Actualitat

El 10 de diciembre de 2021, el Consejo de Ministros aprobó remitir a las Cortes Generales el denominado Proyecto de Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, comúnmente conocido como “Ley de Startups”.

Este Proyecto de Ley tiene la ambición de establecer un marco jurídico que regule las denominadas sociedades “startups”, para lo cual se modificarán textos normativos de carácter administrativo, mercantil, civil y fiscal. Este Proyecto de Ley ya estaba previsto en las medidas prioritarias propuestas en la Estrategia España Nación Emprendedora, incluida a su vez en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que tiene como objetivo atraer talento e inversión extranjera a España.

De aprobarse, esta Ley afectaría a las denominadas empresas emergentes, entendidas como aquellas personas jurídicas que cumplan una serie de requisitos, entre otros (i) que fuesen de nueva creación o con una antigüedad máxima de 5 años (o 7 años en compañías de biotecnología, energía, industriales y otros sectores estratégicos o que hayan desarrollado tecnología propia en España), (ii) no haber surgido de una operación de fusión, escisión o transformación, (iii) tengan su sede o domicilio social o establecimiento permanente en España, (iv) que un mínimo del 60% de la plantilla tenga contrato laboral en España, (v) que no distribuya o no haya distribuido dividendos y (vi) que no cotice en un mercado regulado. Se entienden como empresas emergentes también aquellas creadas al amparo de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Asimismo, las empresas emergentes tendrán la obligación de acreditar su carácter innovador. Para ello, deberán solicitar a la Empresa Nacional de Innovación SME S.A. (ENISA) que evalúe si cumplen los requisitos establecidos. Cabe destacar que por empresa innovadora se entiende aquella “cuya finalidad sea resolver un problema o mejorar una situación existente mediante el desarrollo de productos, servicios o procesos nuevos o mejorados”. En cualquier caso, debe existir un riesgo de fracaso, ya sea tecnológico o industrial.

Igualmente, se regula la posibilidad de pérdida del derecho a los beneficios señalados, estableciéndose una serie de supuestos, entre los cuales cabe destacar (i) el incumplimiento de cualquiera de los requisitos referidos anteriormente, (ii) el transcurso de los plazos mencionados desde la creación de la empresa, (iii) la extinción o la adquisición de la empresa emergente por parte de otra empresa no emergente, (iv) cuando su volumen de negocio anual supere los cinco millones de euros o (v) cuando socios o administradores hayan sido condenados por sentencia firme por una serie de tipos delictivos.

Las empresas emergentes deberán estar inscritas en el Registro Mercantil y, especialmente, su condición de tal en la hoja abierta de la empresa, como obligación para poder optar a los beneficios del Proyecto de Ley. Para ello, el Registro habilitará un procedimiento de consulta online con carácter gratuito. Por su parte, ENISA aportará la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos.

Con relación al plazo de inscripción, este será de cinco días hábiles para todos los actos, comenzándose a contar desde el día siguiente al de la fecha del asiento de presentación, o de seis horas en caso de utilizar estatutos tipo.

Por su parte, los pactos de socios de este tipo de empresas serán inscribibles, gozando de publicidad registral, siempre que no contengan cláusulas contrarias a la ley. También podrán inscribirse las cláusulas estatutarias que incluyan prestaciones accesorias de suscribir pactos de socios en empresas emergentes, cuando el contenido pueda ser conocido por los socios actuales y futuros socios.

Subrayamos, como punto fundamental, que lo establecido en el Proyecto de Ley reseñado desplazará aquellas disposiciones que entren en conflicto con lo regulado en este.

En cuanto a medidas específicamente mercantiles o societarias, como novedad para este tipo de empresas, se dispone que la junta general pueda autorizar la adquisición de participaciones propias, con el límite del 20% del capital, con el objetivo de entregarlas a los administradores o a los empleados a modo de retribución que, en todo caso, deberá estar previsto en los estatutos y ser aprobado por la junta general.

En cuanto a las pérdidas, las empresas emergentes no incurrirán en causa de disolución cuando las pérdidas dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social. Estos límites serán aplicables siempre que no hayan transcurrido tres años desde la constitución y no sea necesario solicitar la declaración de concurso.

Además, en el Proyecto de Ley se han incluido artículos que afectan al ámbito del derecho tributario. De entre las cuestiones más importantes, destacamos en relación con el Impuesto de Sociedades y con el Impuesto sobre la Renta de los no Residentes, las relativas al tipo impositivo, que se fija en un 15% para los cuatro primeros periodos impositivos desde que la base imponible es positiva, y la posibilidad de aplazamiento del pago de la deuda tributaria correspondiente a los dos primeros periodos impositivos desde que la base imponible es positiva, así como ciertas disposiciones en relación con los pagos fraccionados.

Además, con respecto a las fórmulas retributivas basadas en la entrega de acciones o participaciones, se aumenta el importe de exención para los destinatarios, de los 12.000 € actuales a 50.000 € anuales.

