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Como cometamos en una reciente publicación -que puede consultarse clicando aquí-, el Tribunal Supremo (TS), en su Sentencia 1462/2018 de 3/10/2018, estableció como doctrina legal que las prestaciones públicas por maternidad percibidas del Instituto Nacional de la Seguridad Social  (INSS) están exentas del pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Por ello, todos los contribuyentes que hayan tributado por la percepción de esa clase de ayudas tienen derecho a reclamar a hacienda las cantidades indebidamente ingresadas.

El pasado 3 de diciembre de 2018, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) publicó en su página web un formulario que pretende agilizar el proceso de devolución de quienes reclamen esas cantidades. De ese modo, los afectados no tendrán la obligación de presentar solicitudes de rectificación de las declaraciones de IRPF afectadas, sino que podrán limitarse a cumplimentar la habilitada solicitud en la que sólo debe indicarse, uno, el año en que se declararon las percepciones; y dos, el número de cuenta en la que quiere recibir la devolución, sin que sea necesario adjuntar el certificado de la Seguridad Social acreditativo de las prestaciones percibidas.

Es preciso señalar que actualmente sólo es posible tramitar la recuperación de las cantidades declaradas correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015. El formulario que permitirá rectificar las declaraciones de los años 2016 y 2017 estará disponible en enero de 2019.

Puede acceder al formulario de la página web de la AEAT aquí.
 

La Sala Primera de lo Civil del Tribunal  Supremo (TS) en su sentencia nº 530/2018 de 26 de septiembre, analiza cuál es el plazo de duración de un nuevo contrato de arrendamiento sometido a tácita reconducción, si en el contrato “originario” se había pactado una renta anual, y el pago de la misma se articulaba por meses anticipados.

El Alto Tribunal, tras analizar el artículo 1.566 del Código Civil, en relación con el artículo 1.581 del mismo texto legal, ha entendido que la duración del nuevo contrato de arrendamiento lo es por años si se establece en el contrato anterior una renta anual, no siendo lógico entender que un mero fraccionamiento del pago (mensual) de una renta fijada anualmente determine que la duración del contrato es mensual.

De ser así carecería de sentido la determinación de la renta anualmente, si la intención de las partes era fijar la renta de forma mensual.

 

[El término tácita reconducción es una figura jurídica que se da en los contratos de arrendamiento urbanos. Se refiere a la continuación del arrendamiento cuando el contrato llega a su fin y el inquilino permanece en la vivienda o en el local, con el consentimiento del propietario. Si el inquilino permanece disfrutando del inmueble durante 15 días con el consentimiento del arrendador, el contrato se renueva de forma 'tácita', creándose así un nuevo contrato.

 

Recientemente, el Tribunal Supremo, en su sentencia con fecha 14 de septiembre de 2018, ha resuelto sobre los plazos de prescripción que aplican a la reclamación de un comunero contra su comunidad. En el supuesto enjuiciado, el propietario de un local reclamaba a su comunidad por los beneficios dejados de obtener al no haber podido arrendar el local, por encontrarse los elementos comunes del inmueble en mal estado.

El propietario del local interpuso demanda contra la comunidad de propietarios, pues entendía que la comunidad había incumplido el deber de mantenimiento y conservación previsto en el artículo 10.1 de la Ley de Propiedad Horizontal. Por su parte la comunidad se opuso a la demanda alegando, entre otras cuestiones, la prescripción de la acción ejercitada.

La demanda fue parcialmente estimada en primera instancia, siendo desestimada en segunda instancia por la Audiencia Provincial, que resolvió que la acción ejercitada estaba prescrita. El razonamiento de la Audiencia era que la acción que se ejercitaba era la de indemnización por daños y perjuicios extracontractuales, siéndole de aplicación el plazo de prescripción de 1 año del artículo 1958 del Código Civil (“CC”).

El propietario del local presentó recurso de casación, resolviendo el Tribunal Supremo que lo solicitado por el propietario no era una indemnización por daños extracontractuales sino una reclamación derivada del incumplimiento de la obligación legal de mantenimiento de los elementos comunes.

En la ley este tipo de reclamaciones no tienen previstos un plazo específico de prescripción, por lo que les es de aplicación el plazo general del artículo 1964 CC, que en el momento de producirse los daños era de 15 años (ahora 5 años) . Por este motivo, el Tribunal Supremo desestimó la excepción de prescripción, acordando devolver las actuaciones a la Audiencia Provincial para que dictase nueva sentencia.

