Las opiniones de los internautas publicadas en páginas web como TripAdvisor suponen un importante escaparate en negocios como la hostelería y la restauración. Sin embargo, las opiniones no siempre son favorables a los intereses de los titulares de los mismos, hecho que precisamente propició el procedimiento judicial objeto de este artículo.

El pasado 18 de septiembre de 2019, el Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Barcelona dictó sentencia absolviendo a TripAdvisor de una demanda por competencia desleal interpuesta por una empresa que había recibido críticas negativas en el portal.

Las críticas negativas que fundamentaban la base de la demanda fueron calificadas por la empresa demandante de falsas y dañinas para la imagen de sus negocios. En consecuencia, la demandante solicitaba que se condenara a TripAdvisor a reparar el daño que dichos comentarios habían producido en sus negocios.

El Juez de lo Mercantil desestimada la demanda basándose, por un lado, en que el portal efectúa un doble control de las opiniones que suben los usuarios a la red: uno proactivo y otro reactivo; y por otro, en que TripAdvisor no basa su modelo de negocio en la mayor o menor reputación de los establecimientos que tienen un perfil creado su web.

En consecuencia, el Juzgado desestima la demanda formulada por la empresa receptora de las críticas negativas, sin expresa condena en costas dado que concurren notas suficientes de novedad, de dificultad y razonables dudas de derecho.

08.01.2020

Desde Toda & Nel-lo queremos recordar que el pasado 1 de marzo de 2019 se publicó el Real Decreto Ley 6/2019 (RD 6/2019), de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, con el que se establecieron modificaciones que pretenden conseguir una mayor igualdad entre mujeres y hombres.

Una de las modificaciones más mencionadas fue la realizada en el artículo 45.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, por la que se estableció la obligación de elaborar y aplicar un Plan de Igualdad también en empresas con menos de 250 trabajadores. La preceptiva obligación de disponer de un plan de igualdad había dependido -hasta la fecha- de si las empresas superaban ese número de trabajadores en platilla.

Ahora bien, la Disposición transitoria 12ª del precitado RD ha previsto una disminución del número de trabajadores en plantilla y que darán lugar a una inclusión paulatina de un mayor número de empresas en la obligación de disponer de un plan de igualdad. Así hasta que la medida alcance a las empresas con más de 50 trabajadores

En efecto, desde la fecha de publicación del RD 6/2019 (el pasado 7 de marzo de 2019) el número de trabajadores que circunscriben a las empresas en el obligado plan disminuye año tras año. De este modo:

- Las empresas de más de 150 y hasta 250 trabajadores contaban con un periodo de un año para la aprobación de los planes de igualdad.
- Las empresas de más de 100 y hasta los 150 trabajadores, disponen de un periodo de dos años desde la publicación del RD 6/2019.
- Las empresas de 50 a 100 trabajadores dispondrán de un periodo de tres años.

Consecuencia de lo anterior, el próximo 6 de marzo de 2020 será la fecha límite para que las empresas que cuenten con más de 150 trabajadores deban disponer ya de un plan de igualdad y, a su vez, se inicia la cuenta atrás para las empresas con más de 100 trabajadores, que dispondrán de un año para elaborar y aplicar el suyo.

Recordamos que otra de las novedades que trajo el RD 6/2019 fue que, el diagnóstico previo, sobre el que el plan aplicará medidas tendentes a una mayor igualdad, debe ahora negociarse con la representación de los trabajadores. No se trata pues de un proceso que pueda aplicar de forma unilateral la empresa.

En caso de incumplimiento de alguna de las materias previstas en relación a los planes de igualdad, se prevé la posibilidad de sancionar a la empresa por infracción grave en virtud de lo establecido en el artículo 7.13 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

07.01.2020

¿Siguen cometiendo las empresas graves errores en materia de compliance?

¿Los empresarios y los consejos de administración prestan la atención a este asunto que se merece?

¿Dónde es el primer sitio en el que mirar a la hora de configurar un plan de 'compliance' en una empresa?

¿Es difícil explicar a los empleados que tienen que informar de las actividades que son susceptibles de delito?

 

En esta entrevista para El Economista, el socio director de Compliance de Toda & Nel-lo Jordi Sot analiza las claves para implantar un programa de cumplimiento normativo eficaz según el tamaño, tipología o necesidades de cada empresa, los errores que se suelen cometer a la hora de configurar un plan de compliance, o los riesgos a los que más se enfrenta un abogado especializado en esta materia y cómo se afrontan dichos riesgos, como la falta de regulación en el uso de los sistemas informáticos, uno de los más frecuentes.

