Actualitat jurídica

El día 25 de mayo de 2023 se publicó en el BOE la mediática “Ley de vivienda”, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación, esto es, el día 26 de mayo de 2023.

La nueva Ley modifica leyes tan importantes como la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como tiene incidencia en temas fiscales respecto al Impuesto de Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre Sociedades, la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

Sin perjuicio de su estudio en profundidad, enumeramos algunos flashes sobre las principales novedades, no exentas de polémica, que la Ley introduce:

• Definiciones: La Ley realiza la definición de vivienda, infravivienda, vivienda protegida y un largo etcétera.

Entre las definiciones que realiza destaca la de “Gran Tenedor” que, si bien se mantiene en la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 m2 de uso residencial, se prevé en la Ley que, en entornos de mercado residencial tensionado, baje hasta titulares de cinco inmuebles urbanos de uso residencial ubicados en dicho ámbito cuando así sea motivado por la comunidad autónoma en la correspondiente memoria justificativa.

• Ampliación de las zonas tensionadas: Los ayuntamientos podrán declarar como zona tensionada de alquiler aquellas en las que el pago del mismo suponga un esfuerzo superior al 30% de los ingresos de los hogares o los precios hayan aumentado un 3% + el IPC en los últimos 5 años.
• Actualización de renta en viviendas alquiladas en zona tensionada: Se prorroga el incremento máximo del 2% a todo el año 2022, se establece el incremento máximo para el año 2024 en el 3% y a partir del año 2025 se realizará la actualización sobre un nuevo Índice de revisión de alquiler todavía no determinado.
• Prórrogas excepcionales de duración del contrato de vivienda vigente:  podrán aplicarse, previa solicitud del arrendatario en situaciones acreditadas de vulnerabilidad o cuando el arrendamiento esté en zona tensionada.
• Honorarios por nuevos arrendamientos de vivienda: tanto si el arrendador es persona física o jurídica deberá correr con los gastos y honorarios por el arrendamiento de la vivienda (hasta ahora esto solo ocurría si el arrendador era de cuenta y cargo del propietario. En la actualidad, esto solo ocurría con las viviendas propiedad de una sociedad mercantil.
• Limitaciones del importe de renta en nuevos arrendamientos de vivienda: la renta pactada al inicio del nuevo contrato no podrá exceder de la última renta de contrato de  arrendamiento de vivienda habitual que hubiese estado vigente en los últimos cinco años en la misma vivienda, una vez aplicada la cláusula de actualización anual de la renta del contrato anterior, sin que se puedan fijar nuevas condiciones que establezcan la repercusión al arrendatario de cuotas o gastos que no estuviesen recogidas en el contrato anterior.
• Demandas de desahucio: Se incrementan los requisitos para la admisión de demandas de desahucio.

No se podrán realizar lanzamientos que no tengan fecha y hora predeterminada, así como se establecen nuevas prórrogas.

• Bonificaciones en IRPF/Impuesto de Sociedades: Se introducen reducciones en la base computable a los efectos del impuesto resultante del alquiler. En el IRPF pasa del 60% al 50% como norma general, pero puede aumentar hasta un 90% en determinados casos.
• Reserva de suelo para vivienda protegida: suben los porcentajes del 30 al 40% en nuevas actuaciones de urbanización y del 10 al 20% en suelo urbano no consolidado.
• Vivienda vacía: se introducen penalizaciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles a propietarios que tengan en propiedad un mínimo de 4 viviendas de hasta el 150% a viviendas que lleven más de 2 años vacías.

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En las próximas semanas organizaremos seminarios presenciales en Barcelona y Madrid para presentar las novedades de la Ley de Vivienda. Si estás interesado/a en asistir, háznoslo saber haciendo clic en el siguiente botón y te enviaremos la información sobre la fecha, hora y lugar de celebración. También, enviando un correo electrónico a comunicacion@todanelo.com.  

La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción establece la obligación de implantar canales de denuncia en las empresas y entidades con 50 o más empleados, así como en las administraciones públicas (incluyendo ayuntamientos, universidades, fundaciones públicas, etc.). La Ley afecta también a los canales de denuncia actualmente en funcionamiento en las empresas, independientemente del número de empleados.

