Como era de esperar, la política de gestos ha llegado a las amnistías fiscales, que se erigen así en nueva víctima propiciatoria (una más en el ámbito tributario) en esta etapa que nos ha tocado vivir, en la que nuestros dirigentes se afanan en tuitear mensajes que calen rápido y que actúen como una suerte de efecto placebo ante la opinión pública, sin considerar que el mero paso del tiempo terminará por demostrar que, en su momento, estuvimos ante una mera gesticulación exagerada, un brindis al sol político sin efectividad jurídica.

El anuncio ayer del presidente del Gobierno de prohibir por ley ordinaria las futuras amnistías fiscales es posiblemente tan grandilocuente y efectista a nivel mediático como inefectivo a nivel jurídico. Y es que, como expondremos a continuación, únicamente si esa prohibición se introdujera mediante una reforma de nuestra Constitución (modificada sólo en dos ocasiones desde 1978) podríamos hablar de una prohibición real y efectiva.

1. Principio de jerarquía normativa. De acuerdo con ese principio, existen principalmente tres rangos normativos, a saber (por este orden): las normas de rango constitucional, las de rango legal y las de rango reglamentario. Ello implica que una cierta disposición reglamentaria pude incurrir en un vicio de ilegalidad que conlleve su ineficacia o expulsión tras su declaración como “reglamento ilegal”. En cambio, una ley sólo podría ser expulsada del ordenamiento jurídico por ser inconstitucional o, en su caso, contraria al Derecho comunitario europeo, que, por cierto, nada regula en materia de amnistías fiscales; téngase en cuenta, además, que jamás podríamos estar ante una “ley ilegal”.

2. Inconstitucionalidad manifiesta de todo reglamento que apruebe un amnistía. A propósito de la controvertida amnistía fiscal de 2012, el Tribunal Constitucional ya dejó claro (sentencia del 8 de junio de 2017) que es inconstitucional la aprobación de una amnistía a través de una norma reglamentaria o de un Real Decreto-Ley (como fue el caso del Real Decreto-ley 12/2012 aprobado entonces por el Gobierno de Rajoy). En ese sentido, a fecha de hoy resulta claro que la aprobación de una nueva amnistía sólo podría hacerse mediante ley ordinaria.

3. Principios de temporalidad y de especialidad legal: una ley prohibiendo amnistiar cedería ante cualquier amnistía aprobada por ley posterior.En ausencia de prohibición constitucional, cualquier ley que en el futuro pueda establecer una amnistía fiscal sería absolutamente válida (constitucional y, por supuesto, legal). Ello sería posible incluso sin necesidad de que esa ley previera una derogación expresa de la ley anterior prohibitiva, por cuanto así lo establecen los principios generales del Derecho. En particular, cabe referirnos a dos principios elementales: el de especialidad –la ley específica aprobando una nueva amnistía podría imponerse sobre la prohibición genérica de amnistiar prevista en otra ley– y, sobre todo, el de temporalidad (la ley posterior prevalecería, en su caso, sobre la ley anterior).

4. La reforma constitucional, la única vía para un blindaje real. Así las cosas, si realmente este Gobierno, a través del Parlamento, desea prohibir nuevas amnistías fiscales, el (único) cauce adecuado sería la reforma constitucional: debería introducirse un nuevo artículo en la Constitución, de manera que una hipotética ley aprobando una amnistía ya no tendría cabida en nuestro sistema. Es decir, estaríamos entonces ante una “ley inconstitucional”. Por ello, si el Grupo Socialista (o cualquier otro grupo del arco parlamentario) pretendiera establecer ahora ese blindaje constitucional, precisaría nada menos que de 3/5 partes de apoyos de los diputados y de la mayoría absoluta de los senadores.

En definitiva, la anunciada ley prohibiendo (o limitando) amnistías fiscales podría ser poco menos que “papel mojado” tan pronto como una determinada mayoría parlamentaria (simple) decidiera legislar a favor de una nueva amnistía fiscal. Efectista sí, pero, ¿realmente efectivo?

