Como en años anteriores, es posible solicitar en la AEAT un periodo durante el que no se reciban notificaciones a través del buzón electrónico. Se pueden seleccionar un máximo de 30 días (“días de cortesía”) con una antelación mínima de 7 días naturales al primer día en que vaya a surtir efecto y pueden ser modificados una vez solicitados, con la misma antelación mínima.

La elección de los días será de libre elección y sin necesidad de que sean seguidos, es decir, pueden solicitarse alternos y/o por grupos de días.

A la hora de tener en cuenta los días de vacaciones, es importante recordar que, como las notificaciones electrónicas pueden ser emitidas cualquier día y a cualquier hora, incluidos sábados y festivos, al seleccionar los días se deberá incluir el último que se trabaje porque si no podrían recibirse notificaciones hasta las 12 pm de ese día y comenzaría a contar el plazo.

El señalamiento de los días deberá realizarse en la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Una vez hayan sido señalados correctamente, se generará un recibo de presentación como justificante de los días elegidos al efecto.

 

Más información: Lourdes Pérez-Luque, socia del área de Derecho Tributario. 

El pasado 23 de marzo de 2021, la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (AN) dictó un Auto por el que planteó cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) en relación con el artículo 3.1 del Real Decreto-Ley (RDL) 3/2016, precepto que introdujo modificaciones sustanciales en la regulación del Impuesto sobre Sociedades (IS), entre las que destacan las siguientes:

  • disminución de los límites para la compensación de bases imponibles negativas (que pasaron del 70 % al 50 % o al 25 %, en función del importe neto de la cifra de negocios);
  • establecimiento de la obligación de revertir en quintas partes las dotaciones por pérdidas por deterioros de participaciones consideradas deducibles en ejercicios anteriores;
  • fijación de un nuevo límite en la aplicación de las deducciones para evitar la doble imposición interna e internacional para las grandes empresas, con un importe neto de la cifra de negocio de al menos 20 millones de euros;
  • establecimiento de la no deducibilidad de las pérdidas realizadas en la transmisión de participaciones en entidades.

En el referido Auto, la AN razona que existen dudas fundadas sobre la inconstitucionalidad del señalado RDL 3/2016, a la luz de la Sentencia del TC 78/2020 de 1 de julio de 2020 en cuya virtud se declaró inconstitucional y nulo el RDL 2/2016, de 30 de septiembre.

A juicio de la AN, como consideró el TC en el caso del RDL 2/2016, es posible apreciar que las medidas introducidas por el RDL 3/2016 afectan de forma directa al deber de contribución al gasto público, por lo que existen dudas fundadas sobre la validez del instrumento normativo utilizado para su aprobación y, por ende, sobre su constitucionalidad.

Cabe advertir que, considerando la extensión de las medidas que podrían verse afectadas, podría suceder que si el TC declarase inconstitucional la norma incluyese un pronunciamiento para que los efectos de su eventual sentencia se limitasen sólo a las autoliquidaciones que no hubieran ganado firmeza.

 

Puede consultar el texto íntegro del citado Auto aquí.

 

Más información: Mireia de Pol, abogada senior del área de Derecho Tributario. 

La Dirección General de Tributos (DGT), en respuesta a una consulta vinculante, ha aclarado que pueden considerarse exentos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) los vales de comida entregados, como rendimiento de trabajo en especie, a aquellos trabajadores que desempeñan sus funciones total o parcialmente a través de la modalidad de teletrabajo, incluso en los casos en que ejercen sus funciones mediante jornadas continuas.

Además, en la misma consulta, confirma que resultan igualmente exentos los gastos de carácter necesario para la entrega de la comida en el lugar elegido por el trabajador, pero recuerda que, en todo caso, por la comida (incluido el servicio) el importe total exento no puede superar el límite de 11 euros diarios.

Puede consultar el texto íntegro de la consulta aquí

 

Más información: Mireia de Pol, abogada senior del área de Derecho Tributario. 

 

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en una reciente sentencia, de 27 de mayo de 2021 (recurso 182/2019), dictamina ajustado a Derecho descontar de la retribución aquellas impuntualidades del trabajador sin causa justificada e imputables al mismo.

Partiendo de la propia definición del salario que realiza el artículo 26.1 del Estatuto de los Trabajadores, su razón de ser es retribuir el tiempo de trabajo efectivo así como el tiempo de descanso computable como tiempo de trabajo efectivo.

En base a ello, el Alto Tribunal razona que, si el trabajador se retrasa injustificadamente por causa no imputable a la empresa durante un periodo de tiempo en que tenía obligación de prestar servicios, se le puede detraer del salario sin que ello suponga una multa de haber. Entiende que, si bien las multas de haber en la normativa laboral están prohibidas, este supuesto no encaja como tal ya que se está descontando salario que el trabajador no ha devengado y, por tanto, al que no tiene derecho.

