El 13 de marzo se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-Ley 5/2021, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Entre otras novedades, la norma prorroga a 31 de diciembre de 2021 los plazos que la Ley 3/2020, de 18 de septiembre preveía que venciesen el 14 de marzo.

Es relevante conocer el estado en el que se encuentra nuestra empresa, y conocer las alternativas de reestructuración preventiva en el supuesto de encontrarnos en una situación de insolvencia inminente. Y en el supuesto de que la insolvencia sea actual, es importante comprender los requisitos y cómo deberemos prepararnos para solicitar la declaración de concurso de la compañía ante los Juzgados Mercantiles.

Aquellos acreedores de terceros que se encuentran en situación de insolvencia inminente o que ya están declarados en concurso, deberán conocer sus deberes y obligaciones para hacer valer sus derechos crediticios.

La posibilidad de poder adquirir la unidad productiva de una empresa de nuestro propio sector de actividad empresarial puede fomentar nuestro propio crecimiento. Es importante conocer los requisitos con los que deberemos cumplir para poder acceder a este tipo de compraventas.

El 16 de abril organizamos, en colaboración con la Cambra de Comerç de Barcelona, este webinar, titulado "El preconcurso o concurso de acreedores: salva tu empresa o crece adquiriendo una unidad productiva” en el que trataremos aspectos como: 

  • Tipos de Insolvencia y cómo detectarla.
  • Reestructuración preventiva. Adquisición de activos en concurso o de unidades productivas que pertenecen a nuestro sector de actividad.
  • Procedimiento Concursal.
  • Responsabilidad de los órganos de administración.
  • Acreedor de tercero en insolvencia.

 

La ponente será Miriam Magdalena, socia responsable del área de Insolvencias y concursal de Toda & Nel-lo. 

 

Más información e inscripciones

La ausencia de una distinción nítida entre el trabajo autónomo y el trabajo por cuenta ajena, junto a una realidad social y económica en constante evolución, provoca que continuamente aparezcan nuevas formas de colaboración y de prestación de los servicios. Estos cambios en el paradigma laboral han convertido la contratación de autónomos en un “deporte de riesgo” para aquellas empresas de nuestro país que no tengan claras las reglas del juego.

El 25 de marzo organizamos, en colaboración con Malt, el webinar "Las reglas del juego para trabajar con freelance". Dídac Ripollès, socio responsable del área de Laboral de Toda & Nel-lo, e Ignacio Bassas, abogado del área Mercantil, participaron como ponentes durante la sesión para analizar los aspectos que, desde el punto de vista jurídico, deben considerarse a la hora de trabajar con autónomos. Durante el webinar, trataron temas como la distinción del trabajo autónomo de figuras afines, los riesgos asociados al trabajo con autónomos y las cuestiones contractuales más importantes a tener en cuenta. 

 

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26.03.2021

Las directrices aprobadas recientemente por los jueces mercantiles en Barcelona en relación con el procedimiento denominado “pre-pack” dotan a los institutos preconcursales de un nuevo sistema en el que avanzar la liquidación. Se favorece la recuperación de las deudas a los acreedores, y con ello, se logra evitar el paso a un proceso concursal.
 
En este webinar se pretende tratar este nuevo sistema de venta de unidad productiva anticipado, con la designa judicial de un administrador que será el que gestionará la venta y la salvaguarda de las relaciones entre la concursada y la masa crediticia.

 

Contenido
 

  • La importancia de evaluar correctamente la Unidad Productiva.
  • El acuerdo judicial respecto la figura “prepack”, requisitos, condiciones, evolución del proceso, y la importancia y beneficios que se obtienen con la anticipación.

 

Ponentes

 

Miriam Magdalena: Socia Área Insolvencias y Concursal de Toda&Nel-lo

Josep M. Balcells: Socio Área Mercantil e Internacional Toda&Nel-lo

Roberto Guiñales: Manager Valoración Financieras de GESVALT

Víctor Bottini: Economista y presentador del programa Econòmix en RNE 4

 

Inscripción al webinar 

 

 

 

 

Dada la continuidad de los efectos de la pandemia por la COVID-19, el Gobierno ha impulsado y ampliado una serie de medidas, entre otras, la prorrogación, de nuevo, de la suspensión del deber de presentar concurso de acreedores en los dos meses posteriores al conocimiento de la insolvencia de la compañía.