   Artículo de opinión escrito por Albert Mestres, counsel de Fiscal de Toda & Nel-lo

18.07.2018

La firma ficha a Jacobo Ollero, que se incorpora al despacho procedente de Jiménez de Parga, para liderar el proyecto como socio del área de mercantil e internacional

Toda & Nel-lo da un paso más en su estrategia de crecimiento abriendo oficina en Madrid, donde la firma incorpora a Jacobo Ollero, procedente del bufete Jiménez de Parga, para liderar el proyecto como socio responsable de mercantil e internacional.

La firma fundada por Ignacio Toda y Ricard Nel-lo contará en Madrid en un principio con un equipo de siete personas, donde también se incorpora Carlos Martos como socio responsable del área de procesal.

Este movimiento responde a la apuesta de Toda & Nel-lo por impulsar su plan de expansión y de alinearse con los intereses de sus clientes con operaciones en Madrid. La firma, que ha doblado las cifras de negocio y de abogados en los últimos cinco años, tendrá una facturación que rondará los siete millones de euros este año, un 15% más que el ejercicio anterior.

El bufete, que nació en 1992, cuenta ya con un equipo de más de cincuenta y cinco abogados entre las oficinas de Madrid y Barcelona, ofrece servicios jurídicos en todas las áreas del Derecho y está especializado en asuntos público-privados.

El nuevo socio del despacho, Jacobo Ollero, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y está especializado en Derecho Mercantil, de Nuevas Tecnologías y Derecho del Deporte y Licensing.

17.07.2018

Catherine Marti de Anzizu, socia de Toda & Nel-lo y responsable del French Desk del Despacho, acudió, en su cargo como Consejera de Comercio Exterior de Francia (CEE), al último Forum Europe des Conseillers du Commerce Extérieur los días 2 y 3 de julio en Lyon. Junto a Emmanuel Mielvaque, presidente de CCE en España, llevó a cabo una presentación sobre las oportunidades de inversión en España y las claves de éxito para implantar empresas en nuestro país.

Organizado por CCE Auvergne-Rhône-Alpes, en colaboración con  CCE Alemania, España e Italia, el encuentro contó con la asistencia de más de 178 empresas de la región y con intereses económicos en estos países.

Durante el encuentro tuvieron lugar numerosos espacios dedicados al networking y se organizaron sesiones de testimonios de empresas sobre casos de éxito en Alemaia, España o Italia.

10.07.2018

Bajo el lema "sumando al pro bono jurídico", 28 despachos nacionales e internacionales se han unido para crear la Fundación Pro Bono España.

Toda & Nel-lo ha sido uno de los veintiocho despachos que se han unido en la que ya es una alianza histórica al crear la Fundación ProBono España, que nace para para facilitar el acceso a la justicia de los colectivos más necesitados. El Despacho es, además,  miembro del Patronato de la Fundación.

En esta iniciativa pionera, la Fundación se articula en torno a 3 objetivos principales:

  • Facilitar el acceso a los servicios de asesoramiento y asistencia jurídica a entidades o personas que tengan dificultades para acceder a dichos servicios;
  • Dotar a todos los actores implicados –abogacía, universidades y tercer sector- de las herramientas necesarias para crear sinergias y multiplicar el alcance de su trabajo, y
  • Ofrecer a todos los profesionales del Derecho un cauce de participación efectiva con el propósito común de promover la justicia y la igualdad real de todos los ciudadanos ante la Ley.

Además de Toda & Nel-lo, los despachos que integran el patronato fundador son Allen & Overy, Andersen Tax & Legal, Arinsa, Ashurst, BLP Abogados, Bufete Barrilero y Asociados, Clifford Chance, Cuatrecasas, De Castro, Dentons, DLA Piper, Elzaburu, Ejaso ETL Global, Eversheds Sutherland Nicea, Garrigues, Huerta & Solana, King & Wood Mallesons, Latham & Watkins, Lean Abogados, MA Abogados, Pérez-Llorca, Ramón y Cajal Abogados, Roca Junyent, RCD, Sagardoy, Watson, Farley & Williams, y White & Case.

