Actualitat

El pasado viernes 17/04/2015 se hicieron públicos los criterios generales del Plan de control tributario de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) para el año 2015.

Dicho Plan, que tiene como finalidad principal la determinación y definición de las principales áreas de riesgo sobre las que la referida Administración autonómica debe actuar para prevenir y combatir el fraude fiscal, está integrado por:

  1. Los criterios generales que fijan las principales áreas y líneas de actuación.
  2. Los planes parciales de cada una de las áreas que tienen responsabilidad en el control tributario, esto es, gestión tributaria, inspección tributaria y recaudación.

De entre las actuaciones definidas en los planes de gestión e inspección resulta oportuno destacar, por su relevancia práctica, las siguientes:

I. Actuaciones de comprobación de gestión tributaria

  • Revisión de los expedientes en que se hubiera aplicado la bonificación del 70% de la cuota del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITPO) con ocasión de la adquisición de viviendas por parte de empresas inmobiliarias con finalidad de reventa.
  • Control de las autoliquidaciones formalizadas por razón de contratos de alquiler de fincas urbanas.
  • Control y comprobación de los expedientes relativos a operaciones de división de la cosa común y de extinción del condominio.
  • Comprobación del valor de la masa hereditaria declarada en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) y del valor de los bienes declarados en el Impuesto sobre el Patrimonio (IP).
  • Control y seguimiento de los supuestos de deslocalización de contribuyentes con la finalidad de eludir el pago del ISD y de otros tributos de carácter patrimonial.

II. Actuaciones de la inspección tributaria

  • Investigación y comprobación en relación con los expedientes en los que se hayan aplicado o solicitado beneficios fiscales de la “empresa familiar”; esto es, reducciones de la base imponible en adquisiciones gratuitas de empresas individuales y/o participaciones sociales, ya sea mediante actos “inter vivos” o “mortis causa”.
  • Investigación y comprobación de la correcta aplicación de la renuncia a la exención del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en segundas u ulteriores transmisiones de edificaciones.
  • Investigación y comprobación de las transmisiones de valores mobiliarios que podrían gravarse como transmisiones de inmuebles (ITPO al tipo del 10%) de acuerdo con lo previsto en el artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores.
  • Investigación y comprobación de las autoliquidaciones presentadas por casinos en relación con los impuestos sobre el juego.

Consulte el texto íntegro de la mencionada Resolución aquí

Se discute si puede inscribirse la renuncia del administrador único de una S.A. sin que se acredite que ha convocado debidamente la junta general para proceder al nombramiento de un nuevo administrador o para adoptar las medidas que se estimen convenientes.

La DGRN estima el recurso señalando que en los casos de renuncia del administrador único manifestada en la junta general previamente convocada, puede nombrarse un nuevo administrador en esa misma junta, con cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios para la adopción de tal acuerdo, aunque no tenga carácter de junta universal y pese a que, al ser imprevista la renuncia en el momento de la convocatoria, no se hubiera incluido tal asunto en el orden del día de la convocatoria. (Resolución de 6 de marzo de 2015).

Ver texto íntegro de la Resolución aquí

14.04.2015

Se discute si para la inscripción de determinados acuerdos de una junta general a la que asistía como socia una comunidad hereditaria debe acreditarse la representación de dicha comunidad.

La DGRN estima el recurso, que negaba la necesidad de tal acreditación, señalando que la declaración realizada por el presidente sobre la válida constitución de la junta vincula al registrador, salvo excepciones que hagan patente su desacierto o falta de legalidad, lo que ocurre, por ejemplo, en casos de juntas contradictorias; cuando existen dos listas de asistentes diferentes, o dos Libros Registros diferentes. (Resolución de 4 de marzo de 2015).

Ver texto íntegro de la Resolución aquí

13.04.2015

El Tribunal Supremo ha resuelto recientemente, en su sentencia de 12 de febrero de 2015, si una empresa puede negar la reincorporación solicitada por un empleado en situación de excedencia voluntaria, alegando que no existe vacante de igual o similar categoría, cuando tras la recepción de dicha solicitud había llevado a cabo la transformación de contratos de duración determinada a indefinidos. La petición del trabajador demandante había sido desestimada en instancia y en suplicación.

