El Tribunal General de la UE (Luxemburgo) falla a favor de Wala en su disputa de marca con Wallapop

La empresa leridiana de retail Unipreus, comercializadora de ropa deportiva, moda casual y calzado a través de su marca Wala, ha recibido el respaldo del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) en su conflicto legal con wallapop.

En concreto, el TGUE ha anulado la resolución de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO, por sus siglas en inglés) en la que esta desestimaba los recursos de Unipreus contra el registro de Wallapop como marca comunitaria, para diferentes servicios competidores con los de Wala.

Carlos Rivadulla, counsel de IP/IT de Toda & Nel-lo, ha sido el asesor legal de Unipreus en este asunto desde que comenzara la disputa en 2015.

“Se trata de una victoria importante para Wala, porque significa una interpretación adecuada a la realidad de mercado y a la competencia entre las empresas. En ocasiones las plataformas tecnológicas pretenden transmitir la idea de que sus servicios son meramente neutros o de intermediación tecnológica pero en realidad afectan a determinadas actividades comerciales en las que puede haber un competidor real y, como en este caso, que venía utilizando una marca similar con anterioridad”, afirma sobre el caso Rivadulla, quien también considera que la decisión del Tribunal General aporta una interpretación más amplia y coherente con la realidad empresarial.

 

El artº 12.4 apartado e) del Estatuto de los Trabajadores establece que, para la conversión de un contrato de trabajo a tiempo completo en uno a tiempo parcial, y viceversa, siempre deberá operar la libre voluntad de las partes y, en ningún caso, podrá imponerse por parte del empresario "de forma unilateral o como consecuencia de una modificación sustancial de condiciones de trabajo".

En el supuesto analizado, el pronunciamiento del Tribunal Supremo en la reciente sentencia de 30 de mayo de 2018, en unificación de doctrina, la empresa, que venía sufriendo una notoria y reiterada disminución en la demanda de servicios, le propuso al trabajador una novación por la que su contrato pasara a ser a tiempo parcial. La negativa del trabajador condujo a la empresa a la extinción del contrato por causas objetivas.

El alegato del trabajador frente a su despido fue la de aducir la garantía que contiene el ya citado precepto y que sigue rezando "El trabajador no podrá ser despedido ni sufrir ningún otro tipo de sanción o efecto perjudicial por el hecho de rechazar esta conversión". Desestimada la pretensión del trabajador se propuso como sentencia de contraste la dictada por la sala de lo social del TSJ de Madrid de fecha 12 de febrero de 2016, que en similares circunstancias, acabó pronunciándose por la necesidad de abrir un "procedimiento de modificación sustancial de su contrato de trabajo, por la vía del art. 41, ... sin realizar esta previsión, aun cuando se acepte que hubo un ofrecimiento no formal, toma una decisión extintiva del contrato de la actora cuando ... se podían haber superado no con la extinción sino con una modificación del misma". Este pronunciamiento abría la puerta para que la empresa unilateralmente, vía modificación sustancial de condiciones, modificara la jornada del trabajador.

Adquiere pues interés la resolución del Supremo, dados los pronunciamientos contradictorios, en aras a conocer si ¿se puede modificar la jornada de los trabajadores por la vía de la modificación sustancial de condiciones? ¿se debe realizar esa modificación? O bien, si la empresa opta por la extinción del contrato por causas objetivas -en tanto que el trabajador rechaza la reducción de jornada-, ¿puede declararse la nulidad de la extinción?

En ambas sentencias, la disminución de la demanda de prestación de servicios, quedaron perfectamente acreditadas y, en ambas, existió por parte de la empresa un ofrecimiento formal de proceder a modificar la jornada del contrato pasando de tiempo completo a tiempo parcial, que se ajustara a las necesidades de la empresa.

La respuesta del alto tribunal ha sido la misma que ofrece el citado art. 12.4 ET y por la que "El trabajador no podrá ser despedido..., sin perjuicio de las medidas que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 52.c) de esta Ley, puedan adoptarse por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción".