La inversión en empresas de nueva o reciente creación se ve nuevamente beneficiada a nivel fiscal, dado el incremento del tipo de deducción, que pasa del 30% al 50%, y el aumento de la base máxima de los 60.000 € actuales a 100.000 €. Los referidos límites serán aplicables a los socios fundadores independientemente de su participación en el capital.

Finalmente, con relación al IRNR, estarán exentos en dicho impuesto los rendimientos del trabajo en especie que estén exentos a su vez en el IRPF.

En cuanto a materia específicamente de inversión extranjera, con relación a la regulación de la documentación identificativa de los inversores extranjeros, el Proyecto de Ley realiza cambios estructurales con el objetivo de facilitar y agilizar el proceso de inversión en empresas emergentes.

Así, para las personas físicas no residentes en España que deseen invertir en una empresa emergente española, deberán solicitar un número de identificación fiscal (NIF), no teniendo la obligación de obtener un número de identidad extranjero (NIE), evitando así los excesivos retrasos que se dan actualmente en la práctica con este trámite. En el caso de las personas jurídicas o entidades sin personalidad jurídica, su representante deberá tener asignado un NIF para poder solicitar el NIF de su representada. Esta representación ahora podrá acreditarse mediante un contrato de mandato o mediante un documento notarial que, como novedad, en caso de ser emitido por notario extranjero no será necesario que su redacción se adecúe al ordenamiento jurídico español.

La tramitación de la obtención del NIF por dichas personas físicas o jurídicas se realizará mediante un procedimiento electrónico que deberá resolverse en un plazo de diez días.

Para aquellas personas extranjeras que deban desplazarse a España, entre otros requisitos, se reconoce la categoría de teletrabajador de carácter internacional, se disminuye el número de períodos impositivos anteriores al desplazamiento durante los cuales el contribuyente no puede haber sido residente fiscal en España, pasando de diez a cinco años y se permite a la familia del trabajador extranjero ser residentes españoles sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos.

Además de las medidas mencionadas anteriormente, se establecen otras de carácter público y en materia administrativa para fomentar desde la administración pública el ecosistema emprendedor en diversas áreas.

Por último, cabe recordar que la regulación de las empresas emergentes se encuentra en fase de Proyecto de Ley, debiéndose aprobar en las Cortes Generales. Esto podría conllevar la inclusión de modificaciones en el proyecto aprobado en el Consejo de Ministros y, al mismo tiempo, que se retrasara su aprobación.

 

Más información: Diego Unceta, abogado del área de Derecho Mercantil. 

18.01.2022

Modificación de la Ley de Contratos del Sector Público 2017 y de otra normativa por parte de la Ley de Presupuestos Generales del Estado:

La Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 (“LPGE 2022”) ha introducido diversas modificaciones normativas. Entre otras, se ha modificado la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (“LCSP 2017”), en la que se han introducido las siguientes novedades:

  • Se admiten, en el procedimiento abierto simplificado, los licitadores que no se encuentren inscritos en el ROLECE o registros autonómicos equivalentes, siempre que hayan presentado la solicitud de inscripción antes de la fecha final de presentación de ofertas y aporten determinada documentación acreditativa (arts. 159.4.a) y 159.4.f.3º LCSP).

Ello ya había sido establecido por la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado de 24 de septiembre de 2018, y se reconoce ahora normativamente.

  • Se regula con mayor detalle la adjudicación de los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición (art. 226.1 LCSP).
  • Se modifica el plazo de renovación de los miembros de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (art. 332.3 LCSP).

Asimismo, la LPGE ha introducido ciertas modificaciones en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Así, en lo que respecta a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cabe destacar que:

  • Se fija en 12 meses el plazo máximo de ampliación del plazo para actuaciones de control financiero sobre los beneficiarios (el apartado 7 del artículo 49).
  • Se modifica el plazo de que dispone el órgano gestor de la subvención para acordar el inicio de expediente de reintegro desde que dispone del Informe sobre la procedencia del reintegro emitido por la Intervención General de la Administración del Estado, que pasa de 1 mes a 2 meses (el apartado 1 del 51) .

En la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público se han modificado los siguientes preceptos:

  • En lo casos en que sea procedente, la autorización previa del Ministerio de Hacienda y Función Pública para la firma del convenio deberá emitirse e incorporarse al expediente antes de su perfeccionamiento (letra c) del apartado 2 del artículo 50 “trámites preceptivos para la suscripción de convenios y sus efectos”).
  • Se establecen los presupuestos que determinan que un consorcio quede sometido a auditoría de sus cuentas anuales por el órgano de control interno de la Administración a la que se haya adscrito el mismo (apartado 3 del artículo 122 “régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-financiero y patrimonial”).
  • Se modifica la Disposición Adicional Cuarta, relativa a la “Adaptación de entidades y organismos públicos existentes en el ámbito estatal". En concreto, se establece que las  entidades con régimen jurídico específico a la entrada en vigor de la ley 40/2015 se seguirán rigiendo por su legislación específica, manteniendo su naturaleza jurídica, y únicamente de forma supletoria, y en tanto resulte compatible con su legislación específica por lo previsto en esta ley; y que los demás organismos y entidades, a los que se refiere el artículo 84.1 de ley 4=/2015, existentes en el momento de la entrada en vigor de la misma, deberán adaptarse a su contenido antes del 1 de octubre de 2024, rigiéndose hasta que se realice la adaptación por su normativa específica.