Puede consultar el texto íntegro de la sentencia aquí.

 

 

 

[1] STS (Sala de lo Civil) núm. 491/2018 de 14 de septiembre.
[1] El 7 de octubre de 2015, entró en vigor la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, reduciéndose de 15 a 5 años el plazo de prescripción para aquellas acciones personales que no tienen previsto un plazo especial.

 

El próximo 24 de enero de 2019 Ignacio Goytisolo, socio responsable del departamento de Derecho Tributario, y Albert Mestres, responsable del área de fiscalidad inmobiliaria de Toda & Nel-lo, respectivamente, participarán como moderadores y ponentes en la jornada "El sector inmobiliario en 2019", organizada por el Instituto de Fomento Empresarial (IFE), en la que se examinarán las tendencias fiscales y jurídicas del mercado del sector inmobiliario español.

El encuentro tendrá lugar en el Club Financiero Génova - c/ Marqués de la Ensenada, núm. 14 de Madrid- de 9 a 17:45h, y constará de seis ponencias en las que serán objeto de análisis y debate temas de actualidad; en concreto:

1. El impacto para el sector inmobiliario de las nuevas consideraciones sobre el valor real y el valor de mercado del anteproyecto de Ley de lucha contra el fraude fiscal.

2. ¿El mercado al rescate de la fiscalidad, o la fiscalidad al rescate del mercado?

3. El mercado inmobiliario: visión general, novedades y tendencias legislativas.

4. La financiación a promotores en 2019.

5. SOCIMIs: Análisis de los nuevos vehículos de inversión inmobiliaria y su impacto en la atracción de los fondos internacionales.

6. Los vaivenes jurisprudenciales en la plusvalía municipal y AJD: ¿quién puede reclamar?

 

Resulta preciso apuntar que las inscripciones realizadas antes del 31 de diciembre de 2018 disfrutarán de un descuento de 200 € sobre la cuota de inscripción, por lo que recomendamos a los interesados que formalicen su inscripción antes de dicha fecha. 

Puede consultar el programa de la jornada y las formas de inscribirse aquí.

Infracción de derechos de autor en Internet

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de octubre de 20018, asunto C-149/17.

En los supuestos en que se produzca una infracción de los derechos de autor o derechos afines (descargas de películas, música, libros, etc.) mediante una conexión a Internet en un domicilio compartido por varios familiares, el Tribunal de Justicia ha dictaminado que el titular de la conexión podría ser considerado responsable civil de tal infracción en el caso de no identificar al familiar que haya realizado la infracción. Es decir, el titular de la línea o conexión debería indemnizar a los titulares de derechos.

El Tribunal de Justicia considera que si la legislación nacional así lo permite, la normativa comunitaria relativa a la protección de los derechos de autor no puede permitir el desamparo de los titulares de derechos por la negativa del titular de identificar a los infractores. Se establece así un equilibrio entre la protección a los derechos de autor y el respeto a la vida privada y familiar. Es decir, no se exigiría la obligación, si fuera de posible, de que el titular de la conexión identificase al familiar infractor, pero sí que se le podría exigir al titular de la línea la responsabilidad civil (pago de una indemnización, por ejemplo).

Esta situación se asimila , con sus matices, a la regulación sancionadora de la multas de tráficos por excesos de velocidad detectados por radares. Si el titular del vehículo no identifica o no puede hacerlo al conductor en el momento de la infracción, se le considerará el responsable de la mismas a los efectos del pago de la multa.

 

El Tribunal Supremo (TS), en su reciente Sentencia 1.462/2018 de 3 de octubre de 2018, haciendo una interpretación literal y gramatical de la Ley reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ha establecido como doctrina legal que las prestaciones públicas por maternidad percibidas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) están exentas del pago del Impuesto.

Con el referido pronunciamiento, el Alto Tribunal zanja de forma clara y contundente la polémica que se había generado durante los últimos tiempos acerca de cómo deben tributar en el IRPF las mencionadas prestaciones y que, hasta entonces, estaba teniendo dos soluciones diversas en los Tribunales de Justicia:

1. por una parte, había Tribunales, como el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, que venían sosteniendo que esas prestaciones debían considerarse exentas del IRPF; mientras que,

2. por contra, otros (como el TSJ de Andalucía) defendían que se trataba de remuneraciones que debían tributar en renta.