 

Leer entrevista completa 

03.01.2020

Afrontamos el final de 2019 y la apertura del nuevo año con numerosas incertidumbres acerca de posibles cambios fiscales que podrían producirse a lo largo de 2020. Las posibles mayorías en el Parlamento español para poder aprobar leyes tributarias están todavía por definir, si bien los pactos explorados entre grupos políticos de izquierdas dibujan un escenario de subida de impuestos sobre las rentas del capital, tanto para personas físicas como sociedades.

A modo de ejemplo, se espera que en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas la base del ahorro (en la cual se integran los rendimientos por intereses, dividendos o las ganancias en la venta de activos) deje de tributar a un tipo máximo del 23%, quizá para elevarse hasta un 27%. Ello ocasiona que muchas empresas familiares se animen ahora a repartir dividendo a sus socios procedentes de beneficios acumulados (y no reinvertidos) en el pasado.

En paralelo, la posibilidad de que se instaure un gravamen mínimo en la percepción de dividendos por una sociedad (de manera que del típico beneficio del artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades pudiera ver sensiblemente reducido su efecto, pasando de exención plena a exención del 95%), está llevando a muchas filiales –nacionales o extranjeras– a acordar (incluso en el mismo año 2019, de ser posible) un dividendo a favor de su sociedad matriz.

En ese sentido, el periódico Expansión, en su edición del pasado miércoles 18 de diciembre y citando a Toda & Nel-lo y al abogado Albert Mestres (counsel de Derecho Tributario) como experto en esta temática, se hacía eco de estos movimientos patrimoniales, que abarcan un amplio espectro de contribuyentes, desde sociedades cotizadas a empresas medianas o de tipo familiar.

Sea como fuere, convendrá analizar al detalle cada caso concreto, considerando los “timings” (así como eventuales efectos retroactivos de las medidas fiscales que puedan resultar aplicables) y los períodos de ejecución que puedan ser precisos.
 

 

23.12.2019

Council Implementing Regulation (EU) 2018/1912 of 4 December 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 282/2011 as regards certain exemptions related to intra-Community transactions is published in the OJEU on 7 December and applies from 1 January 2020:

Evidence of intra-Community dispatch or transport (Art. 45.a Implementing Regulation 282/2011)

With a view to increasing legal certainty, the conditions for considering that an intra-Community dispatch or transport of goods has taken place are harmonised by means of rebuttable presumption(s) provided that at least 2 requirements are met:

 

 

Como recordábamos en una nota de actualidad jurídica de 21/05/2019, el IANP es un tributo de nueva creación, exigible en todo el territorio de Cataluña, que tiene por objeto gravar de forma progresiva la tenencia por parte de personas jurídicas y algunas entidades sin personalidad jurídica propia -entre estas, comunidades de bienes y herencias yacentes-, de determinados bienes considerados “no productivos”.

Se trata de un gravamen pionero entre las comunidades autónomas que busca evitar que grandes patrimonios tengan propiedades a nombre de empresas para no tener que declararlas a través del Impuesto de Patrimonio.

Entre los bienes sujetos a este impuesto se encuentran los bienes inmuebles, los coches y vehículos de potencia de más de 200 caballos, embarcaciones de lujo, aviones privados, helicópteros, objetos de arte, antigüedades y joyas.

La presentación de la autoliquidación debe hacerse por vía telemática en la sede electrónica de la Agencia Tributaria de Cataluña a la que se puede acceder mediante el siguiente enlace.

28.11.2019

El 15 de noviembre se publica en el BOP de Barcelona una nueva moratoria de licencias de vivienda de uso turístico en la ciudad de Barcelona.

En concreto, el Ayuntamiento de Barcelona ha acordado suspender:

1) Las comunicaciones previas y declaraciones responsables de inicio de actividad de vivienda de uso turístico.

2) Las licencias de obras y comunicaciones previas para obras destinadas a la implantación de vivienda de uso turístico.

3) Las licencias urbanísticas de cambio de uso de edificio para destinarlos a actividad de vivienda de uso turístico.

 

El acuerdo de suspensión puede consultarse en el siguiente enlace.

La nueva moratoria se acuerda por un plazo inicial de un año, y quedan excluidas de la misma las comunicaciones previas con informe previo del PEUAT vigente.

 

15.11.2019

Brasil, actualmente la sexta economía del mundo por PIB nominal, es un gigante económico, demográfico y territorial. Y no solo destaca en el continente americano sino a escala global. Con sus más de doscientos diez millones de habitantes, es, según el Banco Mundial, un país de renta media alta. Podríamos resumirlo, pues, como un país de enorme potencial, con indicadores macroeconómicos muy esperanzadores sobre la apertura de la economía brasileña.

