedores de responsabilidad limitada.

El documento único electrónico (DUE) incluye todos los datos que deben remitirse a los registros y administraciones públicas para constituir una empresa electrónicamente y en un solo procedimiento.

Ver Consejo de Ministros de 30 de enero de 2015

03.02.2015

En su sentencia de 22 de diciembre de 2014 el Tribunal Supremo establece una relevante interpretación sobre el año de ultractividad de los convenios colectivos y las consecuencias de su superación, novedad normativa introducida en la Ley 3/2012, de 6 de julio (la denominada Reforma Laboral).

El debate interpretativo que resuelve el Alto Tribunal en este pronunciamiento se refiere a cuáles deben ser las condiciones laborales a aplicar a los trabajadores, cuando el Convenio Colectivo que les es de aplicación supera el año de ultractividad tras su denuncia sin haber alcanzado un nuevo acuerdo las partes negociadoras. Existe en este sentido una primera opción a la que parece apuntar la norma, según la cual los derechos y obligaciones de los trabajadores afectados pasarán a regirse exclusivamente por el convenio sectorial de ámbito superior (si existiera) y por las normas estatales legales y reglamentarias, haciendo tabla rasa de las condiciones laborales existentes con anterioridad en el ámbito del convenio colectivo que ha perdido su vigencia.

Frente a esta primera posibilidad, el Tribunal Supremo dicta en esta sentencia otra consecuencia, según la cual las condiciones laborales de los trabajadores afectados que venían rigiendo sus relaciones laborales con anterioridad a la pérdida de vigencia del convenio colectivo deberán mantenerse, ya que en realidad forman parte del vínculo contractual establecido entre las partes.

De este modo, la sentencia señala que la aplicación de la primera posibilidad produciría una alteración sustancial de las condiciones de trabajo de los empleados que transformaría las bases esenciales del propio contrato laboral y el equilibrio de las contraprestaciones, pudiéndolo dejar sin los requisitos esenciales para su validez: el objeto cierto y la causa de la obligación. En cambio, soporta la aplicación de la segunda tesis en el argumento de que las condiciones laborales de cada trabajador están reguladas en su contrato laboral: desde el momento inicial de la relación jurídico-laboral el contrato tiene una doble función, constitutiva del vínculo laboral y regulador del mismo, de manera que dicha regulación se completa y encuentra sus límites de derecho necesario en las normas estatales y/o convencionales colectivas, jugando éstas un papel nomofiláctico respecto a las cláusulas contractuales.

Según el TS, ello no nos debe llevar al equívoco de suponer que las obligaciones de las partes se regulan por la ley o por el convenio colectivo, sino que en todo caso se regularán siempre por el contrato de trabajo, por cuanto las condiciones laborales que disfrutan los trabajadores en virtud de su contrato laboral no pierden su vigencia aunque el convenio colectivo de aplicación fenezca al superarse el año de ultractividad establecido legalmente.

Consulte el texto íntegro de la sentencia aquí

Recientemente se ha hecho pública una Instrucción, dictada el 09/12/2014 por la Directora del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), por la que establecen los criterios administrativos que deben aplicarse en la tramitación y resolución de las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias presentadas a partir del 01/01/2015.

De entre las pautas de actuación fijadas en la norma de referencia destacan las siguientes:

  1. Las propuestas de concesión que se dicten deberán contener un calendario provisional de pagos en los casos en que se prevea que la tramitación del aplazamiento va a demorarse más de 2 meses y el importe de la solicitud supere los 150.000 euros.
  2. La concesión de periodos de carencia deberá ser excepcional y en todo caso, no podrá ser superior a 3 meses, contados a partir de la resolución del acuerdo de aplazamiento.
  3. Las cuotas de pago que se establezcan, salvo en casos puntuales, serán constantes y tendrán que ser satisfechas con una periodicidad mensual.
  4. En los supuestos de solicitudes cuya resolución se realice de forma automatizada, por no superar el conjunto de deudas a aplazar el umbral de 18.000 euros, se concederán aplazamientos máximos de 3, 9, 12 ó 18 plazos mensuales, en atención a la cuantía.
  5. Los plazos máximos de concesión de aplazamientos para deudas de importe superior a 18.000 euros serán los fijados en la Instrucción 1/2013, de 7 de mayo de la Dirección del Departamento de Recaudación. Dichos plazos, varían teniendo en cuenta las garantías ofrecidas y en atención del tipo de deudor solicitante, pero en ningún caso pueden superar el límite de 5 años.
  6. Cuando un contribuyente presente de forma continuada solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de un mismo concepto, los órganos de recaudación denegarán las solicitudes apreciando la existencia de dificultades económico-financieras de carácter estructural.

