La DGRN, en sus últimas resoluciones (entre otras la de 19 de enero de 2017),  declara que una mayoría reforzada para la toma de decisiones en la junta general que, en la práctica, exija la unanimidad de todos los socios, es válida e inscribible en la medida en que formalmente no se exige estatutariamente la unanimidad (prohibida por el art. 200 LSC).  En concreto, la DGRN acuerda que la situación fáctica en la que pueda encontrarse una sociedad por el juego de las mayorías según los socios que en cada momento sean titulares del capital social, y que pueda conducir a la imposibilidad de adoptar acuerdos siempre y cuando no todos los socios estén de acuerdo, no implica la vulneración del artículo 200 de la LSC en el que se prohíbe exigir la unanimidad para la adopción de un acuerdo.

El mencionado artículo 200 LSC  establece que para todos o algunos asuntos determinados, los estatutos podrán exigir un porcentaje de votos favorables superior al establecido por la ley, sin llegar a la unanimidad. En base a este precepto, una sociedad se podría encontrar en una situación en la cual en sus estatutos, para un determinado acuerdo, se requiere una mayoría de votos favorables y que por la situación accionarial de ese momento de la sociedad, ese acuerdo sólo pudiera ser aprobado si todos los socios de la misma votaran en el mismo sentido.

Un ejemplo de esta situación es el resuelto por la Resolución de la DGRN de 19 de enero de 2017, en la que los estatutos de la sociedad en cuestión requieren una mayoría que suponga el voto favorable del setenta por cien (70%) de los votos cuando la sociedad tiene 3 socios y cada uno de ellos ostenta la titularidad de un tercio del capital social, por lo que para alcanzar el 70% requerido sería necesario que los tres socios votaran en el mismo sentido, es decir, el 100% del capital, la unanimidad.

La DGRN entiende que los estatutos de una sociedad mercantil, adoptados con sujeción a las normas de carácter imperativo, constituyen su norma suprema, debiendo ser respetados mientras nos sean modificados y que por el hecho de que en un momento determinado todos los socios de la sociedad tengan que votar en el mismo sentido para la aprobación de un acuerdo, eso no significa que en los estatutos se haya incluido la unanimidad como mayoría reforzada.

19.03.2018
Es una práctica bastante habitual que en la compra de viviendas en construcción, se produzca la subrogación del comprador en el préstamo hipotecario concedido al promotor, incluso con alguna modificación de las condiciones.
 
En esos casos en los que el préstamo hipotecario no se concede directamente al consumidor sino que este se subroga en un préstamo previamente concedido al promotor, el Tribunal Supremo ha dictado una reciente sentencia de fecha 24 de noviembre de 2017 indicando expresamente que la entidad bancaria tiene la obligación de facilitar al consumidor aquella información contractual que le permita adoptar su decisión con conocimiento pleno de la carga económica y jurídica que la subrogación lleva aparejada.
 
Por lo tanto, si el banco no cumple con su deber de información precontractual, indicando al consumidor que se subroga en el préstamo hipotecario del promotor la existencia de la cláusula suelo y su incidencia en el precio del contrato, ésta podrá declararse nula. 
 

 

A través de BOE de 27 de febrero se ha aprobado versión actualizada del Modelo 510 para la autoliquidación ante la Generalitat de Catalunya del Impuesto sobre las Viviendas Vacías. Recordemos que esta obligación tributaria se impone a las personas jurídicas que sean propietarias (o, en su caso, usufructuarias o titulares de otros derechos reales que den derecho a la explotación) de viviendas en Catalunya que se hallen desocupadas sin causa justificada por un período superior a dos años.

La normativa que en su día dio a luz a este impuesto (Ley del Parlament de Catalunya 14/2015, de 21 de julio) se halla aún pendiente de dilucidar su constitucionalidad, tras el recurso de inconstitucionalidad 2255-2016, interpuesto por el Presidente del Gobierno. No obstante, el Tribunal Constitucional decidió, en su momento, levantar la suspensión cautelar sobre dicha normativa catalana, lo que explica que, hoy por hoy, el impuesto resulte exigible (sin perjuicio de un eventual derecho a solicitar la devolución de los importes satisfechos de resultar una ulterior declaración de inconstitucionalidad).