Es dable entender, según el Alto Tribunal, que dicha conversión de contratos posterior a la petición de reingreso del excedente voluntario pone de manifiesto la existencia de vacantes, o lo que es lo mismo, la necesidad de mano de obra permanente en la compañía de las características del actor. Aun no habiéndose contratado empleados externos, sino que la empresa cubre las plazas con personal que ya prestaba servicios en la empresa deviniendo éstos fijos y a jornada completa en lugar de temporales y a tiempo parcial, el Tribunal examina si ello supone una vulneración de la preferencia del actor tras el periodo de excedencia voluntaria.

Por consiguiente, de lo que se trataba de decidir en este supuesto es si, frente al derecho preferente del excedente voluntario, puede oponerse la transformación del empleo temporal y parcial en indefinido y a tiempo completo. El Tribunal Supremo concluye que no cabe aceptar que los trabajadores temporales y/o a tiempo parcial tengan un derecho preferente al del propio actor, en tanto la obligación de la empresa de reincorporarle había nacido ya en el momento en que, solicitado el reingreso, aparecen necesidades que han de cubrirse con otros trabajadores.

Por ello, la preferencia del excedente voluntario juega de forma decisiva, “ante la evidencia de la existencia de puestos de trabajo de las características del que él ocupaba, de suerte que, antes de efectuar la conversión de contratos, debió de tenerse en cuenta el derecho de quien formaba parte de la plantilla de la empresa y satisfacía las características de los puestos para los que se llevaban a cabo tales contrataciones, por más que la transformación del empleo precario en empleo fijo viniera impuesta por compromisos colectivos”.

En base a dicha argumentación, el Tribunal Supremo condena a la empresa a reintegrar al trabajador que permaneció en excedencia voluntaria, y además a indemnizarle en la cantidad equivalente a los salarios que habría percibido desde que solicitó el reingreso. Cabe tener en cuenta que esta cantidad indemnizatoria puede ser importante si ha transcurrido cierto tiempo entre la solicitud y la resolución judicial firme, como concurre en este caso en que la empresa deberá abonar una suma equivalente a los salarios de más de 8 años y medio (desde el 1 de junio de 2006, fecha de solicitud del reingreso, hasta su efectiva reincorporación).

Consulte el texto íntegro de la sentencia aquí

 

09.04.2015

El Pleno del Congreso aprobó ayer, definitivamente, la Ley Orgánica de reforma del Código Penal.

El texto aprobado recoge importantes novedades en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas que quedarán exentas por los delitos cometidos en su organización si adoptan programas de prevención de riesgos penales de acuerdo con los requisitos previstos en el mismo.

La norma entrará en vigor a partir del próximo 1 de julio. 

La polémica suscitada por la nueva redacción del artículo 27 de la Ley del IRPF ha motivado la emisión de una nueva Nota Informativa por parte de la Subdirección General de Información y Asistencia Tributaria de la AEAT, en relación con la incidencia en el IVA de la calificación del rendimiento obtenido por socios profesionales, que modifica, en parte, el criterio emitido por este órgano Administrativo en la primera versión de la Nota, publicada hace tan sólo unas semanas.

Si no existía ya suficiente confusión al respecto, la AEAT se contradice, indicando que no existe obligación de darse da alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores a través del correspondiente modelo 036/037 cuando no exista sujeción al IVA. De este modo, los socios profesionales, cuya relación socio-sociedad deba calificarse como laboral por concurrir los requisitos de dependencia y ajenidad, y que no están obligados a expedir facturas ya que no se consideran sujetos pasivos de IVA, no deberán darse de alta en el censo de empresarios.

Además, la Nota Informativa es calificada por la propia AEAT como provisional, a la espera de emisión de informe o Consulta Vinculante por parte de la Dirección General de Tributos, circunstancia que no hace mas que añadir, si cabe, mayor inseguridad jurídica al asunto.