Tras el comentado fallo del TS, quienes han estado percibiendo prestaciones por maternidad durante los últimos años y han tributado por ellas se plantean cómo poder recuperar las cantidades improcedentemente ingresadas. Al respecto, es preciso efectuar dos consideraciones:

1. el derecho de los contribuyentes a solicitar la modificación de las declaraciones del IRPF prescribe a los 4 años, por lo que solamente podrán recuperarse las prestaciones de maternidad tributadas de 2014 en adelante; y,

2. el mecanismo legal oportuno para tal fin es la presentación de solicitudes de rectificación de las autoliquidaciones de renta que deben determinar la devolución de los ingresos indebidamente efectuados.

Finalmente, cabe apuntar que, según ha circulado en prensa, parece que en los próximos días la Agecia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) habilitará un formulario específico de solicitud, cuyo uso facilitará y acelerará la tramitación de las devoluciones procedentes.

Puede consultar la sentencia comentada aquí.

En unos meses las empresas comenzarán a estudiar la previsión para el próximo curso y elaborarán un calendario laboral para presentarlo y, en su caso, negociarlo con los representantes de los trabajadores. Entonces ¿qué debe contener este? ¿debe preverse hasta el último detalle?

Parece existir la creencia de que el calendario laboral debe regular hasta el último detalle. Tal vez porque el art. 34.6 del Estatuto de Trabajadores (ET), que contempla la necesidad de que la empresa anualmente confeccione el calendario laboral y exponga un ejemplar del mismo en un lugar visible de cada centro de trabajo, se encuentra junto a las reglas sobre la duración de la jornada, su distribución y el establecimiento de los preceptivos descansos.

O tal vez porque en cierta manera se haya interiorizado que el contenido concreto de un calendario laboral debe ser el que preveía el artículo 4.3 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, de Regulación de Jornadas, Horas Extraordinarias y Descansos, y que disponía que «el calendario laboral (...) comprenderá el horario de trabajo y la distribución anual de los días de trabajo, festivos, descansos semanales o entre jornadas y otros días inhábiles».No obstante, Real Decreto -este último- que perdió su vigencia el 12 de junio de 1995», sin que hasta la fecha se haya dictado texto reglamentario nuevo.

Por otra parte, tanto el artículo 64.6 del ET calendario laboral como el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre sobre jornadas especiales de trabajo, prevén la participación de los representantes legales de los trabajadores. En el caso del Estatuto, los representantes serán objeto de consulta y, en el caso del Real Decreto 1561/1995, serán objeto de consulta y deberán emitir informe preceptivo, previo a la elaboración del calendario laboral.

¿Cuál debe ser su contenido mínimo?

Los límites los fijarán, en primer lugar, las previsiones que se hayan establecido a través del convenio colectivo y, en defecto de regulación convencional en la materia, debemos tener en cuenta que el calendario se configura como un instrumento regulador del tiempo de trabajo a través del cual se satisface el derecho del trabajador a la información sobre su jornada. No obstante, la regulación leal al respecto (34.5 ET) es bastante parca, estableciendo únicamente la obligación de “elaborar el calendario laboral, debiendo exponerse un ejemplar del mismo en un lugar visible”.

Por tanto, ello no significa que deba contener el régimen de prestación de servicios de cada trabajador individualmente considerado, según recoge la sentencia del Tribunal Supremo de 20-7-2015.

En consecuencia, si el Convenio no contiene ningún compromiso no cabe exigirle a la empresa que en el Calendario incluya horarios y turnos de trabajo. Por lo que el calendario elaborado por la empresa podría tan solo contener el periodo de vacaciones y fiestas oficiales de cada centro de trabajo si este fuera el contenido mínimo exigido convencionalmente; incluso en empresas en las que la prestación de trabajo es continuada las 24 horas del día y los 7 días de la semana.

25.09.2018

La DGRN (Dirección General de los Registros y del Notariado) ha declarado recientemente, en  resolución de 31 de julio de 2018, que es inscribible la cláusula estatutaria que estipula que los socios no pueden constituir derechos reales sobre sus participaciones sociales, ni utilizarlas de otro modo como garantía o para cualquier otro objeto que pudiera dar como resultado una transmisión de dichas participaciones. 