En concreto, el Modelo 510 ha sido ahora objeto de determinados cambios, tras determinados cambios legislativos introducidos  recientemente (mediante Ley del Parlament 5/2017). En particular, el nuevo modelo se ha adaptado al nuevo mínimo exento de ciento cincuenta metros cuadrados. 

La reforma del impuesto también ha reducido las cargas administrativas para los contribuyentes, que no tendrán que presentar la autoliquidación en caso de que no resulte ninguna cantidad a ingresar como consecuencia de la aplicación del mínimo exento o de la concurrencia de exenciones subjetivas. 

Estos cambios tendrán efectos por primera vez en la obligación tributaria devengada el 31 de diciembre del 2017 y, en consecuencia, el nuevo modelo será necesario para presentar la autoliquidación del impuesto y efectuar el ingreso correspondiente entre los días 1 y 20 del mes de marzo del 2018. 

 

 

 

La Dirección General de Tributos (DGT) se ha pronunciado recientemente, a través de Consulta Vinculante –V0047-18, de 15 de enero de 2018–, acerca del IVA que, en su caso, deba repercutir un profesional a la sociedad mercantil, de la que es socio el mismo profesional, la cual es la prestadora de los correspondientes servicios ante los clientes terceros. Los criterios ahí vertidos vienen a afianzar los apuntados por la propia DGT en resoluciones emitidas en los últimos tiempos.

En este caso concreto, la consultante es una abogada y socia de una sociedad dedicada a la actividad de prestación de servicios de asesoría fiscal, facturando sus servicios como persona física a dicha sociedad, única cliente de la consultante.

Lo más destacable de este tipo de pronunciamientos reside en que la DGT no se inclina por que deba llevar IVA siempre y en todo caso ese cobro de servicios por parte del profesional. En concreto, la DGT alude al principio de estanqueidad tributaria para sostener que no tiene por qué coincidir (o ser análogo) el trato en IVA e IRPF, al tratarse de dos tributos distintos, cada uno con su propia normativa reguladora.

De esta manera, podría ocurrir que, aun teniendo que tributar una renta tal como rendimiento de actividad económica o profesional en el IRPF de la persona física en cuestión, esa percepción no quede sujeta a IVA en la medida en que se entienda que ese individuo no tiene con la sociedad una relación como profesional a efectos de IVA sino una relación de dependencia laboral.

A este respecto, habrá que atender, entre otros elementos, a los siguientes (de acuerdo con la remisión que la DGT efectúa a los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a la Comisión Europea):

  • Si el socio está o no integrado en la estructura organizativa de la sociedad, y hasta qué punto los medios principales para prestar el servicio en cuestión se hallan en sede del socio o de la sociedad.
  • Si el socio actúa bajo una suerte de subordinación o si, por el contrario, es libre de organizar su actividad mediante la elección de colaboradores, estructuras necesarias para el desarrollo de funciones y de horarios de trabajo, vacaciones, etc.
  • Si el socio actúa bajo su exclusiva responsabilidad o lo hace por cuenta de la sociedad y bajo la responsabilidad de ésta.
  • Si el socio soporta el riesgo económico de la actividad –lo que reafirmaría su independencia– y, en ese sentido, si, por ejemplo, así lo refleja su eventual retribución variable (v.gr. sujeta a éxito o a resultados).

En todo caso, la determinación de si, en el ámbito del IVA, estamos más bien ante una relación de dependencia laboral (sin IVA) o ante una actividad profesional (con IVA) exige un análisis caso por caso, sobre la base de las circunstancias más arriba relacionadas.

Sin duda, la DGT tiende a aportar nueva luz en esta materia, si bien ello no quita que seguirán siendo muchas las zonas grises, así como numerosos los supuestos en los que continuará resultando una cuestión enormemente complicada y debatible determinar si esa relación entre socio y sociedad debe o no llevar IVA.

El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, en respuesta a la consulta tributaria núm. 241E/17, de 25 de octubre de 2017, ha aclarado que sólo están sujetas al Impuesto sobre activos no productivos las personas jurídicas y algunas entidades sin personalidad jurídica propia que tengan su residencia en Cataluña.