El pasado 20 de septiembre se aprobó en las cortes brasileñas la Ley de Libertad Económica, impulsada por el nuevo Gobierno, que va en la misma dirección y apunta a un marco legal enormemente liberalizador y abierto a los negocios. Esta Ley implica la eliminación de muchas trabas administrativas y legales para la realización de negocios y un plan de favorecimiento a la entrada de capital extranjero, especialmente en inversiones en infraestructuras.

Esta combinación de elementos pretende dar mayor seguridad jurídica, facilidades administrativas y un impulso sostenido a la política privatizadora de grandes infraestructuras para la modernización del país.  Ello significa más inversión privada y mayor actividad económica, y por tanto una gran oportunidad para hacer negocios en Brasil

Todo inversor sabe que para hacer negocios en un país emergente como Brasil se precisa de un buen asesoramiento jurídico tanto en origen como en destino, y acertar con el socio local.  Los abogados resultan cruciales para entender el nuevo entorno y utilizar ventajosamente las reglas jurídicas que imperan en el lugar de la inversión. En este sentido, Brasil requiere un plus de atención y dedicación a los aspectos legales por su -al menos hasta ahora- complejidad normativa.

Sobre las cuestiones Mercantiles, Laborales y Fiscales que hay que tener en cuenta para hacer negocios en Brasil, los abogados de Toda & Nel-lo, junto a los Despachos brasileños Rocha e Barcellos y ACPS Advogados, desengranan los aspectos jurídicos que conviene considerar para hacer negocios en Brasil; una serie de consejos que presentaron el 16 de octubre durante la Jornada Brasil-España organizada por el Círculo Ecuestre, en Barcelona

 

 

Los abogados de Toda & Nel-lo Josep M. Balcells (Mercantil), Dídac Ripollés (Laboral) y Albert Mestres (Derecho Tributario) debatiendo con los abogados brasileños en la mesa redonda de la Jornada Brasil-España

 

Las principales cuestiones que interesa conocer del marco jurídico brasileño en comparación con el español, en los ámbitos Societario-mercantil, Laboral y Fiscal, son las siguientes:

 

1. El marco jurídico general: La nueva Ley de Libertad Económica
2. La constitución de sociedades
3. Los Administradores
4. Legislación laboral
5. Jornada laboral
6. Costes laborales asociados a la contratación
7. Papel de los sindicatos
8. Elección de los Estados para invertir o establecer una filial
9. Estructuración fiscal para el inversor internacional
10. Reforma Fiscal y simplificación de obligaciones

 

Puede acceder a este artículo de El Confilegal para saber más sobre estos diez puntos en detalle. 

 

 

 

 

 

Una reciente sentencia de la Audiencia Nacional -que si bien no resuelve un litigio sobre sistemas de control de registro de jornada- ha marcado los contornos del poder empresarial (ex.artº 20.3 ET) cuando el empleador contractualmente obliga al empleado a aportar a la actividad laboral un teléfono móvil con conexión a internet de su propiedad y la aplicación informática de la empresa que permite la geolocalización del dispositivo y del trabajador durante su jornada laboral.

El Tribunal, en el marco del supuesto concreto enjuiciado, declara su ilicitud por la concurrencia acumulativa de circunstancias que individualmente son contrarias al ordenamiento jurídico bien en su vertiente de derechos fundamentales bien de legalidad ordinaria.

La resolución judicial tras analizar el acomodo legal del poder de dirección en el control del trabajo a través de una aplicación instalada al teléfono móvil del trabajador sostiene en síntesis la doctrina que extraemos:

- En orden a la vigilancia y control del cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales el empresario puede imponer sistemas de geolocalización. Implantación que puede suponer en ocasiones una injerencia en los derechos fundamentales de los trabajadores. Recuerda el Tribunal que la doctrina del Tribunal Constitucional ordena  que para minimizar esa injerencia la aplicación debe superar el denominado “juicio de proporcionalidad” por el que la aplicación debe ser idónea y necesaria para satisfacer el interés empresarial. Los límites los sitúa la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos) por la que si bien los empresarios pueden obtener datos a través de sistemas de geolocalización en el marco del ejercicio del poder empresarial deberán para ello informar de forma expresa a los representantes legales de los trabajadores tanto la existencia como características de estos dispositivos.

Este último aspecto viene igualmente dispuesto en el artº 64 del ET (derechos de información de los RLT) destacando la sentencia que si bien la empresa informó de la implantación de la medida a los RLT en momento alguno se explicitó las característica técnicas de la aplicación no dando cumplimiento con ello a las exigencias legales de información detallada a los RLT. Incumplimiento que por sí solo ya reputa de ilícita la medida patronal.

