Antecedentes de hecho

Como antecedentes de hechos relevantes, cabe destacar que la sociedad «AISA, S.A.» tenía un capital social del cual era titular mayoritario el Sr. José María (con un 60,80% del capital social). Cuando José María falleció, iniciaron los conflictos sucesorios y tuvieron lugar varias operaciones para la adquisición de las acciones del socio mayoritario fallecido.

Asimismo, en este contexto, cesó el administrador de AISA, S.A. y se nombró un consejo de administración formado por Pedro Enrique, Víctor y Valentín.

A las juntas generales universales de socios celebradas entre 2000 y 2009 solo asistieron Pedro Enrique, Víctor y Valentín. Al celebrarse juntas universales, la convocatoria de las mismas no fue publicada.

En este contexto, los herederos de Pedro Enrique, Víctor y Valentín formularon demanda de juicio ordinario contra el resto de accionistas en la que realizaron una petición subsidiaria – que es objeto del presente comentario– consistente en que se declarase la propiedad de los herederos de Pedro Enrique, Víctor y Valentín sobre las acciones litigiosas, por haberse consumado en su beneficio la prescripción adquisitiva de dichas acciones[1].

En este sentido, los demandantes (posteriormente recurrentes ante el Tribunal Supremo) advirtieron que los accionistas no ejercieron desde la junta de 28 de junio de 1999 los derechos de voto inherentes a las acciones de AISA, S.A. y que tales derechos fueron ejercidos pública, pacífica e interrumpidamente por los demandantes durante una década, en concepto de dueños.
 

Pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la cuestión

Al resolver esta cuestión, en su sentencia de 19 de mayo del corriente, el Tribunal Supremo ha admitido que la adquisición de acciones por usucapión es una cuestión controvertida. Asimismo, el Alto Tribunal se ha referido a las sentencias núms. 1130/1995, de 26 de diciembre, 545/2012, de 28 de septiembre y 178/2013, de 25 de marzo, en las cuales se había admitido esta posibilidad.

Como cuestión más relevante, el Tribunal Supremo, por primera vez, ha expuesto las dos corrientes doctrinales existentes al respecto:
 

  1. Por un lado, la posición de rechazo total. El Tribunal Supremo ha puesto de manifiesto que existe un sector doctrinal que ha rechazado la posibilidad de adquirir acciones por usucapión. El rechazo ha sido total al considerar que los derechos incorporados a la acción son derechos corporativos o de participación, que carecen del carácter de derecho real, por lo que no son susceptibles de usucapión.

 

  1. Por otro lado, la posición matizada. El Alto Tribunal ha asimismo constatado que existen otros autores que consideran que sí pueden adquirirse por usucapión las acciones, siempre que (a) estén representadas mediante títulos nominativos emitidos y endosados o bien cuando estén representados mediante títulos valores al portador; y (b) en la medida en que las mismas sean adquiridas a título oneroso y de buena fe.

 

Pese lo anterior, el Alto Tribunal ha desestimado la pretensión de los actores-recurrentes, al concluir que no era posible en este concreto caso considerar que se habían adquirido las acciones por usucapión porque:

 

  1. Por un lado, no había habido posesión pública de las acciones en la medida en que el ejercicio de los derechos de socio (en concreto, el derecho a participar en las juntas de socio en calidad de titulares de las acciones) no podía considerarse público, pues las juntas de socios de AISA celebradas en este período no se convocaron dándoles la publicidad prevista en las normas societarias, sino que se hizo bajo el subterfugio de celebrarlas como juntas universales.

 

  1. Por el otro, tampoco ha sido una posesión pacífica porque el periodo al que los recurrentes refieren su posesión de las acciones fue justamente aquel en el que se estaba elaborando el cuaderno particional.

 

En resumen, la presente sentencia es relevante en la medida en que, por primera vez, el Tribunal Supremo pone de manifiesto las dos posturas doctrinales existentes con respecto a esta cuestión. No obstante, finalmente su decisión no se ha basado en ninguna de ellas, sino en la falta de posesión pública y pacífica de las acciones.

 

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[1] Al respecto, el artículo 1930 del Código Civil establece que «Por la prescripción se adquieren, de manera y con las condiciones determinadas en la ley, el dominio y demás derechos reales (…)». 
 
En relación con lo anterior, el artículo 1955 del Código Civil establece que «El dominio de los bienes muebles se prescribe por la posesión no interrumpida de tres años con buena fe. También se prescribe el dominio de las cosas muebles por la posesión no interrumpida de seis años, sin necesidad de ninguna otra condición (…)».

 

Dada la existencia de infinidad de cuestiones a interpretar en relación con la reforma realizada por la Ley de Vivienda, los jueces de primera instancia de Barcelona han alcanzado unos criterios unificadores a los efectos de dotar de una cierta uniformidad a la tramitación de los procedimientos de desahucio y reclamación de la posesión.

 

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29.06.2023

La STS 445/2023 declara no haber lugar al recurso de casación promovido por EasyPark España S.L.U (“recurrente”), contra la Sentencia del TSJ de Aragón, de 9 de junio de 2021 (rec. contencioso-administrativo 410/2018), la cual confirmaba la validez del Acuerdo del TDC de Aragón, que acordaba no incoar un procedimiento sancionador solicitado por la recurrente contra el Ayuntamiento de Zaragoza, por haberse visto privado aquella tanto del libre acceso a la plataforma municipal como, también, de conocer los datos necesarios para poder prestar el servicio tecnológico app de pago de estacionamiento regulado en la ciudad de Zaragoza.

El recurso tiene por objeto examinar si puede considerarse que una Administración Local (en este caso, el Ayuntamiento de Zaragoza) puede incurrir en una infracción del artículo 2 de la LDC por un supuesto “abuso de posición dominante”, por la negativa a la solicitud formulada por EasyPark.

En primer lugar, el TS es consciente de que el término “empresa” tiene una concepción muy amplia en el ámbito de derecho de la competencia, sin embargo, y, en aplicación de una reiterada doctrina jurisprudencial sobre esta materia, considera que lo relevante no es tanto el estatus jurídico económico del sujeto que realiza la supuesta conducta infractora sino, más bien, que su conducta haya causado o sea susceptible de causar un resultado económicamente dañoso o restrictivo de la competencia.

Siendo una realidad indudable para el TS la sujeción de la actividad de las Administraciones Públicas a las disposiciones de la LDC (ex art. 4.2), la cuestión principal consiste en declarar si esta Corporación ha actuado como un operador económico en el mercado o bien como Administración Pública en la gestión de servicios que establece la Ley. En este sentido, esta Corporación, al amparo del artículo 15 LCSP, decidió llevar a cabo una gestión indirecta del servicio de estacionamiento regulado en la ciudad de Zaragoza, actuando como “poder licitador” de una concesión local, siendo la empresa adjudicataria la que prestase y gestionase tal servicio. Concluye el Alto Tribunal que el Ayuntamiento de Zaragoza no ha ejercido una actividad económica, siendo, por tanto, la empresa concesionaria la que verdaderamente actúa en el mercado (cuya conducta no es objeto del recurso de casación).

En segundo lugar, y frente a la pretensión de la recurrente que defiende que “el Ayuntamiento actuó como agente facilitador de la conducta de abuso de posición de dominio en cuanto son los Pliegos los que permiten que la concesionaria pueda actuar en exclusiva en el mercado de servicio de pagos y negar el acceso a otras plataformas de pago (como la recurrente)”, el TS la rechaza, estableciendo: i) de un lado, y aunque es cierto que la concesión del servicio implica la atribución de derechos de índole económica a la concesionaria, no debe olvidarse que la actuación de la Administración Pública se lleva a cabo al amparo de la potestad atribuida por el artículo 25.2 de la LBRL, en materia de ordenación del tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad, sujeta al derecho administrativo; ii) de otro, señala que la Corporación no puede considerarse responsable, directa ni indirectamente, de un abuso de posición de dominio, toda vez que no es ella la que presta el servicio de estacionamiento, ni realiza la actividad económica a la que se refiere la concesión y tampoco ha llevado a cabo alguna actuación material susceptible de causar un resultado prohibido por el derecho de la competencia.

En tercer lugar, recuerda el TS que la configuración de una concesión no implica la creación de barreras de entrada para posibles operadores económicos y, además, entiende que, en la medida que la concesión no incorpora expresamente la exclusividad a favor de la adjudicataria en relación con dicho servicio de pago, corresponde a la concesionaria, dentro de su esfera de actuación, decidir el acceso a otras entidades que pudiesen prestar el servicio.

Por último, concluye que la Administración ha actuado en el ejercicio de sus competencias como poder público dotado de imperium (ius imperii) al adjudicar una concesión para la prestación de un servicio, incompatible con afirmar una supuesta actuación dominante en el mercado.