De ese modo, no quedan obligados por el Impuesto quienes tengan su residencia fuera de la señalada comunidad autónoma aunque sean titulares de activos situados allí.

Cabe recordar que el Impuesto sobre activos no productivos de las personas jurídicas, aprobado en virtud de la Ley 6/2017, de 9 de mayo, es un impuesto de carácter autonómico que tiene por objeto gravar la tenencia de determinados bienes considerados “no productivos”, en concreto:

  • Bienes inmuebles.
  • Vehículos a motor de potencia igual o superior a los 200 CV.
  • Embarcaciones de ocio.
  • Aeronaves.
  • Objetos de arte y antigüedades con un valor superior al que establece la Ley del Patrimonio Histórico.
  • Joyas.

 

Puede consultar el texto íntegro de la consulta tributaria del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de Cataluña comentada aquí.

El pasado 1 de diciembre de 2017 se publicó en el Boletín Oficial de la Cortes Generales (BOCG) una proposición de ley para modificar el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital que regula el «Derecho de separación (del socio) en caso de falta de distribución de dividendos». Puede consultar el texto íntegro aquí

El proyecto de reforma del controvertido artículo tiene como objetivo encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad financiera de la sociedad y la legítima aspiración de los  socio minoritarios a participar en los beneficios de la sociedad.

En particular, las modificaciones previstas en la proposición son las siguientes:

  • Se podrá excluir de los Estatutos sociales la aplicabilidad del artículo 348 bis de la LSC.   
  • Se exigirá un período de obtención de beneficios de tres años consecutivos. La irrupción de un año con pérdidas obligaría a reiniciar de nuevo el cómputo de dicho plazo.
  • Se reducirá de un tercio a un cuarto el porcentaje mínimo de beneficios a repartir.
  • Se eliminará del referido precepto la actual referencia a los «beneficios propios de la explotación del objeto social», con lo que se reducirá la complejidad y la inseguridad jurídica que causa la determinación de los referidos beneficios.
  • La expresión «transcurrido el quinto ejercicio» sustituiría a la actual: «a partir del quinto ejercicio». El objetivo es evitar que el derecho de separación pueda reclamarse al comienzo del quinto ejercicio, en base a las cuentas del año anterior.
  • Las sociedades en concurso estarán excluidas de la aplicabilidad del artículo. Para ello,  tendrán que haber puesto en conocimiento del juzgado competente los siguientes hechos: a) la iniciación de negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, b) la intención de obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio y, c) la comunicación a dicho juzgado de la apertura de negociaciones para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos. Asimismo, estarán excluidas las sociedades que hayan alcanzado un acuerdo de refinanciación.

Se trascribe a continuación  la que sería la nueva redacción del artículo 348 bis LSC, que como hemos visto plantea varias  soluciones encaminadas a conciliar los intereses de las partes afectadas. No obstante, tendremos que esperar a su tramitación parlamentaria para saber si va a ser ésta su redacción definitiva.

Nueva redacción propuesta para el  artículo 348 bis LSC:

«1. Transcurrido el quinto ejercicio contado desde la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad, el socio que hubiera hecho constar en el acta su protesta por la insuficiencia de los dividendos reconocidos o su ausencia tendrá derecho de separación en el caso de que la junta general no acordara la distribución como dividendo de, al menos, una cuarta parte de los beneficios obtenidos durante el ejercicio anterior que sean legalmente repartibles, siempre que se hayan obtenido beneficios durante los tres ejercicios anteriores y el total de los dividendos distribuidos durante los últimos cinco años sea inferior a la cuarta parte de los beneficios totales registrados en dicho periodo.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del ejercicio de las acciones de impugnación de acuerdos sociales y de responsabilidad que pudieran corresponder y salvo disposición contraria de los estatutos.

2. Para la supresión o modificación de la causa de separación a que se refiere el apartado anterior, será necesario el consentimiento de todos los socios, salvo que se reconozca el derecho a separarse de la sociedad al socio que no hubiera votado a favor de tal acuerdo.