- Sostiene el Tribunal que la misma finalidad de control se podría haber alcanzado cumpliendo con el “test de proporcionalidad” a través de un sistema menos agresivo y por ello  de menor injerencia en los derechos fundamentales como sin duda lo es la aportación del móvil del trabajador y desde su línea de internet implementar una aplicación de geolocalización. Dadas las características de la actividad laboral un sistema menos agresivo hubiera sido la instalación de un GPS en el vehículo motocicleta con la que los trabajadores realizaban su actividad laboral y para ello no hacía falta la facilitación de su móvil. Ni que decir tiene que el conflicto apenas hubiera tenido recorrido judicial si el teléfono móvil lo hubiera facilitado la empresa toda vez que en ese escenario la injerencia en derechos fundamentales tenía menor impacto.

- La sentencia pues sanciona que la exigencia de la aportación de un teléfono móvil con conexión de datos para desarrollar el trabajo supone un manifiesto abuso de derecho empresarial al quebrar la nota jurídica que incardina una relación como laboral, la ajenidad en los medios de producción. Se cercena con ello la legalidad ordinaria al desentenderse la empresa de su obligación de mantener el concepto “ajenidad” incólume.

Doctrina que consideramos podría extrapolarse en materia de registro de jornada en la medida que la empresa instalase la aplicación del control horario en el teléfono móvil del trabajador.

Nuestra recomendación pues a fin de que sea la empresa la que facilite los dispositivos complementarios del control de registro horario.
 

14.10.2019

Recientemente ha sido publicada una Sentencia de la Audiencia Nacional, dictada el 3 de julio de 2019 (recurso 144/2017), en la que la Sala confirma que, como había apreciado Hacienda, si hay indicios sólidos que conducen racional y razonablemente a la conclusión de que la indemnización por despido improcedente satisfecha a un trabajador encubre en realidad una compensación por prejubilación, esa indemnización tributa.

El origen de la polémica analizada en Autos radica en unas indemnizaciones, satisfechas por el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona a 15 trabajadores, que la Agencia Tributaria consideró sujetas al IRPF. Y ello, en base a constatar que, a pesar de tratarse formalmente de indemnizaciones por despido improcedente fijadas ante el Servicio de Conciliación, existían indicios que evidenciaban -a su juicio- que eran indemnizaciones pactadas entre la empresa y los trabajadores en el marco de un acuerdo extintivo de sus relaciones laborales.

Concretamente, la Administración había alcanzado tal conclusión sobre la base de constatar la existencia de diversos indicios, entre otros, los siguientes cuatro:

1. que la edad de los trabajadores despedidos era cercana a la edad de jubilación;

2. que las cantidades aceptadas por los empleados eran inferiores a las que procederían de acuerdo con la normativa laboral de resultar efectivamente el despido improcedente;

3. que el importe indemnizatorio que percibieron no se calculaba en base a sus respectivas antigüedades en la compañía sino en base a los años que les restaban para alcanzar la jubilación; y,

4. que brindaban por su ausencia elementos en el proceso de despido en los que se apreciaren signos de litigiosidad (no existieron cartas de despido, los despidos fueron verbales y sin causa, todos los acuerdos ante el SMAC fueron idénticos, etc.).

Pues bien, en la Sentencia comentada, la Sala llega a la conclusión de que la inferencia realizada por prueba indiciaria o indirecta practicada por la Administración Tributaria fue del todo suficiente y confirma que, en consecuencia, las indemnizaciones controvertidas debían haber tributado -por lo la empresa tenía la obligación de haber practicado las oportunas retenciones al tiempo de abonar las cantidades-.

 

Consulte el texto íntegro de la sentencia aquí.

02.10.2019

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo, rec. 3861/2016, declara la existencia de cesión ilegal entre contratista y subcontratista. Sin duda el fallo no se trata de un cambio de criterio, pero sí de una vuelta de tuerca más, tanto al fenómeno de la interposición como el de la intermediación.

Declara el Tribunal que se produce una cesión de fuerza de trabajo cuando esta no está integrada en el ciclo productivo de quien la cede, aunque obtiene un lucro de ella. Por ello, pese a las garantías y precauciones que respecto a la cesión contempla el Estatuto de los Trabajadores (ET), -señala el Tribunal- «probablemente [se] haya provocado un cierto vacío en relación a las denominadas "cesiones indirectas" que parecen caracterizar a la subcontratación».

