08/10/2018
divisas

Los planes fiscales del Gobierno de España de los que se hacía eco EXPANSIÓN en su edición de ayer (05-10-2018) merecen un análisis técnico sosegado. Sosiego del que deberían también contagiarse nuestros dirigentes, encendiendo la “luces largas” para dotarse de un campo de visión más profundo y menos cortoplacista acerca de las consecuencias que entraña cualquier reforma fiscal de calado. Y ese examen debiera tener siempre una doble vertiente: la económica (fomento de la inversión) y la jurídica (justicia fiscal y congruencia del sistema impositivo).

Sin duda, la medida más chocante a ojos de aquellos profesionales familiarizados con la fiscalidad internacional es un potencial nuevo gravamen sobre dividendos obtenidos por empresas españolas de sus filiales extranjeras (se apunta a una tributación del 5%). Una medida tal vendría a romper con una larguísima tradición del sistema fiscal español –mantenida durante más de 20 años y, por ende, inalterable bajo gobiernos de diverso color político–, la cual ha transitado por la senda de la incentivación a la salida al extranjero de las empresas patrias, sobre todo a través del Impuesto sobre Sociedades (IS).

De hecho, dicha tradición puede sintetizarse en los distintos hitos que reseñamos, claves todos ellos para entender dónde estamos y de dónde venimos en esta materia:

1. En 1995, a través de la entonces Ley del IS (LIS 1995), se introdujo una deducción (en cuota) del 100%, tributando cero el dividendo extranjero en España, siempre que la participación alcanzara el 5% y se hubiera mantenido durante al menos un año.

2. En 2002, se introdujo la amortización (extracontable) del “fondo de comercio financiero” (beneficio fiscal compatible con el del hito 1 y, en su caso, con el del hito 4 que se dirá) para incentivar la internacionalización: cuando una sociedad española adquiría más del 5% en una extranjera, podía deducir en base imponible la diferencia entre el precio pagado por las acciones y su valor contable (a razón de un 5% anual durante 20 años).

3. En 2007 fue cuando el beneficio fiscal del hito 2 quedó “tocado de muerte”. Y es que la Comisión de la UE inició actuaciones (culminadas por Decisiones de 2009 y 2011) contra esa normativa española al considerarla ayuda de Estado ilegal, por cuanto situaba a la empresa española en una situación más ventajosa respecto de sus competidores de otros Estados comunitarios.

4. En 2015, la deducción del hito 1 se eliminó, si bien se trató de una mera eliminación técnica: fue sustituida por un beneficio fiscal superior, cuál es la exención plena (en base imponible) del artículo 21 de la LIS actual (LIS 2015). Además, desde entonces ya no es imprescindible alcanzar un 5% de participación, sino que bastaría también con haber pagado más de 20 millones por las acciones extranjeras.

Ciertamente, de confirmarse esa nueva medida, asistiremos a un cambio de paradigma. Por vez primera en las últimas décadas, habría una medida fiscal proveniente de las propias instituciones españolas de sentido contrario a la constante incentivadora a la salida al extranjero. Ante ello, cabe plantearse las siguientes preguntas:

¿Cómo se explicará políticamente la aparente contradicción de que el régimen fiscal actual evite la doble imposición internacional –o incluso dé pie a una doble “no imposición”– a sociedades de países UE con filiales aquí (al dejar exentos España esos dividendos) mientras, en cambio, sí habría doble imposición sobre dividendos cuando una sociedad española salga fuera?

¿Se establecerá algún tipo de medida para mitigar esa doble imposición (p.ej., exoneración de gravamen si el dividendo en cuestión hubiera tributado en el país de procedencia a un porcentaje igual o superior al tipo nominal del IS, actualmente del 25%)?

¿Volverán a erigirse las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE) en una fórmula idónea para canalizar inversiones internacionales a través de un vehículo societario español (siempre que se salvaguarde, claro está, la exención de las ETVE en la percepción de dividendos extranjeros)?

A la hora de postularse para adquirir una sociedad en el extranjero, ¿perderá competitividad la empresa española frente a competidores de jurisdicciones de nuestro entorno (como es el caso de Holanda), que sí garantizan a sus empresas la no tributación de dividendos foráneos?

¿Podría ser ésta una “primera piedra” de una oleada de medidas que estarían por venir limitadoras de la exención del artículo 21 de la LIS 2015 (incluso para dividendos internos)?

Las necesidades de recaudación apremian y, a buen seguro, los beneficios empresariales –ya sean obtenidos en España o en el extranjero– seguirán siendo una víctima propiciatoria a la hora de establecer nuevos gravámenes o de apretar las tuercas a los ya existentes. El partido no ha hecho más que empezar.

 

   Artículo de opinión escrito por Albert Mestres, counsel de Fiscal, en el diario Expansión, el sábado 6 de octubre de 2018. 

Subáreas de práctica: