El 22 de julio de 2016 entr\u00f3 en vigor la reforma del recurso de casaci\u00f3n contencioso-administrativo que fue introducida en virtud de la Disposici\u00f3n Final Tercera de la Ley Org\u00e1nica 7\/2015, de 21 de julio, publicada en el Bolet\u00edn Oficial del Estado (BOE 174) de 22 de julio de 2015.<\/p>\n
La citada norma legal no contiene un r\u00e9gimen transitorio de entrada en vigor, lo que en la pr\u00e1ctica ha llevado a que los expertos se planteasen: \u00bfQu\u00e9 recursos deben tramitarse con arreglo a la nueva regulaci\u00f3n? Las respuestas m\u00e1s comunes a esta cuesti\u00f3n son tres:<\/span><\/p>\n Podr\u00eda pensarse que el debate sobre esta cuesti\u00f3n es algo balad\u00ed o de exclusivo inter\u00e9s doctrinal pero, dado el calado de la reforma, ello no es as\u00ed. En efecto, en la medida en que con la modificaci\u00f3n legislativa el acceso a la casaci\u00f3n cambia por completo, a todo aquel ciudadano que se plantee recurrir ante el Tribunal Supremo (TS) resoluciones notificadas con posterioridad al 10\/06\/2016 le resulta de gran inter\u00e9s despejar la duda.<\/span><\/p>\n Para comprender la relevancia de la cuesti\u00f3n, es preciso recordar que entre las m\u00faltiples novedades que se introducen con la reforma, destaca la supresi\u00f3n del l\u00edmite cuantitativo o <\/span>summa gravaminis <\/em>existente como requisito del acceso a la casaci\u00f3n, fijado hasta la fecha en 600.000 euros.<\/span><\/p>\n La desaparici\u00f3n de ese l\u00edmite y la nueva regulaci\u00f3n del mecanismo de admisi\u00f3n de recursos, basado en permitir el acceso a aquellos asuntos que se considere que plantean cuestiones de inter\u00e9s casacional objetivo para la formaci\u00f3n de jurisprudencia, permitir\u00e1 al TS centrarse en establecer criterio interpretativo sobre temas con relevancia jur\u00eddica de los que a\u00fan no exista jurisprudencia y con total independencia de su cuant\u00eda.<\/span><\/p>\n En consecuencia, por ejemplo, a un ciudadano que hubiera formulado recurso contencioso-administrativo contra una liquidaci\u00f3n de plusval\u00eda municipal (Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana), que muy dif\u00edcilmente ascender\u00e1 a un importe superior a 600.000 euros, le resulta de gran inter\u00e9s conocer la respuesta a la cuesti\u00f3n planteada por cuanto de \u00e9sta depende que pueda (o no) presentar un recurso de casaci\u00f3n en el caso de que la sentencia de primera instancia sea desestimatoria.<\/span><\/p>\n Pues bien, en una sesi\u00f3n de estudio que organiz\u00f3 la Asociaci\u00f3n Espa\u00f1ola de Asesores Fiscales (AEDAF) a principios de julio, D. Joaqu\u00edn Huelin Mart\u00ednez de Velasco, magistrado de la Sala Tercera del TS, avanz\u00f3 que el debate ser\u00eda zanjado en los d\u00edas siguientes a la entrada en vigor de la reforma en virtud de un Acuerdo del Tribunal que se har\u00eda p\u00fablico a trav\u00e9s de la p\u00e1gina web del Consejo General del Poder Judicial.<\/span><\/p>\n\n