Para Toda & Nel-lo es un orgullo poder formar parte de este proyecto, que por primera vez integra todas las dimensiones y actores que conforman el pro bono jurídico.

Puede acceder a la noticia sobre la iniciativa en medios de comunicación como Expansión, Cinco Días o El Economista.

 

29.06.2018

Reflexiones sobre el control empresarial del uso personal por el trabajador de los medios tecnológicos de trabajo

El artº 20.3 del Estatuto de los Trabajadores atribuye al empresario la facultad de adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones. Ello cobra especial relevancia  cuando el empleador facilita al trabajador medios tecnológicos para el desarrollo del trabajo. Pero esa facultad de vigilancia y control debe mantener respeto a los derechos fundamentales en juego, a la sazón, el artº 18 de la CE en su vertiente del derecho a la intimidad así como el secreto a las comunicaciones. Sin duda alguna, ambos derechos fundamentales son aplicables en el ámbito de las relaciones laborales, si bien no con  la intensidad y protección que se podría dispensar en el orden jurisdiccional penal sobre la valoración de la culpa de esa etiología.

En una relación contractual laboral en la medida que se sustenta por definición en una relación jerárquica y de subordinación desde los rasgos de dependencia y ajenidad y siendo los medios tecnológicos puestos a disposición del trabajo propiedad de la empresa, la protección de esos derechos fundamentales –sin perder su rango- queda algo debilitada. Mientras en el orden jurisdiccional penal se requiere autorización judicial para verificar y fiscalizar cualquier TIC puesto a disposición por el empresario, en el orden social por la razón explicada no se requiere  autorización judicial. Pero eso no significa que el empleador disponga de un poder absoluto en el control de cualquier medio tecnológico haciendo abstracción del respeto al artº 18 de la CE.

En efecto, cuando solo se permite el uso del correo electrónico de titularidad empresarial para fines profesionales y en consecuencia su utilización para fines ajenos o particulares está vedada al trabajador, este no tiene una expectativa de privacidad al estar trabajando en un canal abierto y de uso profesional exclusivo. Se infiere en ese supuesto que se despliega en favor del empresario la verificación y control del uso debido del correo electrónico y aunque no se haya advertido (criterio sentando por la sentencia 170/2013 del TCo).

No podría predicarse lo mismo si hubiera tolerancia empresarial sobre el uso del correo para fines particulares pues ahí sí que se abriría una expectativa de privacidad y en consecuencia cualquier monitorización y/o control debería ser muy garantista en orden a respetar escrupulosamente los bienes jurídicos protegidos en el artº 18 CE. La expectativa de privacidad o no va a ser jurídicamente relevante y determinante de cara a analizar si los medios utilizados de fiscalización como medida restrictiva de un derecho fundamental superan el juicio de proporcionalidad y para ello es necesario la concurrencia  de los tres siguientes requisitos: juicio de idoneidad sobre si la medida intrusiva es susceptible de conseguir el objetivo; juicio de necesidad como la medida más moderada para la consecución del propósito de comprobación y por último el ponderado equilibrio entre los bienes o valores en posible colisión.

El escenario actualmente más habitual es la existencia de un protocolo en la empresa de utilización de cualquier TIC y la advertencia de control del cumplimiento y fiscalización al tiempo de ilustrar sobre los mecanismos “intrusivos” a fin de evitar cualquier cercenación de un derecho fundamental, la presencia por ejemplo de Notario, técnico informático y algún representante de los trabajadores. El protocolo, pues, y desde el conocimiento por el trabajador  de los límites del uso de las TIC, es aconsejable que sea conocido y con la clara advertencia del derecho empresarial a la activación de su fiscalización y desde  que  técnicas o sistemas.
 