3. El plazo para el ejercicio del derecho de separación será de un mes a contar desde la fecha en que se hubiera celebrado la junta general ordinaria de socios.

4. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación en los siguientes supuestos:

a) Cuando se trate de sociedades cotizadas o sociedades cuyas acciones estén admitidas a negociación en un sistema multilateral de negociación.

b) Cuando la sociedad se encuentre en concurso.

c) Cuando, al amparo de la legislación concursal, la sociedad haya puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaración de su concurso la iniciación de negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, o cuando se haya comunicado a dicho juzgado la apertura de negociaciones para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos.

d) Cuando la sociedad haya alcanzado un acuerdo de refinanciación que satisfaga las condiciones de irrescindibilidad fijadas en la legislación concursal.»

 

 

 

18.12.2017

Con la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 2017 se complica la contratación temporal sucesiva. Hasta ahora era posible concertar diferentes contratos temporales con un mismo trabajador siempre que se entendiera que se había roto lo que la jurisprudencia ha designado como “unidad esencial del vínculo”. Ello sucedía cuando entre uno y otro contrato mediaba una interrupción de 3 meses (antes eran las interrupciones de 20 días).

No obstante, se supera esta doctrina para establecer lo siguiente:

  • Un paréntesis de tres meses y medio no rompe necesariamente la unidad esencial del vínculo.
  • Se matiza la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de julio de 2012 para señalar que ésta no opta por un método matemático a la hora de apreciar la ruptura del vínculo, ni erige el módulo de tres meses como barrera universal.
  • Establece que para valorar si existe una vinculación laboral debe hacerse de forma unitaria. Es decir, atender al tiempo total transcurrido desde el momento en que se pretende fijar el inicio de la relación laboral, el volumen de actividad desarrollada, el número y duración de los cortes, la identidad de la actividad productiva desarrollada, la identidad de las tareas, el tenor del convenio colectivo y, en general, cualquier otro.

Puede consultar el texto íntegro de la Sentencia aquí

18.12.2017

La DGRN, en una reciente resolución de fecha 12 de septiembre de 2017, acuerda suspender la inscripción de un acuerdo de aumento de capital social mediante compensación de créditos por no haber votado a favor el socio cuyos créditos se compensan.

La junta general relativa al aumento de capital había sido convocada por los administradores de la sociedad, asistiendo el porcentaje de capital social suficiente para adoptar este tipo de acuerdo. En la citada Junta se acordó por unanimidad del capital presente el aumento de capital previsto en la convocatoria y en los términos fijados en el informe de los administradores.

No obstante, la sociedad es deudora de un crédito que ostenta uno de los socios no asistentes a la citada junta general y es por esa causa, la no asistencia a la Junta del socio acreedor, que la registradora entiende que dicho acuerdo no es inscribible precisamente por no resultar el consentimiento de dicho socio.

La DGRN entiende que se trata de un negocio jurídico entre el acreedor que aporta a la sociedad y ésta misma, lo que exige la concurrencia de los requisitos, que para todo negocio jurídico, exige el artículo 1.261 CC, por lo que el consentimiento expreso o tácito, del aportante, es esencial para su existencia.

14.12.2017

El 15 de febrero de 2017 se publicó  en el DOGC la Ley 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del Código civil de Cataluña, relativo a las Obligaciones y Contratos, que finalmente entra en vigor el día 1 de enero de 2018 -transitoriamente se ha suspendido la aplicación de la nueva ley a los contratos suscritos antes de su entrada en vigor-.

Tal y como establece su preámbulo “El objeto de la presente ley es establecer la estructura del libro sexto del Código civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y los contratos, aprobar la regulación de los contratos de compraventa, de permuta y de mandato, modificar e incorporar los contratos regulados por leyes especiales y sustituir la Compilación del derecho civil de Cataluña, de acuerdo con lo establecido por el artículo 3.f de la Ley 29/2002, de 30 de diciembre, primera ley del Código civil de Cataluña.”

El libro sexto del Código civil de Cataluña se estructura, inicialmente, en tres títulos; el primero, relativo a las disposiciones generales, el segundo, relativo a los tipos contractuales y el tercero, relativo a las fuentes no contractuales de las obligaciones.

