El 18 de diciembre de 2018 el Gobierno publicaba en el BOE el R.D. Ley aprobado en el Consejo de Ministros del pasado viernes 14, en virtud del cual se realizan una serie de reformas relacionadas con la vivienda.

El Ejecutivo califica las medidas como de urgentes, de ahí su adopción vía Decreto-Ley. La urgencia se fundamenta en cinco motivos:

  • La grave situación de vulnerabilidad económica y social de un gran número de familias y hogares para afrontar los pagos de una vivienda;
  • La existencia de diversos factores que inciden en el incremento de los precios del mercado de la vivienda;
  • La escasez del parque de vivienda social existente en España;
  • El crecimiento del número de desahucios vinculados a contratos de alquiler;
  • Y las deficiencias que en materia de accesibilidad sufren diariamente las personas con discapacidad y movilidad reducida.

Si bien la reforma con más repercusión mediática concierne a la Ley de Arrendamientos Urbanos, la misma también afecta a otras normas, esto es, a la Ley de Propiedad Horizontal estatal (no a la regulación catalana), a la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Régimen de las Haciendas Locales y a la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

Tiempo habrá de analizar lo acertado o no de la reforma, así como la suficiencia de las medidas introducidas pero, dada la inminencia de su entrada en vigor (al día siguiente de su publicación), es prioritario enumerar los cambios introducidos por el Gobierno para su conocimiento por arrendadores y arrendatarios.

El Real Decreto-Ley se estructura en cuatro títulos, una disposición adicional, dos disposiciones transitorias y tres disposiciones finales.

El título I introduce la reforma de la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda de la Ley de Arrendamientos Urbanos entre las que destacan:

  • a) Se establece la exclusión del ámbito de aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos de la cesión temporal del uso que comporta la actividad de las denominadas viviendas de uso turístico independientemente de su canal de comercialización.
  • b) En los arrendamientos de vivienda con superficie superior a 300 m2 o renta de 5’5 veces salario mínimo interprofesional, primará la voluntad de las partes y, en su defecto, la Ley y el mismo Código Civil.
  • c) Se extienden los plazos de duración obligatoria para el arrendador (potestativa para el arrendatario), recuperándose los plazos establecidos con anterioridad a la reforma de 2013, es decir, cinco años de vigencia mínima, si el plazo pactado es inferior a ésta.

Ahora bien, como novedad se introduce que, en caso de que el arrendador sea persona jurídica, la duración mínima del contrato obligatoria para el arrendador será de siete años.

El plazo comenzará a contar desde la puesta a disposición de la vivienda al arrendatario. Las renovaciones serán anuales y siempre hasta dicho plazo, salvo que el arrendatario manifieste su voluntad de no renovar.

  • d) En cuanto a la prórroga tácita de los contratos de arrendamiento de vivienda, en caso de inexistencia de denuncia previa de alguna de las partes a la finalización del plazo convenido o la prórroga obligatoria, en su caso, se establece que se prorrogará el contrato durante tres años más.
  • e) Si el plazo de arrendamiento concertado es superior a cinco o siete años, dependiendo de quién sea el arrendador, persona física o jurídica, se podrá pactar que, en caso de fallecimiento del arrendatario, la subrogación sea solo por dicho plazo mínimo.
  • f) Se regulan limitaciones adicionales de actualización de renta y repercusión de gastos durante el período de vigencia obligatoria
  • g) Se prevé que la legislación sobre vivienda podrá establecer el derecho de tanteo y retracto, respecto a la totalidad del inmueble, en favor del órgano que designe la Administración competente en materia de vivienda.
  • h) Las partes podrán pactar cualquier tipo de garantía del cumplimiento por el arrendatario de sus obligaciones arrendaticias adicional a la fianza en metálico. Ahora bien, en el caso del arrendamiento de vivienda, en contratos de hasta cinco años de duración, o de hasta siete años si el arrendador fuese persona jurídica, el valor de esta garantía adicional no podrá exceder de dos mensualidades de renta. Por tanto, se fija en dos mensualidades de renta la cuantía máxima de las garantías adicionales a la fianza que pueden exigirse al arrendatario en contratos que no excedan de la duración mínima obligatoria. El saldo de la fianza en metálico que deba ser restituido al arrendatario al final del arriendo, devengará el interés legal, transcurrido un mes desde la entrega de las llaves por el mismo sin que se hubiere hecho efectiva dicha restitución.
  • i)  Se establece por Ley que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato serán a cargo del arrendador cuando este sea persona jurídica, exceptuando aquellos servicios que hayan sido contratados por iniciativa directa del arrendatario.