Es preciso apuntar que quedan excluidas del ámbito de aplicación la comentada Instrucción 1) las de deudas de responsabilidad civil por delitos contra la Hacienda Pública y, 2) las de deudas que tienen la consideración de retenciones e ingresos a cuenta y de deudores en situación de concurso de acreedores (cuyo aplazamiento debe tramitarse según las pautas contenidas en la Instrucción 6/2013).

Ver texto íntegro de la Instrucción aquí

La Sala de lo Civil del Alto Tribunal, mediante sentencia dictada el pasado día 12 de diciembre de 2014, limita el alcance de lo dispuesto en el artículo 84.4 de la Ley Concursal en materia de autotutela de las Administraciones Públicas ante deudores en situación de concurso de acreedores.

En concreto, el literal de la citada disposición legal, en relación con los créditos contra la masa del concurso, prevé que no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos. Esta paralización no impedirá el devengo de los intereses, recargos y demás obligaciones vinculadas a la falta de pago del crédito a su vencimiento.

Sin embargo, haciendo una interpretación extremadamente restrictiva de dicha disposición, el Tribunal Supremo considera que debe alzarse un embargo trabado por la Tesorería General de la Seguridad Social, cuando la concursada ya se hallaba en fase de liquidación, toda vez que debe garantizarse que en dicha fase “haya una ejecución universal de todo el patrimonio del deudor concursada, para que pueda asegurarse el pago de los créditos conforme a las reglas legales de preferencia de cobro, previstas para acreedores tanto concursales como contra la masa”.

Para sostener esta premisa el Tribunal razona que no puede hacerse una interpretación literal del artículo 84.4 de la Ley Concursal, sino que esta disposición debe ser considerada teniendo en cuenta el resto de preceptos de dicha norma.

La referida Sentencia, al margen de la novedad que implica para la ordenación de la fase de liquidación del concurso, constituye también un valioso precedente que podrá ser invocado para tratar de limitar las facultades que ostentan las Administraciones Públicas a lo largo de todo el procedimiento concursal.

Ahora bien, y en este sentido, también debe tenerse en cuenta que esta resolución no altera el orden de prelación que la propia Ley Concursal reserva para los créditos de derecho público, cuando los configura en su mayoría como créditos con privilegio general y, dentro de estos, les confiere una notable prioridad de pago, una vez abierta la fase de liquidación (art. 156.1 LC).

Ver el texto íntegro de la Sentencia aquí

A PARTIR DEL 10 DE ENERO DE 2015 SE APLICA EL REGLAMENTO (UE) Nº 1215/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 12 DE DICIEMBRE DE 2012, RELATIVO A LA COMPETENCIA JUDICIAL, EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL.

El día 10 de enero de 2015 entra finalmente en aplicación el Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea de 20 de diciembre de 2012.

Dicho Reglamento deroga y substituye el Reglamento nº 44/2001 vigente hasta entonces sobre la misma materia.

Entre otras, la novedad más importante del Reglamento 1215/2012 es la supresión del exequatur, de modo que cualquier resolución dictada en un Estado miembro de la UE debe ser reconocida automáticamente sin necesidad de procedimiento alguno y ejecutarse directamente, como si se hubiera dictado en el Estado en que se requiere dicha ejecución.

Asimismo, refuerza la libertad de elección de foro por las partes, por lo que cualquier Tribunal de la UE debe declararse competente cuando la partes hayan acordado someterse a éste, aunque ambas partes tengan su domicilio fuera de la UE.

Puede consultar el texto íntegro del Reglamento aquí

En el BOE de 29 diciembre de 2014 se publicó la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Las principales novedades introducidas por dicha novedad legislativa en el régimen de las MATEPSS son:

  • Respecto del sistema de protección específico por cese de actividad de los trabajadores autónomos, se dispone que la cobertura sea potestativa y desligada de la de accidente de trabajo y se flexibilizan las condiciones de acceso a la prestación. El cálculo del tipo de cotización será de aplicación al correspondiente al ejercicio 2016.
  • Las reclamaciones efectuadas a las Mutuas, serán respondidas directamente por éstas a los interesados, con posterior remisión de la reclamación planteada y la respuesta emitida por la Mutua a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
  • Faculta a las Mutuas para realizar actuaciones de control y seguimiento en contingencia común desde el día de la baja médica, en consonancia con lo establecido por el RD 625/2014, de 18 de julio. Asimismo, posibilita la realización de pruebas, tratamientos y rehabilitación para los casos de contingencia común, por parte de los centros asistenciales de las Mutuas.
  • Regula el procedimiento de las propuestas de alta médica que las Mutuas pueden plantear en procesos derivados de contingencia común.