Las principales novedades del último libro del Código Civil de Catalunya recaen en la concepción del contrato de compraventa como contrato obligacional con finalidad traslativa; la presunción de las arras como confirmatorias, debiendo ser las penitenciales pactadas expresas; y el establecimiento de la rescisión por lesión en más de la mitad del objeto del contrato y por “Ventaja Injusta”. Del mismo modo, se reconoce el derecho de desistimiento del comprador cuando se pacte la financiación con terceros y ésta no se obtuviere sin culpa.

En cuanto al pacto de condición resolutoria, se establece que hay que conceder un plazo de gracia de 20 días para el cumplimiento antes de la resolución definitiva, siempre que éste supere el 15% del precio total.  Por otro lado, se adapta el derecho de sucesiones a la Ley de Jurisdicción Voluntaria, contemplando la adveración notarial del testamento ológrafo, las funciones notariales de albaceazgo y la interrogatio in iure notarial.

Por último, debe señalarse que, si bien la Ley 3/2017 supone avances significativos en cuanto a legislación sobre obligaciones y contratos y actualiza los libros primero a quinto del Código Civil Catalán, todavía queda un largo camino hasta completar y dar cuerpo entero a la estructura legislativa del libro sexto.

12.12.2017

El 26 de junio de 2017 entró en vigor el nuevo Reglamento Europeo 848/2015, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo, sobre Procedimientos de Insolvencia, “RPI”, que pretende fomentar que los procedimientos transfronterizos de insolvencia se desarrollen de forma eficaz y eficiente con el objetivo de obtener un buen funcionamiento del mercado interior Europeo.

El Reglamento parte de la premisa de que para obtener dicho buen funcionamiento del mercado interior es necesario evitar que las partes encuentren incentivos para transferir bienes o litigios de un Estado miembro a otro, en busca de una posición jurídica más favorable en detrimento del conjunto de los acreedores (foro de conveniencia). En consonancia el RPI incluye disposiciones que regulan la competencia para la apertura de procedimientos de insolvencia y de acciones derivadas directamente de dichos procedimientos y que guardan una estrecha vinculación con los mismos.

En este sentido el RPI contiene disposiciones relativas al reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales dictadas en procedimientos de insolvencia, así como disposiciones relativas a la ley aplicable a dichos procedimientos. Asimismo, el Reglamento establece normas sobre la coordinación de los procedimientos de insolvencia relativos a un mismo deudor o a varios miembros de un mismo grupo de sociedades que se encuentren en distintos Estados miembros de la Unión Europea.

Entre las novedades más relevantes, destacan:

  1. La inclusión en el anexo A de los procedimientos pre-concursales regulados en los Ordenamientos de los Estados miembros (art. 3.1 RPI),
  2. Se completa y se clarifica la noción de centro de los intereses principales del deudor “COMI”, que, como es sabido no venía definida con precisión en el anterior Reglamento Europeo 1346/2000,
  3. La efectiva coordinación entre los procedimientos secundarios y el procedimiento de insolvencia principal universal,
  4. Las nuevas normas sobre la publicidad de los procedimientos concursales en el marco europeo (art. 24 RPI) y, la introducción de un capítulo dedicado al régimen legal para estos casos, con el objeto de garantizar, de algún modo, una mayor coordinación y, por ende, una mayor seguridad jurídica a la hora de tramitar concursos transfronterizos de sociedades mercantiles que formen parte de un mismo grupo empresarial (arts. 56 a 60 RPI).

El pasado 9 de noviembre ha sido publicada en el BOE la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento Jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 ("LCSP").

Tal y como indica su nombre, la nueva LCSP transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas comunitarias del año 2014 –con excepción de la contratación en los “sectores excluidos” del agua, la energía, los transportes y los servicios postales-, cuya fecha de transposición ya había expirado más de un año y medio atrás.

Precisamente, uno de los principales efectos de la nueva LCSP será proyectar claridad sobre aquellos puntos de las Directivas comunitarias que podían considerarse directamente aplicables como consecuencia del denominado efecto directo vertical de las directivas comunitarias.

