Topicality

El Boletín Oficial del Estado de 21 de noviembre de 2014 publica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.

Esta Ley establece un nuevo modelo de cooperación judicial penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, al sustituir las antiguas comunicaciones entre las autoridades centrales o gubernativas por la comunicación directa entre las autoridades judiciales, suprimir el principio de doble incriminación en relación con un listado predeterminado de delitos y regular como excepcional el rechazo al reconocimiento y ejecución de una resolución, a partir de un listado tasado de motivos de denegación. Además, simplifica y agiliza los procedimientos de transmisión de las resoluciones judiciales, mediante el empleo de formularios o certificados que deben completar las autoridades judiciales competentes para la transmisión de una resolución a otro Estado miembro.

Ver texto íntegro de la Ley

La Audiencia Nacional ha declarado nulo un despido colectivo que debía afectar a 672 trabajadores, pese a existir un acuerdo entre la empresa y las secciones sindicales que ostentaban la mayoría en la mesa negociadora. La Audiencia nacional estimó la nulidad por no haber participado las secciones sindicales no firmantes del acuerdo en el referéndum entre los trabajadores afectados que el pacto estableció como preceptivo para llevar a cabo la medida extintiva.

En el caso enjuiciado, resuelto por la Audiencia Nacional en su sentencia de 11 de noviembre de 2014, la empresa y tres de las secciones sindicales componentes de la mesa negociadora llegaron a un acuerdo a la finalización del periodo de consultas, al que se opusieron las otras tres secciones sindicales representadas en la negociación por el lado social. El acuerdo incluía el requisito de someter la decisión sobre el despido colectivo al refrendo de la asamblea de trabajadores afectados. El mencionado referéndum fue organizado conjuntamente por la empresa y las secciones sindicales firmantes de dicho acuerdo.

Las secciones que no firmaron el acuerdo impugnaron el despido colectivo, solicitando la nulidad de la medida extintiva entre otros motivos porque en el referéndum de ratificación por parte de la asamblea se cometieron diversas irregularidades: la no publicación de censos ni de las composiciones de las mesas, el no quedar asegurada la libertad y el secreto del voto y, sobre todo, el hecho de convocar a la votación solo al censo compuesto por los 672 trabajadores que serían despedidos en caso de aceptación de la oferta en lugar de a los 826 que lo serían en caso contrario.

Estas circunstancias, unidas a la absoluta falta de traslado de información a las tres secciones negociadoras pero no firmantes, a quienes no se les facilitaron censos, ni se les explicó la composición de las mesas, ni el procedimiento de votación, ni se les permitió su presencia durante el escrutinio, hacen que la Sala determine que concurre un ataque frontal a la libertad sindical de estas secciones al no permitírseles influir eficientemente sobre sus afiliados y el resto de trabajadores afectados para que, en su caso, pudiesen votar en contra de la propuesta trasladada. A raíz de esta vulneración de la libertad sindical, el fallo considera el despido nulo, pese a que el resultado del referéndum fuese a favor de la propuesta.

Texto íntegro de la SAN de 11 de noviembre de 2014

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha hecho pública hoy, a través de su página Web, una Instrucción interna dictada por la Directora del Departamento de Recaudación, en la que se establecen los criterios para la suscripción de acuerdos singulares con obligados declarados en concurso de acreedores.

Instrucción 3/2014, de 19 de noviembre

Modificaciones de ámbito procesal:

La Ley 21/2014, de 4 de noviembre, ha modificado algunos aspectos de la Ley de Enjuiciamiento Civil relacionados con la solicitud de diligencias preliminares. Con esta modificación ahora podrán solicitar la práctica de diligencias preliminares: (a) quienes pretendan ejercitar una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial o intelectual y (b) quienes sean titulares de un derecho de propiedad intelectual y pretendan ejercitar una acción por infracción de éste.