El título II introduce modificaciones en el régimen de propiedad horizontal estatal (no aplicables en Cataluña):

  • a)  Se incrementa hasta el 10% del último presupuesto ordinario la cuantía del fondo de reserva de las comunidades de propietarios y se establece la posibilidad de que tales recursos se destinen a la realización de las obras obligatorias de accesibilidad previstas en el artículo 10.1.b) de la LPH.
  • b) Se extiende la obligación de realizar tales obras de accesibilidad en aquellos supuestos en los que las ayudas públicas a las que la comunidad pueda tener acceso alcancen el 75% del importe de las mismas.
  • c) Se explicita la mayoría cualificada (3/5 partes de propietarios y cuotas) necesaria para que las comunidades de propietarios puedan limitar o condicionar el ejercicio de la actividad, o establecer cuotas especiales o incremento en la participación de los gastos comunes de las viviendas destinadas a uso turístico (máximo incremento 20%). Estos acuerdos no pueden ser adoptados con carácter retroactivo.

El título III incorpora una modificación del procedimiento de desahucio de vivienda regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil en aquellos casos que el mismo cuando afecte a hogares vulnerables, estableciendo la necesidad de notificar al demandado con el emplazamiento la posibilidad de que acuda a los servicios sociales, y que a instancia de éstos se suspenda el procedimiento durante un plazo máximo de un mes a contar desde la recepción de la comunicación de los Servicios Sociales al órgano judicial, o de dos meses si el demandante es una persona jurídica.

El título IV, recoge medidas en materia económica y fiscal, e incluye:

a) La modificación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales introduciendo tres medidas en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles:

  • 1º.- Cuando el arrendador sea un ente público, se exceptúa de la obligación de repercutir el impuesto al arrendatario en los supuestos de alquiler de inmueble de uso residencial con renta limitada por una norma jurídica.
  • 2º- Se modifica la regulación del recargo previsto para los inmuebles de uso residencial desocupados con carácter permanente  al objeto de que pueda ser aplicado por los ayuntamientos mediante la aprobación de la correspondiente ordenanza fiscal.
  • 3º.- Se crea una bonificación potestativa de hasta el 95 por ciento para los inmuebles destinados a alquiler de vivienda con renta limitada por una norma jurídica.

b) A fin de facilitar a los ciudadanos las condiciones de acceso al alquiler de viviendas, se introduce una exención para determinados arrendamientos de vivienda en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.

La Disposición Transitoria Primera establece que los contratos de arrendamiento suscritos con anterioridad a la entrada en vigor del real decreto-ley continuarán rigiéndose por lo establecido en el régimen jurídico que les era de aplicación.

La Disposición Transitoria Segunda establece un periodo de tres ejercicios presupuestarios para que las comunidades de propietarios se adapten a la nueva cuantía del fondo de reserva.

La fecha de entrada de vigor de todas estas modificaciones para los nuevos contratos de arrendamiento de vivienda: 19 de diciembre de 2018.
 

Faisant le constat que l’inadaptation du droit des sociétés à la mobilité transfrontière est un frein à l’exercice de la liberté d’établissement des entreprises dans l’espace économique Européen (EEE), la Commission européenne a publié le 25 avril 2018 une proposition de directive harmonisant les procédures de transformations, fusions et scissions transfrontalières pour les seules sociétés de capitaux .

L’objectif de la directive est de favoriser la mobilité des entreprises dans l’EEE par l’harmonisation des règles du droit des sociétés, tout en instaurant des garde-fous pour protéger les droits et les intérêts des travailleurs, des actionnaires et des créanciers.

Cependant, malgré le mérite de ce projet, nombre des mesures envisagées intègrent, en l’état actuel, des contraintes pour les entreprises souhaitant organiser une réorganisation transfrontière, ce qui va à l’encontre d’une simplification du droit des sociétés.