20.06.2018

El pasado 25 de mayo entró en vigor el Reglamento europeo de Protección de Datos. En un mundo perfecto, esto hubiera supuesto que todos estuviéramos preparados y con los textos, formularios, registro de actividades, etc., perfectamente al día, pero la situación real dista mucho  de ese mundo ideal…

Uno de los puntos del Reglamento en los que quizá haya que seguir trabajando es el de la figura del Delegado de Protección de Datos (DPO, por sus siglas en inglés), ya que su obligatoriedad viene definida por algunos criterios de aplicación no automática, como veremos a continuación.

Lo primero que hay que plantearse es que no es obligatorio en todos los casos, sino solo en aquellos en los que se cumplan los requisitos establecidos en el Reglamento, es decir:

  1. cuando el tratamiento lo lleva a cabo una autoridad u organismo público;
  2. cuando las actividades principales del responsable o el encargado del tratamiento consisten en operaciones de tratamiento que requieren el seguimiento regular y sistemático de los interesados a gran escala; o
  3. cuando las actividades principales del responsable o el encargado del tratamiento consisten en el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos o datos personales relacionados con condenas y delitos penales.

En este punto debemos preguntarnos cuándo estamos ante un supuesto de tratamiento a gran escala, concepto jurídico indeterminado al que se refiere el propio Reglamento en su Considerando 91, ofreciendo algunos elementos para su acotamiento. Estaremos ante un tratamiento a gran escala cuando (i) tratemos una cantidad considerable de datos a nivel regional, nacional o supranacional, (ii) que pueden afectar a un gran número de interesados y (iii) entrañen un alto riesgo para los derechos y libertades por tratarse de datos sensibles.

En definitiva, se trata de un análisis que contemple el volumen de datos tratados, el número de afectados (como número específico o como porcentaje de un grupo de población), la permanencia del tratamiento y el ámbito geográfico. Por ejemplo, el tratamiento de 20.000 personas en un ámbito nacional (sobre un total de 45.000.000 de personas) no puede calificarse como tratamiento a gran escala; sin embargo, un tratamiento de 2.000 colegiados de un colegio regional sobre un total de 2.500 colegiados, sí puede entenderse un tratamiento a gran escala. Mientras no contemos con un criterio de interpretación más adecuado debemos tener en cuenta estos puntos para que la toma de decisiones esté debidamente fundamentada.

Por otra parte, debemos llevar a consideración las actividades que el Proyecto de Ley considera que deben contar con la figura de un Delegado de Protección de Datos:

  • Colegios profesionales
  • Centros docentes
  • Entidades que exploten redes y presten servicios de comunicaciones electrónicas
  • Prestadores de servicios de la Sociedad de la información
  • Entidades de crédito
  • Establecimientos financieros de crédito
  • Entidades aseguradoras y reaseguradoras
  • Empresas de servicios de inversión
  • Distribuidores y comercializadores de energía eléctrica y gas natural
  • Entidades responsables de ficheros comunes para la evaluación de la solvencia patrimonial y crédito o de los ficheros comunes para la gestión y prevención del fraude
  • Entidades que desarrollen actividades de publicidad y prospección comercial
  • Centros sanitarios
  • Centros que desarrollen la actividad de juego
  • Quienes desarrollen actividades de Seguridad Privada

Los responsables y encargados del tratamiento no incluidos en el listado anterior pueden nombrar de forma voluntaria un Delegado de Protección de Datos.