En este sentido, la sentencia del Supremo rechaza la solución dada por el TSJ de Madrid, que estableció praeter legem la obligatoriedad de proceder a la modificación sustancial de condiciones -por ser una medida menos gravosa-, huérfano de fundamento legal y, sin embargo, notoriamente contrario al referido art. 12 que prohíbe la conversión del contrato de trabajo a tiempo completo en uno a tiempo parcial sin consentimiento expreso del afectado. La sentencia convalida pues tanto la extinción del contrato por causas objetivas acreditadas, una vez que el afectado se negó a acceder a la reducción propuesta como, de forma implícita, el proceder de la empresa, rechazando que esa extinción pueda considerarse una represalia por parte de la empresa a la negativa del trabajador a la modificación.

 

   Artículo de opinión escrito por Jordi Bou, abogado de Laboral, en Expansión. Puede leer el artículo publicado en el diario aquí

02.10.2018

Tras casi dos años de trabajos parlamentarios, finalmente en sesión del Congreso de los Diputados de este septiembre de 2018, se ha aprobado por unanimidad el Informe de la Subcomisión para la elaboración de un Estatuto del Artista, un documento marco con 75 propuestas con el que se pretende dar solución a asuntos reclamados por el sector cultural, entre los cuales destacan los siguientes tres ámbitos: fiscalidad; protección laboral y Seguridad Social; y compatibilidad de entre prestaciones por jubilación e ingresos por derechos de autor.

Para mayor concreción, las medidas “estrella” girarían entorno a los siguientes cinco ejes:

1. Ajustar la fiscalidad a la actividad profesional intermitente y de ingresos irregulares propia del sector.

2. Crear un régimen específico de la Seguridad Social, tanto dentro del Régimen General como del de Autónomos. Este Régimen tendría como premisa el tener en cuenta las peculiaridades específicas del trabajo intermitente tanto en lo referente a la fórmula de cotización como a las coberturas a efectos de enfermedad temporal, enfermedad permanente, maternidad o jubilación, entre otros. Además, se deberían reconocer las enfermedades y lesiones laborales de la práctica artística y técnica. De esta forma el trabajador ejercería su profesión en un entorno seguro y protegido de cualquier incidencia que suceda en su labor.

3. Garantizar el efectivo derecho de los y las profesionales de la cultura a estar debidamente representados sindicalmente y a participar activa y democráticamente en las negociaciones colectivas de su sector. Se pretende promover la creación de los convenios colectivos pertinentes, así como la revisión de los existentes, para que la actividad cultural esté correctamente regulada.

4. Garantizar que los trabajadores de la cultura que ejerzan una función que implique un contrato por cuenta ajena sean dados de alta por la empresa contratante en el espacio específico y acabar así con la contratación por medio de la figura del “falso autónomo” en el entorno de la actividad cultural.  En general, se persigue evitar medidas de precarización en espacios culturales.

5. Impulsar el fomento de la actividad artística sin ánimo de lucro que se desarrolla en los sectores independientes a los efectos de permitir la creación de cooperativas de trabajo asociado cuyo funcionamiento interno se corresponda con las particularidades de la actividad cultural, al tiempo que se vincule al sector con las prácticas propias de la economía colaborativa, social y solidaria.

Lo cierto es que ese informe plantea la necesidad modificar hasta tres leyes (la de IRPF, la de Autónomos y de Enjuiciamiento Civil; además de distintas normas de rango reglamentario, con la introducción de nuevos decretos o la modificación de los ya existentes) para adaptar la normativa española a la realidad de la profesión cultural. Será por lo tanto un trabajo arduo en el que queda mucho por hacer, y en el que será precisa una buena dosis de creatividad e innovación en el arte de hacer leyes por parte de nuestra clase política.

Solo así, con todos los grupos parlamentarios remanando en la misma dirección –de hecho, es esperable que la tramitación legislativa continúe con un apoyo unánime de las Cámaras Legislativas–, se podrá ver realizada esa pretensión de dotarnos en los próximos meses con una nueva realidad normativa con ese amparo estatutario y legal para los verdaderos artistas, en cualquier de las disciplinas del arte o la cultura, que podrán de esa manera volcar  todo su “arte” y energía en crear, y no en sortear farragosas cuestiones legislativas o tener que verse inmerso en constantes discusiones con las autoridades (tributarias, de Seguridad Social, etc.).

