Desde el impulso del denominado \u201cmecanismo extraordinario de pago a proveedores\u201d aprobado mediante el Real Decreto-ley 8\/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las Administraciones p\u00fablicas y de apoyo a Entidades Locales con problemas financieros, se hab\u00edan suscitado dudas en relaci\u00f3n con la legalidad de la renuncia a los intereses de demora que implicaba la adhesi\u00f3n de la acreedora de la Administraci\u00f3n al citado mecanismo.<\/p>\n
En efecto, de conformidad con el art\u00edculo 6 del mencionado Real Decreto-ley 8\/2013, los proveedores que se acogieran a este mecanismo consent\u00edan, a cambio del pago inmediato del principal de la deuda, en la renuncia a los importes accesorios adeudados debido al incumplimiento de los plazos de pago por las Administraciones p\u00fablicas, incluidos, en particular, los intereses de demora y la compensaci\u00f3n por los costes de cobro.<\/p>\n
En este sentido, por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n\u00famero 6 de Murcia se plante\u00f3 cuesti\u00f3n prejudicial al TJUE para que se pronunciara sobre la conformidad de esta disposici\u00f3n legal con la normativa comunitaria. M\u00e1s espec\u00edficamente, se inst\u00f3 al TJUE a que se pronunciara sobre la conformidad del mecanismo de pago a proveedores espa\u00f1ol con el art\u00edculo 7 de la Directiva 2011\/7\/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (DO 2011, L 48, p. 1), por cuanto esta norma reputa manifiestamente abusivas las cl\u00e1usulas contractuales que excluyan el pago del inter\u00e9s de demora o los costes de cobro.<\/p>\n
La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea (Sala 5\u00aa) de 16 de febrero de 2017 (asunto C\u2011555\/14) ha confirmado la conformidad con la Directiva 2011\/7\/UE del mecanismo extraordinario de pago a proveedores regulado en el Real Decreto-ley 8\/2013 \u2013en la l\u00ednea de lo ya avanzado por el Abogado General Sharpston en sus Conclusiones de 12 de mayo de 2016-.<\/p>\n
En s\u00edntesis, el TJUE considera que, una vez celebrados los contratos, si estos han cumplido los requisitos de la Directiva 2011\/7\/UE, \u201cy los intereses de demora y la compensaci\u00f3n por los costes de cobro son exigibles, el acreedor, habida cuenta de su libertad contractual, debe seguir teniendo libertad para renunciar a los importes adeudados en concepto de dichos intereses y de la compensaci\u00f3n, concretamente como contrapartida del pago inmediato del principal<\/em>\u201d (p\u00e1rrafo 31 de la Sentencia).<\/p>\n Sobre la base de la anterior consideraci\u00f3n, el TJUE concluye que la renuncia efectuada mediante el mecanismo extraordinario de pago a proveedores se enmarca en la libertad de contractual del acreedor de la Administraci\u00f3n y que, por tanto, es conforme con la normativa comunitaria.<\/p>\n No obstante, la propia Sentencia abre la puerta a que el juez nacional aprecie aquellos supuestos en los que dicha libertad contractual del acreedor de la Administraci\u00f3n se ha visto viciada (p\u00e1rrafo 34 de la Sentencia).<\/p>\n En la pr\u00e1ctica, ello podr\u00eda dar lugar a un examen casu\u00edstico acerca de la verdadera libertad contractual del acreedor para ejercitar la renuncia al abono de intereses de demora y gastos de cobro, sobre la cual convendr\u00e1 efectuar el oportuno seguimiento.<\/p>\n