No obstante, la opinión mayoritaria de los magistrados no está ausente de voto particular en el cual se considera, a sensu contrario, que dicha práctica es totalmente ilícita. Al no estar amparada por norma legal ni por convenio colectivo se concluye que el trabajador sí había devengado su salario y, consecuentemente, se trata de una multa de haber encubierta. Además, se puntualiza que no se ha acreditado la imposibilidad de recuperar la jornada dejada de realizar en otro momento.

En atención a lo anterior, a nuestro parecer, las circunstancias del caso son determinantes a efectos del pronunciamiento judicial a favor de la empresa. El supuesto de hecho de la sentencia es una empresa de contact center, a la cual, dada la naturaleza de su actividad, las faltas de puntualidad generan un perjuicio directo. La empleadora tiene que prestar sus servicios en unas franjas horarias concretas pactadas con sus empresas clientes sin que quepa que el trabajador pueda compensar dichas impuntualidades en otra franja horaria distinta.

Otro pronunciamiento judicial distinto podría emitirse al respecto, si con arreglo a la actividad empresarial y a las funciones que desempeñe el trabajador impuntual puede este compensar su defecto de jornada con posterioridad sin que se derive un perjuicio para la empresa. En ese caso, el tiempo de trabajo efectivo equivaldría a la jornada pactada y un descuento salarial por faltas de impuntualidad podría entenderse como injustificado.

 

Más información: Jordi Bou, abogado del área Laboral de Toda & Nel-lo. 

07.07.2021

La cuestión planteada en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina de 18/05/2021 es si la demanda interpuesta por el trabajador estaba o no caducada, de conformidad con lo previsto en el artículo 138.1 de la Ley reguladora de la jurisdicción social (LRJS).

De conformidad con el artículo 138.1 LRJS, el plazo de caducidad para que el trabajador impugne la modificación sustancial de condiciones de trabajo empieza a computarse desde la notificación de la decisión empresarial al trabajador, aunque la empresa no haya seguido el procedimiento del artículo 41 ET ni la notificación se realice conforme a lo establecido en ese precepto.

No obstante, algunas sentencias, en virtud de lo establecido al final del precitado articulo 138, cuando no se había seguido el procedimiento establecido, señalaban que la prescripción era de un año ("sin perjuicio de la prescripción en todo caso de las acciones derivadas por el transcurso del plazo previsto en el apartado 2 del artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores").

Sin embargo, en la sentencia recurrida, pese a que reconoce que la notificación efectuada al trabajador no "se le han dado a conocer las causas por las que la empresa adoptaba el cambio de los cuadrantes de trabajo", el plazo de caducidad de veinte días "aunque no se haya seguido el procedimiento" del artículo 41 ET (artículo 138.1 LRJS) es de 20 días hábiles.

Atendiendo al alegato del trabajador por el que "no tenía por qué conocer que la modificación de los cuadrantes de trabajo iba a ser definitiva", declara el Tribunal que, el artículo 138.1 LRJS, no condiciona el comienzo del cómputo del plazo de caducidad de la acción a que se notifique la duración de la medida; tan solo exige la notificación de la decisión empresarial y, en el presente caso, la modificación fue comunicada al trabajador.

En sínstesis, lo determinante en el caso es que se realice la notificación a la persona trabajadora afectada sin que condicione tal hecho que "los sindicatos ESK y ELA remiten correo electrónico a la dirección de la empresa demandada, denominado reclamación previa y donde denuncia  una supuesta modificación unilateral de turnos y horarios" pues la acción de impugnación de modificación sustancial de condiciones de trabajo no precisa realizar reclamación previa (o acto de conciliación) ex. Articulo 64 LRJS, por lo que lo relevante es que exista esa notificación expresa al trabajador afectado, y en consecuencia, desde la notificación, nacen los 20 días para impugnar la medida.

 

Más información: Jordi Bou, abogado del área Laboral de Toda & Nel-lo.

06.07.2021

La regulación de las relaciones laborales y la utilización de los medios puestos a disposición de los trabajadores para realizar sus funciones profesionales suscita muchas dudas y una reciente sentencia de Tribunal Supremo nos arroja luces sobre este asunto que no acaba de estar resuelto.

Están en juego el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, Derechos fundamentales que se hayan reconocidos en el art. 18.1 de la Constitución, de ahí la relevancia de las consecuencias de su posible vulneración.

El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 20.3, legitima al empresario para que adopte las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por parte del trabajador de sus obligaciones y deberes laborales respetando la dignidad humana de dichos trabajadores.