Una vez que sabemos quién necesita un DPO debemos pensar en quién desarrollará esta función en nuestra organización, pudiendo nombrar a una persona interna o externa a la organización, pero siempre con los conocimientos adecuados para ejercer la función. El Reglamento establece que la designación del Delegado de Protección de datos debe hacerse atendiendo a:

  1. Cualidades profesionales
  2. Conocimientos especializados del Derecho.
  3. Practica en materia de Protección de Datos.
  4. Capacidad para desempeñar las tareas establecidas tanto en la normativa europea como en la legislación española

En cualquier caso, debemos tener en cuenta la posición que el DPO ostentará dentro del organigrama de la organización, de forma que pueda mantener el grado de independencia que establece el Reglamento. De acuerdo con este grado de independencia entendemos que el DPO debe depender orgánica y funcionalmente del Órgano de Administración y no de la estructura jerárquica del negocio.

Por último, señalar que debe comunicarse a la Agencia Española de Protección de Datos o a la autoridad autonómica correspondiente, la designación, nombramiento o cese de la persona que desempeñará el cargo en nuestra organización, tanto si su nombramiento es obligatorio como voluntario.

19.06.2018

Un grupo de voluntarios de Toda & Nel-lo participaron en la tercera edición del “Banco de productos no alimentarios”, campaña de recogida de productos de primera necesidad no alimentarios de la Asociación La Nau, una entidad sin ánimo de lucro que se centra en el apoyo y la redistribución de excedentes de este tipo de recursos, que tuvo lugar los días 8 y 9 de junio.

El objetivo de la campaña era recoger material no alimentario de primera necesidad, como gel de baño, detergente, pasta de dientes, pañales… y distribuirlos entre más de 150 de acción social, con el fin de sensibilizar a la ciudadanía de que cada vez es más complicado buscar trabajo en condiciones personales adecuadas, llevar a los niños limpios al colegio, etc.

La Associació Cívica La Nau es una entidad que nació por las inquietudes sociales de un grupo de personas motivadas para desarrollar iniciativas de interés general que ayudaran a los colectivos de nuestro entorno con situación de riesgo de exclusión social o ya sufriendo exclusión

13.06.2018

Una sentencia del juzgado de lo social de Valencia aprecia las notas de laboralidad de la relación contractual surgida entre Deliveroo empresa de economía colaborativa y un trabajador denominado rider o repartidor del producto final que ha encargado el cliente del empresario.

Esto es así desde el modelo y realidad de prestación de servicios acreditado en la instancia judicial. La convicción del juzgador sobre la concurrencia de los rasgos que definen una relación contractual como laboral es plena al quedar acreditado que el repartidor tal y como acertadamente afirma el Profesor Adrián Todolí carece de estructura (la app y la web), elemento éste sin duda que impide reputar la relación como propia de Trabajador Autónomo por cuenta propia. Se encaja ahí la exigencia de la nota de "dependencia", propia de la laboralidad de la relación. Abona la sentencia la convicción de ser el status jurídico el de una relación laboral al estar presentes otros elementos adicionales tales como la retribución percibida por esa prestación de servicios que es fijada por la Plataforma así como la concurrencia de la nota también exigible de "ajenidad" al afirmar que los riders son "la cara de Deliveroo". Ello acentúa la calificación de contrato de trabajo.

Debe tenerse presente la presunción de laboralidad de una relación de prestación de servicios que consagra el articulo 8 del Estatuto de los Trabajadores al sancionar que "Se presumirá existente entre todo el que presta un servicio por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución a aquél". Presunción de certeza iuris tantum que sin duda la defensa de la empresa no consiguió desvirtuar.

Desde los hechos probados de la sentencia y el derecho aplicado a los mismos se me antoja difícil una revocación de la consideración de contrato de trabajo por lo que si la relación fáctica del supuesto concreto que analiza es extrapolable genéricamente a los riders que prestan servicios bajo esas características, la calificación como contrato mercantil no va a tener ningún recorrido con amparo legal.

Ello obliga a los empresarios del sector de las plataformas digitales bien a asumir la laboralidad de la relación con su cara más visible los riders bien a cambiar radicalmente la relación real de su prestación de servicios acentuando desde esa idea la nota de independencia para un encaje legal en la definición de trabajador autónomo. En efecto, "las personas físicas que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo". No obstante ello recuérdese que incluso se podría trabajar en un encaje como Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente (Trade), como figura híbrida entre el trabajador autónomo y la laboralidad al quedar la nota de "dependencia" debilitada frente a un trabajador ordinario. Ideas que se lanzan a vuela pluma y sujetas a análisis jurídico en profundidad.