La DGRN fundamenta su decisión en el carácter esencialmente cerrado de la sociedad de responsabilidad limitada y en el hecho de que por medio del título constitutivo de los derechos reales puedan atribuirse determinados derechos sociales al titular de tales derechos reales que le permitan influir en la vida corporativa de la sociedad (p. ej., el usufructo y la prenda de participaciones puede utilizarse para instrumentar sindicatos de voto). Asimismo, la DGRN añade que, al permitirse al socio la transmisión plena de sus participaciones (en el presente caso sin prohibición alguna y según las restricciones que resultan del artículo 107 de la Ley de Sociedades de Capital) no lo convierte en «prisionero» de la sociedad y no perturba la realización del valor patrimonial de las participaciones con una dificultad objetiva que sea prácticamente insalvable, ni puede considerarse que rebase los límites generales a la autonomía de la voluntad (cfr. artículos 1255 y 1258 del Código Civil, 28 de la Ley de Sociedades de Capital y 188.1 del Reglamento del Registro Mercantil).

El pasado 14 de septiembre el Parlamento Europeo aprobó una propuesta de Directiva de Derechos de Autor para el Mercado Único Digital.

La propuesta del legislador europea tiene por objeto acometer una actualización de los derechos de autor en el mercado digital actual, sobre la base de tres ejes:

1) más acceso transfronterizo para los ciudadanos a contenido protegido por derechos de autor en línea;

2) mayores oportunidades para utilizar material protegido por derechos de autor para educación, investigación, patrimonio cultural y discapacidad (a través de las llamadas "excepciones") y

3) introducir reglas del juego más claras para un mercado de derechos de autor en funcionamiento, que estimula la creación de contenido de alta calidad.

La propuesta, según señala el Parlamento, aspira a garantizar que los artistas, músicos y autores de guiones, así como los editores de noticias y periodistas, reciban una compensación por su trabajo compartido a través de plataformas como YouTube o Facebook, así como agregadores de noticias como Google News.  Cuestión sin duda polémica que deberán concretar los legisladores nacionales a la hora de transponer la Directiva. Por su lado, las empresas tecnológicas consideran que poner trabas u obligaciones de control puede suponer una seria limitación al uso de sus servicios y de Internet en general.

Encontrar un equilibrio entre libertad de expresión y libertad en Internet es otro de los retos a los que se enfrenta esta nueva legislación. Por ejemplo, se propone que el mero intercambio de hipervínculos a los artículos, junto con "palabras individuales" para describirlos, estará libre de restricciones de derechos de autor.

Por otro lado, se sube el nivel de exigencia a las grandes plataformas de Internet, requiriendo que establezcan sistemas de control y reparación rápida (operados por el personal de la plataforma, no por algoritmos) a través de los cuales se pueden presentar quejas cuando un contenido sea infractor de derechos de autor.

El Tribunal Supremo, en su reciente Sentencia 843/2018 de 23 de mayo de 2018, ha manifestado que la Administración Tributaria no puede comprobar el “valor real” de un inmueble, declarado a los efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD), aplicando el método de comprobación consistente en multiplicar el valor catastral del bien por un coeficiente multiplicador asignado al mismo.

El origen de la polémica que se resolvió en la Sentencia de referencia, lo encontramos en la compra de una vivienda situada en el término municipal de Seseña (Toledo) por parte de un particular a la inmobiliaria del Banco Santander Central Hispano (BSCH).

El particular declaró el ITPyAJD devengado en la operación consignando como “valor real” de la vivienda el precio satisfecho por la compra. La Administración Tributaria, por su parte, comprobó el Impuesto declarado determinando que era insuficiente por haberse calculado en base a un precio -el pagado- inferior al resultado de multiplicar el valor catastral del inmueble por un coeficiente multiplicador aprobado por la Junta de Comunidades de Castilla y la Mancha.

La controversia llegó a los Tribunales y, tras varios pronunciamientos, acabó dando lugar al planteamiento de un recurso de casación que ha sido resuelto por la Sentencia comentada. En ella, el Alto Tribunal manifiesta que el acto de determinación del “valor real” de un bien inmueble comprobado por la Administración –que, a la vez, corrige o verifica el declarado por el interesado-, ha de ser singularizado, motivado y fruto de un examen del inmueble mediante visita al lugar.