 

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22.06.2023
Tal y como señala el preámbulo de la Ley 11/2023, la Comisión Europea está intentado avanzar en la creación de un marco regulador dinámico y, en cierto modo, homogeneizado, para el Derecho de sociedades en la Unión Europea. Además, en atención a uno de los principios rectores de la Unión Europea (libertad de circulación y establecimiento), se intenta superar la “barrera” que suponen las fronteras y las distancias entre países mediante la digitalización de trámites notariales.
 
También se pretende la simplificación de ciertas operaciones transfronterizas de las empresas europeas, especialmente en el caso de pequeñas y medianas empresas, así como de facilitar el procedimiento de constitución de compañías y sus sucursales.
 

A) MODIFICACIONES EN LOS TRÁMITES NOTARIALES

La herramienta escogida para simplificación y dinamización de los trámites notariales ha sido la digitalización y la sustitución de la comparecencia física ante notario por la presencia mediante videoconferencia.

Los actos más relevantes que podrán otorgarse y autorizarse ante notario mediante la comparecencia telemática son los siguientes:

  • La intervención notarial de pólizas mercantiles.
  • La constitución de sociedades de responsabilidad limitada.
  • Nombramientos y apoderamientos mercantiles
  • Otorgamiento de cartas de pago y la cancelación de garantías.
  • Las actas de junta general.
  • Los testimonios de legitimación de firmas.
  • Las declaraciones de obra nueva sin extinción de condominio, ni adjudicación de propiedad, y la división de la propiedad horizontal.

Procedimiento

El procedimiento de comparecencia “digital” ante notario se realizará en la “sede electrónica notarial” a la cual se deberá acceder con certificado digital que acredite la identidad del interviniente.

Asimismo, en la propia videoconferencia, el notario deberá identificar a los intervinientes y exhibir los documentos objeto de autorización de tal forma que puedan ser leídos y cuestionados por los intervinientes conectados a la videoconferencia.

El procedimiento deberá seguir los mismos trámites y advertencias propias de una comparecencia física ante notario tras los cuales, este último, procederá a la firma del documento. Queda por determinar si la plataforma permitirá la firma de los intervinientes lo cual sería lógico ya que deberán acceder a la misma con sus certificados digitales.

Modificaciones en cuanto a las copias y los protocolos notariales

Todas las escrituras que se autoricen deberán llevar aparejado un protocolo electrónico que prevalecerá en caso de discrepancias entre lo recogido en estos y las matrices en papel. En consecuencia, las copias que se soliciten de las escrituras se emitirán teniendo como base el protocolo electrónico.

Inclusión de CSV (Código de Verificación Seguro) en las escrituras

Al igual que sucede ya con la gran mayoría de los documentos emitidos por las distintas administraciones, se va a incluir un CSV que permitirá el cotejo de la veracidad de las escrituras, de tal modo que cualquier persona que tenga este código podrá verificar en la Sede Electrónica Notarial el contenido de estas.

Además, se podrán solicitar copias de las escrituras telemáticamente en la Sede Electrónica Notarial, acreditando la condición de interesado mediante certificado electrónico.

B) MODIFICACIONES DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL

La Ley 11/2023 también conlleva una serie de cambios en la LSC, que permitirá a los ciudadanos de la Unión Europea la constitución de Sociedades de Responsabilidad Limitada de forma telemática sin necesidad de comparecencia física de los socios siempre que las aportaciones sean dinerarias.

Para la agilización y estandarización de los trámites de constitución, la Ley 11/2023 regula los requisitos y forma de los modelos estandarizados para la constitución de sociedades telemáticamente que incluyen modelos de constitución, modelos de estatutos sociales y escrituras públicas.

Plazos en el Registro Mercantil

Otra de las ventajas que supone esta agilización y estandarización de trámites para la constitución de Sociedades de Responsabilidad Limitada es la reducción de plazos en el Registro Mercantil cuando se acuda a los modelos estandarizados, que se han fijado plazos tan reducidos como son, seis horas hábiles a contar desde el día siguiente al de la fecha del asiento y cinco días laborables a contar desde el siguiente al de la fecha del asiento de presentación. No obstante, se debe reseñar que estos pueden variar en función de razones técnicas o a la complejidad del asunto.

Excepciones a la comparecencia telemática

Con el fin de evitar la usurpación de identidad en las comparecencias telemáticas, el notario, cuando sospeche o no tenga clara la intervención y acreditación digital de la identidad, podrá requerir la comparecencia física del interesado. También podrá requerir esta comparecencia física cuando dude sobre la capacidad del otorgante.

