La Comisi\u00f3n Europea remiti\u00f3 ayer al Estado espa\u00f1ol un dictamen motivado apercibi\u00e9ndole de que las multas que se regulan en su normativa interna para los contribuyentes que no declaran o declaran incorrectamente sus bienes y derechos situados en el extranjero son \u201cdesproporcionadas\u201d, \u201cdiscriminatorias\u201d, y pueden atentar contra las libertades fundamentales de la UE.<\/p>\n
Desde octubre de 2012, los residentes en territorio espa\u00f1ol, independientemente de si se tratan de personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas, tiene la obligaci\u00f3n de informar de los bienes y derechos (cuentas corrientes, valores, inmuebles, etc.) que posean en el extranjero siempre y cuando superen determinados umbrales econ\u00f3micos. Dicha obligaci\u00f3n debe cumplirse anualmente mediante la presentaci\u00f3n de una declaraci\u00f3n informativa, com\u00fanmente conocida como \u201cel modelo 720\u201d. La normativa de aplicaci\u00f3n, fija un r\u00e9gimen sancionador espec\u00edfico para los casos en que los obligados a presentar la declaraci\u00f3n de referencia no lo hacen o lo hacen de forma incompleta o inexacta, r\u00e9gimen que ha sido objeto de controversia por cuanto es especialmente severo.<\/p>\n
Pues bien, en el dictamen comentado, la Comisi\u00f3n Europea, sin cuestionar el derecho del Estado espa\u00f1ol a requerir a sus contribuyentes que proporcionen la informaci\u00f3n sobre determinados activos situados en el extranjero, advierte que el r\u00e9gimen sancionador regulado para los incumplimientos de declarar esa informaci\u00f3n mediante la presentaci\u00f3n del modelo 720 resulta del todo desproporcionado y contrario a la normativa europea. Y ello, argumentando que “como las multas son mucho mayores que las sanciones aplicadas en una situaci\u00f3n puramente nacional, las normas pueden disuadir a empresas y particulares de invertir o trasladarse dentro de las fronteras en el mercado \u00fanico”<\/em> y, por lo tanto, “son consecuentemente discriminatorias y est\u00e1n en conflicto con las libertades fundamentales de la UE\u201d.<\/em><\/p>\n Es preciso se\u00f1alar que al final del dictamen se advierte a Espa\u00f1a de que dispone de dos meses para presentar alegaciones al mismo y que la Comisi\u00f3n Europea, de no recibir una respuesta positiva en el periodo de tiempo concedido, emprender\u00e1 las oportunas acciones ante el Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea (TJUE).<\/p>\n