 

Normativa autonómica aprobada en el último trimestre de 2021

 Cabe destacar:

  • En Cataluña, la Ley 2/2021, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público ha introducido numerosas modificaciones en materia urbanística, de turismo o de aguas.

Entre ellas, destacan las novedades en el ámbito urbanístico respecto al régimen de fuera de ordenación y disconformidad y en el régimen de usos y construcciones en el suelo no urbanizable, entre otros aspectos.

  • En Galicia se ha aprobado la Ley 18/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, que contiene modificaciones en materia de conservación del medio ambiente, ordenación del territorio y urbanismo, suelos contaminados y transporte público de viajeros, entre otros ámbitos.
  • En Andalucía, destaca la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (“LISTA”), que presenta diversas novedades relevantes.

Entre otros aspectos, la ley innova con la integración en una única norma de la regulación sobre la ordenación territorial y de la regulación sobre la ordenación urbanística, con la atribución de mayores competencias a los municipios y con la simplificación de la clasificación urbanística del suelo.

  • Del País Vasco hay que dar noticia de la Ley 9/2021, de 25 de noviembre, de conservación del patrimonio natural de Euskadi, que representa una innovación muy importante en el ámbito del medio ambiente. La ley responde a la necesidad de actualizar el marco legislativo en vista del importante desarrollo normativo derivado de las directivas de la Unión Europea en la materia, especialmente a partir del año 2000.
  • Por último, en Aragón se ha aprobado la Ley 8/2021, de 9 de diciembre, de regulación del Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales, que configura este impuesto como un tributo propio “de naturaleza real, carácter afectado y finalidad extrafiscal medioambiental”.

 

Creación de la Oficina Nacional de Evaluación de la Contratación Pública

Mediante la Orden HFO/1381/2021, de 9 de diciembre, se ha puesto en marcha la Oficina Nacional de Evaluación de la Contratación Pública (ONE), prevista en el artículo 333 LCSP.

La ONE se integra dentro de la OIRESCON y tiene como finalidad analizar la sostenibilidad financiera de las concesiones de obras y de servicios en las que (i) se realicen aportaciones públicas a la construcción o explotación de la concesión, o se apoye financieramente al concesionario, o bien (ii) en las que la tarifa sea asumida total o parcialmente por el poder adjudicador, cuando el importe de las obras o gastos de primer establecimiento superen 1 millón de euros.

En tales casos, la ONE debe emitir informe preceptivo con carácter previo a la licitación, así como en los procedimientos de reequilibrio del contrato.

Las comunidades autónomas pueden adherirse a la ONE, o bien crear sus órganos equivalentes autonómicos.

 

Posibilidades de reequilibrio económico-financiero del contrato por aumento del coste de las materias primas

 

 

Más información: Javier García, socio responsable del área de Derecho Público de Toda & Nel-lo. 

 

El Consejo de Ministros acordó el viernes 10 de diciembre remitir a las Cortes el Proyecto de Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes, conocida como ‘Ley de Startups’. Con ello, es de esperar que en los próximos meses nuestro país se dotará de una ley específica para este tipo de empresas.

El impulso y la aportación de Toda & Nel-lo en este Proyecto de Ley ha sido notable, a través de la participación del counsel Albert Mestres, quien ha venido integrando -con unas contribuciones y tareas que se han extendido durante más de tres años- el Grupo de Trabajo de Fiscalidad en el seno de la asociación Barcelona Global.

Barcelona Global, de la mano de 13 de los principales despachos de abogados de la ciudad de Barcelona (Cuatrecasas, Deloitte, EY, Garrigues, Gomez-Acebo y Pombo, KPMG, Martínez-Comín, Osborne Clarke, Optio, PWC, Roca Junyent, Toda & Nel-lo y Uría Menéndez) y de Mercer, ha trabajado en los últimos años en la elaboración de 16 propuestas rigurosas, enfocadas en la atracción y retorno del talento y el impulso del ecosistema emprendedor, basadas en comparativas internacionales, y que ha compartido con el Gobierno para su tramitación parlamentaria de la cual ahora todos nos podemos congratular.

Se espera que la nueva normativa va a establecer un marco específico para, principalmente, fomentar la creación y relocalización de empresas emergentes en España, impulsar la I+D+i, atraer talento y capital internacional a nuestro país y evitar la ‘fuga de cerebros’.