Eso exigiría un esfuerzo de ingeniería jurídico laboral para asentar al colectivo afectado en un modelo de prestación de servicios de naturaleza civil por obedecer su realidad contractual a esa disciplina del derecho.

Puede consultar la noticia publicada en el diario "Expansión" en el siguiente link

07.06.2018

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Barcelona, corporación de derecho público que presta servicios a las empresas contribuyendo a la regeneración del tejido económico y a la creación de ocupación, ha decidido, tras varias colaboraciones profesionales, incluir como socio de referencia a nuestro Despacho.

Este acuerdo consiste en el posicionamiento de Toda & Nel-lo Abogados como socio de confianza para dar servicio a empresas en materia de prevención penal y compliance.

Para más información, pueden entrar en este link.

 

 

 

27.04.2018

A través de una reciente resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), de fecha 25 de enero de 2018, se ha establecido que no puede denegarse el derecho a deducir las cuotas soportadas en la adquisición de los inmuebles cuando los mismos se destinen por la propiedad (la “Propiedad”) a su alquiler como apartamentos turísticos mediante la siguiente estructura:

  • La Propiedad ceda a un tercero (el “Explotador”) la explotación de los apartamentos.
  • El Explotador es quien se encarga de encontrar (y gestionar), para cada apartamento bajo su gestión, a los distintos inquilinos que lo habitarán en determinados períodos (inquilinos o sub-arrendatarios que, por definición, no se hallan predeterminados al suscribirse el contrato de cesión y explotación entre la Propiedad y el Explotador).
  • En compensación de lo anterior, la Propiedad recibe del Explotador un precio (ya sea éste con carácter fijo y/o a través de un importe variable, por ejemplo, indexado a un porcentaje de la cantidad que el Explotador consiga percibir de los distintos inquilinos).

En estos casos, entiende el TEAC que las facturas que la Propiedad expida al Explotador por el mencionado precio deberán estar sujetas y “no exentas” de IVA (en consecuencia, deberán llevar un IVA del 21%), por no tener cabida tales cesiones de inmuebles en la exención prevista para el arrendamiento de vivienda (ello con independencia de que el Explotador cargue o no IVA en la cesión definitiva del apartamento turístico al cliente final). De esta manera, en principio sería incontrovertible el derecho de la Propiedad a la deducción del IVA bajo tal operativa.

Cuestión distinta es la posición de IVA en la que se hallaría el Explotador. Si bien la mencionada resolución del TEAC no se pronuncia al respecto, no podemos pasar por alto que la única forma de que un Explotador tal pueda deducir ese IVA (el soportado al 21% frente a la Propiedad) pasaría por prestarse, por parte del Explotador, un arrendamiento con “servicios hoteleros” (en el sentido de la Ley del IVA). Y es que, en el caso contrario (arrendamiento sin servicios hoteleros), esa cesión definitiva al inquilino estaría exenta de IVA, minando ello el derecho a la deducción en sede del Explotador.

Apreciados clientes y compañeros:

Toda vez que algunos clientes nos lo han solicitado, os remitimos estos BREVES CONSEJOS SOBRE CREACIÓN Y USO DE MARCAS EN EL MERCADO.