Entre otros aspectos se establece que el canal de denuncias debe garantizar la prohibición de represalias hacia el informante, la confidencialidad en todo el procedimiento y la posibilidad de presentar denuncias anónimas. La Ley prevé que el canal de denuncias pueda ser gestionado por un tercero externo que garantice la confidencialidad y la independencia en la gestión del canal. 
 
En cuanto al procedimiento de gestión de las denuncias, se establecen unos plazos mínimos para la admisión a trámite y para la resolución de las denuncias, evitando así que las investigaciones se alarguen innecesariamente. Todo ello deberá estar recogido en una normativa específica interna en la que se regule la gestión del canal, la adopción de decisiones y el tratamiento de los datos personales. 
 
El incumplimiento de la obligación de implantar un canal de denuncia, o infracciones que supongan vulneración de las garantías de confidencialidad y anonimato, pueden conllevar sanciones de hasta un millón de euros. Por ello es importante revisar los procedimientos de gestión de las denuncias para verificar los controles y garantías establecidos.
 
El plazo para implementar un canal de denuncia o adaptar los existes a la Ley 2/2023 finaliza el próximo 13 de junio para las Administraciones, organismos y entidades públicas, sociedades mercantiles públicas y para las entidades del sector privado a partir de 250 trabajadores. Dicho plazo se extiende hasta el 1 de diciembre para las entidades del sector privado de entre 50 a 249 trabajadores y para los municipios de menos de diez mil habitantes.

El área de Compliance de Toda & Nel-lo tiene amplia experiencia en asesorar a empresas en el diseño, implementación y gestión operativa de canales de denuncia y ofrece servicios de regulación y externalización de los canales, contando con una plataforma adaptable a cada empresa que permite gestionar las comunicaciones cumpliendo con la normativa.

A continuación, una muestra de la plataforma que dispone Toda & Nel-lo para la gestión de las comunicaciones.

El 25 de abril entró en vigor la nueva medida en la lucha contra el fraude fiscal, introducida por el Real Decreto 249/2023, de 4 de abril, que permite a la Administración Tributaria revocar el NIF de aquellas sociedades en las que constate el incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil durante 4 ejercicios consecutivos.

Esta nueva causa se une a las ya existentes, como la falta de presentación del Impuesto sobre Sociedades durante 3 ejercicios consecutivos, la comunicación de actividades económicas inexistentes y domicilios sociales aparentes o falsos, o la imposibilidad de practicar notificaciones en el domicilio durante un período superior a un año tras 3 intentos de notificación, entre otras.

Cabe destacar que la revocación del NIF conlleva importantes efectos para la sociedad afectada puesto que se le priva de (i) operar a nivel bancario; (ii) otorgar escrituras o instrumentos públicos ante notario; (iii) inscribir bienes y/o derechos a su nombre en cualquier registro público y (iv); obtener certificados tributarios. Asimismo, la revocación será publicada en el BOE y supondrá la baja automática en los registros fiscales en los que hubiera figurado.  

En caso de que se produzca la revocación del NIF por la falta de depósito de las cuentas anuales, se podrá rehabilitar si se acredita la subsanación del incumplimiento.

Para evitar el riesgo de revocación del NIF por esta nueva causa, aconsejamos revisar esta situación y, en su caso, poner al día el depósito de las cuentas anuales.

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El considerable aumento del teletrabajo como consecuencia del Covid-19 ha hecho acentuar la necesidad de restructurar la forma y condiciones en las que hasta ahora se concebía el trabajo, dando lugar a nuevos interrogantes frente los que actuar. Esta importancia se ha trasladado principalmente al ámbito domestico y a si la situación de teletrabajo conduce directamente a que cualquier incidente sea calificado de accidente laboral.

Tradicionalmente, la jurisprudencia se ha apoyado principalmente en los arts. 156.3 y 156.4 de la Ley de la Seguridad Social de 1994, que consideran accidente de trabajo las lesiones en tiempo y lugar de trabajo.