 

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La evolución tecnológica ha permitido diversificar la forma de prestación de servicios y, en concreto, la forma de hacer “guardias” para muchas empresas.

Actualmente, la llamada guardia localizada forma parte de una tendencia creciente en muchas compañías. Se trata de una forma de hacer guardia en la que únicamente se le requiere a la persona trabajadora estar disponible al teléfono móvil y, en su caso, poder desplazarse al centro de trabajo si se considera conveniente.

La muy reciente sentencia del Tribunal Supremo de 18 de abril de 2023 número 1607/2023 reitera y recoge la doctrina sobre este tema.

Se resuelve sobre una cadena de supermercados que asigna a los supervisores la realización de guardias localizadas en domingos y festivos, fuera de su jornada laboral, y por medio de un cuadrante rotativo, consistente en estar disponible al teléfono en todo momento y, en caso de que sea necesario, acudir al centro de trabajo. No se recibe compensación por la realización de dichas guardias y tienen lugar cada mes y medio.

Se interpuso demanda de conflicto colectivo con el objeto de determinar si este tipo de guardia se puede considerar tiempo de trabajo y si este debe ser o no remunerado.

Una de las primeras sentencias que aborda el tema fue dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el 21 de febrero de 2018 (C-518/15, asunto Matzak). Esta aborda la definición del tiempo de trabajo y la determinación de los elementos que lo conforman, entre los cuales figuran los siguientes:

En primer lugar, se debe considerar el elemento espacial. Consiste en encontrarse en el lugar de trabajo, ya sean las instalaciones de la empresa, o en cualquier otro lugar que podría llegar a ser el propio domicilio. El único requisito es que el lugar sea designado por el empleador.

En segundo lugar, se define el elemento temporal. En el caso de las guardias, se identifica como elemento temporal el tiempo de respuesta del que dispone la persona trabajadora para atender al llamamiento de la empresa y acudir al lugar de trabajo designado.

Ambos elementos comportan una limitación de la libertad de deambulación y de administración del tiempo en el que la persona trabajadora puede dedicarse a sus intereses personales, familiares y sociales.

De este modo, cuando las limitaciones impuestas afecten de forma objetiva y considerable a su capacidad para administrar su tiempo libre, se considerará que la persona se encuentra en su tiempo de trabajo y, por ende, se debe remunerar.

En la mayoría de los casos, los elementos determinantes serán, por un lado, el plazo de tiempo que dispone la persona trabajadora para atender la llamada y reanudar sus actividades profesionales y, por otro lado, la frecuencia de las intervenciones a realizar durante la guardia.

Toda la doctrina expuesta permite dar respuesta al conflicto colectivo originado. En el caso a tratar por la referenciada Sentencia del Tribunal Supremo, únicamente se requiere a las personas trabajadoras asistir al centro de trabajo en casos muy excepcionales y la empresa no ha acotado el tiempo máximo para asistir al centro de trabajo.

Por lo tanto, se considera que las limitaciones impuestas a las personas trabajadoras son mínimas en tanto que disponen de libertad para organizar el tiempo familiar social y se pueden dedicar a sus propios intereses debiendo solventar únicamente problemas puntuales.

Se concluye que no se puede considerar tiempo de trabajo ni se debe remunerar esa guardia como regla general, únicamente se deberá compensar al trabajador por las horas efectivamente trabajadas durante este periodo, y las mismas se deberán abonar como si fuesen horas extraordinarias.

 

El día 25 de mayo de 2023 se publicó en el BOE la mediática “Ley de vivienda”, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación, esto es, el día 26 de mayo de 2023.

La nueva Ley modifica leyes tan importantes como la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como tiene incidencia en temas fiscales respecto al Impuesto de Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre Sociedades, la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

Sin perjuicio de su estudio en profundidad, enumeramos algunos flashes sobre las principales novedades, no exentas de polémica, que la Ley introduce:

  • Definiciones: La Ley realiza la definición de vivienda, infravivienda, vivienda protegida y un largo etcétera.

Entre las definiciones que realiza destaca la de “Gran Tenedor” que, si bien se mantiene en la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 m2 de uso residencial, se prevé en la Ley que, en entornos de mercado residencial tensionado, baje hasta titulares de cinco inmuebles urbanos de uso residencial ubicados en dicho ámbito cuando así sea motivado por la comunidad autónoma en la correspondiente memoria justificativa.

  • Ampliación de las zonas tensionadas: Los ayuntamientos podrán declarar como zona tensionada de alquiler aquellas en las que el pago del mismo suponga un esfuerzo superior al 30% de los ingresos de los hogares o los precios hayan aumentado un 3% + el IPC en los últimos 5 años.
  • Actualización de renta en viviendas alquiladas en zona tensionada: Se prorroga el incremento máximo del 2% a todo el año 2022, se establece el incremento máximo para el año 2024 en el 3% y a partir del año 2025 se realizará la actualización sobre un nuevo Índice de revisión de alquiler todavía no determinado.
  • Prórrogas excepcionales de duración del contrato de vivienda vigente:  podrán aplicarse, previa solicitud del arrendatario en situaciones acreditadas de vulnerabilidad o cuando el arrendamiento esté en zona tensionada.
  • Honorarios por nuevos arrendamientos de vivienda: tanto si el arrendador es persona física o jurídica deberá correr con los gastos y honorarios por el arrendamiento de la vivienda (hasta ahora esto solo ocurría si el arrendador era de cuenta y cargo del propietario. En la actualidad, esto solo ocurría con las viviendas propiedad de una sociedad mercantil.
  • Limitaciones del importe de renta en nuevos arrendamientos de vivienda: la renta pactada al inicio del nuevo contrato no podrá exceder de la última renta de contrato de  arrendamiento de vivienda habitual que hubiese estado vigente en los últimos cinco años en la misma vivienda, una vez aplicada la cláusula de actualización anual de la renta del contrato anterior, sin que se puedan fijar nuevas condiciones que establezcan la repercusión al arrendatario de cuotas o gastos que no estuviesen recogidas en el contrato anterior.
  • Demandas de desahucio: Se incrementan los requisitos para la admisión de demandas de desahucio.

No se podrán realizar lanzamientos que no tengan fecha y hora predeterminada, así como se establecen nuevas prórrogas.

  • Bonificaciones en IRPF/Impuesto de Sociedades: Se introducen reducciones en la base computable a los efectos del impuesto resultante del alquiler. En el IRPF pasa del 60% al 50% como norma general, pero puede aumentar hasta un 90% en determinados casos.
  • Reserva de suelo para vivienda protegida: suben los porcentajes del 30 al 40% en nuevas actuaciones de urbanización y del 10 al 20% en suelo urbano no consolidado.
  • Vivienda vacía: se introducen penalizaciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles a propietarios que tengan en propiedad un mínimo de 4 viviendas de hasta el 150% a viviendas que lleven más de 2 años vacías.

 

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26.05.2023

El 25 de mayo de 2023 se ha publicado en el BOE la Ley 13/2023, de 24 de mayo, por la que se modifican la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en transposición de la Directiva (UE) 2021/514 del Consejo de 22 de marzo de 2021, por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, y otras normas tributarias.

Entre las medidas tributarias introducidas se encuentra la modificación del artículo 16 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades (LIS), relativo a la limitación a la deducibilidad de los gastos financieros, para alinearlo con la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior para lograr una tributación más justa, sencilla y eficaz en la Unión Europea (UE). Esta Directiva es conocida como “ATAD” por sus siglas en inglés (Anti Tax Avoidance Directive).

En la referida Directiva se preveía el establecimiento de una serie de medidas concretas para evitar la planificación fiscal agresiva, aumentar la transparencia fiscal y crear condiciones equitativas para todas las empresas de la UE, entre las que se encontraba la norma que limita la deducibilidad de intereses. Dichas medidas ya fueron objeto de trasposición por parte de España, con la excepción de la norma que limita la deducibilidad de intereses. En este sentido, España se acogió a la excepción prevista en la Directiva que permitía posponer la aplicación de la norma armonizada hasta el 1 de enero de 2024 a aquellos estados en los que la norma nacional específica fuese igualmente eficaz que la prevista en la Directiva.

Así, la normativa española relativa a la limitación de intereses fue considerada por la Comisión Europea como igualmente eficaz mediante carta de emplazamiento de fecha 8 de febrero de 2018, siendo necesaria la modificación de la norma doméstica introducida por la Ley 13/2023 para adecuarla a la Directiva y cumplir los plazos previstos.