Esta suspensión, que se extendía hasta el 31 de diciembre de 2020, fue adoptada por el Real Decreto-ley 16/20202, de 28 de abril y posteriormente, confirmada en la  Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Con el Real Decreto Ley 34/2020, de 17 de noviembre, se ampliaba hasta el 14 de mazo de 2021.

El pasado viernes 12 de marzo de 2021, en Consejo de Ministros extraordinario, se aprobó ampliar de nuevo la moratoria concursal hasta el 31 de diciembre de 2021. El cómputo del plazo de dos meses para solicitar la declaración del concurso previsto en el apartado 5.1 del TRLC comenzará a contar a partir del día siguiente a dicha fecha. Además, hasta el 31 de diciembre de 2021, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado. Si el deudor presenta a partir de la fecha indicada la solicitud de declaración de concurso voluntario, se admitirá a trámite con preferencia.

La finalidad de la moratoria es la de evitar que se deriven responsabilidades por la no declaración de concurso para aquellas sociedades que actualmente son insolventes pero que, sin las restricciones y las circunstancias provocadas por la crisis sanitaria derivada de la Covid-19, serían solventes.

Por tanto, desde el área de Insolvencias y concursal de Toda & Nel-lo, recomendamos acudir a un especialista para que examine la situación de aquellas sociedades que se encuentren en insolvencia, tanto actual como inminente, con la finalidad de buscar la mejor alternativa. Desde la adopción de medidas de reestructuración preventiva o preconcursales, hasta la adopción de medidas concursales. La intención es o garantizar la continuidad de la compañía, o llevar a cabo una liquidación ordenada y con tiempo de los activos titularidad de la concursada, que podría instrumentarse a través de la venta de la unidad productiva.

 

Más información: Miriam Magdalena, socia responsable del área de Insolvencias y Concursal de Toda & Nel-lo

Como antecedente a la reciente sentencia del Tribunal Supremo encontramos otra del alto tribunal de fecha de 2 de diciembre de 2015. En aquella se declaró nula la cláusula que condicionaba el cobro del salario variable, que ya se había devengado en el año natural anterior, a estar en situación de alta en la empresa en la fecha de su abono (mes de abril del año siguiente).

Consideró el tribunal que la cláusula era ilegal porque el salario -ya devengado por el trabajador- debe ser abonado en el lugar y la fecha convenidos pero su cobro no puede condicionarse a una circunstancia o situación que acontezca después de su devengo. Por lo tanto, no puede condicionarse el complemento a la permanencia del trabajador en la empresa en el momento del pago.

Sostuvo la sentencia que esa era una condición abusiva porque dejaba el cumplimiento de la obligación en manos de una sola de las partes que supone contravenir el 1.256 del Código Civil y supone un enriquecimiento injusto para la empresa, que había percibido el trabajo convenido pero se eximía de pagar el complemento pactado.

Ahora bien, el pasado 22 de octubre de 2020, el alto tribunal ha complementado esta doctrina, resolviendo un supuesto casi idéntico en el que una cláusula condicionaba el cobro del salario variable, que se devengaba en base a unos objetivos alcanzados y a estar en situación de alta en la empresa hasta el 31 de diciembre de cada año, siendo esta la fecha real de su devengo.

El Tribunal Supremo considera que el artículo 1.256 del Código Civil, esto es, que “la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes”, supone que ni deudor ni acreedor puedan desligarse o alterar unilateralmente la obligación y/o el contrato y, consecuentemente, no puede quedar su validez y cumplimiento a la voluntad potestativa de las partes. Así, en el supuesto enjuiciado no es de aplicación la doctrina de la STS de 2 de diciembre de 2015, pues como establece el artículo 1.281 del mismo texto legal, “si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas”. Considerando, pues, el tenor literal del contrato, el trabajador debe continuar en la empresa hasta el final del periodo temporal de devengo del complemento porque se calcula sobre la base de los objetivos alcanzados en fecha de 31 de diciembre.

Por todo ello, sostiene que la cláusula no deja al arbitrio del empleador su validez y cumplimiento, pues existen dos requisitos para su devengo, cumplir con los objetivos fijados y  permanecer en la empresa el 31 de diciembre.

Además, establece que el principio general del derecho que prohíbe el enriquecimiento injusto no será de aplicación cuando el desplazamiento patrimonial tiene su justificación en un contrato que lo fundamenta. Pues bien, no es ilegal pactar una retribución variable condicionando su cobro a la permanencia del trabajador, quien deberá continuar en la empresa hasta el último día del periodo establecido para su devengo.