En ese sentido, la nueva regulación establecería una serie de incentivos fiscales para favorecer las necesidades específicas de las empresas emergentes. Así, para determinar que empresas podrán beneficiarse de las ventajas contenidas en la futura normativa, el Proyecto de Ley fija el concepto de “empresa emergente” no a través de una definición única y cerrada, sino a través de una serie de requisitos concreto que deberían cumplirse.

En segundo lugar, se mejoraría la tributación de la retribución en acciones. Así, en relación con la exención por entrega a los empleados de acciones prevista por la Ley del IRPF, se elevaría el mínimo exento de los 12.000 euros a los 50.000 euros para las empresas que sean certificadas como “emergentes”. Las rentas del trabajo en especie que, cumpliendo los requisitos, no queden cubiertas por la exención por superar el umbral anterior, se imputarán en el periodo impositivo en el que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  • Que el capital de la sociedad emergente sea admitido a negociación en un mercado de valores.
  • Que se produzca la salida de las acciones o participaciones del patrimonio del contribuyente.
  • Que transcurra un plazo de 10 años, a contar desde la entrega de las acciones o participaciones, sin que se haya producido alguna de las dos circunstancias anteriores.

Además, para este tipo de empresas, ya no sería necesario que la oferta retributiva en acciones se realizase en las mismas condiciones para todos los trabajadores, sino que únicamente la oferta debería efectuarse dentro de la política retributiva general de la empresa.

En tercer lugar, se mejoraría el acceso al régimen especial de trabajadores desplazados a territorio español, comúnmente conocido como ‘régimen de impatriados’ o ‘Ley Beckham’:

  • Para acceder a este régimen optativo, se reducirían de 10 a 5 los periodos impositivos en los que el contribuyente no ha sido residente fiscal en España.
  • Se extenderían de 5 a 10 los periodos impositivos durante los cuales se puede tributar como Beckham.
  • Se extendería la posibilidad de optar a este régimen a otros miembros de la unidad familiar del impatriado principal que se desplacen con él: su cónyuge, los hijos menores de 25 años y los hijos discapacitados independientemente de su edad.

Particularmente esta última reforma es una medida que se nos antoja como fundamental para España en un ecosistema internacional cada vez más competitivo, sobre todo en lo que se refiere a diversos países de nuestro entorno, tales como Portugal, Italia, Bélgica o Reino Unido, Bélgica.

Por último, como complemento a las medidas fiscales anteriores, también se pretende introducir un conjunto de medidas migratorias para facilitar la entrada y residencia a profesionales itinerantes y altamente cualificados (trabajadores de empresas foráneas y autónomos extranjeros) -incluyendo a los denominados “nómadas digitales”, quienes, además, podrían aspirar a gozar del status Beckham-, lo que  a su vez se prevé vaya aparejado de un aumento de los ingresos tributarios (directos e indirectos) para nuestro país y de las cotizaciones a la Seguridad Social.

En conclusión, debemos aplaudir las novedades legislativas que se avecinan a través del actual Proyecto de Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes, confiando en que nuestras expectativas se vean consolidadas tras la tan esperada aprobación legislativa que debiera producirse durante los próximos meses.

 

Más información: Albert Mestres, counsel del área de Derecho Tributario de Toda & Nel-lo. 

El pasado 28 de diciembre de 2021, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, que entró en vigor el 1 de enero de 2022. La ley incluye numerosas medidas tributarias relacionadas con diversos impuestos, entre ellos:

  1. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF)
  2. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (IS)
  3. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA)
  4. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS (ITP y AJD).
  5. Otras cuestiones como:
  • Mecenazgo
  • Interés legal del dinero e interés de demora
  • Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM)

En esta nota informativa, los abogados del área de Derecho Tributario resumen las modificaciones tributarias más destacables.

 

Acceder al documento

 

Para más información: Francisco Chamorro, socio del área de Derecho Tributario de Toda & Nel-lo. 

 

En la sentencia del Tribunal Constitucional de 4 de octubre de 2021 se dilucida si existe una vulneración del derecho a la protección de datos de carácter personal con la utilización de la grabación de conversaciones telefónicas mantenidas con los clientes como medio de acreditación del incumplimiento grave de las obligaciones laborales.

En el presente caso el actor prestaba servicios como asesor comercial ante una empresa telefónica en la cual se encargaba de atender telefónicamente a los clientes. En este sentido, se despidió disciplinariamente al actor en base a una supuesta indisciplina y desobediencia, por una mala atención a los clientes. La empresa tuvo conocimiento de tales hechos al escuchar las grabaciones de las conversaciones telefónicas que el actor había llevado a cabo con los clientes.

Cabe señalar tres cuestiones claves en el procedimiento. En primer lugar, se tiene por acreditado que el actor era conocedor que las conversaciones con sus clientes eran grabadas. En segundo lugar, se tiene por acreditado que existía un pacto entre la empresa y los legales representantes en el cual la empresa se comprometía a utilizar las grabaciones con fines de formación y mejora de competencias de los asesores, pero en ningún caso como mecanismo disciplinario. Finalmente, en tercer lugar, se tiene por acreditado que la empresa en reiteradas ocasiones había intentado revertir la situación, proporcionándole al actor explicaciones y mecanismos sobre cómo atender a los clientes.