Quién solicite la práctica de alguna de estas diligencias, podrá pedir (I) la identificación del prestador del servicio o (II) de un consumidor de éste sobre quienes existan indicios de que están poniendo a disposición o difundiendo contenidos, obras o prestaciones objeto de derechos de propiedad intelectual o industrial, siempre que no se trate de consumidores finales de buena fe y (III) que el prestador del servicio aporte pagos electrónicos y de publicidad.

La Ley 21/2014, amplia a estos dos nuevos supuestos la prohibición de divulgar la información que se extraiga de estas diligencias preliminares o comunicarla a terceros.

Modificaciones de ámbito mercantil:

Tiene como objetivo (i) reforzar los mecanismos de supervisión de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, asegurando una mayor transparencia y eficacia en la operativa de las mismas; (ii) mejorar la protección de los derechos de propiedad intelectual frente a las vulneraciones que puedan sufrir en el entorno digital; (iii) acotar los límites del concepto de copia privada atendiendo a los progresos de la sociedad de la información; y (iv) ampliar el derecho de ilustración para usos educativos y de investigación, facilitando el uso de licencias.

La mayoría de modificaciones operadas por esta Ley entrarán en vigor el 1 de enero de 2015.

 

Texto íntegro de la Ley 21/2014 de 4 de noviembre

A finales del pasado mes de octubre se publicó el “Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores, y otra normativa tributaria”.

Al respecto, cabe destacar el hecho de que con arreglo a las modificaciones introducidas por la Orden proyectada deberán de presentar obligatoriamente los modelos 036 y 037 electrónicamente por Internet los obligados tributarios que bien tengan la condición de Administración, bien estén adscritos a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o a alguna de las Unidades de Gestión de Grandes Empresas, bien tengan la forma de SA o SRL. 

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de España ha hecho públicos recientemente los proyectos de Reales Decretos por los que se modifica, respectivamente, el reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Estos proyectos suponen la modificación del desarrollo reglamentario del IRPF y del IVA para adaptarlo a la reforma fiscal en tramitación que previsiblemente entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2015.

Es preciso apuntar que el proyecto de reforma del reglamento de IVA modifica también el reglamento de facturación y el reglamento general de aplicación de los tributos.

El presente reglamento tiene por objeto el desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y que la modifica.

Como principales novedades del reglamento de Costas podemos señalar:

  • La revisión de los criterios técnicos para la determinación del dominio público marítimo-terrestre, basados en un amplio debate técnico y en la experiencia acumulada en la realización de los deslindes.
  • Regulación de la intervención del Registro de la Propiedad y el Catastro en los deslindes, para lograr la seguridad jurídica con la que han de contar los interesados a la hora de conocer si los bienes forman parte del dominio público marítimo terrestre.
  • Desarrollo del régimen de la prórroga extraordinaria de las concesiones a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, fijando, en el caso de las concesiones ordinarias, el plazo máximo de duración de la prórroga en función de los usos, que en ningún caso podrá exceder de los setenta y cinco años.

BOE 11 octubre 2014, núm. 247

Ley  9/2014, de 31 de julio, de seguridad industrial de los establecimientos, las instalaciones y los productos

El objetivo principal de esta Ley es sustituir la regulación de la Ley 12/2008, de 31 de julio, de seguridad industrial, por una regulación íntegra del régimen jurídicos aplicable a la seguridad industrial de los establecimientos en que se pueden producir accidentes graves, y las instalaciones y los productos que pueden producir daños o perjuicios a las personas, los bienes o el medio ambiente como consecuencia de un accidente, incluyendo el régimen jurídico de los organismos de control.

DO. Generalitat de Catalunya, de 5 de agosto, núm. 206

Se discute el alcance y el contenido del artículo 175 de la LSC en relación con la posibilidad de prever estatutariamente “la provincia” como lugar de celebración de las Juntas Generales.