Por último, consideramos de especial interés centrarnos particularmente en las reformas previstas en el ámbito tributario:

A. En materia de IVA, se plantea que cadena de valor de la actividad artística pase de tributar del tipo general (21%) al reducido (10%), lo que ayudaría a la competitividad del sector cultural.

B. En materia de IRPF, destacaríamos dos grandes propuestas de enmienda:

i). Se quiere adecuar la redacción del precepto legal que prevé una reducción del 30% sobre los rendimientos irregulares, de manera que los artistas y creadores puedan, bajo determinados requisitos, acogerse a dicho beneficio fiscal (actualmente, les es muy difícil su aplicación en la práctica), teniendo particularmente en cuenta la potencial inestabilidad de esos ingresos a lo largo del tiempo (a la vez que, con el cobro de un determinado proyecto que puntualmente resulte exitoso, se pueden ver penalizados en exceso por la progresividad propia de los tipos impositivos en IRPF.

ii). Por otro lado, a la vista de excesiva litigiosidad entre los artistas y hacienda a la hora de discutir los gastos potencialmente deducibles (al efecto de obtener el rendimiento neto tributable en IRPF por rendimientos de actividades económicas de índole artísticas), se propone la introducción en la norma del IRPF criterios objetivos sobre los gastos fiscalmente deducibles (aplicables a todos los contribuyentes) y nuevas regles sobre adquisición y mantenimiento de vehículos; gastos por promoción y relaciones públicas; o gastos en transporte público entre lugar de residencia y de trabajo; entre otros.

En general, dichas medidas tributarias se nos antojan razonables y convenientes, si bien sería deseable que esa sensibilidad por parte del legislador fiscal también fuera extensible a otros sectores profesionales o empresariales que, en ocasiones, pueden sufrir problemáticas similares.

En definitiva, sería esperable una “lex artis” de Hacienda que realmente fomentara la colaboración con los ciudadanos y empresas, con normas y criterios claros que rehuyeran de los litigios para apostar definitivamente por una agencia tributaria cercana y que generara confianza hacia los administrados, en el contexto actual de una autoridad fiscal moderna en un contexto europeo y de globalización económico. Esperemos que el Estatuto del Artista y sus buenos propósitos constituyan un primer paso hacia ello.

   Artículo de opinión escrito por Albert Mestres, counsel de Fiscal

26.09.2018

Toda & Nel-lo está participando, como asesor legal en España y en colaboración con la firma inglesa Cooke, Young & Keidan LLP (CYK), en la ejecución de una orden mundial de congelación de cuentas y embargo de bienes dictada por un Tribunal Inglés (“Commercial Court”) contra personas desconocidas que participaron en un fraude electrónico de escala mundial que afectó a una compañía multinacional.

Es la primera vez que los tribunales ingleses adoptan una medida de estas características contra personas desconocidas. La medida, propia del derecho anglosajón y sin equivalente en el derecho continental, se ha mostrado muy útil pues ha permitido identificar hasta 28 personas físicas o jurídicas que habrían participado en el fraude, y ha permitido garantizar la recuperación de parte del dinero defraudado.

Se pone así de manifiesto la necesidad de acudir a fórmulas imaginativas para combatir el fraude en el ámbito financiero, que se presenta cada vez más sofisticado y complejo. En este sentido, merece también ser destacada la autorización concedida por el Tribunal a la demandante para notificar las resoluciones judiciales a los presuntos responsables a través de medios alternativos de notificación, tales como el acceso encriptado a un data room virtual, o a través de redes sociales tales como Facebook o Whatsapp.

El próximo paso será la ejecución en España y en las demás jurisdicciones implicadas de la sentencia dictada por el Tribunal Inglés, por la que se condena a dichas 28 personas y empresas a reembolsar el dinero robado y a pagar 7 millones de libras por los daños y perjuicios causados, más las costas judiciales.

El pasado 17 de septiembre la Agència Tributària de Catalunya (ATC) emitió un comunicado anunciando que, a partir del próximo 2 de octubre, ciertos colectivos pasarán a recibir sus notificaciones por medios electrónicos; en concreto:

a. Las personas jurídicas.

b. Las entidades sin personalidad jurídica como comunidades de bienes, herencias yacentes y comunidades de propietarios.

c. Las personas físicas que ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, y para los trámites y actuaciones que realicen con Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional.

d. Los representantes de un interesado que tenga la obligación de relacionarse electrónicamente con alguna Administración Pública. 

Las notificaciones electrónicas se depositarán en la plataforma eNotum (http://enotum.cat), creada expresamente por la ATC, y en la que se podrá acceder mediante identificación digital.

Asimismo, se habilitará un formulario de contacto mediante el cual se podrá facilitar una dirección de correo electrónico y/o un número de teléfono a los que se enviará un aviso de que se ha colgado una notificación en la plataforma.

Cabe recordar que, tal y como aclara la ATC, la obligatoriedad de los referidos colectivos de relacionarse electrónicamente con la Administración se produjo como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Ley 39/2015).

Puede consultar el texto del comunicado de la ATC aquí.

 

La Sala de Casación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) resuelve en una sentencia reciente que, en el caso de que dos propietarios de un  bien indivisible (en este caso, una finca) tengan el mismo interés legítimo de dicho bien, el juez no puede decidir quién es el propietario final sino que será el azar quien lo decida. Se resolverá a suertes.

El derecho civil catalán concede al copropietario de un bien acción para exigir la división del objeto de la comunidad, siendo dicha acción incondicional e imprescriptible, mientras subsista la comunidad.

De este modo, el artículo 552-11.5 del Código Civil Catalán establece las reglas para proceder a la división cuando un bien no se puede dividir: si solo lo quiere uno de los copropietarios, no hay mayor problema, ya que se le adjudica al que lo pide, debiendo pagar al otro el valor de tasación de la finca que le corresponda por su participación. Si, en cambio, lo quieren todos o varios, se le adjudicará a quien tenga una participación en el inmueble mayor, pagando a los demás el precio correspondiente. Pero si hay varios interesados y todos tienen la misma participación, la suerte decide quién se lo queda.

El TSJC, en su Sentencia nº 61/2018, Sala de lo Civil y Penal, 5 de julio de 2018, analizó la problemática que surgió cuando, perteneciendo una finca a dos cotitulares por mitad, ambos manifestaron su interés en quedársela.

En este caso, el TSJC revalidó el criterio de su anterior sentencia de 3 de noviembre de 2016, que señalaba la necesidad de ponderar en cada caso el interés de las partes en el bien y, en el caso de que éstos fuesen equivalentes, entonces debía decidir la suerte.

¿Cómo resolver la espinosa cuestión de la plusvalía municipal? Por el momento, la sentencia del pasado 9 de julio del Tribunal Supremo arroja algunas luces, si bien sigue generando sombras, a la vez que saca a flote una auténtica tabla de salvación para las maltrechas arcas de los ayuntamientos con un giro argumental que invita a pensar que esta posición jurisprudencial puede haber tenido un componente más político que estrictamente jurídico. En contrapartida, un número importante de contribuyentes asisten atónitos a cómo el Supremo echa al traste las expectativas que, razonablemente, se habían generado a partir de sentencia del Tribunal Constitucional.

Como abogado fiscalista tuve la ocasión de empezar a defender profesionalmente estos temas en 2012 para ciertos clientes propietarios de centros comerciales (normalmente, fondos internacionales, que fueron de los primeros en embarcarse en esos litigios), que, durante los momentos más crudos de la última crisis, se habían visto abocados a una venta a pérdida de esos inmuebles, tras haberlos comprado en el momento más álgido del mercado.

Luego, asistimos a la paulatina extensión de los litigios entre los contribuyentes y casi todos los ayuntamientos. La primera alerta de lo injusto de este impuesto se dio en 2014 cuando se modificó la ley estatal, introduciendo una exención para que aquellos que eran desahuciados de su vivienda, además de la deuda con el banco no se llevaran de paso una deuda con su consistorio.

Más recientemente, el grado de incertidumbre ha sido tal que algunos ayuntamientos o diputaciones, como la de Alicante, directamente han optado por no cobrar el impuesto en ningún caso (también en los supuestos de ganancias evidentes) y con carácter provisional (a la espera de una clarificación suficiente de la cuestión). Salvo esas contadas excepciones, el contribuyente que haya querido reclamar se ha visto abocado al tan engorroso sistema del «primero hay que pagar para luego reclamar» la devolución de ingresos indebidos ante el propio ayuntamiento de entrada y luego ante los tribunales.

Llegados a este punto, podemos afirmar que la normativa del impuesto parte de una concepción errónea del mercado inmobiliario, fruto de una visión del legislador sesgada por décadas de prosperidad y constantes aumentos del valor del suelo y de los activos inmobiliarios. Según esa visión siempre optimista, se venía dando por bueno que el vendedor siempre va a lograr un «incremento» o «plusvalía». Y, en efecto, esa parecía una realidad refrendada por los hechos año tras año, hasta el punto de que, ante la magnitud de las ganancias que envolvían cualquier operación de venta, nadie se planteaba seriamente si el impuesto era legítimo, si estaba bien calculado, o si podía contravenir principios constitucionales básicos, como el de «capacidad económica», el cual exige que un ciudadano solo deba tributar cuando haya obtenido una ganancia o cualquier otra forma de manifestación de riqueza. Nada más lejos de la realidad, tal y como se encargó de demostrar la irrupción de la crisis, hace ahora una década, mostrándonos a todos que era factible que un terreno hubiera visto minorado su valor entre la fecha de compra y la de venta.

A vueltas con la sentencia de julio, los principales aspectos reseñables serían los siguientes:

1. En primer lugar, el Supremo rechaza la tesis sostenida por varios tribunales superiores de justicia, de modo que parece claro que sólo podrán recuperarse las cuotas pagadas por plusvalía cuando se acredite que ha habido pérdida de valor del terreno transmitido. En los últimos meses, esos tribunales venían considerando que todas las liquidaciones eran nulas de pleno derecho, basándose en los artículos declarados inconstitucionales y nulos, y que, según se entendía, habían sido expulsados del ordenamiento jurídico con la sentencia del Tribunal Constitucional, de 2017. Ahora, el Supremo ha puesto fin a esta interpretación, desbaratando las vías para una devolución que muchos ya empezaban a vislumbrar.

2. Por otra parte, la sentencia afirma que si no puede acreditarse la pérdida de valor, debe aplicarse la fórmula legal. No obstante, deja abierta una incógnita: ¿qué ocurre cuando la plusvalía es tan escasa que la aplicación de la fórmula legal puede suponer la vulneración del principio de capacidad económica constitucionalmente protegido? Sobre este particular, el Supremo deja la solución en manos del futuro, porque, como afirma, «la cuestión (…) no se nos ha planteado aún y tampoco ha sido resuelta por el Constitucional».

3. Por último, el Supremo gira las tornas en cuanto a la parte a la que corresponde la carga de la prueba: ésta recae ahora sobre el contribuyente; y decimos «ahora» porque habían recaído diversas sentencias que estaban fallando a favor de que eran los ayuntamientos los que debían probar la existencia de plusvalía. Lo anterior conlleva que, ahora más que nunca, el contribuyente que sostenga haber experimentado una minusvalía en la venta, acuda a litigar idealmente con un informe pericial bajo el brazo, que acredite el valor del terreno en la compra y lo compare con el valor del mismo terreno en la venta. Recordemos que la actual fórmula de determinación del impuesto para nada tiene en cuenta los valores de compra o de venta efectivamente acordados entre comprador y vendedor, sino que parte de criterios objetivos como el valor catastral o el tiempo de tenencia del inmueble.