Cabe destacar que en todas las instancias se había confirmado que el despido del actor no debía considerarse nulo por vulneración del artículo 18.4 CE, aunque sí improcedente ante la falta de constatación de un incumplimiento grave. En cuanto a la nulidad se había argumentado que no existe dado que la monitorización de las llamadas era una medida proporcionada a la facultad de control empresarial y el acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores no excluye la utilización de las grabaciones como forma de comprobación del cumplimiento de los asesores de sus deberes laborales.

En el presente caso, el Tribunal Constitucional resuelve en la misma línea, haciendo mención a la conocida doctrina López Ribalda, justificando que no se ha vulnerado el derecho a la protección de datos por cuanto las grabaciones se utilizaron en primer lugar para la actividad formativa y detección de deficiencias al haber, con carácter previo, intentado revertir la situación con el actor instruyéndole para mejorar la atención de los clientes. Argumenta de este modo que no se ha vulnerado el derecho contenido en el artículo 18.4 CE de utilizar posteriormente las grabaciones con fines disciplinarios.

En su reciente sentencia de 28 de octubre de 2021 (rec. 288/2018), el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha declarado nulo un instrumento de planeamiento urbanístico porque su tramitación omitió la consulta pública previa prevista en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (“LPAC 2015”).

Concretamente, se trata de la Modificación de las Normas urbanísticas del Plan general metropolitano que regulan los aparcamientos de Barcelona, aprobada por la Subcomisión de Urbanismo del municipio de Barcelona el 18 de septiembre de 2018.

Según el TSJC, la tramitación de este instrumento de planeamiento no solo debió sujetarse a la legislación urbanística, que únicamente prevé el trámite de información pública con carácter posterior a la aprobación inicial del instrumento, sino que también debería haber observado el trámite de “consulta pública” previsto en el artículo 133 de la LPAC 2015 para las normas con rango de ley y reglamentos, con carácter previo al trámite de información pública.

En este sentido, la sentencia subraya que este el trámite de información pública no puede suplir el de consulta pública previa, que se considera “sustancial” y que se debe realizar en la primera fase el procedimiento, “previo inclusive a la solicitud de dictámenes e informes que sean preceptivos en cada caso”. En referencia a cuál debe ser su contenido, la resolución judicial señala que “lo esencial es la realización de tal consulta pública previa, y no tanto la forma de desarrollo (…), su metodología, cuestionario o duración, o sus resultados, a evaluar ulteriormente en el correspondiente informe.

Por último, conviene destacar que, según el tribunal, en el caso concreto no resulta de aplicación ninguna de las excepciones previstas en el artículo 133.4 LPAC, ni tampoco la exclusión de dicho trámite por tratarse de una materia especial (disposición adicional primera LPAC 2015). Además, recuerda que la sentencia del Tribunal Constitucional 55/2018, de 24 de mayo de 2018, declaró que el artículo 133.2 LPAC no debe aplicarse al procedimiento de aprobación de normas de las Comunidades Autónomas, pero no excluyó su aplicación al ámbito de las entidades locales.

 

Más información: Pol Fontboté, abogado del área de Derecho Administrativo de Toda & Nel-lo. 

 

El pasado 26 de octubre, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) dictó su sentencia 182/2021 declarando la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1. 2º párrafo, 107.2.a) y 107.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales por considerarlos contrarios al principio de capacidad económica.

En la sentencia, cuyo texto íntegro ha sido anticipado en la página web del TC, pero aun no publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Tribunal razona que considera inconstitucionales los señalados preceptos porque fijan un sistema de cálculo objetivo de determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), comúnmente conocido como “plusvalía municipal”.

Es de interés destacar que el Tribunal incluye un párrafo limitando sus efectos por el que precisa que no serán revisables, en base al criterio de la Sentencia, aquellas situaciones que, a la fecha de dictarse la misma, “hayan sido decididas mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme”, ni tampoco “las liquidaciones provisionales o definitivas no impugnadas” ni “las autoliquidaciones cuya rectificación no hubiera sido solicitada ex art. 120.3 LGT” a dicha fecha.

Esa limitación de efectos temporales es controvertida y se está estudiando su corrección, así como las posibles vías que pudieran permitir la recuperación de cantidades ingresadas y no reclamadas con anterioridad al 26 de octubre de 2021.

Cumple advertir que la sentencia cuenta con el voto particular concurrente del presidente del Tribunal, D. Juan José González Rivas, y con otro formulado por el magistrado D. Cándido Conde-Pumpido Tourón, al que se adhiere la magistrada Dª. María Luisa Balaguer Callejón.