El debate está servido pues, tomando como base la normativa laboral, en principio, es lícita la adopción de ciertas medidas por parte del empresario encaminadas a la averiguación de actividades que lleven a cabo los trabajadores durante el desarrollo de su jornada laboral si las mismas suponen un perjuicio en el desarrollo de la actividad laboral, siempre que ello no dañe o perjudique los derechos fundamentales del trabajador. Así pues, nos encontramos, por un lado, con el deber de control por parte de los empresarios y, por otro lado, con el derecho a la intimidad y el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones de los que son titulares los trabajadores y que, por tratarse de derechos fundamentales, no pueden ser sacrificados por la simple suscripción de un contrato de trabajo.

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en diversas ocasiones al respecto, acotando los supuestos en los que las restricciones en los derechos fundamentales de los trabajadores están justificadas y siempre que la injerencia en el derecho fundamental del trabajador se produzca respetando el principio de proporcionalidad.

La sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, sec. 1ª, de 22 de abril de 2021, nº 328/2021, rec. 715/2020 concluye que "Ni la compartida utilización de las claves corporativas, ni la definición en el convenio colectivo, como infracción disciplinaria grave, de la utilización de los medios productivos puestos a disposición del trabajador, son suficientes para legitimar la grave intromisión del empleador en la cuenta particular del empleado", lo que delimita la proporcionalidad que exige el Tribunal Constitucional. 

Añade la sentencia que "el trabajador que conoce la prohibición de utilizar para fines particulares los ordenadores puestos a su disposición por la empresa y, pese a ello, incumple ese mandato, incurre en una infracción que habrá de ser sancionada en los términos que son propios de la relación laboral. Pero esa infracción no priva al trabajador que incurre en ella de su derecho a definir un círculo de exclusión frente a terceros, entre los que se incluye, desde luego, quien le proporciona esos medios productivos".

Así pues, queda claro que la hipotética comisión del trabajador de una infracción disciplinaria grave derivada de la indebida utilización del ordenador puesto a su disposición por la empresa, no legitima la intromisión del empresario en los correos electrónicos en una cuenta privada del trabajador.

Dicho esto, los magistrados del Tribunal Supremo, en línea con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la propia Sala de lo Social del Tribunal Supremo, no cuestionan la posibilidad de pactar una reserva de esa capacidad de fiscalización y señalan que "empresario y trabajador pueden fijar los términos de ese control, pactando la renuncia, no ya a la intimidad, sino a la propia inviolabilidad de las comunicaciones", y que "allí donde exista acuerdo expreso sobre fiscalización, se estará excluyendo la expectativa de privacidad que, incluso en el ámbito laboral, acompaña a cualquier empleado".

En conclusión, para excluir la expectativa de privacidad de los medios puestos a disposición del trabajador y poder así ejercer, por parte del empresario, las medidas de vigilancia y control que le legitima la propia normativa laboral, es necesario que se fijen los términos del control y fiscalización de dichos dispositivos, y se pacte de forma expresa y consciente la renuncia, no ya a la intimidad, sino a la propia inviolabilidad de las comunicaciones.  Solo así estaremos ante una fiscalización lícita de los medios puestos a disposición de los trabajadores.

 

Más información: Berta Casas, abogada senior del área de Compliance de Toda & Nel-lo. 

05.07.2021

El Tribunal Supremo (TS) declara, en la sentencia de 09/06/2021, que el tiempo utilizado por el trabajador desde su domicilio hasta la llegada del primer cliente y desde que abandona el último cliente hasta que llega a su domicilio, es tiempo de trabajo.

El criterio no es novedoso puesto que ya en STJUE de 10 de septiembre de 2015 se establecía que "cuando los trabajadores que se hallan en circunstancias como las controvertidas en el litigio principal hacen uso de un vehículo de empresa para dirigirse desde su domicilio a un cliente asignado por su empresario o para regresar a su domicilio desde el centro de tal cliente y para desplazarse de un cliente a otro durante su jornada laboral, debe considerarse que estos trabajadores permanecen "en el trabajo", en el sentido del artículo 2, punto 1, de la Directiva 2003/88, el tiempo destinado al ejercicio de la actividad de instalación y de mantenimiento de sistemas de seguridad, lo que tendría como efecto la desnaturalización de este concepto y el menoscabo del objetivo de protección de la seguridad y de la salud de estos trabajadores".

Sin embargo, el criterio de la referida sentencia del TJUE nacía del hecho de que la compañía en cuestión clausuraba el centro de trabajo y -tan solo- quedaban los trabajadores con los vehículos de empresa. En consecuencia, podía interpretarse que, en tanto que el trabajador no disponía ya de centro de trabajo físico, su centro pasaba a ser el vehículo de empresa y, entonces, en el momento en el que el trabajador se montaba en él se iniciaba su jornada laboral.