Il est tout d’abord prévu que la procédure applicable en cas de fusion transfrontière restera la même que celle prévue dans la directive existante 2005/56/CE sur les fusions transfrontalières , à l'exception de nouvelles règles accélérées pour les fusions «simples», et de mesures de protection supplémentaires pour les actionnaires et les créanciers afin d’harmoniser les règles entre les États membres.

Les procédures pour les transformations et les scissions transfrontières seront quant à elles remaniées. Ces procédures comprendront quatre grandes étapes :

• l’élaboration d’un projet de l’opération transfrontière et de ses modalités qui sera rendu publique;
• l'élaboration, par la direction de la société, de rapports destinés aux actionnaires et aux travailleurs;
• la présentation d'un rapport par un expert indépendant (facultatif pour les petites entreprises), désigné par l'autorité compétente;
• la vérification de la légalité de l’opération par les États membres de départ et de destination;

Afin d’empêcher que ces procédures de réorganisation transfrontière ne soient utilisées pour réaliser des montages artificiels, notamment dans le but d'obtenir des avantages fiscaux indus, la Commission européenne a prévu des règles harmonisées de protection des droits et intérêts des travailleurs, actionnaires et créanciers.

Ainsi est-il reconnu aux associés qui ne souhaitent pas participer à l’opération, le droit de céder leurs parts sur la base d’un prix de cession « adéquat » sous forme de « soulte en espèce ». 

Les travailleurs, quant à eux, se voient reconnaitre un droit à l’information sur le projet de mobilité, sur ses conséquences et sur les incidences qu’il pourrait avoir sur eux.

Et enfin, la société  se verra obliger de présenter dans son projet des mesures permettant d’assurer la protection de ses créanciers.

La proposition de directive a le mérite de fixer un cadre harmonisé pour la réalisation des opérations transfrontières. Cependant ses dispositions se révèlent, en l’état actuel du projet, trop contraignantes, sources d’insécurité juridique, ou trop couteuses pour les entreprises pour pouvoir favoriser efficacement la mobilité transfrontière dans l’EEE. 

En effet, malgré son effort d’harmonisation, beaucoup de notions de la directive restent imprécises et devront être, in fine, précisées par les Etats membres. Les sociétés se retrouveront alors face au risque que chaque Etat membre fixe des règles différentes, créant une situation d’insécurité juridique pour les entreprises avec des contraintes supplémentaires, et de potentiels contentieux à la clé.

Tel en est le cas, lorsque la directive reconnait aux associés ne souhaitant pas prendre part à l’opération transfrontière, un droit à vendre leurs actions et à recevoir une « indemnisation adéquate », sans préciser les contours de cette notion.

Tel en est encore le cas, lorsque la proposition de directive donne la possibilité aux autorités compétentes de bloquer les opérations transfrontières si elles reconnaissent l’existence d’un montage artificiel destiné à obtenir des avantages fiscaux indus, ou à porter atteinte aux droits des travailleurs, créanciers ou associés minoritaires.

De nombreux points de ces procédures de blocage  dites « anti-abus » demeurent très imprécis, voir en potentielle contradiction avec la jurisprudence libérale de la CJUE , et devront être fixés, in fine, par les droits nationaux, créant là encore une situation d’insécurité juridique pour les entreprises.

Enfin, ces propositions font également peser sur les entreprises des contraintes financières nouvelles telles que le cout du rachat des parts des associés minoritaire.

Il est donc primordial que les entreprises des États membres fassent entendre leurs commentaires sur ce projet de texte européen afin que cette opportunité d’harmonisation et de simplification des opérations transfrontières soit réelle.

 

Article rédigé par Catherine Marti de Anzizu, associée responsable du French Desk de Toda & Nel-lo

 

 

 

1. Art 86bis projeté : La directive serait applicable aux seules sociétés de capitaux constituées selon la législation d’un État membre et ayant leur siège social, leur administration sociale ou leur principal établissement dans l’UE.
2. Directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux
3. CJUE, Grde Ch., 25 octobre 2017, Polbud, Aff.  C 106/16, p.40 « n’est pas constitutif en soi d’abus le fait d’établir le siège, statutaire ou réel, d’une société en conformité avec la législation d’un État membre dans le but de bénéficier d’une législation plus avantageuse » 
04.12.2018

Josep M. Balcells y Javier Hernández, socio y counsel, respectivamente, del área de Mercantil de Toda & Nel-lo, aparecen en la 11ª edición de la publicación  Best Lawyers® para España, un ranking de profesionales elaborado con las recomendaciones de sus compañeros de profesión. Son los propios “peers”, quienes valoran la labor profesional de los candidatos y eligen a los premiados. Ambos abogados figuraban en la publicación desde hace años; en concreto, desde 2013 en el caso de Josep M. Balcells, y desde 2015 en el caso de Javier Hernández.