La principal diferencia entre la redacción de nuestra norma interna y la exigida por la Directiva estriba en el concepto de “EBITDA” (beneficio operativo en la redacción de la LIS) sobre el que se aplica el límite del 30%, ya que la Directiva excluye del EBITDA la renta exenta de impuestos. La modificación aprobada introduce la siguiente frase para adecuar el concepto de beneficio operativo al de EBITDA definido en la Directiva:

“En ningún caso, formarán parte del beneficio operativo los ingresos, gastos o rentas que no se hubieran integrado en la base imponible de este Impuesto.”

Esto se traduce en que no se incluirán a los efectos de la determinación del beneficio operativo las rentas que resulten exentas y no se integren en la base imponible, es decir, las previstas en los artículos 21 y 22 de la LIS (principalmente, dividendos, rentas derivadas de la transmisión de acciones o participaciones y rentas obtenidas en el extranjero a través de un establecimiento permanente).

Por lo tanto, a partir del 1 de enero de 2024, fecha en la que entrará en vigor esta modificación, el límite a la deducción de gastos financieros se verá disminuido en función de las rentas exentas que obtenga la entidad, por lo que es importante para aquellas sociedades que puedan verse afectadas revisar las estructuras de financiación y los flujos de potenciales rentas exentas en este ejercicio 2023 como medida de planificación fiscal.

 

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La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción establece la obligación de implantar canales de denuncia en las empresas y entidades con 50 o más empleados, así como en las administraciones públicas (incluyendo ayuntamientos, universidades, fundaciones públicas, etc.). La Ley afecta también a los canales de denuncia actualmente en funcionamiento en las empresas, independientemente del número de empleados.

Entre otros aspectos se establece que el canal de denuncias debe garantizar la prohibición de represalias hacia el informante, la confidencialidad en todo el procedimiento y la posibilidad de presentar denuncias anónimas. La Ley prevé que el canal de denuncias pueda ser gestionado por un tercero externo que garantice la confidencialidad y la independencia en la gestión del canal. 
 
En cuanto al procedimiento de gestión de las denuncias, se establecen unos plazos mínimos para la admisión a trámite y para la resolución de las denuncias, evitando así que las investigaciones se alarguen innecesariamente. Todo ello deberá estar recogido en una normativa específica interna en la que se regule la gestión del canal, la adopción de decisiones y el tratamiento de los datos personales. 
 
El incumplimiento de la obligación de implantar un canal de denuncia, o infracciones que supongan vulneración de las garantías de confidencialidad y anonimato, pueden conllevar sanciones de hasta un millón de euros. Por ello es importante revisar los procedimientos de gestión de las denuncias para verificar los controles y garantías establecidos.
 
El plazo para implementar un canal de denuncia o adaptar los existes a la Ley 2/2023 finaliza el próximo 13 de junio para las Administraciones, organismos y entidades públicas, sociedades mercantiles públicas y para las entidades del sector privado a partir de 250 trabajadores. Dicho plazo se extiende hasta el 1 de diciembre para las entidades del sector privado de entre 50 a 249 trabajadores y para los municipios de menos de diez mil habitantes.

El área de Compliance de Toda & Nel-lo tiene amplia experiencia en asesorar a empresas en el diseño, implementación y gestión operativa de canales de denuncia y ofrece servicios de regulación y externalización de los canales, contando con una plataforma adaptable a cada empresa que permite gestionar las comunicaciones cumpliendo con la normativa.

A continuación, una muestra de la plataforma que dispone Toda & Nel-lo para la gestión de las comunicaciones.

 

 

 

 

23.05.2023

El 13 de mayo de 2023 entró en vigor el Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas (RDL 4/2023).

El preámbulo señala que la situación de escasez y de falta de reservas hídricas que está sufriendo buena parte de España evidencian el riesgo de que existan problemas para el suministro de agua en los próximos meses, tanto para determinados abastecimientos a poblaciones como para las explotaciones agrícolas.

Destaca el caso de la cuenca del Guadalquivir, con 631 hm3 almacenados por debajo del valor correspondiente al año anterior. Sus reservas se limitan al 24,5% de su capacidad máxima de embalse, es decir, 7,6 puntos porcentuales por debajo del año anterior, 24,5 puntos por debajo de la media de los últimos cinco años y 38,6 puntos por debajo de la media de los últimos diez años.

También se encuentran significativamente afectadas por la sequía las cuencas del Ebro, especialmente en el sistema del Segre, y del Duero, presentando riesgos los sistemas del Pisuerga y del Bajo Duero.

Por ello, el RDL 4/2023 adopta diversas medidas:

  • Medidas en materia de aguas;
  • Modificación del Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (TRLA); y
  • Medidas de naturaleza fiscal.