Se puede acceder al texto íntegro de la Sentencia aquí, al primer voto particular aquí  y al segundo aquí.

 

Más información: Mireia de Pol, abogada senior del área de Derecho Tributario de Toda & Nel-lo. 

Recientemente, se han producido importantes modificaciones en el derecho de las personas con discapacidad tanto a nivel estatal como en Cataluña, y ello a raíz de la entrada en vigor de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal y también el Decreto Ley 19/2021, de 31 de agosto, por el que se adapta el Código Civil de Cataluña a la reforma del procedimiento de modificación judicial de la capacidad.

A continuación, trataremos de resumir brevemente las más relevantes.

 

Modificación de la normativa estatal:

La reforma introducida en la legislación estatal ha supuesto un nuevo paso hacia la progresiva adecuación de nuestro ordenamiento jurídico a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en Nueva York en 2006, norma que ha venido orientando las resoluciones dictadas por nuestros tribunales en esta materia y a la que se ha intentado ir adecuando nuestro ordenamiento a través de distintas modificaciones legislativas.

En este sentido, con dicha modificación, se concibe ahora un régimen de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad que incluye modificaciones, tanto en el ámbito civil como procesal, estableciéndose un nuevo sistema de apoyo a las personas con discapacidad. La idea que orienta este nuevo sistema, bajo la consideración de que todas las personas son titulares del derecho a la toma de sus propias decisiones, es que la capacidad jurídica resulta inherente a la condición humana y, por tanto, no puede perderse ni modificarse.

Así, la nueva regulación elimina, por lo tanto, el concepto clásico de incapacitación, y la representación deja de ser la forma de apoyo a la persona incapacitada. En contraposición, el nuevo sistema prevé el apoyo de la persona en el ejercicio de su capacidad. Este apoyo se despliega en actuaciones de distinto tipo: acompañamiento amistoso, ayuda técnica en la comunicación de declaraciones de voluntad, consejo, toma de decisiones delegadas y como última ratio, representación en la toma de decisiones.

Para ello, se eliminan las instituciones de la tutela -históricamente el centro del procedimiento de incapacitación-, y de la patria potestad prorrogada y rehabilitada, y centra la atención en el desarrollo de la curatela, institución que pasa a considerarse como la medida judicial idónea para el apoyo de las personas con discapacidad.

La curatela se concibe como una institución de ayuda gradual en el ejercicio de la capacidad jurídica que precisa que se establezcan los actos concretos para los que la persona requiere de apoyo y, solo en último término, se prevé la posibilidad de atribuir al curador funciones representativas. Además, se establece que las medidas de apoyo acordadas serán revisadas periódicamente por la autoridad judicial para garantizar que atiendan adecuadamente a la situación de la persona.

Por su parte, en el ámbito procesal, la nueva ley pretende que el sistema previsto en la Ley de la Jurisdicción Voluntaria («LJV») pase a ser el sistema preferente, acudiéndose al procedimiento de la Ley de Enjuiciamiento Civil («LEC») solo cuando exista oposición en el expediente previo de jurisdicción voluntaria se regirá el procedimiento por lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil («LEC»).

 

 

Modificación de la normativa catalana:

Tras la reforma estatal, la Generalitat de Cataluña se vio obligada a la aprobación del Decreto Ley 19/2021, mediante el que viene a resolver de forma provisional el vacío que deja para los sometidos a la ley sustantiva catalana las profundas modificaciones de orden procedimental introducidas por la mentada ley estatal. El ejecutivo catalán se ha impuesto la obligación de aprobar en el plazo de doce meses una modificación completa del Libro Segundo del Código Civil de Cataluña (CCCat).

Es decir, el Decreto Ley 19/2021 se centra en salvar transitoriamente el vacío generado por la modificación de la LJV y la LEC a través de la reformulación de los artículos 226-1 a 226-7 del CCCat.

Mediante esta reforma, también se eliminan las figuras de la tutela y la potestad parental prorrogada, rehabilitada, pero difiere de la regulación estatal al eliminar la curatela y consagrar la figura de la asistencia como el instrumento principal mediante el que prestar apoyo a la persona con discapacidad.

De modo similar que la curatela en la legislación común, la asistencia en Cataluña se concibe como una figura flexible que debe ser aplicada como un abanico de facultades en función de las necesidades que precise la persona incapaz.

El nuevo articulado prevé dos formas de designación de la asistencia: i) por designación judicial, mediante solicitud del propio interesado o de las personas legitimadas, y ii) por designación notarial por parte de la propia persona.

Esta posibilidad de designación notarial es una de las reformas más relevantes puesto que, ahora, una persona en previsión o apreciación de un estado de incapacidad podrá ordenar en escritura pública - que deberá inscribir en el registro civil – la designación de las personas que deberán asistirla y el contenido y funcionamiento de la asistencia. En circunstancias excepcionales, la autoridad judicial podrá prescindir de esta designación o modificarla si las circunstancias lo aconsejan.