  1. Se recomienda que la marca a crear y utilizar sea fuerte, distintiva. Es decir, que sea distinta a cualquier marca anterior existente para ese tipo de productos o servicios.
  2. Cuanto más original sea, más fuerte será. Y, al revés, cuanto más descriptiva sea, más débil sería, y más conflictos podría tener (p.e. “Camisas Señor” para identificar ropa de hombre es una marca muy débil y problemática).
  3. Es aconsejable realizar una búsqueda completa previa al registro de una marca para comprobar si el nombre o logos identificativos elegidos han sido inscritos antes por otro empresario y, en su caso, si lo está utilizando y cómo.
  4. Se aconseja inscribir ante el registro (español o europeo) la marca antes de empezar a utilizarla en el mercado.
  5. El registro de la marca o nombre comercial no es obligatorio, pero el nacimiento del derecho exclusivo sobre los mismos nace del registro válidamente efectuado.
  6. Una marca inscrita ante la Oficina Española (OEPM) solo tiene protección en España, y una marca inscrita ante la Oficina Europea (EUIPO) está protegida en todo el mercado de la Unión Europa (28 Estados Miembros, 500 millones).
  7. Las tasas de inscripción de una marca española son de 140 Euros (para una clase –tipo- de productos o servicios) y las de una marca europea de 850 Euros, también para una clase.
  8. Si no registra el nombre o logo que utiliza en el mercado para identificar sus productos o servicios, otro empresario lo podría hacer, por lo que entonces dicho competidor tendría el derecho de utilizar la marca (nombre o logo) en el mercado.
  9. Una vez inscrita la marca debe utilizarse en el mercado de forma efectiva, y debe hacerse en relación a los productos o servicios para los cuales ha sido registrada. De lo contrario, un tercero podría solicitar la nulidad de la marca para aquellos productos o servicios para los que no se utilice la marca.

Si necesita más información al respecto no dude en contactar con Carlos Rivadulla, director del área de Propiedad Industrial, Intelectual y Tecnología de TODA & NEL-LO ABOGADOS: crivadulla@todanel-lo.com

El Área de Corporate Defense de Toda & Nel-lo Abogados junto con Martell Abogados y la Cambra de Comerç de Barcelona, organizan un nuevo ciclo de conferencias sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas.  

Un sistema de prevención de riesgos penales es una herramienta que toda organización debe adoptar en virtud de la reciente modificación del Código Penal, en aras a disponer de una adecuada protección frente eventuales responsabilidades penales, tanto de la sociedad mercantil como persona jurídica, como de sus administradores, consejeros delegados y altos directivos como personas físicas.

Se trata de una serie de encuentros que tendrán un formato de desayuno informativo, y que van especialmente dirigidos a empresarios y gerentes o directores generales de compañías de cualquier sector de actividad así como a responsables de Compliance en ejercicio que no dispongan de prevención alguna frente riesgos penales en su organización, o bien que deseen actualizar o perfeccionar sus sistemas preventivos implementados hasta el momento.

El calendario de las próximas sesiones, con inicio a las 9:15 horas en todas las fechas, es el siguiente:

  • 14 de febrero
  • 28 de febrero
  • 14 de marzo
  • 11 de abril
  • 25 de abril
  • 9 de mayo
  • 30 de mayo
  • 13 de junio
  • 27 de junio

No cabe duda de que las últimas modificaciones legales refuerzan la necesidad de todas las entidades jurídicas de fortalecer su cultura de gestión del riesgo empresarial que deberá incluir, sin más dilación, la prevención de riesgos penales.

Desde el área de Corporate Defense de Toda & Nel-lo ofrecemos a nuestros clientes la elaboración de un sistema de prevención de riesgos penales personalizado para proteger de una posible responsabilidad penal a las entidades jurídicas así como a sus representantes legales, administradores, consejeros-delegados y altos directivos.

El lugar de celebración de los desayunos informativos será en todas las jornadas en la Cambra de Comerç de Barcelona (Avinguda Diagonal nº 452), desarrollándose así en unas instalaciones idóneas para que los encuentros sean del máximo provecho para los asistentes.

Las inscripciones pueden realizarse mediante correo electrónico a la dirección:  barcelona@todanel-lo.com, siendo las plazas limitadas y reservándose por riguroso orden de solicitud. También puede llamar al teléfono 93 363 40 00 y contactar con Silvia Villuendas.