En 2006 llegó de manera muy novedosa por entonces al TS un supuesto de hecho en el que un trabajador fallecía como consecuencia de un disparo en el trayecto a su domicilio finalizada la jornada laboral. En él, empezaba cuestionarse si podía entenderse como “tiempo y lugar del trabajo” el trayecto al domicilio después de la jornada.

En el caso concreto, el propio tribunal afirmaba en su ST 2006/739 que no existía una doctrina definitiva y univoca aplicable para tales casos, y decía que debía interpretarse como excluyente la calificación de accidente de trabajado únicamente cuando la agresión obedeciera a motivos ajenos al mismo y próximos a circunstancias entre agresor y agredido. Pero en los casos en los que respondiera a sucesos fortuitos imprevisibles serían de naturaleza indemnizable en todo caso y calificado como accidente laboral.

A lo largo del 2020, con la creciente utilización del teletrabajo, se empezó a notar una mayor dificultad de delimitación del lugar y tiempo de trabajo al que refiere el art. 156.3 RCL 1994/1825, cuando el trabajo se desarrolla a distancia.

Respecto al lugar de trabajo, cabe entender que nos referimos a la oficina a distancia localizada, pero pueden plantearse problemas cuando la lesión tenga lugar fuera de este espacio; por ejemplo, si teletrabajáramos desde nuestra segunda residencia cuando el lugar fijado como de teletrabajo es otro.

Con respecto al tiempo, evidentemente es mayor la dificultad de controlar la jornada en esta modalidad. La jurisprudencia, si bien entiende los descansos incluidos en la jornada por ser trabajo efectivo, excluye otros desplazamientos por encargos personales como la visita al médico. En este aspecto serán de gran importancia aquellos datos que se deriven del mecanismo de control o registro de jornada que tenga la empresa.

Se complica la situación cuando circunstancias anteriores o posteriores al teletrabajo desencadenan la lesión. En este caso, cuando se produzcan inmediatamente antes o después, el nexo causal es tan evidente que deben considerarse como accidente laboral ya que “de no trabajar, no se hubieren dado”.

Uno de los últimos pronunciamientos judiciales al respecto data del 11 de noviembre de 2022 cuando fue presentado ante el TSJ de Madrid el caso de un teletrabajador con horario flexible (de 8:30 a 14:00 horas), que se dirigió a la cocina a las 9:15 y, al coger una botella de agua y esta resbalársele, le ocasionó lesiones en la mano izquierda.

El supuesto de hecho llegó al tribunal frente la desestimación del juzgado de referencia de que los sucesos constituyeran accidente laboral. El TSJ dijo que la organización mediante teletrabajo “no debe suponer una minoración de las garantías y, con ocasión de esto, no deben establecerse distinciones por el hecho de que la actividad se produzca en las instalaciones de la empresa o en su domicilio”.

Tomando de referencia tanto esta como otras sentencias (RJ 2021/2049 y RJ 2020/4560) se analiza, con respuesta positiva, si concurre o no accidente de trabajo cuando se sufren lesiones durante la pausa de descanso o a la salida del trabajo y cuándo permite aplicar la presunción. Los tribunales consideran que hay una estrecha conexión entre el esfuerzo físico y mental de quien presta un actividad, la breve duración y, sobe todo, la necesidad de reanudar inmediatamente la actividad productiva, lo que sugieren que estamos ante un tiempo vinculado al contenido del contrato de trabajo.

En relación con toda la anteriormente jurisprudencia y doctrina expuesta, podemos extraer las siguientes conclusiones en el marco de los accidentes laborales en el teletrabajo:

1) No cabe minorar las garantías propias del trabajador en su relación laboral en ocasión del teletrabajo.

2) Se presumen como accidente laboral aquellas lesiones producidas en tiempo y lugar de trabajo.

3) El tiempo de las lesiones no debe entenderse en un sentido estricto; se entiende que forma parte de él situaciones o lesiones dadas: durante, inmediatamente después o antes, que tengan un nexo causal y que “de no ir a trabajar no se hubieran producido”.