Por último, puesto que algunos Tribunales Superiores de Justicia sostenían que dicha cláusula seria contraria al artículo 4.2. f) del Estatuto de los Trabajadores, que garantiza al trabajador el derecho a percibir la retribución pactada durante la prestación de servicios. La aplicación de dicho precepto por parte de esos tribunales comportaba que el salario variable, en tanto que salario, al fin y al cabo, puede ser objeto de un devengo parcial, aplicando la proporcionalidad de la fecha de finalización del contrato con respecto a la fecha de devengo. Sin embargo, entiende el Tribunal Supremo que no podrá reclamarse un complemento salarial cuando se haya incumplido uno de los requisitos exigidos para su devengo.

Por todo ello, el Tribunal Supremo resuelve como lícita una cláusula que condiciona el cobro de un complemento salarial a estar en situación de alta en la empresa a 31 de diciembre, considerando que es uno de los requisitos para su devengo, contrariamente al criterio que había adoptado en diciembre de 2015, donde sostenía que existía una confusión entre devengo y abono, y si el complemento estaba devengado en el año natural, no se podía condicionar su abono a estar en situación de alta en la empresa en la fecha de su pago.

 

Más información: Jordi Bou, abogado del área Laboral de Toda & Nel-lo. 

El Real Decreto-Ley 37/2020 de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes, entre otras disposiciones de carácter urgente, ha establecido en materia de Consumidores y Usuarios el régimen de comprobación y servicios de atención al cliente. Se modifican los artículos 21 apartado 2º y 49 apartado 1º del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (TRLGDCU).

Dicha modificación se resume en los siguientes puntos:

  • En caso de que el empresario ponga a disposición de los consumidores y usuarios una línea telefónica a efectos de comunicación y, en relación con el contrato celebrado, el uso de tal línea no podrá suponer para el consumidor y usuario un coste superior al coste de una llamada a una línea telefónica fija geográfica o móvil estándar.
  • En el caso de utilizar una línea telefónica de tarificación especial, que suponga un coste para el consumidor o usuarios, el empresario facilitará al consumidor, junto con la información sobre dicha línea telefónica de tarificación especial y en igualdad de condiciones, información sobre un número geográfico o móvil alternativo.
  • En el supuesto de ser considerada una empresa prestadora de servicios de carácter básico de interés general, se deberá disponer, en cualquier caso, de un teléfono de atención al consumidor gratuito. Dichas empresas de interés general son las siguientes: suministro de agua, gas, electricidad, financieros y de seguros, postales, transporte aéreo, ferroviario y por carretera, protección de la salud, saneamiento y residuos, así como aquellos que se determinen legalmente.

Por tanto, en los supuestos que no estemos ante una sociedad que preste servicios de carácter básico de interés general mencionadas en el párrafo anterior la sociedad tendrá que proponer una alternativa, añadiendo una línea de teléfono fija o móvil estándar. La línea de teléfono fija o móvil estándar no supondrá en ningún caso una tarifa adicional que incluye la extensión telefónica “902”.
Por último, en caso de incumplimiento en ambos supuestos se añade una nueva infracción en el apartado primero letra p) del TRLGDCU por el incumplimiento de las obligaciones en relación con los servicios de atención al cliente
De estas infracciones, se modifica también la redacción de la letra i) del apartado primero del artículo 49 del TRLGDCU, quedando estipulado como infracción la introducción de cláusulas abusivas en los contratos y la no remoción de sus efectos en caso de ser declarados abusivos judicialmente o sancionados en vía administrativa.

 

Más información: Joaquín Torres, abogado del área Mercantil. 

05.03.2021

2021 ha empezado, a nivel legislativo-mercantil, con la potenciación del régimen sancionador aplicable al incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Tras la entrada en vigor de la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas el 17 de junio de 2016, el Legislador ha optado por reactivar este régimen sancionador, así como reforzar la colaboración estrecha entre el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) y la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP) con la finalidad de poder hacer efectivo el control en la infracción por falta de depósito de las cuentas anuales por las sociedades mercantiles establecidas en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Dicha colaboración se basa, entre otras, en la habilitación normativa a los registradores mercantiles competentes por razón del domicilio del obligado, para que puedan llevar a cabo la gestión y propuesta de decisión sobre los expedientes sancionadores por el incumplimiento de la obligación del depósito de cuentas.