En el procedimiento que conduzca a la designación judicial de la persona que deba ejercer la asistencia será necesario respetar la voluntad, deseos y preferencias de la persona, debiendo recabarse la mayor información posible de las personas de su confianza a fin de conocer esta voluntad si el interesando no pudiera expresarla. El nombramiento deberá inscribirse en el registro civil y deberá ser revisado de oficio, con carácter general, cada tres años.

A fin de compatibilizar los nuevos preceptos con los que persisten en el sistema, el Decreto establece que todas las referencias hechas a la tutela, curatela y potestad prorrogada se han de entender hechas al nuevo sistema.  A su vez, no se podrán constituir nuevas tutelas, curatelas ni potestades parentales a partir de la entrada en vigor de esta norma y las constituidas anteriormente se mantienen en vigor hasta su revisión (adaptación al nuevo régimen). En este sentido, la revisión podrá ser solicitada en cualquier momento por las personas sometidas a la medida y las que ejercen algún cargo sobre ellas. Si esta solicitud no se realiza, la revisión se hará de oficio por la autoridad judicial o a instancia del Ministerio Fiscal, dentro del plazo de tres años desde la entrada en vigor de este Decreto Ley.

Las modificaciones son, pues, sustanciales, por lo que habrá que ver cómo se van implementando a partir de ahora y si, como se pretende, se van a salvaguardar los intereses de la persona “incapaz” y si esta se verá completamente protegida. 

10.11.2021

El pasado 27 de octubre se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el Decreto-Ley 24/2021, de 26 de octubre, de aceleración del despliegue de las energías renovables distribuidas y participadas.

La medida principal del Decreto-Ley, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, es la modificación del Decreto ley 16/2009, de 26 de noviembre, de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso a las energías renovables, para introducir medidas que mejoren la aceptación social de los proyectos de energías renovables, compatibilizar la actividad agraria con la producción de energías renovables y velar por la conservación de la biodiversidad, la ordenación territorial y el desarrollo sostenible del medio rural.

Al respecto, es de destacar que el Decreto-Ley introduce un nuevo artículo, el 9bis, al Decreto Ley 16/2019, de 26 de noviembre, en virtud del cual se establece que, en los proyectos de parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas de potencia superior a 5 MW, situados en tierra y en suelo no urbanizable, se requiere que el promotor acredite (i) la disponibilidad o compromiso de disponibilidad de más del 50% de los terrenos agrícolas privados sobre los que se proyecta la instalación y (ii) haber presentado una oferta de participación local.

Dicha oferta de participación local consistirá en ofrecer la posibilidad de participar, al menos en un 20% de la propiedad del proyecto o de su financiación, a las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, radicadas en el municipio en que se pretende ubicar la instalación, o en los municipios limítrofes al mismo o los que pertenezcan a la misma comarca.

Por otro lado, el Decreto-Ley también tiene por objeto (i) modificar la Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático, para prever los objetivos en materia de generación renovable, distribuida y participada en el horizonte de 2030, concretar la forma de evitar la ocupación innecesaria del territorio e incorporar a la planificación energética la necesidad que se realice conjuntamente con la planificación territorial sectorial de las energías renovables; (ii) adoptar medidas de simplificación administrativa en materia de autoconsumo de energía eléctrica; y (iii) crear la Mesa de Diálogo Social de las Energías Renovables.

El texto íntegro del Decreto-Ley puede consultarse en este enlace

 

Más información: Javier García, socio responsable del área de Derecho Público de Toda & Nel-lo. 

 La doctrina tradicional del Tribunal Supremo ha venido indicando de forma reiterada que la situación de enfermedad, o la imputación de bajo rendimiento (como sucede en el caso de la sentencia analizada), no comporta la calificación de nulidad del despido, en base a que:

  • La condición de enfermo no está contemplada en el listado de supuestos de discriminación (refrendado por la STJUE Chacón Navas);
  • El despido debido a la morbilidad del trabajador no es lícito, pero no está contemplado como causa de nulidad;
  • Tampoco es posible considerar el despido por enfermedad como acreedor a la declaración de nulidad por violación de "derechos fundamentales o libertades públicas del trabajador" (como el derecho a la protección de la salud) puesto que no estarían comprendidos en la categoría de los "derechos fundamentales y libertades públicas";
  • Para que el despido pueda ser calificado de nulo, por discriminatorio, es preciso que dicho trabajador sufra algún tipo de discapacidad (no solo enfermedad).

Por tanto, de la doctrina jurisprudencial vigente:

1. La enfermedad por sí misma solo es causa de improcedencia del despido y no de nulidad, puesto que para que la enfermedad pueda sustentar la nulidad debe llevar aparejado un elemento de estigmatización o segregación de quienes la padecen respecto al resto de quienes prestan servicios en el mismo centro empresa.