En conclusión, cada caso merecerá ser analizado individualmente buscando la mejor opción para cada supuesto. De hecho, incluso los contribuyentes que vendieron con cierta ganancia podrían todavía confiar en que el Supremo acabe considerando, cuando menos, que la fórmula de cálculo de la base imponible es errónea. En paralelo, habrá que estar atentos a cómo la nueva ley que regule el impuesto es aprobada y en qué términos. Con la fragmentación del actual Congreso de los Diputados, acertar con algún pronóstico al respecto sería poco menos que una quimera. Tanto a nivel jurisprudencial como legislativo, es posible que esta cuestión sufra alguna vuelta de tuerca más.

 

Artículo de opinión escrito por Albert Mestres, counsel de Fiscal de Toda & Nel-lo, en Diari de Tarragona 

24.08.2018

Toda & Nel-lo ha participado, como asesor legal de las familias Hevia y Bonet, en la operación de venta de una participación mayoritaria en el Grupo Freixenet a la compañía multinacional alemana Henkell, perteneciente al Grupo Oetker.

Han intervenido en la operación Javier Hernández y Manuel Berzosa, ambos pertenecientes al Departamento de Derecho Mercantil de Toda & Nel-lo, así como Ignacio Toda, socio fundador del Despacho.

 

Acceda al comunicado de prensa aquí

01.08.2018
- A diferencia del proyecto español de ley, la Directiva Europea extiende la aplicación de estatuto legal de protección también a los trabajadores del sector privado.
- España se encuentra entre el reducido grupo de miembros de la OCDE que no dispone de medidas adecuadas para salvaguardar la intimidad y el estatus laboral de los denunciantes

 

A finales de abril se hizo pública la propuesta de la directiva europea para la protección de los denunciantes de corrupción o fraude y violaciones de las leyes en los países de la Unión Europea, que regula un "estatuto legal de protección del denunciante" que elevará el nivel de protección de los trabajadores, en consonancia con los Derechos Sociales Europeos (Pillar of Socials Rights).

A diferencia del proyecto español de ley de lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes (en tramitación parlamentaria), que limita la protección a los funcionarios del sector público, la directiva extiende la aplicación de estatuto legal de protección a los trabajadores del sector privado.

En concreto, la directiva impone a las empresas privadas con más de 50 trabajadores o con un volumen de negocio anual de más de 10 millones de euros, y a las Administraciones nacionales y regionales, así como a los municipios con más de 10.000 habitantes, a implementar un canal de denuncias interno y un procedimiento para gestionar las comunicaciones y denuncias, fijándose un plazo de respuesta de tres meses.

La norma, asimismo, establece dos niveles más de canales de denuncia para el caso de que los canales internos no funcionen o no se adopten las medidas adecuadas. Los Estados miembros deben proporcionar canales adecuados para denunciar ante las autoridades competentes e incluso, de existir un peligro inminente para el interés público, a los medios de comunicación.

La utilización del canal de denuncias debe activar la aplicación del estatuto de protección del denunciante que comprende, entre otras medidas, garantizar la confidencialidad, la prohibición de represalias, con sanciones en caso de que existieran, acceso a asesoramiento gratuito y protección en los procedimientos judiciales.

Protección más que deseable ante la ausencia en España de una regulación en defensa de los denunciantes. Nuestro país se encuentra entre el reducido grupo (15%) de miembros de la OCDE que no disponen de medidas adecuadas para salvaguardar la intimidad y el estatus laboral de los denunciantes, cuando, por el contrario, la legislación española obliga a las empresas a imponer a sus empleados la obligación de informar de riesgos e incumplimientos en el ámbito de prevención y detección de delitos.

Temor a las respresalias

En efecto, en el ámbito de la responsabilidad penal de las empresas, el Código Penal español establece que las mismas quedarán exentas de responsabilidad si establecen modelos de organización y gestión que incluyan medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

Estos modelos de organización y gestión deben disponer, como requisito indispensable, de un canal de denuncias y la imposición de la obligación de denunciar a todos los empleados.