La DGRN ha resuelto que no es posible establecer en los Estatutos Sociales la mera referencia a “la provincia” como lugar de celebración de las Juntas Generales puesto que el lugar de celebración de la junta debe concretarse a un espacio geográfico determinado menor, como una ciudad o un pueblo, de modo que tanto socios como terceros puedan conocerlo y actuar en consecuencia en un razonable ámbito de previsibilidad, de manera que quede garantizada la posibilidad de que asistan personalmente a la junta convocada si tal es su deseo (Resolución de 30 de septiembre de 2014).

Texto íntegro de la Resolución

07.11.2014

La DGRN  ha resuelto  denegar la constitución de una Agrupación de Interés Económico por cinco sociedades anónimas municipales participadas por un Ayuntamiento con un plan de ajuste aprobado a la luz de la Disposición Adicional Novena de la Ley 7/1985 en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, que prohíbe a las Entidades Locales del artículo 3.1 de esta Ley y los organismos autónomos de ellas dependientes constituir o participar en la constitución, directa o indirectamente, de nuevos organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes durante el tiempo de vigencia de su plan económico-financiero o de su plan de ajuste (Resolución de 16 de septiembre de 2014).

Texto íntegro de la Resolución

El presente real decreto aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno creado por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es un organismo público creado para asumir las competencias de velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad y de buen gobierno previstas en su norma de creación, así como para garantizar el derecho de acceso a la información pública, y conocer las reclamaciones que en materia de acceso a la información presenten los ciudadanos.

BOE 5 de noviembre 2014, núm. 268

Junto con la Tasa Judicial de carácter estatal derivada de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre de 2012, desde el pasado 16 de octubre es también exigible en el ámbito territorial de Cataluña, tanto en el orden Jurisdiccional Civil como en el Contencioso-Administrativo, el pago de una nueva Tasa Judicial, en orden a los siguientes criterios

I. HECHO IMPONIBLE: escrito iniciador de la primera instancia y de incidente en el proceso concursal (la tasa se autoliquidará y pagará en 30 días naturales desde la presentación del escrito), escrito iniciador de recurso en segunda o superior instancia (la tasa se autoliquidará y pagará con la presentación del escrito) y la solicitud de segunda certificación o testimonios de sentencias y otros documentos que consten en los expedientes judiciales.

! Quedan exentas las solicitudes iniciadoras de declaración de concurso y no devengará el pago de la tasa la ejecución de títulos judiciales, las demandas reconvencionales, las conciliaciones, las medidas cautelares y los ordinarios derivados de un procedimiento monitorio anterior.

II. SUJETOS EXENTOS

a) Personas físicas.

b) Personas jurídicas que tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

c) Las entidades totalmente o parcialmente exentas del pago del Impuesto sobre Sociedades.

d) Los sujetos pasivos exentos del IAE, de acuerdo con la normativa sobre Haciendas Locales.

e) El Ministerio Fiscal.

III. BONIFICACIONES: existe una bonificación del 25% si se presentan los escritos de forma telemática.

IV. CUOTA:

En el orden jurisdiccional civil:

  • Procedimiento monitorio: 60€.
  • Procedimiento en primera o única instancia diferente del procedimiento monitorio: 90 €.
  • Incidente del proceso concursal: 90€.
  • Procedimiento en segunda o superior instancia del procedimiento principal que deban resolver los órganos judiciales con sede en Cataluña: 120€.

En el orden jurisdiccional contencioso administrativo:

  • Procedimiento en primera o única instancia 90€.
  • Procedimiento en segunda o superior instancia del procedimiento principal que deban resolver los órganos judiciales con sede en Cataluña: 120€.
  • Emisión de segunda certificación y testimonio de sentencias y otros documentos que constan en los expedientes judiciales: 10,50€.

V. PRESENTACIÓN: la autoliquidación se presentará exclusivamente por medios telemáticos a través de la sede electrónica de la Generalitat de Cataluña, mediante los portales Oficina Virtual de Trámites de la Generalitat de Cataluña (OVT), Canal Empresa o la extranet del profesional de la Administración de justicia. Se encargará de gestionar la tasa y de recibir los documentos de autoliquidación la Secretaría de Relaciones con la Administración de Justicia.