Por lo demás, la Nota Informativa transcribe el texto de la Nota anterior, extrayendo las siguientes conclusiones:

El concepto de empresario o profesional a efectos del IVA se encuentra armonizado a nivel europeo, por lo que el tratamiento fiscal nacional de los ingresos percibidos por el contribuyente no es determinante a la hora de calificar sus actividades como actividades económicas a efectos de la Directiva IVA. Por tanto:

a)   El hecho de que el rendimiento obtenido por el socio se califique como actividad profesional en IRPF sobre la base de su inclusión en el RETA no implica que automáticamente sea sujeto pasivo del IVA, aunque se trata de un indicio a tener en cuenta dados los requisitos que la Seguridad Social exige para la inclusión en este régimen especial; en todo caso habrá que analizar las circunstancias que concurren en cada caso concreto.

b)   Si el socio lleva a cabo la ordenación por cuenta propia de factores de producción  para el desarrollo de su actividad profesional, las prestaciones de servicios efectuadas por el mismo a la sociedad estarán sujetas al IVA.

La calificación como empresario o profesional a efectos, tanto del IRPF como del IVA, supondrá que deberá estar dado de alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores mediante la presentación de la correspondiente declaración censal.

Por otra parte, como sujeto pasivo del IVA, estará obligado a emitir factura por los servicios prestados a la sociedad o, en su caso, a los clientes de la misma, y presentar las autoliquidaciones por dicho impuesto.

c)    Si la relación socio-sociedad debe calificarse como laboral, por concurrir las notas de dependencia y ajenidad, los servicios prestados por el socio a la sociedad estarán no sujetos al IVA en virtud de lo dispuesto en el artículo 7.5º de la Ley del IVA.

Aunque a efectos del IRPF calificará sus rendimientos como de actividad económica, no deberá darse de alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores, dado que el artículo 3.2 a) y la Disposición Adicional undécima del RGAT establecen que se entenderá por actividad empresarial o profesional aquella cuya realización confiera la consideración de empresarios y profesionales de acuerdo con las disposiciones propias del IVA. Esto supone que no deberá presentar un Modelo 036/037 por ese motivo.

El contribuyente no tendrá obligación de expedir factura de sus operaciones ya que no se considera sujeto pasivo del IVA.

Estaremos atentos a la emisión de informe o Consulta Vinculante por parte de la Dirección General de Tributos que pudiera modificar o matizar este criterio.

 

La modalidad de jubilación parcial anterior a la fecha legal de jubilación ordinaria del trabajador permite que la jornada reducida del jubilado parcialmente se concentre en un periodo determinado, fórmula que no supondrá la extinción del correspondiente contrato de relevo en la fecha efectiva de finalización de prestación de servicios, sino en la fecha prevista para la jubilación total del trabajador relevado. 

Así lo ha considerado la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de enero de 2015, dando cobertura a una aplicación de la jubilación parcial que no está expresamente contemplada en la legislación (artículo 12.6 del Estatuto de los Trabajadores y normativa concordante), pero que a juicio del órgano jurisdiccional es posible puesto que no implica fraude alguno. En el supuesto examinado por el Alto Tribunal, quien acude al auxilio judicial es el trabajador relevista, que considera haber sido objeto de despido improcedente por extinguir la empresa su contrato en la fecha de jubilación total del trabajador que estuvo jubilado parcialmente, aun cuando este segundo prestó servicios en la empresa sólo durante un periodo de tiempo de la jubilación parcial.

En concreto, en fecha 21 de abril de 2008 relevista y empresa suscriben contrato de relevo hasta la jubilación de un trabajador -con categoría profesional de Encargado- que habría de producirse en 17 de agosto de 2012 (teniendo una duración prevista el contrato de relevo de 4 años y prácticamente 4 meses). El jubilado parcial concentró toda la jornada laboral -reducida al 15%- en los nueve meses siguientes a la suscripción del contrato de relevo, sin que con posterioridad a ello hubiese prestado más servicios para la empresa, pero manteniéndose su alta en la empresa y consiguiente cotización (prorrateándose la cuota durante todo el periodo que medió entre la jubilación parcial y la total).