En cambio, en la actual sentencia del TS se señala que cuando la actividad de la empresa se realiza exclusivamente en el domicilio de los clientes y es imprescindible que los trabajadores se desplacen a dichos domicilios -prefijados por la empresa el día anterior- para desarrollar su actividad y lo hacen en el vehículo facilitado por la empresa, los desplazamientos tienen la consideración de tiempo de trabajo.

Por tanto, es irrelevante que en el asunto de la STJUE la empresa hubiera procedido al cierre de todas las oficinas (lo que no ha sucedido en el asunto ahora examinado por el TS), pues, aunque las oficinas permanezcan abiertas, la empresa mantenga una red de delegaciones repartidas por todo el territorio nacional o los trabajadores acudan entre 8 y 9 veces al año a las Delegaciones territoriales para la realización de actividades de carácter instrumental, lo que se está examinando es la naturaleza del periodo transcurrido hasta que el trabajador llega al domicilio del primer cliente y si ese lapso temporal es o no tiempo de trabajo, habiéndose alcanzado la convicción de que la respuesta es afirmativa.

Por ello, cuando la actividad a la que se dedica la empresa únicamente puede realizarse en el domicilio de los clientes, el desplazamiento directo de los trabajadores desde su domicilio (y vuelta al finalizar la jornada) tiene la consideración de tiempo de trabajo.

 

Más información: Jordi Bou, abogado del área Laboral de Toda & Nel-lo.

La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en fecha 22 de junio de 2021, ha dictado su sentencia sobre los asuntos acumulados C-682/18, Frank Peterson vs YouTube y C-683/18 Elsevier Inc. vs Cyando AG, mediante la cual ha establecido que los operadores de plataformas en línea no hacen por sí mismos una comunicación al público de aquellos contenidos protegidos por derechos de autor, siendo, por tanto, los usuarios, los responsables de su puesta de forma ilegal en las plataformas de alojamiento e intercambio de archivos.

Esta sentencia trae causa de dos asuntos nacidos ante la jurisdicción alemana y versan sobre unos hechos idénticos, resumiéndose estos en la hipotética responsabilidad de los operadores de plataformas de contenido “YouTube” y “Cyando” ante una posible vulneración de los derechos de autor por la puesta en línea de contenido protegido en sus plataformas sin el consentimiento de sus titulares.

El Tribunal dilucida que, si el operador de una plataforma de intercambio de vídeos o de una plataforma de alojamiento y de intercambio de archivos, en la que los usuarios pueden poner ilegalmente a disposición del público contenidos protegidos, realiza, por sí mismo, una comunicación al público de esos contenidos, en el sentido de la referida disposición.

El Tribunal indicó que son los usuarios y no el operador quienes, actuando bajo su propia responsabilidad, suben a la plataforma los contenidos potencialmente ilícitos. De modo que son los usuarios quienes eligen de forma privada intercambiar contenidos y, en su caso, con quién. En consecuencia, son los usuarios de las plataformas quienes realizan un acto de comunicación per se. No obstante, a su vez, señala el papel ineludible que los operadores desempeñan en la puesta a disposición de contenidos efectuada por sus usuarios en sus plataformas.

Sin perjuicio del papel que desempeñan los operadores, determina que para el nacimiento de la responsabilidad de los operadores es necesario que estos actúen de forma deliberada y tengan conocimiento expreso de la puesta a disposición al público de contenido potencialmente ilícito que sus usuarios están subiendo o intercambiando en sus plataformas. Es decir, se requiere pleno conocimiento por parte del operador para poder afirmar que realiza un acto de comunicación al público de contenido ilícito.

En este sentido, establece que el operador actúa con pleno conocimiento cuando se abstiene de aplicar las medidas técnicas apropiadas que cabe esperar de un operador normalmente diligente en su situación con el fin de combatir de manera creíble y eficaz las violaciones de los derechos de autor en esa plataforma.

En este punto, concluye el Tribunal que YouTube no interviene ni en la creación ni en la selección del contenido que se sube a su plataforma, que se lleva a cabo mediante un procedimiento automatizado informando a sus usuarios de las condiciones generales de uso y la prohibición de subir contenido protegido y estableciendo diversos dispositivos que previenen y hacen cesar las infracciones de derechos de autor que se producen.

Por consiguiente, en igual sentido se pronuncia en la demanda contra Cyando, indicando que esta no procede a la creación, selección visionado o control del contenido que se sube a su plataforma, precisando que en sus condiciones de uso anuncia a los usuarios la prohibición de vulnerar cualesquiera derechos de autor.

