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El pasado 29 de noviembre, el Pleno del Tribunal Constitucional resolvió la cuestión de inconstitucionalidad promovida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha respecto del art. 86.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que se refiere al recurso de casación por infracción de normas autonómicas. Concretamente, el párrafo segundo dispone que será competente para conocer del recurso una Sección de la Sala Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Y si hubiera más de una Sección, la Sala de Gobierno establecerá el turno correspondiente.

El TSJ de Castilla-La Mancha planteó la cuestión de inconstitucionalidad en base a cuatro motivos. En primer lugar, la posible vulneración de la reserva de ley orgánica para regular la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales (art. 122.1 CE); en segundo lugar, la infracción del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE); en tercer lugar, la vulneración del derecho a la igualdad (art. 14) y, en cuarto lugar, del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24).  

Frente a ello, el Tribunal Constitucional rechaza todos y cada uno de los motivos planteados, de tal manera que estima la plena adecuación del art. 86.3, párrafos segundo y tercero, de la LJCA a la Constitución.

Así pues, los argumentos del TC son, resumidamente, los siguientes.

  1. Sobre la posible vulneración del art. 122.1 de la CE, frente a los motivos esgrimidos por el TSJ de Castilla-La Mancha –que plantea la posible inconstitucionalidad derivada de la reserva de LO para regular el recurso de casación autonómico-, el TC entiende que las previsiones contenidas en el art. 86.3, párrafos segundo y tercero, no son objeto de reserva de LO y, por consiguiente, pueden regularse por el legislador ordinario, como se ha hecho.

    En efecto, de acuerdo con la jurisprudencia del TC, siempre se ha reservado a LO, como mínimo, “el diseño básico de la organización judicial” y “la definición genérica del ámbito de conocimiento litigioso” de los diversos órdenes jurisdiccionales pero nunca “las modalidades de recurso disponibles, las resoluciones en su caso recurribles, los órganos competentes para su resolución o los procedimientos que a tal fin deban seguirse”. Y ello, “con independencia de que las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial hayan procedido en ocasiones en el pasado a precisar, en mayor o menor grado, algunos de esos aspectos”.

  2. Por ello, el TC entiende que, de acuerdo con el criterio mantenido a lo largo de su jurisprudencia, la regulación prevista en el precepto cuestionado no estaría dentro del contenido de “mínimos” reservado a LO y, por tanto, puede regularse por ley ordinaria. De aquí que, desde este punto de vista, rechace la posible inconstitucionalidad del art. 86.2. 3º y 4º LJCA. 

    Por otra parte, el TC también explica que la regulación de las Secciones en el art. 86.3, párrafos segundo y tercero, LJCA debe entenderse como Sección “funcional”, susceptible de regularse por el legislador ordinario, y no como Sección “orgánica”, en cuyo caso, debiera ser objeto de LO. En definitiva, sostiene el TC que las Secciones a las que se refiere el art. 86.3 LJCA “se configuran y actúan básicamente como divisiones funcionales de las Salas de lo Contencioso-Administrativo y no como órganos judiciales con una composición y un ámbito competencial singularizados con respecto a los de dichas Salas” por lo que, “en consecuencia, no necesariamente deben ser reguladas por disposiciones de rango orgánico”.

 

  1. Respecto a la posible infracción del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), el TSJ plantea este motivo en base a: (i) la falta de mención de las resoluciones objeto del recurso de casación autonómico y (ii) la disparidad de criterios de aplicación de las disposiciones cuestionadas existentes entre los Tribunales Superiores de Justicia.

    Frente a ello, el TC sostiene que “no cabe admitir que se infringe el principio de seguridad jurídica cuando un texto normativo no se plantea y resuelve por sí mismo de modo explícito todos los problemas que puede suscitar su aplicación”. Por ello, aunque la modificación del art. 86.3 LJCA puede haber creado “cierta vacilación en algunos aspectos de la dinámica del recurso de casación autonómico” debido a la parquedad de su desarrollo normativo, el art. 86.3, párrafos 2º y 3º, forma parte del ordenamiento jurídico y, como tal, es susceptible de una interpretación razonada y sistemática del mismo.

    En este sentido, el TC, de acuerdo con las alegaciones de la Abogacía del Estado, defiende que el artículo cuestionado pueda interpretarse armónicamente “con la regulación contenida en los arts. 87, 87bis, 88, 89 y sigs.” LJCA y que se refieren al recurso de casación ante el Tribunal Supremo.Por todo ello, el TC concluye que en el caso del art. 86.3, párrafos segundo y tercero, no concurre un grado de indeterminación tan alto como para apreciar la vulneración del principio de seguridad jurídica consagrado en el art. 9.3 CE.

 

  1. El TC también rechaza la vulneración del derecho a la igualdad (art. 14 CE) planteada por el TSJ en base a la posibilidad de que los diferentes Tribunales Superiores de Justicia llevasen a cabo interpretaciones contradictorias ante situaciones de hecho esencialmente iguales que generasen un trato diferente a los ciudadanos.

