El acuerdo entre los interlocutores sociales permite la regulación del trabajo a distancia con la promulgación del RD-Ley 28/2020.

La concepción del trabajo a distancia es la misma que la ya prevista -hasta ahora- en el art. 13 ET, esto es, «esta modalidad se produce cuando se realiza la actividad laboral en el domicilio de la persona trabajadora o en otro local que esta escoja, distinto de los locales de trabajo de la empresa». Sin embargo, se modifica el citado artículo de tal modo que tan solo remite a los términos previstos en RDL 28/2020 para regular la prestación de servicios de este tipo.

La nueva norma se refiere -entre otra cosas- al carácter voluntario del teletrabajo; la igualdad de derechos de las personas teletrabajadoras con los que desarrollan su actividad de forma presencial; el derecho a la formación y la carrera profesional de los trabajadores a distancia, o al pleno ejercicio de sus derechos colectivos; la dotación de equipos; la seguridad y la salud; la gestión de la organización del trabajo por parte de la persona teletrabajadora. Si bien la norma remite constantemente a las especificidades que convenios o acuerdos colectivos puedan establecer atendiendo al ámbito concreto de la actividad, la identificación de los puestos de trabajo y funciones susceptibles de ser realizadas mediante el trabajo a distancia, regular una jornada mínima presencial, la reversibilidad al trabajo presencial, o un porcentaje o periodo de referencia inferiores a los fijados en el real decreto-ley (DA 1ª).

En su defecto, la norma dispone que se entenderá por trabajo a distancia cuando en un periodo de 3 meses se trabaje en casa un mínimo del 30% de la jornada o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo.

La norma también protege a los menores y a los contratos formativos, garantizándose un mínimo del 50% de trabajo presencial (art. 3) y, por otro lado, excluye de su ámbito de aplicación el personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas (DA 2ª).

Como ya se ha dicho, una de las novedades importantes es el carácter voluntario del trabajo a distancia, estableciéndose un derecho tanto para el trabajador como para la empresa (art. 5) que deberá llevarse a cabo mediante acuerdo. Del mismo modo, las modificaciones de las condiciones establecidas en el acuerdo deberán ser objeto de acuerdo o según los mecanismos establecidas en los convenios (art. 8); pues no podrá imponerse por ninguna de las partes el trabajar a distancia o el retorno al trabajo presencial que no se considerarán causas justificativas extintivas ni de modificación sustancial.

De hecho, la necesidad del acuerdo es tal que se incorpora un nuevo artículo 138 bis en la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, para las reclamaciones sobre acceso, reversión y modificación del trabajo a distancia, siempre que no esté relacionada con el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Los trabajadores dispondrán de un plazo de veinte días hábiles para presentar demanda, a partir de la negativa o disconformidad de la empresa con la propuesta realizada por éstos.

 

Formalidades del acuerdo

El acuerdo será formalizado por escrito de forma preceptiva antes de que se inicie el trabajo a distancia (art. 6). Dicho acuerdo será entregado a la representación legal de los trabajadores (RLT) en un plazo no superior a 7 días, y ésta lo firmará a efectos de dejar constancia de la recepción. Después se registrará el acuerdo en la oficina de empleo.

Una de las novedades más importantes del RD-Ley 28/2020 se halla en el art.7, que establece cual será, sin perjuicio de la regulación de los convenios o acuerdos colectivos, el contenido mínimo del acuerdo del trabajo a distancia:

a) Inventario de los medios, equipos y herramientas, así como la vida útil de éstos, que exige el trabajo a distancia.
b) Gastos en los que se pudieran incurrir por el hecho de prestar servicios a distancia, así como forma de cuantificación y modo de compensación obligatoria (momento y forma) de la empresa.
c) Horario de trabajo y reglas de disponibilidad, dentro de él.
d) Porcentaje y distribución entre trabajo presencial y trabajo a distancia.
e) Centro de trabajo de la empresa al que queda adscrita el trabajador a distancia.
f) Lugar elegido por el trabajador para el desarrollo del trabajo a distancia.
g) Duración de plazos del ejercicio de la reversibilidad.
h) Medios de control empresarial de la actividad.
i) Procedimiento en caso de dificultades técnicas que impidan el normal desarrollo del trabajo a distancia.
j) Instrucciones dictadas por la empresa, con la participación de la representación legal de las personas trabajadoras, en materia de protección de datos, específicamente aplicables en el trabajo a distancia.
k) Instrucciones dictadas por la empresa, previa información a la representación legal de las personas trabajadoras, sobre seguridad de la información, específicamente aplicables en el trabajo a distancia.
l) Duración del acuerdo de trabajo a distancia.