Asimismo, cabe recordar que en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC) ya se regulaba el régimen de imposición de multas a sociedades mercantiles por no presentar, dentro del mes siguiente desde la aprobación de las cuentas, el depósito de las mismas, tal y como contempla el artículo 283 del TRLSC. Además, se mantiene el plazo de prescripción de tres años a las infracciones por falta de depósito.

Por ello, el impulso decidido del legislador de revestir la posible deficiencia detectada en la falta real de imposición de sanciones por parte del ICAC, ha supuesto la introducción de novedades para hacer efectivo el control sobre las sociedades mercantiles.

Junto con la nueva función mencionada anteriormente de los registradores mercantiles, los criterios para determinar el importe de la sanción, acorde a los límites establecidos en el artículo 283 del TRLSC, son los siguientes:

  • La sanción será del 0,5 por mil del importe total de las partidas de activo, más el 0,5 por mil de la cifra de ventas de la entidad incluida en la última declaración presentada ante la Administración Tributaria, cuyo original deberá aportarse en la tramitación del procedimiento.
  • En caso de no aportar la declaración tributaria citada en la letra anterior, la sanción se establecerá en el 2 por ciento del capital social según los datos obrantes en el Registro Mercantil.
  • En caso de que se aporte la declaración tributaria y, el resultado de aplicar los mencionados porcentajes a la suma de las partidas del activo y ventas fuera mayor que el 2 por ciento del capital social, se cuantificará la sanción en este último reducido en un 10 por ciento.

La nueva regulación que impulsa el Real Decreto 2/2021 permitirá implantar eficazmente el mecanismo de control por parte del ICAC y de la DGSJFP, jugando un papel determinante los registradores mercantiles en las posibles infracciones de las sociedades mercantiles por falta de depósito de las cuentas. Por tanto, todo parece indicar en los próximos años se incrementará el control y las propuestas de sanción, haciendo más efectivo el régimen sancionador del artículo 283 TRLSC.

 

Más información: Joaquín Torres, abogado del área Mercantil de Toda & Nel-lo.
 

En nuestro artículo “Requisitos para la celebración de sesiones y juntas telemáticas en las sociedades de capital”, explicamos la posibilidad de celebrar sesiones del órgano de administración y juntas generales en las sociedades de capital de forma telemática desde el inicio de la crisis sanitaria derivada del Covid-19 hasta la actualidad.

Como continuidad del artículo previamente mencionado, a través del presente, procedemos a analizar la adopción de acuerdos por escrito y sin sesión del consejo de administración en tiempos de Covid-19.

En este sentido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.4 del RDL 34/2020, de 17 de noviembre, según la redacción dada por la DF 7ª del RDL 2/2021, de 26 de enero, se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2021 la posibilidad de que el consejo de administración pueda celebrar sus sesiones por videoconferencia o conferencia telefónica múltiple, así como que pueda adoptar sus acuerdos por escrito y sin sesión, aunque no estén previstas estas opciones en los estatutos sociales de la sociedad.

Señalar que este mecanismo ya existía previamente a la aparición del Covid-19 para las sociedades anónimas y así está previsto en el artículo 248.2 de la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”), el cual establece que: “En la sociedad anónima la votación por escrito y sin sesión sólo será admitida cuando ningún consejero se oponga a este procedimiento.” En este caso, sería válida la adopción de estos acuerdos aun cuando no esté previsto en los estatutos sociales de la sociedad, exigiendo únicamente que ningún miembro del consejo se oponga a este procedimiento.

Ahora bien, para que el consejo de administración pueda adoptar acuerdos por escrito y sin sesión durante el año 2021, siempre y cuando no esté previsto en los estatutos de la sociedad, es requisito indispensable que lo decida el presidente del consejo de administración o, en su caso, que se solicite por al menos dos de los miembros del consejo (con independencia de los cargos que ocupen en él). Concretamente, el artículo 3.4 del RDL 34/2020, de 17 de noviembre, según la redacción dada en la DF 7ª del RDL 2/2021, de 26 de enero, establece que, excepcionalmente durante el año 2021, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, los acuerdos del órgano de administración “podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión siempre que lo decida el presidente y deberán adoptarse así cuando lo solicite, al menos, dos de los miembros del órgano”.  