En consecuencia, como advertíamos al principio, el TS termina resolviendo que el método de comprobación consistente en la estimación por referencia a valor catastral multiplicado por índices o coeficientes, a pesar de ser legal, no es idóneo para determinar el “valor real”  de un inmueble sobre el que se calcula el ITPyAJD, dada su generalidad y falta de relación con el bien concreto.

Consulte la nota de prensa publicada en la página web del Poder Judicial que hace eco de la Sentencia comentada aquí
 

20.06.2018

El Ayuntamiento de Barcelona anuncia la aprobación inicial de dos medidas que vinculan la promoción y rehabilitación inmobiliarias al incremento del parque público de viviendas.

La Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona acaba de aprobar el inicio de la tramitación de dos medidas de importante repercusión en el desarrollo de la promoción inmobiliaria en la ciudad:

La primera modificación del Plan General Metropolitano de Barcelona (“PGM”), se refiere a la reserva de vivienda de protección oficial en cada nueva promoción inmobiliaria. Así, dicha medida establece que la construcción de nuevos edificios de viviendas o las grandes rehabilitaciones de edificios destinados a vivienda deberán reservar un 30 % del edificio a viviendas sociales. En este sentido, cabe matizar que la reforma afectará a aquellos solares con un aprovechamiento urbanístico superior a los 600 m2. No obstante, cabe aclarar que al contrario de lo anunciado, finalmente no se ha aprobado la suspensión del otorgamiento de licencias de edificación de viviendas durante el período de tramitación de la referida modificación del PGM.

La segunda iniciativa consiste en ampliar a todo el municipio el derecho de tanteo y retracto en favor del Ayuntamiento de Barcelona. Este nuevo derecho del Consistorio se podrá ejercer en la venta de edificios residenciales, solares y pisos. Asimismo, el Ayuntamiento adquirirá facultades expropiatorias sobre edificios y solares declarados en ruina no edificados por sus promotores en el plazo de 2 años.

Un aspecto a tener en cuenta es el régimen transitorio de ambas modificaciones en tramitación. En este sentido, la Modificación del PGM se aplicará a todas las nuevas licencias que se tramiten a partir de la aprobación definitiva, excepto aquellas que ya estuvieran en trámite antes de la aprobación inicial y las que acrediten transacciones hechas entre el 1 de julio de 2016 y la aprobación inicial.

En todo caso, la aprobación definitiva por el pleno del Ayuntamiento de Barcelona y la consecuente entrada en vigor de las anteriores medidas está prevista para el próximo otoño.

En síntesis, a través de estas dos medidas el Consistorio pretende desarrollar un crecimiento del parque público de la vivienda. Así, por un lado, aumenta extraordinariamente la exigencia al sector privado en favor de la Vivienda de Protección Oficial. Y, por otro lado, el instrumento de tanteo y retracto pasa de ejercerse en determinadas áreas a poderse ejercer en todo el municipio.

Puede consultar la nota de la aprobación inicial de las anteriores modificaciones aquí

Desde el Despacho actualizaremos puntualmente la información durante la tramitación de las anteriores medidas.
 

20.06.2018

La DGRN (Dirección General de los Registros y del Notariado) ha aclarado en una reciente resolución que los socios minoritarios tienen derecho a solicitar la convocatoria de la junta, manteniendo en plena vigencia durante el procedimiento concursal lo previsto en el artículo 168 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) -la obligación de convocar junta cuando lo solicite uno o varios socios que representen al menos el 5% del capital social-. Con dicha resolución, que supone un cambio de criterio mantenido hasta ahora por el Registro Mercantil de Madrid, se permitirá a los socios o accionistas de las sociedades concursadas cobrar mayor protagonismo en el seguimiento y control de las funciones de la administración concursal, ya que, entre los deberes que han de considerarse incluidos en el mandato del administrador concursal, se comprenderá el de convocar junta general en los casos determinados por la ley. La resolución establece que subsistiendo el órgano social, la junta de socios, así como la obligación de convocarla en los casos legalmente previstos, no existe razón alguna que excluya en caso de concurso la aplicación del régimen de convocatoria a instancia de socio minoritario.

19.06.2018