 

Derechos de los trabajadores

Pese a ser ya mencionados en el art. 7, y en preceptos anteriores del RDL, se establecen varios derechos para los trabajadores: a la formación (art. 9), a la promoción profesional (art.10), a la dotación suficiente y mantenimiento de medios (art. 11), al abono y compensación de gastos (art. 12), al horario flexible (art. 13), al registro de jornada (art. 14).

En cuanto a la prevención de riesgos laborales (arts. 15 y 16) únicamente alcanzará la zona de prestación de servicios, pero se tendrán en cuenta los que se consideran los riesgos característicos de esta modalidad de trabajo (distribución de la jornada, tiempos de disponibilidad y la garantía de los descansos y desconexiones durante la jornada).

Las empresas no podrán exigir la instalación de programas o aplicaciones en dispositivos propiedad de los trabajadores, ni la utilización de esos en el desarrollo del trabajo a distancia y, en lo que se refiere a los criterios de utilización de los dispositivos digitales, deberá participar la RLT en la elaboración de esos criterios que respetaran, en todo caso, la protección de la intimidad de los trabajadores. De nuevo la norma remite a los convenios o acuerdos colectivos para determinar los motivos que permitirán el uso personal de los equipos informáticos puestos a disposición.

En virtud del art. 18 se extiende -expresamente- el derecho a la desconexión digital fuera del horario de trabajo según lo establecido en el artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018 a aquellas personas que trabajan a distancia.

Facultades de la empresa

En el desarrollo del trabajo a distancia, los trabajadores, deberán cumplir las instrucciones que haya establecido la empresa sobre la protección de datos (art. 20), sobre las condiciones e instrucciones de uso y conservación, establecidas en la empresa en relación con los equipos o útiles informáticos (art. 21) y, para ello, la empresa podrá adoptar las medidas de vigilancia y control que estime más oportunas a fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones, por parte de los trabajadores, y deberes laborales (art. 22).

 

Situaciones de trabajo a distancia previas al RDL 28/2020

En virtud de lo establecido en la Disposición transitoria 1ª la norma sólo será aplicable a las relaciones de trabajo vigentes con anterioridad a la publicación de la nueva norma desde el momento en el que estos pierdan su vigencia (ya sea por acuerdo o por convenio). Si no se hubiera previsto un plazo de duración, esta norma resultará de aplicación transcurrido un año desde su publicación en el BOE, salvo que las partes acuerden expresamente un plazo superior, que como máximo será de tres años. El acuerdo de trabajo a distancia regulado en el art. 7 deberá formalizarse en el plazo de tres meses desde resulte de aplicación a la relación laboral el RDL.

En ningún caso la aplicación del RDL podrá tener como consecuencia la compensación, absorción o desaparición de cualesquiera derechos o condiciones más beneficiosas que vinieran disfrutando el trabajador a distancia.

 

Trabajo a distancia como medida sanitaria

El trabajo a distancia implantado excepcionalmente durante la situación de crisis sanitaria creada por el COVID-19 (artículo 5 del RDL 8/2020), y mientras estas se mantengan, no le será de aplicación la presente norma.

No obstante, en todo caso, las empresas sí estarán obligadas a dotar de los medios, equipos, herramientas y consumibles que exige el desarrollo del trabajo a distancia.

 

Otras medidas aprobadas con el RDL 28/2020

Se prorroga el Plan MECUIDA, que permanecerá vigente hasta el 31 de enero de 2021, sobre los derechos de reducción y adaptación de jornada de los trabajadores cuando se den las situaciones excepcionales que se regulan e el propio art. 6 RD-Ley 8/2020, ligadas expresamente con el COVID-19.

Sigue vigente (no obstante se modifica ligeramente) el art. 5º del RDL 6/2020 por la que se considera situación asimilada a accidente de trabajo los periodos de aislamiento, contagio o restricción de salidas del municipio donde resida el trabajador o se encuentre el centro de trabajo.