La mencionada ley entró en vigor el día 1 de enero de 2015. Su texto íntegro lo podéis consultar aquí

 

El pasado día 9 de octubre la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona dictó Auto en virtud del cual se estimaba la excepción de litispendencia respecto de una acción de nulidad de cláusula suelo, ejercitada individualmente, por existir otro procedimiento previo, en el que se ejercitaba una acción colectiva contra la misma cláusula controvertida.

Igualmente, en fecha 13 de octubre, la misma Sección de la Audiencia dictó Sentencia por la que se estimaba la excepción de cosa juzgada en relación con una acción individual que se ejercitaba con carácter posterior a que se hubiese resuelto por Sentencia una acción colectiva.

Ello supone un cambio de paradigma en esta materia respecto de la situación actual, pues hasta la fecha los Tribunales raramente apreciaban la vinculación de una acción individual respecto de otras colectivas o, a lo sumo, accedían a apreciar prejudicialidad civil, acordando la suspensión del procedimiento en el que se ejercitaba la acción individual.

Precisamente, la inseguridad jurídica que rodea esta cuestión ya motivó que, en fecha 27 de junio del corriente, el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Barcelona elevara una cuestión prejudicial al Tribunal de la Unión Europea para que éste pudiera pronunciarse acerca de si la estimación de dichas excepciones procesales, en estas circunstancias, podía vulnerar lo dispuesto en la Directiva del Consejo 93/13/CEE.

Por otra parte, al objeto de regular las consecuencias que se deducen de esta nueva Doctrina, así como de la cuestión prejudicial referida, el pasado 21 de noviembre los Magistrados de los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona acordaron una serie de criterios para resolver las cuestiones más relevantes que se están planteando en el enjuiciamiento de supuestos relativos a cláusulas generales de la contratación.

Las conclusiones al respecto se resumen en cuatro premisas:

  1. En los procedimientos en los que ya se haya dictado alguna resolución sobre prejudicialidad o litispendencia, el Tribunal deberá estar a lo acordado.
  2. Se desestimará la excepción de litispendencia o prejudicialidad si se alega después de la contestación a la demanda.
  3. Si las anteriores excepciones se realizan en plazo (en la contestación a la demanda), se suspenderá el procedimiento hasta que el Tribunal de la Unión Europea resuelva las cuestiones planteadas por el Juzgado de lo Mercantil nº 9.
  4. Para evitar un posible perjuicio que se puede producir al actor al suspender el procedimiento, se recuerda que es posible solicitar medidas cautelares siempre que la aplicación de la cláusula controvertida sea económicamente significativa para el actor.

El Tribunal Supremo en su sentencia del 15 de octubre de 2014 declara la improcedencia del despido llevado a cabo por una empresa a una trabajadora que es representante unitario. En el supuesto analizado por la sentencia del Alto Tribunal, una empresa procedió al despido disciplinario de una trabajadora miembro del comité de empresa, por transgresión de la buena fe contractual. En concreto, el empresario imputaba a la empleada un mal uso del crédito horario que legalmente tenía reconocido por ser representante de los trabajadores.

La empresa acreditó que la trabajadora falseó un documento justificativo de su presencia a unos cursos de formación sindical. Dicho curso se celebraba en dos jornadas a partir de las 12 horas, pero la empleada solicitó permiso de 9 a 14 horas, dentro de su horario de trabajo. Además, la segunda jornada del curso se suspendió, circunstancia de la que no informó la despedida.

A pesar de los hechos que logró acreditar la empresa, a través de los servicios de un detective que hizo un seguimiento de la trabajadora, la sentencia declaró improcedente el despido.  El Tribunal Supremo realiza en este pronunciamiento un exhaustivo análisis sobre cómo pueden utilizar el crédito horario los representantes de los trabajadores y qué control puede haber por parte del empresario.

En su fundamentación jurídica, la Sala señala que el presunto incumplimiento, en todo o en parte, de las funciones propias de la representación durante el uso del crédito horario no constituye por sí solo una trasgresión de la buena fe contractual que pueda justificar despido. Asimismo, y reiterando el criterio establecido en sentencias anteriores, argumenta que la presunción de que las horas solicitadas para el ejercicio de tareas representativas son empleadas correctamente conduce a interpretar de modo restrictivo la facultad disciplinaria empresarial, que sólo podrá alcanzar el despido en supuestos excepcionales en los que el empleo en propio provecho del crédito horario sea manifiesto y habitual.

Ver texto íntegro de la sentencia aquí

10.12.2014