Con base en los hechos anteriores, concluye el Tribunal que el operador de una plataforma de intercambio de vídeos o de una plataforma de alojamiento y de intercambio de archivos contribuye en la puesta a disposición ilícita de un contenido protegido en su plataforma cuando se abstiene de eliminar o bloquear el acceso a él con prontitud, o cuando se abstiene de aplicar las medidas técnicas apropiadas que cabe esperar de un operador normalmente diligente en su situación con el fin de combatir de forma creíble y eficaz violaciones de los derechos de autor en esa plataforma, o también cuando participa en la selección de contenidos protegidos y comunicados ilegalmente al público.

Respecto a la responsabilidad de los operadores que prestan un servicio de almacenamiento de datos por la subida de contenido ilícito a su plataforma y los supuestos de exención de esta responsabilidad, se plantea al Tribunal si en el ámbito de aplicación pueden entenderse incluidos aquellos operadores a través de cuyas plataformas los usuarios suben contenido ilícito.

El Tribunal, valiéndose de los elementos de juicio sobre los que determina que YouTube no es responsable del contenido ilícito que los usuarios de su plataforma suben a la misma, determina que, el proceder de YouTube y Cyando, encaja en los supuestos de exención que contempla la ley.

Sentado lo anterior, precisa que, para que los operadores puedan beneficiarse de los supuestos de exención, el papel que desempeñen tiene que ser neutro, es decir, meramente técnico, automático y pasivo (que implica la falta de conocimiento o control de los contenidos que almacena).

Apunta que el mero hecho de que el operador sea consciente de que su plataforma puede utilizarse para intercambiar contenidos que pueden vulnerar derechos de propiedad intelectual, teniendo un conocimiento abstracto de la puesta a disposición ilícita de contenidos, no implica la responsabilidad en las consecuencias que acarrean la vulneración de los derechos de autor que pudieran derivarse.

En este punto dispone que no se puede imponer a los prestadores de los servicios una obligación general de supervisar los archivos que transmiten o almacenan o la obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que revelen actividades ilícitas en sus plataformas. 

02.07.2021

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en su sentencia núm. 2273/2021, resuelve un recurso de suplicación donde el Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona, declaraba improcedente el despido objetivo de un trabajador residente en Argentina que recibe una oferta de trabajo de una empresa española, trasladándose a Barcelona para que seis meses después, y en plena pandemia COVID-19, la empresa resuelva su contrato de trabajo sin tener derecho a percibir prestación por desempleo. El Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona entiende que la indemnización de 33 días de salario por año de servicio no es adecuada ni disuasoria y decide aumentar la indemnización a la cuantía correspondiente a nueve mensualidades del trabajador, lo que supone un aumento de 4.200 a 60.000 €.

La empresa decide recurrir esta sentencia al considerar que el pronunciamiento ampliatorio de la indemnización legal por despido improcedente superior al fijado por el legislador supone una violación del artículo 10 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en relación con el artículo 24 de la Constitución.

El TSJ de Cataluña en primer lugar recuerda que la indemnización por despido está tasada legalmente, lo que comporta que no tengamos que acudir a parámetros cuantificadores del daño, como podría ser el daño emergente, el lucro cesante o los daños morales ocasionados, sino que su cuantía viene fijada en los artículos 50, 53 y 56 del Estatuto de los Trabajadores. De esta forma, el resarcimiento por la resolución del contrato se determina de forma baremada en función del salario y de los años de prestación de servicios, con unos topes máximos. Esta regla general solo tiene una excepción: cuando la decisión extintiva haya sido adoptada vulnerando derechos fundamentales y otras libertades públicas, o cuando se adopte por motivos discriminatorios.

El magistrado de primera instancia entiende que la indemnización resultante, si se siguen los límites legales, no tendría efecto disuasorio ni seria adecuada con las circunstancias concurrentes, lo que comportaría una vulneración del Convenio 158 OIT y de la Carta Social Europea, motivo por el cual realiza un juicio de convencionalidad y da prioridad a la norma internacional sobre la nacional. En este punto, el TSJ establece que cualquier juez ordinario puede desplazar la aplicación de una norma nacional con rango de ley para aplicar de modo preferente la disposición contenida en un tratado internacional. Este desplazamiento de la normativa nacional para un supuesto concreto no supone la expulsión de la norma interna del ordenamiento, sino su mera inaplicación en el caso concreto.

El artículo 10 del Convenio 158 OIT establece que, si la terminación de la relación laboral es injustificada y no fuese posible anular la resolución contractual readmitiendo al trabajador, se tendrá que proceder al pago de una indemnización adecuada.