Sin ánimo de exhaustividad, cabe clasificar las principales novedades introducidas por la LCSP en los siguientes puntos:

1.  Modificación de las tipologías contractuales. Si bien se mantienen los tradicionales contratos de obras, de servicios, de suministros y mixtos, se ha modificado el ámbito de las “concesiones”.

En efecto, la nueva LCSP ha suprimido los contratos de gestión del servicio público, que pasarán a ser bien “concesiones de servicios”, cuando se transmita al concesionario el “riesgo operacional”; o bien contratos de servicios, cuando no se produzca tal transferencia de riesgo.

Asimismo, se mantienen las “concesiones de obras” en términos similares a las anteriores “concesiones de obra pública” y se suprimen los contratos de colaboración público-privada.

Por último, se suprimen los contratos de colaboración público-privada.

2.  Modificación de los umbrales del contrato menor.

A partir de la entrada en vigor de la LCSP, se considerarán contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras (hasta la fecha, inferior a 50.000 euros), o inferior a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios (hasta la fecha, inferior a 18.000 euros).

3.  Adaptación del régimen jurídico de los "medios propios" a las reglas establecidas por las Directivas comunitarias.

En efecto, se ha sustituido la regulación de las denominadas “encomiendas de gestión” por los “encargos a medios propios”, incrementándose de este modo las exigencias que deben cumplir estas entidades en la línea de lo dispuesto en las Directivas comunitarias.

Entre otras cuestiones, el medio propio deberá disponer de medios personales y materiales adecuados para cumplir el encargo que se le haga, debe recabar autorización del poder adjudicador del que dependa, no podrá tener participación de una empresa privada y no podrá realizar libremente en el mercado más de un 20 por ciento de su actividad.

Los Estatutos de los medios propios deberán adaptarse a la nueva regulación en el plazo de seis meses tras la entrada en vigor de la LCSP.

No obstante, en la práctica, la “nueva” regulación es una recopilación y plasmación de los criterios que habían sido establecidos por la jurisprudencia del TJUE, si bien matizados y flexibilizados en la línea de lo recogido en las nuevas Directivas de contratación (p. ej., en relación con la consideración de la exclusividad en la prestación de servicios a la Administración matriz).

4.  Ampliación del ámbito de aplicación del recurso especial en materia de contratación y supresión de la cuestión de nulidad, cuyos motivos se podrán hacer valor a través del referido recurso especial.

En adelante, el recurso especial en materia de contratación no estará vinculado al ámbito de los contratos sometidos a regulación armonizada, sino que se podrá interponer, en el caso de contratos de obras, concesiones de obras y de servicios cuando cuenten con un valor estimado superior a 3.000.000 de euros, y en el caso de contratos de servicios y de suministros cuando el valor estimado supere los 100.000 euros.

Asimismo, el recurso especial amplía su ámbito de aplicación a las modificaciones contractuales, a los encargos a medios propios cuando no cumplan las condiciones de la LCSP y a los acuerdos de rescate de las concesiones.

De conformidad con el art. 44.7 de la LCSP, de carácter básico, se dispone expresamente la gratuidad del recurso especial en materia de contratación.

No obstante, cabe señalar que el recurso pierde su carácter suspensivo cuando se interponga contra un acto de adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco.

5.  Se mantienen los procedimientos de adjudicación previstos en la anterior normativa: abierto, negociado, diálogo competitivo y restringido, añadiéndose el procedimiento de “asociación para la innovación”.

Además, en el marco del procedimiento abierto, se crea la figura del procedimiento abierto simplificado, con la finalidad de resolver determinados procedimientos de adjudicación en el plazo de un mes. 

Asimismo, es relevante señalar que los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento abierto simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o, en su caso, en el Registro oficial de la Comunidad Autónoma.

6.  Flexibilización en materia de modificación contractual de conformidad con las nuevas Directivas comunitarias.

Con carácter general, se mantiene la diferenciación de regímenes jurídicos para las modificaciones por causas contractuales (aquellas cuyas causas y efectos se encuentran previamente recogidas en los pliegos) y las modificaciones por causas legales (aquellas no previstas en los pliegos).