 

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El 25 de abril entró en vigor la nueva medida en la lucha contra el fraude fiscal, introducida por el Real Decreto 249/2023, de 4 de abril, que permite a la Administración Tributaria revocar el NIF de aquellas sociedades en las que constate el incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil durante 4 ejercicios consecutivos.

Esta nueva causa se une a las ya existentes, como la falta de presentación del Impuesto sobre Sociedades durante 3 ejercicios consecutivos, la comunicación de actividades económicas inexistentes y domicilios sociales aparentes o falsos, o la imposibilidad de practicar notificaciones en el domicilio durante un período superior a un año tras 3 intentos de notificación, entre otras.

Cabe destacar que la revocación del NIF conlleva importantes efectos para la sociedad afectada puesto que se le priva de (i) operar a nivel bancario; (ii) otorgar escrituras o instrumentos públicos ante notario; (iii) inscribir bienes y/o derechos a su nombre en cualquier registro público y (iv); obtener certificados tributarios. Asimismo, la revocación será publicada en el BOE y supondrá la baja automática en los registros fiscales en los que hubiera figurado.  

En caso de que se produzca la revocación del NIF por la falta de depósito de las cuentas anuales, se podrá rehabilitar si se acredita la subsanación del incumplimiento.

Para evitar el riesgo de revocación del NIF por esta nueva causa, aconsejamos revisar esta situación y, en su caso, poner al día el depósito de las cuentas anuales.

 

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26.04.2023

El 18 de abril entra en vigor la Ley Orgánica 3/2023, de 28 de marzo, de modificación del Código Penal en materia de maltrato animal, con el objetivo de "reforzar la protección de los animales y posibilitar una respuesta penal más eficaz ante las diferentes formas de violencia contra ellos".

Entre las novedades que introduce esta ley destaca la ampliación de la lista tasada de animales protegidos por el Código Penal. Como ya recogen el ordenamiento alemán y el británico no se protegen únicamente los animales domésticos, domesticados o que convivan con el ser humano. El nuevo texto legal utiliza la expresión “animal vertebrado” añadiéndose de esta manera a los animales silvestres que viven en libertad que, si no pertenecían a especies protegidas, carecían de cualquier tipo de protección legal.

Por otro lado, la novedad que no puede pasar desapercibida para las empresas es la que tiene lugar el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ya que la ley incluye los delitos contra los animales en la lista de los delitos corporativos que generan responsabilidad penal para las empresas, asociaciones y entidades en general.

El nuevo artículo 340 quater del Código Penal establece que cuando, una persona jurídica sea responsable de alguno de los delitos contra los animales, se le impondrá penas de multa de hasta tres años e incluso la disolución de la persona jurídica, la suspensión de actividades, la clausura de sus locales o establecimientos de hasta cinco años.

El legislador vuelve a exigir una vez más a las personas jurídicas que refuercen sus controles internos si no quieren ver aumentada su exposición al riesgo penal, por lo que va a ser necesario que, en los casos en los que por el tipo de actividad o sector al que pertenece una empresa se confirme la posibilidad de comisión de este tipo de delitos (esto es, no únicamente las empresas que realicen actividades de ganadería o relacionadas directamente con animales, también las empresas del sector alimentario, farmacéutico o cosmético), deban realizar una actualización del mapa de riesgos legales y una revisión de los controles existentes para que se puedan elaborar e implementar las medidas de prevención adecuadas en cada caso.

 

Desde el área de Compliance de Toda & Nel-lo ofrecemos los servicios necesarios para llevar a cabo esta actualización del mapa de riesgos legales de las empresas, así como la adecuación y en su caso elaboración, de los controles de prevención precisos.
 

18.04.2023

El considerable aumento del teletrabajo como consecuencia del Covid-19 ha hecho acentuar la necesidad de restructurar la forma y condiciones en las que hasta ahora se concebía el trabajo, dando lugar a nuevos interrogantes frente los que actuar. Esta importancia se ha trasladado principalmente al ámbito domestico y a si la situación de teletrabajo conduce directamente a que cualquier incidente sea calificado de accidente laboral.

Tradicionalmente, la jurisprudencia se ha apoyado principalmente en los arts. 156.3 y 156.4 de la Ley de la Seguridad Social de 1994, que consideran accidente de trabajo las lesiones en tiempo y lugar de trabajo.