Con su sentencia, el Tribunal Supremo considera acorde a derecho la forma de proceder de la empresa tanto en lo que respecta al desarrollo de la jubilación parcial del relevado, como en la extinción del contrato de relevo en la fecha prevista inicialmente por las partes. En este sentido, con tal proceder empresarial la sentencia destaca que la contratación del relevista se ha ajustado a la finalidad de la normativa reguladora, sin que se vislumbre perjuicio alguno para el trabajador relevista. Asimismo, y rebatiendo los argumentos de la sentencia de contraste, el Tribunal Supremo descarta que dicha fórmula suponga que a la práctica el relevado acceda a la jubilación total antes de la edad legal ordinaria. En cualquier caso, las vicisitudes que sufra la jubilación parcial no deben afectar, según el tribunal, a la naturaleza temporal del contrato de relevo.

Puede consultar el texto íntegro de la sentencia aquí:

 

20.03.2015

Hoy se han publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la Ley de presupuestos y la Ley de medidas fiscales, financieras y administrativas, relativas al ejercicio 2015, recientemente aprobadas por la Generalitat de Catalunya.

Entre las medidas tributarias introducidas por dichos textos legales, destaca la supresión de la obligación de presentar, junto con la autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD), copia del contrato de alquiler de la finca urbana cuando se presente en el Institut Català del Sòl (INCASÒL) al depositar la fianza.

Así, a partir de mañana, cuando conste presentada en el INCASÒL copia del contrato de alquiler del inmueble urbano, se podrá pagar y presentar la autoliquidación del ITPyAJD (modelo 600), tarifa AUR, telemáticamente a través de la Oficina Virtual de la Agència Tributària de Catalunya y ya no deberá presentarse ante esa Administración copia adicional del contrato.

Los trámites necesarios para la presentación de la referida autoliquidación han sido detalladamente expuestos en la referida Oficina Virtual en un apartado al que puede acceder clicando aquí.

Puede consultar el texto íntegro en los enlaces siguientes: Ley de presupuestos / Ley de medidas fiscales

El Gobierno ha aprobado una nueva medida de reducción de cuotas a la Seguridad Social, con el objetivo de fomentar el empleo indefinido: las empresas estarán eximidas de cotizar por los 500 primeros euros de la base por contingencias comunes en los nuevos contratos indefinidos a tiempo completo celebrados entre el 1 de marzo de 2015 y el 31 de agosto de 2016. Si el contrato se celebra a tiempo parcial, la cantidad libre de cotización se reducirá proporcionalmente siempre que la jornada sea al menos equivalente a un 50% a la de un trabajador a tiempo completo. La reducción en la cotización se aplicará durante un periodo de 24 meses a partir de la fecha de efectos del contrato de trabajo.

Este beneficio en la cotización se aplicará siempre y cuando se cumplan en la contratación los requisitos establecidos en la propia normativa, de los cuales cabe destacar los siguientes:

  • La empresa debe hallarse al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, tanto en el momento de contratar como durante el periodo de bonificación.
  • No haber realizado despidos objetivos, disciplinarios o colectivos improcedentes en los 6 meses anteriores a la celebración del contrato.
  • El nuevo contrato debe suponer un incremento tanto del nivel de empleo indefinido como del nivel de empleo total de la empresa.
  • La empresa debe mantener durante 36 meses el nivel de empleo indefinido y el nivel de empleo total alcanzados con dicha contratación.
  • No haber sido sancionada la empresa por determinados incumplimientos en materia de Seguridad Social (artículos 16 22.2 y 23 de la LISOS).

En caso de haberse otorgado en un primer momento la reducción y comprobarse posteriormente que la empresa no cumplía alguno de los requisitos contemplados por la ley, se deberá proceder al reintegro de las cantidades dejadas de ingresar, a lo que se añadirá el recargo y el interés de demora correspondientes, de acuerdo con la normativa de recaudación de la Seguridad Social.

Tal y como dispone la exposición de motivos del RD-ley que aprueba la medida, el nuevo beneficio en la cotización por contratación indefinida coexistirá hasta el 31 de marzo de 2015 con el regulado en el Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero (la llamada ‘tarifa plana’), previéndose en la disposición transitoria segunda que los beneficios a la cotización a la Seguridad Social que se vinieran disfrutando por los contratos indefinidos celebrados con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor, se regirán por la normativa vigente en el momento de su celebración.