Josep M. Balcells es Socio Director de las áreas Mercantil e Internacional del Despacho; abogado especialista en Derecho Comercial y Societario, así como en Derecho de los Negocios y Contractual internacional. Posee amplia experiencia en el asesoramiento a numerosas empresas españolas y extranjeras en materia de operaciones societarias, contratación y operativa comercial y morosidad.  Igualmente, se ha especializado en materia de distribución comercial internacional (agencia, franquicia y distribución), así como en el sector energético, sector “retail” y en automoción, en sus respectivas regulaciones sectoriales.

Por su parte, la práctica profesional de Javier Hernández se ha centrado principalmente en el área de las fusiones y adquisiciones, financiación corporativa y de proyectos, reestructuración de deuda y mercado de capitales. Ha participado en operaciones de relevancia en diversas áreas de su práctica profesional y su experiencia incluye una amplia variedad de operaciones a nivel nacional e internacional.

27.11.2018

Enmarcado en la celebración del 25 aniversario de fundación, el Grupo Monassier, la principal red notarial de Francia y de la que Toda & Nel-lo forma parte, celebró durante los días 8, 9, y 10 de noviembre su congreso anual, que reunió a todos los notarios y colaboradores de sus 34 oficinas miembros.

Tras una primera edición en 2005, es la segunda vez en su historia que el Grupo Monassier organiza un evento similar, un encuentro sin precedentes por su composición y alcance, al reunir en París a más de 800 personas, entre notarios y colaboradores para reafirmar su pertenencia a la red, fundada en los valores de innovación, excelencia y solidaridad.

Catherine Marti de Anzizu, socia responsable del French Desk de Toda & Nel-lo y miembro del Grupo, participó en el encuentro, que estuvo presidido por Arlette Darmon, acompañada por el Secretario General Olivier Geffroy y un Comité Directivo, y que contó asimismo con numerosas personalidades de relevancia del sector jurídico y notarial de Francia.

Catherine Marti de Anzizu

En el marco del proyecto que iniciamos hace unos meses y que seguimos desarrollando a diario -la apertura de nuestro nuevo Despacho en Madrid-, hemos pedido a algunos de nuestros clientes que nos explicaran qué es para ellos Toda & Nel-lo y cuáles son, para ellos, los valores que nos hacen únicos.

Para este vídeo hemos contado con la colaboración de Ingrid Fornesa, José Luis Bonet, Germán Cid, Agustín Cordón, José María Coronas,  Jorge Garbajosa, Antonio Gassó y Marc Ros.

A todos ellos queremos dar las gracias.

 

 

 

14.11.2018

Tres, dos, un@.. ¡reforma!

Tres... (sólo) son los días que ha necesitado el Gobierno español para que entre en vigor una reforma legislativa aprobada en tiempo récord para saciar la indignación popular generada después de que, el pasado martes 06/11/2018, el Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS) anunciara su decisión de volver a su criterio interpretativo “clásico”, según el cual el obligado al pago del popularmente conocido como “Impuesto de las hipotecas”, con la Ley vigente, son los prestatarios (los clientes) y no los prestamistas (habitualmente bancos).

Dos... las modificaciones legislativas concretas que contiene el Real Decreto-ley publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de hoy viernes 9 de noviembre, y que serán aplicables a partir de mañana.

En concreto:

  1. Se ha especificado de forma expresa en la Ley que regula el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados que, “cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, se considerará sujeto pasivo -y, por tanto, obligado al pago del Impuesto- al prestamista” proveyéndose, no obstante, que no se pagará el Impuesto en las operaciones en las que el hipotecante sea, entre otros, una Administración Pública, una entidad sin fines de lucro, una caja de ahorros, la Iglesia Católica o una comunidad religiosa, la Cruz Roja o un partido político; y,
     
  2. Se ha modificado la Ley reguladora del Impuesto sobre Sociedades estableciendo que la deuda tributaria del IAJD que satisfagan los prestamistas -normalmente, bancos-, no se considerará gasto deducible.

Un@... la incógnita que se está intentando resolver en múltiples debates de máximo interés mediático: ¿es imposible recuperar las cantidades ingresadas por prestatarios como consecuencia de operaciones anteriores a la reforma? Sobre este particular, como anunciábamos ayer, en nuestra opinión debemos esperar a conocer el contenido íntegro de la Sentencia dictada el martes por el TS antes de dar una respuesta fundada a la cuestión.

Y es que, siguiendo con el refranero popular que ha inspirado nuestro titular, de toda la vida ya se sabe que “las cosas de Palacio van despacio”.

 

Consulte comentado Real Decreto-ley publicado en el BOE aquí.

 

El pasado lunes 5 de noviembre era el día fijado para que el Tribunal Supremo (TS) resolviera la gran incógnita que mantenía en vilo al país entero, ¿quién debe pagar el IAJD de los préstamos hipotecarios, los bancos o los prestatarios?

Pues bien, a última hora de la tarde del 6 de noviembre, la Sala Tercera del Alto Tribunal publicó una nota informativa en la web del Consejo General del Poder Judicial en la que avanzó su decisión y manifestó que, tras dos días de largas deliberaciones, el Pleno de la Sala había acordado, por una estrecha mayoría -15 votos a favor y 13 en contra-, dictar sentencias restableciendo el criterio anterior según el cual el sujeto pasivo del IAJD en los préstamos hipotecarios es el prestatario y no la entidad prestamista.

Así pues, y aunque jurídicamente resulta difícil de comprender que el TS haya podido volver a modificar su criterio -pues la Sentencia de fecha 16/10/2018 comportaba la anulación de un artículo reglamentario-, está claro que la decisión es firme -al menos, por ahora-.

A pesar de que para hacer una valoración fundada de la Sentencia debemos esperar a que se haga público su contenido, Ignacio Goytisolo, socio responsable del departamento de Derecho Tributario de Toda & Nel-lo, ha realizado toda una serie de consideraciones acerca de la reversión del cambio de criterio en un interesante artículo de opinión publicado con fecha 8 de noviembre en el diario “El Economista” (al que puede accededer haciendo clic en el enlace al final de este texto):

En otro orden de cosas, interesa destacar que las reacciones a la comentada Sentencia no se han hecho esperar, y no son pocos los personajes públicos, especialmente políticos, los que han manifestado el expreso rechazo al último cambio de criterio del Alto Tribunal. Entre las declaraciones más comentadas se encuentra la de Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno español, que manifestó durante el día siguiente que “el Gobierno respeta las resoluciones judiciales, pero no puede dejar de lamentar la decisión del Supremo” y, acto seguido, anunció que, en el Consejo de Ministros del 8 de noviembre, tomarían la determinación de que “nunca más los españoles paguen este Impuesto y lo pague el sector financiero”.

Consulte la nota informativa de la Sala Tercera del Tribunal Supremo aquí.

08.11.2018

En el marco del proyecto de Responsabilidad Social Corporativa que impulsa desde hace años Toda & Nel-lo, en 2017 se decidió apoyar económicamente a la Fundación Vicente Ferrer (FVF) para que pudiera cumplir con sus fines de desarrollo que lleva a cabo en una de las zonas más pobres de la India.

Ahora el Despacho celebra comunicar que el proyecto para el pasado curso escolar (en este caso, de junio a mayo), finalizó con éxito y, gracias a nuestra colaboración, un total de setenta y siete niños con discapacidad intelectual han podido completar su curso escolar, permitiéndoles mejorar su calidad de vida, autoestima y autonomía en la vida diaria.

Concretamente, de entre los muchísimos proyectos desarrollados por la FVF, Toda & Nel-lo decidió contribuir al impulso del proyecto de integración social para niños con discapacidad intelectual, mediante el cual se pretendía asegurar que los niños pertenecientes a las comunidades más desfavorecidas de Anantapur (India), que padecen este tipo de alteraciones del desarrollo, pudieran recibir una educación primaria de calidad, que favorecería su integración social y les proporcionará igualdad de oportunidades en el futuro.