 

Más información: Jordi Bou, abogado del área de Derecho Laboral

La Unión Europea aprobó en 2017 un nuevo paquete normativo sobre el IVA en el comercio electrónico que introduce cambios sustanciales en las normas que se aplican actualmente. Estaba previsto que esta normativa fuese aplicable a partir del 1 de enero del 2021. Sin embargo, debido a las dificultades ocasionadas por la crisis causada por la Covid-19, la Comisión Europea ha aplazado su aplicación al 1 de julio de 2021. El diario Confilegal publica un artículo en el que varios expertos aportan su visión sobre esta normativa, que tiene como objetivo simplificar las obligaciones que han de cumplir las empresas que realizan transacciones transfronterizas. 

 

El Comercio electrónico o e-commerce ha llegado para quedarse, y las autoridades de la Unión Europea (UE) han hecho bien en tomar cartas en el asunto, en particular en cuanto a que los impuestos indirectos (IVA) se comporten de forma más justa, ordenada y con las menores fugas de recaudación posible para los Estados miembros de la UE cuando se trate de transacciones transfronterizas. La medida entronca con la Acción 1 del denominado “Proyecto BEPS” de la a Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ante los desafíos de la economía digital en tributación directa (Impuesto sobre Sociedades), si bien en el caso del IVA las medidas no va tan dirigidas a poner cerco a la planificación fiscal de multinacionales, sino que más bien están encaminadas a cambiar el día a día de aquellas empresas (medianas, en muchas ocasiones) que se hallen en proceso de internacionalización de sus ventas, en gran medida gracias a la facilidad de acceso al mercado global para casi todos los agentes económicos, hoy en día, a través de la web o de aplicaciones de móvil.

Sin duda, el vetusto régimen fiscal de “ventas a distancia” -emanante de lo que, en los años noventa, podía ser una venta telefónica, o por catálogo- precisaba ya, sin ulterior dilación, de un nuevo marco tributario para modernizar y adecuar ese IVA a la actual realidad. Hasta la fecha, ese régimen prevé que las ventas a particulares establecidos en otro país de la UE tributen por el IVA en origen (estado en el que el vendedor se halle establecido) mientras no se supere determinado umbral (anual) en las ventas a ese país de destino. Sucede actualmente que el umbral se fija, individualmente, por cada Estado miembro. Por ejemplo, cuando el destino es España, no habrá IVA español en ningún caso en las ventas de un empresario francés en la medida en que éste no supere, en el año natural, los 35.000 € de ventas a particulares que residan en España.

Así las cosas, la palabra clave en esta reforma de IVA a nivel UE es “armonización”, frente a la dispersión actual y descoordinación manifiesta (a nivel de carga administrativa en cada país, sujeción a plazos y procedimientos variopintos, etc.; y todo ello adornado la sempiterna espinosa cuestión de los tipos de IVA muy variables, de país en país, dentro de la UE). Con la reforma que se espera entre finalmente en vigor en 2021 -salvo que se produjera alguna ampliación adicional del plazo-, la armonización consistirá, por encima de todo, en fijar un nuevo “umbral comunitario”: 10.000 € en todos los casos, sin posibilidad ya de regulación país por país (solo en la fecha en que, a mitad del año, se produjera la superación de dicho umbral, pasaría a haber IVA del país de destino para ese concreto vendedor).

Asimismo, se profundiza en la fórmula de “Mini Ventanilla Única”, habilitando que a esos vendedores pueda bastarles con identificarse como sujetos pasivos de IVA ante su propio Estado en el que se hallen establecidos como empresarios o profesionales, sin tener que cursar alta fiscal en cada Estado de la UE en que efectúen ventas a consumidores.

Por último, como novedad más mediática está el rol que empezarán a jugar, bajo la nueva regulación comunitaria (a partir de la Directiva 2017/2455), los denominados “e-marketplaces” -plataformas de venta electrónica, como sería el caso paradigmático de Amazon, pero también Fnac, Ebay, etc.- cuya función es propiciar o mediar en estas ventas online de productos a enviar a un particular ubicado en otro país. Y es que, a partir del próximo año, dichas plataformas serán responsables de recaudar e ingresar el IVA de estas ventas, como si ellos realizaran una venta directa al consumidor en destino (y como si previamente hubieran efectuado una compra al vendedor en origen). Además, nacerá para estos sujetos una nueva obligación, ya que tales plataformas online deberán mantener (durante diez años y con fines de control tributario) un registro de todas esas transacciones.