Con respecto a las modificaciones por causas legales, el nuevo LCSP ha configurado, de hecho, un régimen más laxo que el recogido hasta la fecha por el TRLCSP, en línea con lo previsto en las Directivas comunitarias. A modo de ejemplo, cabe señalar que en determinadas circunstancias podrían aprobarse modificaciones de contratos que alteren hasta el 50% del precio inicial del mismo.

A primera vista, ello implica una flexibilización de los criterios de modificación contractual con respecto a la normativa interna que derivaba de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Ello resulta de especial relevancia en el ámbito español, ya que es la primera ocasión, desde el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en la que se ha aprobado una regulación sobre modificación contractual más flexible que la normativa inmediatamente anterior. 

7.  Ámbito subjetivo de aplicación. Si bien se mantienen los tradicionales tres niveles de aplicabilidad de la LCSP (Administraciones Públicas, poder adjudicador no Administración Pública, y otras Entidades del Sector Público que no revisten la cualidad de poder adjudicador), se han modificado sus regímenes de aplicación.

En primer lugar, los poderes adjudicadores se sujetarán en todo caso a la normativa legal, que no quedará desplazada por las Instrucciones Internas de Contratación. En su lugar, y siempre que no se trate de contratos sometidos a regulación armonizada, los poderes adjudicadores podrán elegir cualquiera de los procedimientos de selección del contratista previstos para las Administraciones Públicas (salvo el procedimiento negociado sin publicidad, que únicamente podrá utilizarse en los supuestos tasados del art. 168 de la LCSP).

De este modo, únicamente las Entidades del Sector Público que no tienen carácter de poder adjudicador cuentan con la obligación expresa de aprobar unas Instrucciones Internas de Contratación (“IIC”).

No obstante, de acuerdo con la Disposición Transitoria 5ª de la LCSP, ello no implicará la automática supresión de las IIC de los poderes adjudicadores actualmente vigentes, sino que se permitiría su adaptación a la nueva LCSP en un plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor de la norma.

Como última reflexión, debe tenerse en cuenta que la práctica totalidad de la nueva LCSP entrará en vigor a los cuatro meses de la publicación en el BOE (4 de marzo de 2018).

Puede consultar el texto de la LCSP aquí.

En todo caso, el presente resumen no pretende tener carácter exhaustivo, sino que se trata de un resumen de las principales novedades introducidas por la LCSP. Si tiene cualquier duda en relación con las implicaciones prácticas y concretas de la nueva LCSP, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de Derecho Administrativo.  

14.11.2017

El pasado 25 de octubre de 2017 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.

El referenciado texto legal introduce varias modificaciones en la regulación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con la finalidad de clarificar la deducibilidad de ciertos gastos en los que incurren los autónomos en el ejercicio de su actividad; en concreto:

  1. Los gastos de suministros de la vivienda habitual afectada parcialmente al desarrollo de la actividad económica del contribuyente, tales como agua, gas, electricidad, telefonía e Internet.

En relación a ese tipo de gastos se introduce una presunción según la cual se permitirá su deducibilidad en el porcentaje resultante de aplicar el 30 por ciento a la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total, salvo que se pruebe un porcentaje superior o inferior.

2.   Los gastos de manutención del propio contribuyente incurridos en el desarrollo de la actividad económica.

Respecto de esa clase de gastos se incorpora una previsión específica por la que se permite la deducibilidad de los mismos siempre que (i) se produzcan en establecimientos de restauración y hostelería, y (ii) se abonen utilizando medios electrónicos de pago.

El importe deducible por este concepto tendrá como límite diario las mismas cuantías que para gastos de manutención se establecen para trabajadores por cuenta ajena en el Reglamento del IRPF, esto es, con carácter general, 26,67 euros diarios si el gasto se produce en España o 48,08 euros si se soporta en el extranjero.

La mayor parte de las reformas introducidas por la comentada Ley entraron en vigor el pasado 26 de octubre pero, con arreglo a lo previsto en la Disposición Final 13ª del texto, las comentadas en este artículo –referidas a aspectos sobre fiscalidad de los autónomos-, “entrarán en vigor el 1 de enero de 2018”.

Puede consultar el texto íntegro de la comentada disposición normativa aquí