Esta nueva medida ha sido aprobada mediante el Real Decreto-ley 1/2015, publicado en el BOE del pasado 28 de febrero de 2015. El contenido íntegro de esta norma se puede consultar aquí.

El Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya de 31 de diciembre de 2014, ha publicado la Ley 19/2014, de 29 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Esta Ley tiene por objeto: (i) regular y garantizar la transparencia de la actividad pública, (ii) regular y garantizar el derecho de acceso de las personas a la información y documentación públicas, (iii) establecer los principios y obligaciones de buen gobierno de acuerdo con los que deben actuar los altos cargos, el personal de servicio de la Administración y las demás personas a las que es de aplicación la Ley, (iv) aplicar el gobierno abierto y fomentar la participación y colaboración ciudadanas, y (v) regular el régimen de garantías y responsabilidades por el incumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos por esta Ley.

En cuanto al ámbito subjetivo de esta Ley, es de aplicación a las administraciones públicas de Cataluña (incluye la Administración de la Generalidad y los entes locales), así como todos los organismos y entidades de naturaleza administrativa dependientes o vinculadas a estas administraciones. También afecta a las personas privadas que ejercen actividades públicas o de interés público, como asociaciones y fundaciones cuyos ingresos provienen de forma significativa de subvenciones o ayudas públicas.

Además, la Ley desarrolla sus efectos sobre todas las demás instituciones públicas que no son administraciones públicas en la parte que realizan funciones administrativas por razón de su funcionamiento o en los aspectos institucionales respecto a los que se considera también exigible un deber de transparencia e información.

La Ley regula la transparencia en la actividad pública como una obligación a cargo de la Administración que debe facilitar de forma proactiva, y la regula de una forma muy amplia (información institucional y organizativa, gestión económica y presupuestaria, información de relevancia jurídica, programación y planificación, contratación pública, actividad subvencional, etc.).

En este sentido, destaca la  regulación del Registro de grupos de interés con la finalidad de que los ciudadanos puedan identificar a las personas que actúan como tales y conocer las relaciones que tienen con la Administración en defensa de intereses concretos, así como las reglas éticas a las que deben ajustar su conducta, así como la creación del Portal de Transparencia, como un instrumento básico y general para facilitar a la ciudadanía la información de forma integrada de todas las administraciones públicas.

El Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña de 31 de diciembre de 2014,  ha publicado la Ley 21/2014, de 29 de diciembre, de protectorado de las fundaciones y verificación de la actividad de las asociaciones declaradas públicas.

Esta Ley tiene por objeto regular el contenido y el alcance de las funciones del Protectorado y el órgano de supervisión de las asociaciones de utilidad pública, dando respuesta al mandato del legislador contenido en el Libro Tercero del Código Civil de Cataluña.

Esta regulación es una novedad en la legislación catalana, puesto que atribuye a la Administración de la Generalitat de Catalunya la función de seguimiento de las asociaciones que hayan obtenido la declaración de utilidad pública.

En este sentido, la Ley atribuye funciones de seguimiento de las asociaciones declaradas de utilidad pública al órgano de supervisión de estas entidades. Dichas funciones son ejercidas por los correspondientes órganos del departamento competente en materia de asociaciones, mientras que el Protectorado ejerce sus potestades respecto a las fundaciones por medio de los correspondientes órganos del departamento competente en materia de fundaciones.

Además, instaura la potestad sancionadora con la finalidad de que actúe como mecanismo disuasivo de las conductas contrarias a las obligaciones administrativas y como medida generadora de confianza para quienes contribuyen a la financiación de estas entidades.

Se discute si es posible inscribir una escritura de reducción del capital de una sociedad de responsabilidad limitada con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto disminuido como consecuencia de pérdidas cuando en el balance que se incorpora consta una partida de pasivo de signo positivo denominada “subvenciones, donaciones y legados recibidos”.

La Dirección General estima el recurso señalando que no cabe equiparar la partida de “subvenciones, donaciones y legados” con una correspondiente a reservas a efectos de impedir la reducción de capital por pérdidas (Resolución de 7 de enero de 2015).

Ver el texto de la Resolución aquí

12.02.2015