Siendo aplaudibles, por convenientes -en ocasiones, casi necesarias-, la mayoría de esas medidas aquí reseñadas, sería deseable que la carga administrativa resultante en cada caso no resultara desorbitada para ninguno de los operadores involucrados, en aras de los principios de libertad de empresa y de menor onerosidad en las medidas de intervención pública, ya sean éstas de carácter administrativo o bien propiamente tributarias. Confiamos en que las autoridades comunitarias, así como las de los distintos Estados miembros estarán atentas también para asegurar estos fines y procurar un debido equilibrio entre los intereses de las distintas partes concernidas.

 

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Más información: Albert Mestres, counsel de Derecho Tributario y responsable de Fiscalidad Internacional de Toda & Nel-lo

El 7 de mayo se publicó en el BOE el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal.

El Texto Refundido se compone de 752 artículos, que se dividen en tres libros referentes al concurso de acreedores, al derecho preconcursal y a las normas de derecho internacional privado.

Dada la profundidad de la reforma, la presente nota informativa tiene por objeto enumerar, de forma resumida, las principales novedades del Texto Refundido con el objetivo de proporcionar una primera aproximación al nuevo texto normativo que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre de 2020.

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Más información: Álvaro Rifá, counsel de Procesal y responsable del área Concursal de Toda & Nel-lo. 

 

 

 

El 8 de julio se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.

Si bien el grueso de la norma está dedicado a la regulación de determinados aspectos del transporte en sus diferentes modalidades (aéreo, carretera, marítimo, etc.), las disposiciones finales octava y novena del Real Decreto-ley introducen determinadas modificaciones en las medidas adoptadas en su momento por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, y en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Dice la exposición de motivos del Real Decreto-ley que, con el fin de homogeneizar la duración de las medidas sociales y que la retirada de las mismas no se produzca de manera desordenada, además de evitar que los beneficiarios del bono social eléctrico dejen de percibir los descuentos y beneficios previstos en la normativa, la disposición final prórroga hasta el 30 de septiembre la vigencia del bono social y se extiende hasta el 29 de septiembre la posibilidad de solicitar la moratoria en el pago del préstamo con garantía hipotecaria, cuyo plazo finaliza ahora el 5 de agosto.

Asimismo, mediante lo dispuesto en la disposición final novena, en relación con la protección de las personas arrendatarias de vivienda en situación de vulnerabilidad, se refuerzan y extienden en el tiempo las medidas previstas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, que iban a finalizar en breve plazo.

En este sentido:

a) Se extiende hasta el 30 de septiembre la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta, cuando el arrendador sea un gran tenedor o entidad pública, en los términos establecidos en dicho Real Decreto-Ley; y

b) Se amplían hasta esa misma fecha los contratos de arrendamiento de vivienda que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses, en los mismo términos y condiciones del contrato en vigor.
Paralelamente, a fin de evitar la sucesión de impagos de créditos o préstamos sin garantía hipotecaria por parte de las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, se extiende hasta el 29 de septiembre la posibilidad de solicitar la moratoria, en los términos establecidos en dicho Real Decreto-Ley.

Por otro lado, en relación a la garantía de la continuidad del suministro energético y de agua para consumidores domésticos en vivienda habitual, se extiende lo previsto en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, que finalizó el pasado 20 de junio de 2020. De esta manera, la garantía de suministros básicos se amplía hasta el 30 de septiembre.

Igualmente, para los consumidores domésticos acogidos por esta medida, el periodo de tiempo de esta no computará a efectos de los plazos de los procedimientos de suspensión del suministro iniciados con anterioridad a dicho periodo.

El nuevo Real Decreto-Ley no incluye medida alguna respecto a arrendamientos de uso distinto al de vivienda, por lo que no hay nuevos plazos para pedir condonaciones o moratorias en ese tipo de arrendamiento.

Dicho cuanto antecede, relacionaremos cada una de las medidas aprobadas relativas al arrendamiento y la moratoria de préstamos, que entrarán en vigor al día siguiente al de su publicación -el día 9 de julio de 2020-.

Las principales medidas introducidas por el referido Real Decreto-Ley son las siguientes:

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Más información: José María Arnedo, socio de Procesal y responsable de Inmobiliario de Toda & Nel-lo

08.07.2020

Dada la buena acogida y la multitud de consultas y peticiones relacionadas con este tema que recibimos en la edición de 2019, repetimos esta sesión informativa, esta vez en colaboración con la Cambra de Comerç de Barcelona, para analizar de forma práctica y desde una óptica global las dudas más frecuentes en esta materia y cómo deben abordarse para evitar los riesgos, tanto personales como empresariales, desde una triple perspectiva mercantil, laboral y fiscal.