De la literalidad del artículo previamente mencionado se entiende entonces que, durante este periodo excepcional, no será necesaria la unanimidad antes requerida de todos los miembros del consejo de administración para la aprobación de este tipo de procedimiento de adopción de acuerdos, siempre y cuando haya sido propuesto por, al menos, dos miembros del consejo. En caso de que lo haya solicitado el presidente del consejo de administración, debido a la literalidad del artículo 3.4 del RDL 34/2020, de 17 de noviembre, según la redacción dada por la DF 7ª del RDL 2/2021, de 26 de enero, y al utilizar en este caso el legislador el término “podrán” en vez de “deberán”, se entiende que seguirá siendo necesario la unanimidad de todos los miembros del consejo para la adopción de los acuerdos por escrito y sin sesión.

En cualquier caso, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento del Registro Mercantil, haciendo constar en el acta de la sesión del consejo de administración lo siguiente:

  • Los acuerdos adoptados.
  • El nombre de los administradores.
  • El sistema seguido para formar la voluntad del órgano social, con indicación del voto emitido por cada uno de ellos.
  • Expresa manifestación de que ningún miembro del consejo de administración se ha opuesto a este procedimiento. Especial atención merece este apartado, al ser confusa actualmente la necesidad de introducir este punto en el acta del consejo, todo ello en relación también con lo dispuesto en el artículo 248.2 de la LSC, anteriormente citado.

En este sentido, en virtud de la literalidad del artículo 3.4 del RDL 34/2020, de 17 de noviembre, según la redacción dada en la DF 7ª del RDL 2/2021, de 26 de enero, al utilizar el legislador los términos “podrán” y “deberán” para distinguir los distintos supuestos de solicitud de este procedimiento de adopción de acuerdos por escrito y sin sesión, entendemos que, durante el año 2021, así como durante las prórrogas que en su caso se establezcan,  se elimina la posibilidad de que cualquier miembro del consejo vete este procedimiento de adopción de acuerdos siempre y cuando haya sido propuesto por al menos dos miembros del consejo de administración.

No obstante, en caso de que sea el presidente del consejo de administración el que solicite la adopción de este procedimiento, al utilizar el legislador en este caso el término “podrán” en vez de “deberán”, entendemos que los propios miembros del consejo de administración sí pueden oponerse a la adopción de este procedimiento, quedando reflejado de este modo dicha negativa en el acta de la sesión que en su caso corresponda.

Por tanto, en ambos supuestos se podrá manifestar de manera expresa en el acta de la sesión del consejo de administración la oposición que, en su caso, haya hecho cualquier miembro del consejo a la hora de adoptar este procedimiento, no pudiendo, entendemos, rechazarse la inscripción de este acuerdo cuando lo hayan solicitado al menos dos miembros del consejo por no ser necesaria la unanimidad de todos ellos según lo indicado anteriormente.

La sesión se entenderá celebrada en el domicilio social de la sociedad y en la fecha de recepción del último de los votos emitidos. A estos efectos, se habrá de tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 100.3 del RRM, “Salvo disposición contraria de la escritura social, el voto por correo deberá remitirse dentro del plazo de 10 días a contar desde la fecha en que se reciba la solicitud de emisión del voto, careciendo de valor en caso contrario.

Por otro lado, y aunque la presente medida excepcional se refiera expresamente a la votación por escrito de los acuerdos adoptados por el órgano de administración, se podrán utilizar cualesquiera otros medios electrónicos para emitir el voto de cada uno de los miembros, siempre y cuando se pueda demostrar la fiabilidad y la autenticidad en la emisión del voto, siendo válida la votación por carta, correo electrónico, aplicaciones informáticas, etc.

Por último, es importante señalar que la posibilidad de usar esta medida excepcional no la convierte en obligación. No obstante, nuestra recomendación es que se incluya en los estatutos de la sociedad, siempre y cuando no esté ya previsto, la posibilidad de celebrar los consejos de administración y las juntas generales de manera telemática, así como en su caso, la posibilidad de adoptar los acuerdos del consejo de administración mediante votación por escrito y sin sesión, evitando de este modo cualquier tipo de inconveniente futuro.

 

Más información: Jacobo Ollero, socio del área Mercantil. 

02.03.2021

Para poder comprender la importancia y la innovación que supone esta reciente sentencia del Tribunal Supremo, es necesario que, en primer lugar, nos detengamos en el concepto de derecho de separación de socio.