© Albert Uriach
06.11.2018

Noticia publicada en el diario Expansión

30 de octubre 2018

 

 

Puede leer la noticia publicada en la versión online del diario Expansión aquí 

30.10.2018

El equipo de litigación de Toda & Nel-lo ha logrado anular en primera instancia los dos últimos testamentos otorgados por una anciana. El tribunal ha entendido que dichos testamentos no respondían a la verdadera voluntad de la testadora pues los habría firmado mediando dolo de un pariente que, aprovechándose de una situación de vulnerabilidad (edad, soledad e invalidez), logró que la señora cambiara el testamento y le favoreciera. El dolo, en este ámbito, consiste en  la utilización de palabras o maquinaciones insidiosas para inducir a alguien a celebrar un negocio que, sin ellas, no habría hecho.

La Sentencia afronta una problemática real derivada del progresivo incremento de personas de avanzada edad que viven solas, ingresadas en residencias, o que son atendidos por cuidadores.

La impugnación de testamento por dolo y captación de voluntad es un mecanismo excepcional de protección de la libertad de testar, cuya principal dificultad radica precisamente en la prueba de las maniobras y maquinaciones realizadas para conseguir cambiar la voluntad del testador o testadora, pues estas tienden a producirse de forma oculta o disimulada.

La Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS), en su reciente Sentencia 1.505/2018 de 16 de octubre de 2018, da un giro de 180º al criterio que venía manteniendo hasta la fecha y establece como doctrina legal que son los prestamistas (los bancos o entidades crediticias) -y no prestatarios (los deudores)- quienes deben pagar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD) que se devenga por la formalización de escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria.

Según han explicado Ignacio Goytisolo y Albert Mestres, socio y counsel, respectivamente, de Fiscal de Toda & Nel-lo en el artículo de opinión publicado con fecha 19 de octubre en el diario Expansión (al que puede acceder haciendo clic en el archivo adjunto al final de este  texto), en esencia, el Alto Tribunal fundamenta su decisión teniendo en cuenta tres aspectos relevantes:

  1. Que la interpretación que sugiere es la que mejor se ajusta a la literalidad y sistemática de la normativa reguladora del Impuesto.
     
  2. Que, teniendo en cuenta que lo que determina la exigencia del IAJD es el carácter “inscribible” de la escritura, y que lo que se inscribe en el Registro de la Propiedad es la hipoteca y no el préstamo, es lógico que el obligado al pago del Impuesto sea el interesado en hacer la inscripción, esto es, el prestamista.
     
  3. Que la interpretación es coherente también con el hecho de que el Impuesto se calcula tomando como base la responsabilidad hipotecaria y no el importe del dinero concedido en préstamo.

El pronunciamiento del TS podría conllevar que los deudores que hayan satisfecho el IAJD en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria durante los últimos años se planteen recuperar las cantidades ingresadas.

No obstante lo anterior, debemos advertir que esta misma mañana el Presidente de la Sala Tercera del Alto Tribunal ha comunicado que, como consecuencia de la enorme repercusión económico y social que se ha producido tras la publicación de la comentada Sentencia, ha acordado con carácter urgente:

  1. Dejar sin efecto todos los señalamientos sobre recursos de casación pendientes con un objeto similar; y,
     
  2. Avocar al Pleno de la Sala el conocimiento de uno de los asuntos pendientes para decidir si el giro jurisprudencial debe ser o no confirmado.

Así pues, y aunque jurídicamente resulta difícil de comprender que el TS pueda volver a modificar su criterio -pues la comentada Sentencia ha comportado la anulación de un artículo reglamentario-, tocará esperar a ver qué termina decidiendo el Pleno de la Sala para responder a nuestro titular: ¿pagarán los bancos el IAJD de los préstamos hipotecarios?

Consulte la Sentencia comentada aquí y la nota informativa del Presidente de la Sala Tercera aquí

 

 

19.10.2018

Los planes fiscales del Gobierno de España de los que se hacía eco EXPANSIÓN en su edición de ayer (05-10-2018) merecen un análisis técnico sosegado. Sosiego del que deberían también contagiarse nuestros dirigentes, encendiendo la “luces largas” para dotarse de un campo de visión más profundo y menos cortoplacista acerca de las consecuencias que entraña cualquier reforma fiscal de calado. Y ese examen debiera tener siempre una doble vertiente: la económica (fomento de la inversión) y la jurídica (justicia fiscal y congruencia del sistema impositivo).