¿Es posible mantener la condición de directivo, sujeto por tanto a una relación laboral, cuando se es a la vez Administrador de la empresa? ¿Puedo perder el derecho a la retribución? ¿O mi antigüedad y/o exención fiscal de una posible indemnización? ¿Hay alguna forma de evitarlo? Y desde el punto de vista de la empresa, ¿Puedo seguir retribuyendo al directivo que pasa a ser Administrador en los mismos términos en que lo hacía antes de su nombramiento? ¿Qué ocurre con las retenciones o con la deducibilidad del gasto en el Impuesto de Sociedades? ¿Estoy generando una contingencia frente a la Administración Tributaria?  ¿Debo modificar los contratos con los directivos y/lo los estatutos sociales si el órgano de administración está retribuido?

Pese a los cambios introducidos en la Ley de Sociedades de Capital y la reforma fiscal de 2015, a fecha de hoy muchas empresas, sin saberlo, todavía no tienen bien resuelta la relación de sus directivos y/o administradores con la empresa, su retribución o su régimen de seguridad social. Con las contingencias que ello conlleva.

 

Más información: 

 

En este enlace se puede acceder a la grabación del webinar

01.07.2020

Desde que hace un par de semanas el gobierno hiciera la primera propuesta a los agentes sociales parecía claro que los ERTE - al menos los de fuerza mayor - se iban a prorrogar más allá del 30 de junio de 2020, que era la fecha máxima de vigencia dada por la anterior prórroga del RD-Ley 18/2020. Sin embargo existían muchas dudas sobre las condiciones de esa prórroga y, sobre todo, sobre si se iban a poder acoger todas las empresas o sólo aquellas en determinadas condiciones o de determinados sectores.

Tras varias reuniones fallidas, finalmente el miércoles de la semana pasada se anunciaba la consecución de un acuerdo entre gobierno, patronal y sindicatos para la prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre de 2020, acuerdo que se ha plasmado en el “RD-Ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial”, publicado en el BOE el sábado 27 de junio de 2020, y en vigor desde el mismo día de su publicación (27/6/2020).

El RD-Ley 24/2020 viene a despejar gran parte de las dudas que existían hasta ahora sobre las condiciones y efectos de esa prórroga, pero deja algunas cuestiones sin resolver.

Ver artículo completo.

 

Más información: Dídac Ripollès

30.06.2020

El pasado 27 de mayo se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y de Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19.

En la citada norma se recogen medidas de orden tributario, en particular, se introducen cambios relacionados con las obligaciones de presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades, se aprueba una extensión del plazo de carencia de intereses en los aplazamientos de pymes y autónomos y deudas aduaneras, se aprueban exenciones en escrituras de moratorias de préstamos y se aprueba un retraso en la publicación de lista de deudores de la Agencia Tributaria.

 

1) Cambios relacionados con la presentación del Impuesto sobre Sociedades (IS)

Tras la suspensión del plazo de 3 meses para la formulación de Cuentas Anuales de las sociedades mercantiles que, finalmente, se reinicia el 1 de junio (por su parte, el plazo para su aprobación se ha reducido de 3 a 2 meses), se hacía necesaria alguna medida de ajuste en relación con el plazo ordinario de presentación de la declaración del IS.

La solución adoptada consiste en mantener el plazo ordinario previsto para la presentación de la declaración del IS y establecer las condiciones en que, de resultar necesario, debería presentarse una segunda declaración que modifique la anterior. Por tanto, para aquellas sociedades cuyo ejercicio económico es coincidente con el año natural, dicho plazo se mantiene entre el 1 y el 25 de julio.

Como novedad, si la autoliquidación del impuesto que deba resultar con arreglo a las Cuentas Anuales aprobadas por el contribuyente difiere de la presentada provisionalmente en el plazo ordinario, a partir de unas cuentas o contabilidad provisionales, se deberá presentar una segunda declaración del IS hasta el 30 de noviembre.

Las principales implicaciones de la presentación de dos declaraciones serían las siguientes:

• Si resulta una cantidad superior a ingresar o inferior a devolver, la nueva declaración se considerará complementaria de la anterior. La cantidad adicional a ingresar devengará intereses de demora pero no recargos por presentación extemporánea.