El uso de estos canales es limitado, siendo uno de los principales motivos el temor a posibles represalias para el denunciante. Este temor puede aliviarse con la externalización del canal, sin embargo, nuestra experiencia en la gestión de canales externos nos indica, de manera inequívoca, que se hacen necesarias medias adicionales que fortalezcan la confidencialidad e indemnidad de los denunciantes y que les haga sentir protegidos a la hora de poner de manifiesto posibles riesgos o incumplimientos que pongan en funcionamiento los mecanismos de prevención y control para evitar la comisión de delitos.

Es evidente que la directiva tendrá efectos directos en las empresas y en sus mecanismos de control interno y evaluación y gestión de riesgos, dado que deberán adoptar los procesos y procedimientos adecuados para implementar un canal de denuncias, tramitar las comunicaciones que lleguen al mismo, adoptar las medidas adecuadas para, en su caso, corregir y sancionar conductas, y todo ello garantizando la protección de los denunciantes.

 

Artículo de opinión escrito por Jordi Sot, socio de Compliance, en el diario Cinco Días. Puede leer el artículo aquí

31.07.2018

El Consell General de Turismo de Barcelona ha nombrado a Joan Torrella nuevo director general del Consorcio en sustitución de Jordi William Carnes, que dimitió el pasado mes de febrero.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha presidido la reunión del Consell General de Turismo de Barcelona, que ha aprobado la propuesta del comité ejecutivo designando a Torrella como Director General, tal y como propuso el Comité Ejecutivo de la entidad a principios de julio, y a Ignacio Toda, abogado de Toda & Nel-lo, como Secretario General.

Acceda al comunicado de prensa difundido por el Ajuntament de Barcelona aquí. Puede leer la noticia en Europa Press o La Vanguardia

26.07.2018

La compañía italiana Amplifon ha adquirido el 100% de la compañía catalana Gaes por 528 millones de euros para crear el líder mundial en centros auditivos. Para la operación, GAES ha contado con Toda & Nel-lo como asesor

Gaes, propiedad de la familia Gassó, ha destacado que la integración en Amplifon le permitirá impulsar el proceso de internacionalización puesto en marcha en los últimos años. La firma, fundada en 1949 y cuya sede en Barcelona cuenta con 1.800 empleados en todo el mundo, y está presente en España, en Portugal, Andorra, Argentina, Chile, Ecuador, Panamá, Colombia y México. El acuerdo impulsará la expansión de la marca Gaes que pasará a liderar el mercado español y a consolidar su presencia en el latinoamericano.

La compañía catalana cuenta con más de 600 puntos de venta en todo el mundo, 500 de ellos en España, y el año pasado registró unos ingresos de 210 millones y un beneficio bruto de explotación o ebitda de 30 millones. Por su parte, Amplifon es el líder global de cuidado auditivo en el sector retail. Cuenta con 14.000 colaboradores y una red de más de 10.000 puntos de venta en 21 países de los 5 continentes. Para esta operación Gaes ha contado con el asesoramiento jurídico de Toda & Nel-lo, despacho de referencia de la compañía desde hace más de 22 años,y  en concreto para este proyecto con los abogados Javier Hernández, como responsable, y con Pau Nel-lo y Manuel Berzosa.

Pueden leer la noticia en EFE y en Expansión

 

24.07.2018
Poursuivant sa dynamique de croissance, Toda & Nel-lo annonce l'ouverture de son bureau à Madrid.
 
Madrid est une plate-forme stratégique pour les acteurs privés et publics qui souhaitent développer leurs activités sur tout le territoire espagnol.
 
Sa position privilégiée en fait également un carrefour important entre l'Europe, l'Amérique du Sud et l'Afrique.
 
L'ouverture du bureau de Madrid fait partie de la volonté de Toda & Nel-lo d'accompagner ses clients dans leurs meilleurs intérêts dans la mise en œuvre de leurs projets en Espagne et à l'étranger.
 
Fondé en 1992, le cabinet est aujourd'hui composé de plus de cinquante-cinq avocats et intervient dans tous les domaines du droit, avec une expérience reconnue dans le traitement de dossiers liés aux affaires publiques-privées ou aux affaires franco-espagnoles.
 
 
            
23.07.2018