Sin duda, la medida más chocante a ojos de aquellos profesionales familiarizados con la fiscalidad internacional es un potencial nuevo gravamen sobre dividendos obtenidos por empresas españolas de sus filiales extranjeras (se apunta a una tributación del 5%). Una medida tal vendría a romper con una larguísima tradición del sistema fiscal español –mantenida durante más de 20 años y, por ende, inalterable bajo gobiernos de diverso color político–, la cual ha transitado por la senda de la incentivación a la salida al extranjero de las empresas patrias, sobre todo a través del Impuesto sobre Sociedades (IS).

De hecho, dicha tradición puede sintetizarse en los distintos hitos que reseñamos, claves todos ellos para entender dónde estamos y de dónde venimos en esta materia:

1. En 1995, a través de la entonces Ley del IS (LIS 1995), se introdujo una deducción (en cuota) del 100%, tributando cero el dividendo extranjero en España, siempre que la participación alcanzara el 5% y se hubiera mantenido durante al menos un año.

2. En 2002, se introdujo la amortización (extracontable) del “fondo de comercio financiero” (beneficio fiscal compatible con el del hito 1 y, en su caso, con el del hito 4 que se dirá) para incentivar la internacionalización: cuando una sociedad española adquiría más del 5% en una extranjera, podía deducir en base imponible la diferencia entre el precio pagado por las acciones y su valor contable (a razón de un 5% anual durante 20 años).

3. En 2007 fue cuando el beneficio fiscal del hito 2 quedó “tocado de muerte”. Y es que la Comisión de la UE inició actuaciones (culminadas por Decisiones de 2009 y 2011) contra esa normativa española al considerarla ayuda de Estado ilegal, por cuanto situaba a la empresa española en una situación más ventajosa respecto de sus competidores de otros Estados comunitarios.

4. En 2015, la deducción del hito 1 se eliminó, si bien se trató de una mera eliminación técnica: fue sustituida por un beneficio fiscal superior, cuál es la exención plena (en base imponible) del artículo 21 de la LIS actual (LIS 2015). Además, desde entonces ya no es imprescindible alcanzar un 5% de participación, sino que bastaría también con haber pagado más de 20 millones por las acciones extranjeras.

Ciertamente, de confirmarse esa nueva medida, asistiremos a un cambio de paradigma. Por vez primera en las últimas décadas, habría una medida fiscal proveniente de las propias instituciones españolas de sentido contrario a la constante incentivadora a la salida al extranjero. Ante ello, cabe plantearse las siguientes preguntas:

¿Cómo se explicará políticamente la aparente contradicción de que el régimen fiscal actual evite la doble imposición internacional –o incluso dé pie a una doble “no imposición”– a sociedades de países UE con filiales aquí (al dejar exentos España esos dividendos) mientras, en cambio, sí habría doble imposición sobre dividendos cuando una sociedad española salga fuera?

¿Se establecerá algún tipo de medida para mitigar esa doble imposición (p.ej., exoneración de gravamen si el dividendo en cuestión hubiera tributado en el país de procedencia a un porcentaje igual o superior al tipo nominal del IS, actualmente del 25%)?

¿Volverán a erigirse las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE) en una fórmula idónea para canalizar inversiones internacionales a través de un vehículo societario español (siempre que se salvaguarde, claro está, la exención de las ETVE en la percepción de dividendos extranjeros)?

A la hora de postularse para adquirir una sociedad en el extranjero, ¿perderá competitividad la empresa española frente a competidores de jurisdicciones de nuestro entorno (como es el caso de Holanda), que sí garantizan a sus empresas la no tributación de dividendos foráneos?

¿Podría ser ésta una “primera piedra” de una oleada de medidas que estarían por venir limitadoras de la exención del artículo 21 de la LIS 2015 (incluso para dividendos internos)?

Las necesidades de recaudación apremian y, a buen seguro, los beneficios empresariales –ya sean obtenidos en España o en el extranjero– seguirán siendo una víctima propiciatoria a la hora de establecer nuevos gravámenes o de apretar las tuercas a los ya existentes. El partido no ha hecho más que empezar.

 

   Artículo de opinión escrito por Albert Mestres, counsel de Fiscal, en el diario Expansión, el sábado 6 de octubre de 2018. 

08.10.2018