• Si resulta una cantidad a ingresar inferior que suponga una devolución al contribuyente, se devengarán intereses de demora a favor de éste, computados desde el fin del plazo ordinario de declaración y calculados sobre la cantidad que proceda del ingreso efectivo realizado en la liquidación anterior. Para el resto de devoluciones, el plazo para el inicio del devengo de intereses de demora será el habitual de seis meses, computado desde el 30 de noviembre.

• En el resto de casos, la nueva declaración tendrá la consideración de rectificación de la anterior y causará efecto sin necesidad de que se produzca ningún pronunciamiento adicional de la Administración, sin perjuicio de las facultades de verificación y comprobación de la Administración de ambas autoliquidaciones.

 

2) Extensión del plazo de carencia de intereses en aplazamientos de pymes y autónomos

El Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, estableció mayor flexibilidad de las condiciones para la concesión de determinados aplazamientos sin garantías de las deudas tributaria estatales de pymes y autónomos.

El régimen aprobado preveía un aplazamiento de un plazo único de seis meses, no devengándose intereses de demora en los tres primeros. Ahora se ha modificado y, en estos aplazamientos, se ha ampliado la carencia de intereses a cuatro meses.

 

3) Nuevo supuesto de exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD)

Se introduce un nuevo supuesto de exención en la modalidad de Actos Jurídicos Documentados del ITPyAJD para las escrituras de formalización de las moratorias previstas en el Real Decreto-ley 8/2020 y en el Real Decreto-ley 11/2020, y de las moratorias convencionales concedidas al amparo de Acuerdos marco sectoriales adoptados como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

 

4) Retraso en la publicación de la lista de deudores de la Agencia Tributaria

El artículo 95 bis de la LGT establece que la Administración Tributaria acordará la publicación periódica de los listados de deudores a la Hacienda Pública por deudas o sanciones tributarias cuando excedan de 1.000.000 euros y no hubieran sido pagadas transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario (excluidas las que hubieran sido aplazadas o suspendidas). La determinación de la concurrencia de los requisitos para incluir una deuda o sanción tributaria en el listado se referirá al 31 de diciembre del año anterior al del acuerdo de publicación.

De acuerdo con el citado precepto la publicación debería producirse en el primer semestre del año, pero el Real Decreto-ley 19/2020 establece que la referida publicación del listado de deudores a 31 de diciembre de 2019 se realizará, en todo caso, antes del 1 de octubre de 2020.

 

Por último, es importante mencionar que, en la medida que dicha fecha no se ha modificado, se mantiene el 30 de mayo como la fecha de reactivación de plazos y procedimientos tributarios. No obstante, al tratarse de un sábado, el plazo para los pagos de deudas liquidadas, aplazamientos, actuaciones y trámites prorrogados, se extiende al primer día hábil siguiente, es decir, el 1 de junio, o el día 2 si el anterior es festivo.

Puede consultar el texto completo del Real Decreto-ley 19/2020, aquí.

El 29 de abril se publicó en el BOE, el Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia aprobado por el Gobierno.

El estado de alarma acordado el pasado 14 de marzo de 2020 conllevó, entre otras consecuencias, la práctica paralización de los Juzgados y Tribunales de toda España, que vieron limitada su actividad a supuestos muy concretos. 

Como consecuencia de lo anterior, el Gobierno ha aprobado mediante el referido Real Decreto-Ley 16/2020 una serie de medidas cuya finalidad principal es procurar una salida ágil a la acumulación de los procedimientos suspendidos por la declaración del estado de alarma cuando se produzca el levantamiento de la suspensión.

Las principales medidas adoptadas por el Gobierno en virtud del Real Decreto-Ley 16/2020 son las siguientes: 

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Más información: Álvaro Rifá, counsel de Derecho Procesal de Toda & Nel-lo
 

 

El pasado mes de abril, el Parlament aprobó la Ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público para el año 2020, la cual fue publicada en el DOGC de 30 de abril de 2020.

A continuación señalamos, para cada uno de los impuestos (ya sean tributos estatales cedidos a la Comunidad Autónoma, o tributos originados en sede autonómica) las principales novedades.