El  art. 43 ET, que regula la cesión ilegal, prohíbe «La contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa», autorizando dicha conducta «solo […] a través de empresas de trabajo temporal [ETT] debidamente autorizadas en los términos que legalmente se establezcan.» Se entiende que se produce la conducta ilícita cuando «el objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite a una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria, o que la empresa cedente carezca de una actividad o de una organización propia y estable, o no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, o no ejerza las funciones inherentes a su condición de empresario".»

El precepto no impide la contratación externa, esto es una descentralización productiva, pero sí se establecen límites legales e interpretativos para evitar que puedan vulnerarse derechos de los trabajadores. En tal sentido, no basta la existencia de un empresario real para excluir la interposición ilícita por parte del contratista si este «se limita a suministrar la mano de obra sin poner elementos personales y materiales que conforman su estructura empresarial" (STS 12/12/97 -rcud 3153/96) y porque "mal puede ser empresario de una determinada explotación quien carece de facultades y poderes sobre los medios patrimoniales propios de la misma. También es difícil atribuir tal calidad a quien no asume los riesgos propios del negocio, pues esa asunción de riesgos es nota específica del carácter empresarial. Tampoco se compagina con la condición de empresario el tener fuertemente limitada la capacidad de dirección y selección del personal.»

En el caso que ahora nos ocupa, en el que la Empresa A inició relaciones comerciales con la Empresa B en el año 1998, siendo “A” la transportista de los productos fabricados por “B” (gases) a clientes de “B”, utilizando semirremolques cisterna propiedad de “B”. Además, la mayoría de los trabajadores de “A” (conductores y administrativos) prestan sus servicios en el centro de trabajo de “B”, sin que “A” asuma gasto alguno por dicha utilización.

La empresa “B” facilitaba a los conductores de “A” las PDAs donde a través de terminales situadas en los centros de trabajo de “B” se cargaban directamente las rutas sin pasar por los administrativos de “A”. También facilitaba a los administrativos un portátil. Además, “B” entregaba a los conductores un "manual de conductor" junto a abundantes indicaciones de seguridad.

Considera el Tribunal como elementos adicionales para declarar la existencia de cesión ilegal:

-El único cliente de “A” era “B”.
-En las condiciones de transporte se aplicaba el sistema "open books", esto es, que “B” asumía todos los gastos del transporte, servicios, administración y cualquier otro que pueda ser cargado y “A” obtenía un margen de beneficios fijos del 3,5%.
-Los semirremolques y cisternas son propiedad de “B” y las cabezas tractoras de “A”. Pero estas últimas se han arrendado durante cuatro años (duración prevista del contrato).

Es cierto que hay otros indicios (recogidos en el voto particular de la sentencia) que podrían cuestionar la existencia de dicha cesión ilegal. No obstante, a criterio de la Sala, las «anteriores circunstancias revelan que los medios materiales imprescindibles para llevar a cabo la actividad de la empresa “A” son propiedad de “B” ya que “A” únicamente aporta las cabezas tractoras, que han sido adquiridas mediante la modalidad de arrendamiento financiero, por un plazo de cuatro años - duración prevista del contrato entre ambas mercantiles- siendo las instalaciones, cisternas, ordenadores y PDAS propiedad de “B”» y que conducen a declarar conforme ha existido una cesión ilegal de trabajadores.

 

 

Este artículo ha sido publicado y puede leerse también en Todotransporte.com

01.10.2019

Recientemente, el Tribunal Supremo (Pleno de la Sala de lo Civil), en su Sentencia de 2 de julio de 2019, ha interpretado el artículo 178 bis de la Ley Concursal en relación con el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho.

La exoneración del pasivo insatisfecho es un mecanismo de segunda oportunidad mediante el cual el deudor persona física que cumple con unos requisitos mínimos puede verse liberado de la mayor parte de la deuda de la que es titular que no pueda ser cubierta con las cantidades obtenidas en la liquidación concursal.

A efectos prácticos, debe destacarse que esta Sentencia abre la posibilidad a que el deudor de buena fe que se ha acogido al beneficio de exoneración en cinco años (artículo 178 bis 3.5º LC), pueda ser exonerado de parte de las deudas contraídas con la Administración Pública cuando estas tengan la calificación de créditos ordinarios o subordinados (50% de la cuota, intereses, recargos, sanciones).

Asimismo, el Alto Tribunal declara que los créditos calificados como privilegiados (50% de la cuota) puedan ser incluidos en el plan de pagos de cinco años, conforme a lo previsto en el apartado 6 del artículo 178-bis LC.
Puede consultar el texto íntegro de la sentencia aquí.

30.09.2019