4) Se excluyen del tiempo de trabajo aquellas acontecidas por motivos ajenos a la laboralidad que se fundamentan en circunstancias personales.

5) El lugar de trabajo debe abarcar también todas las instalaciones usadas dentro de la jornada y no solamente la mesa de trabajo. De igual modo sucede en el teletrabajo.

6) Los sucesos fortuitos que tengan un nexo casual con la jornada de trabajo y no respondan a circunstancias próximas entre agresor y agredido, tendrán consideración de accidente laboral.

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La cesión de vehículos por parte de una entidad a determinados empleados ha sido y es un tema recurrente en las actuaciones de comprobación e inspección llevadas a cabo por parte de la Administración, con diversas derivadas que afectan, principalmente, al IVA y al IRPF.

En relación con el IVA, uno de los aspectos más discutidos en los últimos tiempos ha sido la consideración de esta cesión del vehículo como una prestación de servicios onerosa que está sujeta al IVA, por lo que, según el criterio mantenido por la Administración, la entidad debe repercutir al perceptor de la retribución en especie el IVA correspondiente al porcentaje en que deba imputarse su uso para fines particulares, estableciendo al efecto el criterio de disponibilidad para dichos fines, debiendo computar como base imponible el valor de mercado de dicha cesión.

Recientes pronunciamientos, tanto de la Audiencia Nacional (entre otras, sentencia de 29 de diciembre de 2021 - nº de recurso 235/2017 -) como del Tribunal Económico-Administrativo Central (resolución de 22 de febrero de 2022), han confirmado, en contra del criterio antedicho, que solo existe una operación sujeta entre la entidad y el trabajador en aquellos casos en los que el trabajador satisface una contraprestación, basándose en la doctrina establecida por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 20 de enero de 2021 (asunto C-288/2019).

El fundamento que sustenta los citados pronunciamientos es que no puede calificarse como contraprestación el hecho de que el empleado desempeñe un trabajo a cambio de un salario, sino que se exige una verdadera transmisión valorable económicamente por parte del trabajador a la empresa por el uso del vehículo. Es decir, no puede presumirse que existe contraprestación cuando el empleado no realiza ningún pago ni destina una parte de su retribución en metálico para satisfacer dicho uso.

A este respecto, el Tribunal Supremo (TS), mediante Auto de 1 de febrero de 2023, ha admitido la existencia de interés casacional en cuanto a determinar si la cesión del uso de un vehículo por parte de una empresa a un empleado para su uso particular a título gratuito, en el caso de que se haya deducido la cuota de IVA soportada con ocasión de la adquisición del vehículo, es una operación sujeta a dicho impuesto o no.

En su justificación sobre el interés casacional del recurso planteado, el Alto Tribunal afirma que, si bien se ha pronunciado sobre la deducción de las cuotas soportadas para la adquisición de vehículos, no lo ha hecho sobre la sujeción de la cesión de los mismos a los trabajadores en los casos en los que no medie una renta o contraprestación.

Asimismo, afirma el TS que dicha cuestión ha sido objeto de pronunciamiento por parte del TJUE, pero de forma tangencial. Es por ello que, según el Alto Tribunal, conviene un pronunciamiento por su parte a fin de precisar cómo debe interpretarse la jurisprudencia europea en relación con la sujeción de las operaciones de cesión de uso de vehículos por parte de empresas a sus trabajadores a título gratuito y, en particular, si la ausencia de abono de una renta por parte del cesionario implica que no pueda considerarse la existencia de una operación onerosa o si, por el contrario, el hecho de que se haya permitido la deducción de las cuotas soportadas por la adquisición del bien cuyo uso se cede, comporta la necesaria sujeción de la operación en orden a garantizar el respeto del principio de neutralidad.

Por tanto, habrá que estar pendientes de la resolución de este recurso de casación para asistir a un nuevo capítulo en una materia, la del tratamiento fiscal asociado a la cesión de vehículos a empleados, que afecta a un gran número de sociedades y que presenta una alta conflictividad con la Administración. Parece que no será el último.

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