 

A. IMPUESTOS CEDIDOS

1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Física (IRPF)

  • Con efectos a 1 de enero de 2020, se incrementa el tramo autonómico catalán en ciertos tipos intermedios (entre los 90.000 y los 175.000 euros) que conforman la escala progresiva aplicable sobre la base imponible general (bajo la cual quedan gravadas las rentas del trabajo, alquileres, etc.).

A efectos prácticos, una base liquidable de 175.000 € respecto de un asalariado, resultará  en una cuota adicional de 1.150 € que soportará el contribuyente al efectuar su autoliquidación anual de IRPF (ya que esta reforma no incidirá en la cuantía de las retenciones e ingresos a cuenta a efectuar por el empleador). 

  • En cambio, se mantiene en el 48% el tipo marginal máximo que puede aplicar a los residentes fiscales catalanes.

 

2. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD)

  • Se reintroducen los coeficientes multiplicadores por patrimonio preexistente a los grupos de parentesco I y II (descendientes, cónyuge y ascendientes):

- Los nuevos coeficientes se aplicarán a partir de cantidades superiores al mínimo exento del Impuesto sobre el Patrimonio en Cataluña (500.000 euros). Hay que tener en cuenta que estos coeficientes multiplicadores afectan tanto a sucesiones como a donaciones.

- Tampoco quedan excepcionados de ese incremento potencial las donaciones entre cónyuges, ascendientes y descendientes actualmente sometidas a los tipos reducidos del 5% (hasta 200.000 euros), 7% (hasta 600.000 euros) y 9% (por encima de 600.000 euros), tipos que, por lo tanto, también se verán incrementados en los porcentajes referidos en función del patrimonio del donatario previo a la donación.

  • Con carácter general, se reduce la bonificación (con progresividad descendente) en la cuota tributaria aplicable al impuesto sobre sucesiones (mortis causa) para los grupos I y II (o, directamente, deviene inaplicable por incompatibilidad con otras bonificaciones):

- Para los contribuyentes del grupo I (descendientes menores de 21 años) se mantienen las bonificaciones actuales, esto es, para los tramos de herencia de hasta 100.000 euros, se aplican una bonificación íntegra del 99%, que se va reduciendo hasta alcanzar el tramo de 3.000.000 euros, donde la bonificación es del 20%.

- Para los contribuyentes del grupo II (descendientes de 21 años o más y ascendientes), en cambio, se reduce significativamente la bonificación a aplicar. Así, para los tramos de herencia de hasta 100.000 euros, se aplicará una bonificación íntegra del 60%, que se irá reduciendo hasta alcanzar el tramo de 3 millones de euros, a partir del cual la bonificación será del 0%.

- Asimismo, se elimina la posibilidad de aplicar la bonificación en cuota en caso de aplicar alguna de las reducciones previstas en la normativa, excepto la reducción de la vivienda habitual del causante, que son compatibles entre sí. Por lo tanto, los ascendientes y descendientes que apliquen, por ejemplo, la reducción por Empresa Familiar, no podrán aplicar ninguna bonificación sobre su cuota a pagar. Esto va a incrementar significativamente la factura fiscal en las sucesiones.

Por ello, resulta clave analizar, caso por caso y en detalle, cuál de ambas opciones podría resultar más oportuna fiscalmente, así como realizar una adecuada planificación previa, la cual pudiera pasar también por realizar determinadas donaciones en vida.

  • Se establece que la tarifa reducida del impuesto sobre donaciones inter vivos (tipos del 5%, 7% y 9% antes mencionados) no será aplicable a los beneficiarios de determinados contratos de seguro de vida, como los Unit Linked.

 

 

3. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD)

Se contemplan nuevos beneficios fiscales, entre los cuales destacamos los siguientes:

  • Bonificación del 100% de la cuota gradual de la modalidad impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) de las actas de depósito de arras penitenciales.
     
  • Bonificación del 100% de la cuota de la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO) para las compras de viviendas que realicen los promotores públicos como beneficiarios de los derechos de tanteo y retracto que ejerce la Agencia Catalana de la Vivienda y también en las adquisiciones de viviendas que efectúen los promotores sociales sin ánimo de lucro para destinarlas a viviendas de protección oficial.
     
  • Reducción del plazo de venta para la aplicación de la bonificación del 70% en TPO para las adquisiciones de viviendas adquiridas por determinadas empresas inmobiliarias para su reventa, rebajándose de 5 a 3 años dicho plazo.