2. Pero la situación de incapacidad temporal, sin más elementos, no equivale a discapacidad. Si bien, puede producir discriminación la enfermedad que implique discapacidad, aunque para ello es preciso que: se trate de una enfermedad de larga duración, sea conocida por la empresa (es decir, su diagnóstico) y se sitúe como causa de la extinción del contrato.

No obstante todo lo anterior, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en su sentencia de 14 de septiembre de 2021, ha considerado "que la actuación de la empresa constituye una vulneración del derecho a la integridad física (artículo 15 CE), puesto que una 'política de empresa' (HDP 7º y RJ 6º, in fine) tendente a despedir a quien ha estado a menudo en situación de incapacidad temporal es un factor de segregación de quienes se vean en la necesidad de situarse en tal estado, en la medida en que es una amenaza genérica".

De este modo, el hecho de haber despedido a quien se ha encontrado "a menudo" en situación de incapacidad temporal, ha sido declarado como despido nulo.

 

Más información: Jordi Bou, abogado del área de Derecho Laboral de Toda & Nel-lo. 

Tras las modificaciones introducidas por el Real Decreto 203/2021, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, las notificaciones y comunicaciones de la Agencia Tributaria están disponibles en la DEHú que sustituye a la DEH.

No obstante, con el fin de garantizar un plazo de adaptación, hasta el 4 de abril de 2022 convivirán los dos sistemas y, hasta esa fecha, la Agencia Tributaria notificará a través de la DEH y de la DEHú. Una vez finalizado el plazo transitorio, la DEH quedará obsoleta y las notificaciones solo se realizarán por el sistema de la DEHú.

Adicionalmente, también con la idea de facilitar el cambio se hizo un volcado masivo de la base de datos de los e-mails de avisos que constaban en la DEH a la DEHú, por tanto, los contribuyentes ya podrían recibir las notificaciones a través del nuevo sistema.

Sin embargo, ese traspaso no se ha realizado en la mayoría de los contribuyentes. Por tanto, recomendamos entrar en la DEHú a través del portal Red Sara y verificar si en los datos de contacto consta efectivamente algún e-mail de aviso. En caso de que no conste ninguno deberían darse de alta los datos de contacto donde se quieran recibir los avisos.

Para acceder a las notificaciones depositadas por la Agencia Tributaria en la DEHú se realiza a través de dos vías:

Por último, a través de la DEHú también se recibirán las notificaciones de otros organismos del ámbito estatal, autonómico y local, cuyo listado completo puede descargarse a través del portal Red Sara.

 

Más información: Silvia Cembrano, abogada del área de Derecho Tributario de Toda & Nel-lo.

Avui, 5 d'octubre de 2021, s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’acord de suspensió (“moratòria”) de la tramitació d’instruments de planejament, de gestió i de llicències en un conjunt d’àmbits de sòl urbanitzable i de sòl urbà de diversos municipis del litoral català, entre Malgrat de Mar i Alcanar, aprovat per la Comissió de Territori de Catalunya el passat 29 de setembre de 2021.

Es tracta d’una suspensió potestativa prèvia a l’aprovació inicial del futur Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral de Malgrat de Mar a Alcanar (PDU). Concretament afecta àmbits situats als municipis litorals de les comarques del Maresme (excepte Montgat), el Garraf, el Baix Penedès, el Tarragonès, el Baix Camp (incloent Vinyols i els Arcs), el Baix Ebre i el Montsià, tot excloent els del Barcelonès i el Baix Llobregat, ja que aquests seran “revisats”, en el seu cas, pel futur PDU metropolità.

En aquests àmbits (veure enlaç als plànols de suspensió a baix), la Generalitat ha acordat suspendre “la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també de suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en els àmbits inclosos en el plànol de suspensió de llicències”.

La suspensió tindrà un termini màxim de vigència inicial d’un any, que podrà ser prorrogat un any més si l’acord d’aprovació inicial del futur pla director urbanístic (PDU) confirma l’afectació de l’àmbit que es tracti.

En el mateix acord de suspensió s’aprova sotmetre el document d’Avanç d’aquest PDU a un termini d’informació pública d’un mes. Segons la Memòria d’aquest document (pàg. 8), el futur PDU establirà uns criteris i definirà “les actuacions de modificació o extinció susceptibles d’aplicació en els sòls objecte d’anàlisi, segons el nivell d’afectació, total o parcial, de cadascun dels criteris”.

Així doncs, l’Avanç indica que el futur PDU podrà classificar com a sòl no urbanitzable terrenys que actualment estan classificats com a sòl urbà o sòl urbanitzable, en la mateixa línia del que ja ha previst el Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí, aprovat el passat 28 de gener de 2021. Per altra banda, també en la mateixa línia del PDU del litoral gironí, la Memòria de l’Avanç del PDU afirma que el futur pla també contindrà una normativa d’integració paisatgística.

Plànols dels àmbits afectats per la suspensió:

 

Més informació: Pol Fontboté, advocat de l'àrea de Dret Públic de Toda & Nel-lo.