En 2006 llegó de manera muy novedosa por entonces al TS un supuesto de hecho en el que un trabajador fallecía como consecuencia de un disparo en el trayecto a su domicilio finalizada la jornada laboral. En él, empezaba cuestionarse si podía entenderse como “tiempo y lugar del trabajo” el trayecto al domicilio después de la jornada.

En el caso concreto, el propio tribunal afirmaba en su ST 2006/739 que no existía una doctrina definitiva y univoca aplicable para tales casos, y decía que debía interpretarse como excluyente la calificación de accidente de trabajado únicamente cuando la agresión obedeciera a motivos ajenos al mismo y próximos a circunstancias entre agresor y agredido. Pero en los casos en los que respondiera a sucesos fortuitos imprevisibles serían de naturaleza indemnizable en todo caso y calificado como accidente laboral.

A lo largo del 2020, con la creciente utilización del teletrabajo, se empezó a notar una mayor dificultad de delimitación del lugar y tiempo de trabajo al que refiere el art. 156.3 RCL 1994/1825, cuando el trabajo se desarrolla a distancia.

Respecto al lugar de trabajo, cabe entender que nos referimos a la oficina a distancia localizada, pero pueden plantearse problemas cuando la lesión tenga lugar fuera de este espacio; por ejemplo, si teletrabajáramos desde nuestra segunda residencia cuando el lugar fijado como de teletrabajo es otro.

Con respecto al tiempo, evidentemente es mayor la dificultad de controlar la jornada en esta modalidad. La jurisprudencia, si bien entiende los descansos incluidos en la jornada por ser trabajo efectivo, excluye otros desplazamientos por encargos personales como la visita al médico. En este aspecto serán de gran importancia aquellos datos que se deriven del mecanismo de control o registro de jornada que tenga la empresa.

Se complica la situación cuando circunstancias anteriores o posteriores al teletrabajo desencadenan la lesión. En este caso, cuando se produzcan inmediatamente antes o después, el nexo causal es tan evidente que deben considerarse como accidente laboral ya que “de no trabajar, no se hubieren dado”.

Uno de los últimos pronunciamientos judiciales al respecto data del 11 de noviembre de 2022 cuando fue presentado ante el TSJ de Madrid el caso de un teletrabajador con horario flexible (de 8:30 a 14:00 horas), que se dirigió a la cocina a las 9:15 y, al coger una botella de agua y esta resbalársele, le ocasionó lesiones en la mano izquierda.

El supuesto de hecho llegó al tribunal frente la desestimación del juzgado de referencia de que los sucesos constituyeran accidente laboral. El TSJ dijo que la organización mediante teletrabajo “no debe suponer una minoración de las garantías y, con ocasión de esto, no deben establecerse distinciones por el hecho de que la actividad se produzca en las instalaciones de la empresa o en su domicilio”.

Tomando de referencia tanto esta como otras sentencias (RJ 2021/2049 y RJ 2020/4560) se analiza, con respuesta positiva, si concurre o no accidente de trabajo cuando se sufren lesiones durante la pausa de descanso o a la salida del trabajo y cuándo permite aplicar la presunción. Los tribunales consideran que hay una estrecha conexión entre el esfuerzo físico y mental de quien presta un actividad, la breve duración y, sobe todo, la necesidad de reanudar inmediatamente la actividad productiva, lo que sugieren que estamos ante un tiempo vinculado al contenido del contrato de trabajo.

En relación con toda la anteriormente jurisprudencia y doctrina expuesta, podemos extraer las siguientes conclusiones en el marco de los accidentes laborales en el teletrabajo:

1) No cabe minorar las garantías propias del trabajador en su relación laboral en ocasión del teletrabajo.

2) Se presumen como accidente laboral aquellas lesiones producidas en tiempo y lugar de trabajo.

3) El tiempo de las lesiones no debe entenderse en un sentido estricto; se entiende que forma parte de él situaciones o lesiones dadas: durante, inmediatamente después o antes, que tengan un nexo causal y que “de no ir a trabajar no se hubieran producido”.

4) Se excluyen del tiempo de trabajo aquellas acontecidas por motivos ajenos a la laboralidad que se fundamentan en circunstancias personales.

5) El lugar de trabajo debe abarcar también todas las instalaciones usadas dentro de la jornada y no solamente la mesa de trabajo. De igual modo sucede en el teletrabajo.

6) Los sucesos fortuitos que tengan un nexo casual con la jornada de trabajo y no respondan a circunstancias próximas entre agresor y agredido, tendrán consideración de accidente laboral.

 

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17.04.2023