El derecho de separación, regulado en los artículos 346 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), es aquel que permite al socio de una sociedad de capital desvincularse de la misma y recuperar el valor razonable de su inversión si se producen determinadas circunstancias expresamente previstas en la LSC o los estatutos sociales.

Cuando se ejercita el derecho de separación se activa un proceso que se compone de varias actuaciones:

  1. Información al socio sobre el valor de sus acciones o participaciones;
  2. Acuerdo sobre el valor razonable de las participaciones o acciones o, en su defecto, valoración de un experto independiente (artículo 353 LSC);
  3. Pago o reembolso (o, en su caso, consignación) del valor establecido (artículo 356 LSC);
  4. Otorgamiento de la escritura de reducción del capital social o de adquisición de las acciones o participaciones sociales (artículos 358 Y 359 LSC).

Pues bien, el actual régimen jurídico de la LSC no regula de forma expresa el momento en que, dentro de este proceso, el socio pierde su condición de tal al ejercitar el derecho de separación.

Esta cuestión ha sido tratada con distintos criterios por la jurisprudencia menor, la cual ha considerado tres posibles momentos en los que es posible entender que el socio separado ha perdido tal condición:

(i)      Teoría de la declaración: cuando el socio comunica a la sociedad su voluntad de separarse;

Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña (Sección 4ª) núm. 113/2018, de 28 de marzo (M.P.: Ilmo. Sr. D. Antonio Miguel Fernández-Montells Fernández, ECLI:ES:APC:2018:609).

(ii)     Teoría de la recepción: cuando la sociedad recibe dicha comunicación, dada su naturaleza recepticia;

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) núm. 1176/2019, de 20 de junio (M.P.: Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Garnica Martín, ECLI:ES:APB:2019:7276).

(iii)     Teoría del reembolso:cuando se abona o consigna el reembolso de la cuota del socio, puesto que la comunicación es solamente un presupuesto del ejercicio del derecho.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz (Sección 5ª) núm. 194/2015, de 16 de abril (M.P.: Ilmo. Sr. D. Ángel Luis Sanabria Parejo, ECLI:ES:APCA:2015:310) y sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón (Sección 3ª) núm. 18/2017, de 26 de enero (M.P.: Ilma. Sra. Dña. Adela Bardón Martinez, ECLI:ES:APCS:2017:86).

 

El Tribunal Supremo, sin embargo, se había limitado a bordear esta cuestión, siendo un ejemplo su sentencia núm. 32/2006, de 23 de enero (M.P.: Excmo. Sr. D. Vicente Luis Montes Penades,ECLI:ES:TS:2006:72), en la que, al pronunciarse sobre la posible enervación del ejercicio del derecho de separación, estableció que la comunicación del socio tiene una naturaleza recepticia.

Ha sido con la sentencia núm. 4/2021, de 15 de enero, que el Tribunal Supremo ha especificado su criterio y ha concluido que, si bien es cierto que la recepción de la comunicación del socio por la sociedad es el hecho que inicia el procedimiento de separación de socio; para su consumación no basta con este primer paso, sino que, para que este pierda la condición de socio, es necesario que se haya liquidado la relación societaria, y esto ocurre cuando se paga al socio el valor razonable de las acciones o participaciones.

Concluye el Tribunal Supremo, por tanto, que «mientras no se llega a esa culminación del proceso, el socio lo sigue siendo y mantiene la titularidad de los derechos y obligaciones inherentes a tal condición».

Es decir, el Tribunal Supremo se ha decantado por la teoría del reembolso que antes hemos definido, lo que también repercute en:

  1. La revocabilidad del ejercicio de separación de socio;
  2. Los efectos que pueda tener sobre el derecho de separación un cambio en el acuerdo social que provocó la separación; y
  3. La participación en los órganos de la sociedad del socio que quiere separase.