En paralelo, se explicita un nuevo plazo de un mes para la presentación de las declaraciones complementarias en caso de pérdida del derecho a aplicar un beneficio fiscal (como pudiera ser el incumplimiento de una reventa en plazo respecto de dicha bonificación del 70%, u otros beneficios fiscales que se dejen de consolidar). En tal caso, deberá presentarse de nuevo la autoliquidación complementaria sin aplicar el beneficio fiscal y con los intereses de demora correspondientes.

 

B. IMPUESTOS PROPIOS

1. Impuesto sobre las Viviendas Vacías

Se reducen los porcentajes de bonificación que pueden aplicar los contribuyentes que destinan una parte de sus viviendas a alquiler asequible.

 

2. Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales

Se especifica que este impuesto solo aplica a los establecimientos que se dedican a la venta al detalle o al por menor. Por lo tanto, se excluyen expresamente los establecimientos de venta al por mayor y también los que están situados fuera de la trama urbana.

 

3. Impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos

Se incrementa el impuesto en general, tanto para Barcelona como para el resto de Cataluña. A su vez, se permite que la ciudad de Barcelona establezca un recargo adicional.

 

4. Impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial

Se clarifican aspectos técnicos para la determinación de la base imposible de este impuesto.

 

5. Impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas

Este impuesto cuenta con una moratoria de dos meses, es decir, tendrá efectos desde el primer día del trimestre siguiente a la entrada en vigor de la presente Ley. Se incrementan los tipos impositivos a las bebidas dependiendo de los gramos de azúcar que contienen.

 

6. Impuesto sobre instalaciones que indicen en el medio ambiente

Este nuevo Impuesto pretende gravar el riesgo que ocasiona en Cataluña la producción, almacenamiento y transformación de energía eléctrica, así como, el transporte de energía eléctrica, telefónica y telemática llevada a cabo por los elementos fijos de suministro de energía eléctrica o de las redes de comunicaciones.

Quedan expresamente excluidos de gravamen la producción de energía solar, eólica, biomasa o biogás y se prohíbe que el impuesto se repercuta a los consumidores.

 

Más información: Albert Mestres, counsel de Derecho Tributario de Toda & Nel-lo

 

06.05.2020

La Disposición final cuarta del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, publicado en el BOE el día 29 de abril de 2020, amplió a tres meses el plazo de un mes inicialmente previsto en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, para solicitar al arrendador la condonación o el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta.

La medida está en vigor desde hoy día 30 de abril.

Como consecuencia de ello, el plazo para hacer la solicitud de condonación/aplazamiento finalizará el 2 de julio de 2020.

 

 

Más información: José Mª Arnedo, socio de Procesal e Inmobiliario

El Gobierno ha aprobado, a través del Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, un nuevo paquete de medidas en diversos ámbitos como consecuencia del alargamiento del estado de alarma.

El nuevo paquete de medidas tiene como fin responder a las necesidades de apoyo reforzado derivadas de la prolongación de esta situación excepcional, de seguir protegiendo y dando soporte al tejido productivo y social, de minimizar el impacto y de facilitar que la actividad económica se recupere en cuanto empiece a remitir esta situación de emergencia de salud pública.

El paquete de medidas pretende reforzar, complementar y ampliar las anteriormente adoptadas y se centra en el apoyo a las empresas y a los trabajadores, abarcando muchos ámbitos diferentes.

En el documento adjunto analizamos las principales medidas introducidas por el referido Real Decreto-Ley en relación a los contratos de arrendamiento de uso distinto al de vivienda.

 

Acceder al documento

 

Más información: José María Arnedo, socio responsable del área de Derecho Inmobiliario

23.04.2020

La Cámara de Comercio Brasil Catalunya, de la que Toda & Nel-lo es socio protector, ha organizado un seminario virtual para analizar, a nivel jurídico, las últimas normativas aprobadas por las autoridades para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19, para lo que se ha contado con las ponencias de los abogados del Despacho. En concreto, los abogados Josep M. Balcells (socio responsable de las áreas de Mercantil e Internacional) y José Mª Arnedo (socio del área de Procesal y responsable de Inmobiliario) han hecho un repaso por los cambios producidos en el área de derecho inmobiliario, con especial atención a los contratos de arrendamiento, así como sobre el impacto del COVID-19 en los contratos mercantiles.

En el documento adjunto se puede consultar el contenido del seminario.