El tribunal catalán considera que, ante esta contradicción entre la normativa nacional y la internacional, será posible y lícito, en determinados casos, efectuar un juicio de convencionalidad sobre la adecuación de la indemnización. En estos supuestos resultaría posible que la indemnización supere los límites legales, pero, para ello, será necesaria la concurrencia de 2 requisitos coincidentes:

  • La notoria y evidente insuficiencia de la indemnización por resultar manifiestamente exigua y,
  • que sea clara y evidente la existencia de una ilegalidad, fraude de ley o abuso de derecho en la decisión empresarial extintiva del contrato.

Si se cumplen estos dos requisitos, sería posible que, en aplicación del artículo 10 del Convenio 158 OIT, se superen los umbrales legales. Sin embargo, esta posibilidad inusual ha de adecuarse a unos límites objetivos, pues en caso contrario se incurriría en posibles subjetivismos que conllevarían desconcierto entre los operadores jurídicos. Para evitar cualquier atisbo de arbitrariedad y toda posible situación de indefensión, no resultaría descartable que “la indemnización adecuada” pueda integrar otros conceptos adicionales a la cuantía cuando la conducta extintiva del empleador cause perjuicios al trabajador, como sería incluir los daños y perjuicios ocasionados, siempre que estos se cuantifiquen en la demanda y se acrediten en el acto del juicio, lo que descarta que el órgano judicial pueda aumentar de oficio la indemnización sin motivación alguna.

 

Más información: Jordi Bou, abogado del área de Derecho Laboral.

01.07.2021

Los juzgados mercantiles de Barcelona han demostrado una vez más ser punteros en la innovación del Derecho Concursal al plantear un nuevo acuerdo en relación con la tramitación especial del concurso consecutivo sin masa (o segunda oportunidad).

El 9 de junio, los jueces de lo Mercantil de Barcelona adoptaron un acuerdo sobre la tramitación del concurso consecutivo sin masa, para acelerar la tramitación de la exoneración del pasivo insatisfecho. Una iniciativa que nace como respuesta a la necesidad de ofrecer una tramitación rápida a determinados concursos consecutivos que están siendo tramitados de un modo similar a la de los concursos que presentan bienes para liquidar, con la consecuencia práctica de que muchos de ellos están tardando meses en ser concluidos sin que exista resolución judicial trascendente.

El planteamiento de este acuerdo es animar a aquellos exempresarios (exadministradores, exmiembros de un Consejo de administración, exautónomos) a que inicien un proceso de Segunda Oportunidad para que obtengan una nueva oportunidad de emprender.

 

Las razones del acuerdo

1. Los Juzgados, a pesar de que algunos están colapsados, siguen funcionando con un buen ritmo. Iniciar el trámite en otro momento puede suponer que esa persona física permanezca declarada en concurso durante años, cuando ahora podría obtener el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI) antes.

2. Algunos de estos concursos consecutivos puede que sean sin masa, y tendrán una tramitación más rápida.

4. La Directiva 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, plantea que la Segunda Oportunidad se convierta más que en un derecho en una obligación.

No hay que olvidar que la moratoria concursal provocará la destrucción de parte del tejido empresarial de nuestro país, lo que supone la destrucción de muchos de puestos de trabajo. Aquellas personas que en algún momento emprendieron, deben aprovechar este momento para tramitar un proceso de segunda oportunidad, ya que supone dar una oportunidad a alguien que volverá a emprender, volverá a constituir un negocio, una empresa y, por consiguiente, creará nuevos puestos de trabajo.

Requisitos

Esta tramitación se aplicará en aquellos concursos consecutivos solicitados al amparo de los arts. 705 y ss. del TRLC, con los siguientes requisitos:

1. Que la solicitud sea realizada por el mediador concursal, sólo o juntamente con el deudor.

2. Que sea considerado un concurso sin masa activa.

3. Que vaya encaminado a la exoneración del pasivo insatisfecho, con informe inicial favorable del Mediador concursal solicitante.

 

No se considerarán bienes realizables

1. Salario, aunque sea superior al SMI.

2. Tesorería (se utilizará para pagar a los acreedores)

3. La vivienda habitual del concursado cuando se den las condiciones fijadas en las conclusiones alcanzadas en el Seminario de 15 de junio de 2016 (vivienda grabada con hipoteca siempre que el importe de la deuda garantizada pendiente de amortizar sea superior al del bien y el crédito o préstamo hipotecario esté al corriente de pago y se estén atendiendo también los demás créditos contra la masa).

En base al art. 472 del TRLC el juez dictará un auto en el que designará un administrador concursal. No se abrirá ni la sección 3ª, ni la 4ª, ni la 5ª, ni la 6ª.