 

El Tribunal Supremo ya ha señalado una de las consecuencias en la sentencia que nos ocupa, y es la de los efectos que un concurso sobrevenido de la sociedad pueda tener sobre los derechos económicos del socio que se separa y estima que si la comunicación del derecho de separación es anterior a la declaración de concurso de la sociedad, el crédito del socio separado debe ser considerado concursal, no contra la masa, y, en particular, como crédito subordinado, por dos razones:

  1. Por aplicación del artículo 92. 5º de la Ley Concursal en relación con el artículo 93.2.1º de la misma norma, al estimar que al momento del nacimiento del crédito -cuando la sociedad recibió la comunicación de separación- el titular del crédito todavía ostentaba la cualidad de persona especialmente relacionada con el deudor (todo ello sin perjuicio de la contingencia derivada de la posible litigiosidad sobre la valoración de la participación);
  2. Por entender que no concurre la excepción del artículo 92 de la Ley Concursal, sino que «el crédito de reembolso, en cuanto supone recuperación de la inversión efectuada por el socio, tiene una naturaleza análoga a un negocio de financiación de la sociedad».

Finalmente hay que destacar que, de momento, esta Sentencia es un pronunciamiento aislado que no sienta jurisprudencia.

 

Más información: Cristina Corrales, abogada del área Procesal. 

Las normas y la práctica de buen gobierno deben estar hoy en el núcleo estratégico de la compañía.

El concepto de gobierno corporativo adquiere cada año más relevancia en la medida en que las empresas están cada vez más comprometidas con "buenas prácticas" y con cuestiones con visión de futuro que estén alineadas con las necesidades de la sociedad.

El gobierno de las sociedades, fundaciones y entidades, en general, es una pieza fundamental para poder contar con una buena gestión de riesgos y, al mismo tiempo, poder afrontar con garantías la responsabilidad de las personas jurídicas y de sus directivos.

Así, la innumerable normativa de obligado cumplimiento para las empresas hace que el nivel de responsabilidad de los administradores sea cada vez más elevado, siendo esencial tener una buena estructura de gobierno que facilite los controles y la buena gestión de la compañía.

Le invitamos a esta sesión online, el día 25 de febrero, a las 18h, en la que los especialistas en Gobierno Corporativo y Compliance de Toda & Nel-lo analizarán temas como:

  • Transparencia y buen gobierno
  • Directivas de actuación de las sociedades
  • Compliance como herramienta clave para el gobierno corporativo
  • Directivas de buen gobierno para evitar responsabilidades en las empresas
  • Competencias de los comités internos

 

Ponentes

José María Beneyto, presidente del Instituto Gobernanza y Sociedad y abogado en Toda & Nel-lo. 
Jordi Sot, socio responsable de Compliance de Toda & Nel-lo.
Berta Casas,  abogada senior de Compliance de Toda & Nel-lo

 

Inscripción

25.02.2021

El pasado 17 de noviembre se aprobó el Real Decreto-ley, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria.

Entre otras medidas, en materia concursal, se amplía la moratoria concursal hasta el 14 de marzo de 2021.

Dada la continuidad de los efectos de la pandemia por COVID-19, el Gobierno ha impulsado y ampliado una serie de medidas, entre otras, ha prorrogado una la suspensión del deber de presentar concurso de acreedores en los dos meses posteriores al conocimiento de la insolvencia de la compañía.

Esta suspensión, que se extendía hasta 31 de diciembre de 2020, fue adoptada por el Real Decreto-ley 16/20202, de 28 de abril y posteriormente, confirmada en la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

Con el RD-Ley esta suspensión queda ampliada hasta el 14 de marzo de 2021, la finalidad de la cual es evitar las declaraciones de concurso o la apertura de la fase de liquidación de aquellas sociedades que aún siendo viables, han sido afectadas por la pandemia.

 

Más información: Miriam Magdalena, socia responsable del área de Insolvencias y concursal.

 

 

 

Toda & Nel-lo, en colaboración con los despachos Durán-Sindreu y MA Abogados, organizó el 18 de febrero el webinar "¿Es posible despedir durante el Covid-19? Posibilidades y alternativas al despido", en el que se analizaron las diferentes ópticas que pueden valorar las empresas actualmente de cara a adecuar sus estructuras.

Durante la sesión se hizo especial hincapié en temas como la llamada prohibición de despedir, la última jurisprudencia, las cláusulas de salvaguarda empleo o las alternativas laborales (ERE, medidas flexibilidad como MSCT, etc.).

 

Ponentes

Dídac Ripollès.  Socio responsable del área Laboral de Toda & Nel-lo.

José María Fernández Mota. Director del área Laboral de MA Abogados.

Omar Molina Garcia. Director del área Laboral de Durán-Sindreu.

 

Se puede acceder al vídeo de la sesión a través de este enlace. 

18.02.2021