El protocolo respeta los intereses y derechos de los acreedores, y se crea con la finalidad de evitar eternizar este tipo de procedimientos, y ofrecer un trámite más ágil que permita resolverlos en cuestión de meses.

En definitiva, la segunda oportunidad para las personas físicas empresarias se sitúa como una gran alternativa para solucionar sus problemas de insolvencia, porque tienen la garantía de que el proceso finalizará en un plazo muy corto, tan sólo unos meses. El objetivo es la obtención del BEPI (beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho), ya que permite la condonación de las deudas.

 

Por Miriam Magdalena, socia responsable del área de Insolvencias y concursal.

La sentencia núm. 287/2020, de 20 de noviembre, dictada por la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha sido muy controvertida desde que trascendiera su contenido, y es que, en ella, se establece que, si el último día del plazo de presentación de una demanda es inhábil procesalmente, dicho plazo no se prorroga hasta el siguiente día hábil, al poder ser presentada telemáticamente.

Para entender el alcance de la anterior consideración, resulta imprescindible recordar brevemente la diferencia entre los plazos sustantivos y los procesales.

Los plazos procesales son aquellos que tienen su origen -o punto de partida- en una actuación procesal. Es decir, estos plazos son los que comienzan a partir de una notificación, citación, emplazamiento o requerimiento de un Juzgado. Se regulan en la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (LEC) y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ).

Los plazos sustantivos, en cambio, son aquellos que las normas sustantivas (como, por ejemplo, el Código Civil (CC)) asignan para el ejercicio de una determinada acción. En otras palabras, son los plazos de los que se dispone para iniciar un proceso judicial en ejercicio de determinadas acciones, y que se refieren a los conocidos plazos de prescripción y de caducidad.

El fondo de la problemática analizada por la Audiencia Provincial de Zaragoza radica en que, mientras que en los plazos procesales se excluyen los días inhábiles, en los plazos sustantivos esto no ocurre, ya que así lo establece expresamente el artículo 5 del CC.

Antes de la entrada en vigor de la LEC actual, cuando no se podía presentar un escrito en las horas de audiencia del Juzgado (de 8:00 h de la mañana a 15:00 h de la tarde), los escritos se podían presentar ante el Juzgado de Guardia correspondiente hasta las 24 h de ese mismo día. De esta forma, se respetaba el derecho de disponer de los plazos -tanto procesales, como sustantivos- en su integridad, ya que se disponía de todas las horas del día en que expiraba el plazo para presentar el correspondiente escrito.

Sin embargo, con la entrada en vigor de la LEC actual, dejó de ser posible presentar escritos en los Juzgados de Guardia, lo que fue solventado con el famoso "día de gracia" previsto actualmente en el artículo 135.5 de la LEC, que permite la presentación de escritos sujetos a plazo hasta las 15 h del día hábil siguiente al del vencimiento.

Ahora bien, en principio, esta norma solo debería ser de aplicación a los plazos procesales y no a los sustantivos, puesto que estos últimos no se regulan por lo previsto en la LEC.

En consecuencia, con la entrada en vigor de la LEC actual parecía que, para los plazos sustantivos, desaparecía la posibilidad de disponer por entero del día de vencimiento, es decir, de la totalidad del plazo, lo que resulta contrario al derecho a la tutela judicial efectiva y al derecho de acceso a la jurisdicción, tal como tiene señalado el Tribunal Constitucional.

Es evidente que esto suponía un problema, razón por la cual esta cuestión fue abordada por la Sección 1ª de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en su sentencia núm. 287/2009, de 29 de abril.

En dicha sentencia, el Tribunal Supremo, pese a afirmar que en el cómputo de los plazos sustantivos no se excluyen los días inhábiles, considera que la acción judicial que pone en movimiento el derecho que se ostenta sólo se materializa a través de la presentación de una demanda, que entiende que es un acto de naturaleza procesal, pues es lo que da lugar al inicio de un proceso.

De esta forma, para permitir que el titular de un derecho sujeto a plazo sustantivo pueda disponerlo en su integridad, el Tribunal Supremo consideró que el artículo 135 de la LEC también era de aplicación para la presentación de escritos sujetos a plazo sustantivo. Es decir, se podía presentar una demanda en el "día de gracia" y respetar igualmente el referido plazo sustantivo.

Este criterio fue posteriormente reiterado por el Tribunal Supremo en numerosas ocasiones y ha sido el criterio seguido por toda la jurisprudencia hasta el momento.

Ahora, la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza razona en la sentencia referida que, con la entrada en vigor de la Ley 18/2011, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, especialmente por lo dispuesto en su artículo 32.3; y la Ley 42/2015, de reforma de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, se crea un "nuevo panorama procesal".

Ante este "nuevo panorama procesal", la Audiencia Provincial de Zaragoza considera que la doctrina del Tribunal Supremo sobre la aplicación del "día de gracia" a los plazos sustantivos ya no es necesaria y pierde su razón de ser, al existir hoy en día de medios tecnológicos que permiten la presentación de escritos sin ser necesario para ello acudir presencialmente a las oficinas judiciales para su presentación.

Es decir, la Audiencia considera que ya no existe esa dificultad material, de tal forma que "si la parte lo puede presentar telemáticamente, aunque sea en tiempo procesalmente inhábil, debe así presentarlo si quiere respetar el plazo sustantivo".

Así, según este criterio, a los plazos sustantivos ya no les son de aplicación el día de gracia, por lo que, si el plazo para presentar una demanda finaliza en día inhábil, deberá presentarse igualmente durante ese mismo día, de forma telemática.

Tal criterio seguido por la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza, si bien puede resultar coherente con la referida normativa, ha generado mucha controversia, y son muchas las voces discrepantes que han surgido tras el dictado de dicha sentencia.

A modo de ejemplo, tanto el Colegio de Abogados de Barcelona como el de Madrid han mostrado su preocupación con el contenido de dicha sentencia, pues se “somete a los abogados y procuradores a una inaceptable atadura de tiempos (todas las horas de los 365 días del año)” entendiendo que ello es contrario a los derechos de conciliación profesional, desconexión, y a la vida personal y descanso mínimo de abogados y procuradores.

Por esta razón, parece que la solución alcanzada por la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza no debería ser la definitiva, siendo lo más coherente que se lleve a cabo una reforma legislativa tanto del artículo 5 del Código Civil, como del artículo 135 de la LEC, que permita, con base en un precepto legal, la presentación de demandas en ejercicio de acciones sujetas a plazo sustantivo durante el «día de gracia».

En este sentido, una posible reforma legislativa al respecto adquiere relevancia si se considera que, los plazos no deben ser una cuestión sujeta a interpretación, ya que ello genera una gran inseguridad jurídica.

En cualquier caso, hasta que no se aclare la situación, cuando se trate de plazos sustantivos, lo más prudente es evitar presentar escritos de demanda durante el "día de gracia" y presentar las demandas de forma telemática, aunque el plazo coincida con un día inhábil.

 

Más información: Ramon Isalt, abogado del área de Derecho Procesal. 

La jornada “Los nuevos retos del gobierno corporativo para las empresas familiares”, organizada por el Instituto Gobernanza y Sociedad (ISG) y el Instituto de la Empresa Familiar (IEF) y con el patrocinio de Toda & Nel-lo y Banco Caminos, contó con la participación de expertos en diferentes ámbitos para tratar los temas que afectan a las mejores practicas en la Gobernanza empresarial, que actualmente están en el centro de la estrategia de todas las empresas.

Existe una nueva transformación de los objetivos de las empresas, su implicación con la sociedad, su responsabilidad en el sentido más amplio, no solo respecto a sus stakeholders sino también hacia los ciudadanos. Todos los criterios de gobierno corporativo, de ESG, deben expandirse y arraigarse tanto en el conjunto de la sociedad, como en el conjunto de las empresas, independientemente de su tamaño.

El objetivo de estas jornadas fue analizar cómo el gobierno corporativo impacta en las empresas familiares, cómo éstas están siendo protagonistas de esta transformación, que es una cierta transformación del capitalismo como lo entendíamos hasta hoy. Y también cómo otros protagonistas, como los fondos de private equity, se relacionan desde el punto de vista del gobierno corporativo con las empresas familiares.

La jornada contó con unas palabras de bienvenida por parte del presidente del ISG y Senior Advisor de Toda & Nel-lo, José María Beneyto, del director general ejecutivo del IEF, José Luis Blanco, del consejero delegado de Banco Caminos, Enrique Serra y con la intervención de la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, en su apertura. A continuación siguieron tres paneles de expertos en el que se abordaron temas de gobierno corporativo en relación con la empresa familiar, el caso de los fondos de private equity (con representación de los directivos más punteros en nuestro país), y temas de sostenibilidad, tanto sociales como medioambientaes. Jacobo Ollero, socio de Mercantil e Internacional de Toda & Nel-lo, fue uno de los ponentes durante la mesa redonda titulada "Sostenibilidad. Ante los retos de la sociedad" en la que, junto a directivos de empresas como Telefónica, la consultora Transcendent o la asociación Woman Forward, debatió en torno al nuevo horizonte del gobierno corporativo y la respuesta de las empresas familiares ante los retos actuales de la sociedad en materia de sostenibilidad.  La clausura corrió a cargo de Marc Puig, presidente del IEF.

 

 

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31.05.2021