    En este punto, el TC se remite a la doctrina constitucional que dispone que“la desigualdad o la discriminación que se prohíbe mediante el art. 14 CE es la que se origina en la función jurisdiccional de un mismo órgano judicial, al interpretar o aplicar de forma diversa una misma norma ante supuestos de hecho similares, no la que se produce por el hecho de que distintos órganos judiciales realicen una interpretación o aplicación distintas de la misma norma jurídica”. Y prosigue, "la independencia judicial ampara la capacidad de cada Juez y Tribunal de seleccionar, interpretar y aplicar las normas que consideran relevantes para resolver el asunto de que conocen, siendo la razonabilidad el único parámetro de constitucionalidad que podría proyectarse sobre tales operaciones”.

 

  1. Por último, el TC rechaza la posible vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE). En efecto, de acuerdo con el TC, la posible falta de desarrollo legal del recurso de casación autonómico no afectaría a la tutela judicial efectiva en sí misma -como plantea el TSJ- sino a la efectividad del recurso.

    Es decir, que la inexistencia de desarrollo legal del recurso afectaría a su aplicación práctica, pero en ningún caso puede afectar al contenido de la tutela judicial efectiva. Y, en segundo lugar, tampoco hay una vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley en tanto que tanto el párrafo segundo como el tercero del art. 86.3 LJCA tienen rango legal y contienen los criterios necesarios para determinar la composición de las Secciones de casación.

 

En definitiva, mediante esta Sentencia el Tribunal Constitucional logra salvar la constitucionalidad del recurso de casación autonómico, tras la desaparición del recurso de casación autonómico para la unificación de la doctrina y el recurso de casación autonómico en interés de ley, ambos derogados por la LO 7/2015, de 21 de julio.

Puede consultar la nota informativa publicada por el Tribunal Constitucional sobre esta cuestión aquí.

 

 

 

 

 

La nueva regulación de la venta a pérdida que se establece en el artículo 6 del Real Decreto-ley 20/2018 viene a cumplir con la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictada en el procedimiento prejudicial c-295/16, caso Europamur Alimentación S. A.  Dicha sentencia europea declaró la incompatibilidad del artículo 14 de la Ley 7/1996, de Ordenación del Comercio Minorista sobre venta a pérdida, con la Directiva 2005/29/CE sobre prácticas desleales de las empresas a los consumidores en el mercado interior. La referida sentencia declaró que:

  • No puede haber prohibiciones generales de ofertar o realizar ventas con pérdida
  • No pueden regularse excepciones a esta prohibición basadas en criterios que no estén recogidos en la directiva
  • Los Estados miembros no pueden adoptar medidas más restrictivas que las previstas en una norma de la Unión Europea, ni siquiera con el fin de garantizar una mayor protección de los consumidores, y que
  • La deslealtad de la venta con pérdida debe determinarse caso por caso, atendiendo a los criterios que fija la propia Directiva.

Para adaptarse a los mandatos de la sentencia, la nueva regulación de la venta a pérdida no establece una prohibición general, aunque sí determinadas limitaciones, que son conformes a lo que dispone la Directiva 2005/29/CE. También desaparece la automaticidad de las sanciones y la carga de la prueba recae en la Administración que, para poder sancionar, debe acreditar que la venta a pérdida incurre en uno de los supuestos que se recogen de forma taxativa, y que proceden de la propia directiva y, por tanto, son acordes con el Derecho de la Unión Europea.

 

Supresión del Registro de Franquiciadores y del Registro de Empresas de Ventas a Distancia

Entre las medidas adoptadas en el ámbito del comercio, el RDL 20/2018 modifica los artículos 38 y 62 de la Ley 7/1996, de Ordenación del Comercio Minorista, con el objetivo de suprimir el Registro de Franquiciadores y el Registro de Empresas de Ventas a Distancia.

El Registro de Franquiciadores se recoge en el RD 201/2010 que regula el ejercicio de la actividad comercial en régimen de franquicia y la comunicación de datos al registro de franquiciadores, que desde 2016 funcionaba de forma telemática. Sin embargo, las aplicaciones informáticas implementadas presentan graves carencias y su utilización resulta complicada y poco útil además de introducir nuevas trabas al libre ejercicio del comercio. 

Por otra parte, la única información que este Registro verifica es que la empresa franquiciadora ostenta la titularidad o el derecho de uso de la marca, cuestión que ya queda cubierta por la Oficina Española de Patentes y Marcas y el registro ruropeo de Marca Comunitaria, con el agravante de que el incumplimiento de la obligación de comunicación de datos y alta en el mismo constituía una infracción grave.

En cuanto al Registro de Empresas de Ventas a Distancia, se encuentra regulado en el Real Decreto 225/2006, de 24 de febrero, por el que se regulan determinados aspectos de las ventas a distancia y la inscripción en el registro de empresas de ventas a distancia, dictado en desarrollo de las previsiones del artículo 38.2 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. 

Por otra parte, de todos los supuestos que la Ley de Ordenación del Comercio Minorista regula como ventas especiales (ventas a distancia, ventas ambulantes o no sedentarias, ventas automáticas y ventas en pública subasta) la única en la que se exige registro es en la modalidad de venta a distancia, sin que exista una justificación para esta diferenciación.

Así, las únicas empresas que tienen obligatoriamente que solicitar su alta en el Registro de Empresas de Ventas a Distancia son aquellas que ejercen su actividad comercial a través de técnicas como el catálogo, el impreso, la carta normalizada, publicidad en prensa con cupón de pedido, el teléfono, la radio, la televisión, visiófono, vídeo texto y fax.

Al igual que ocurre con el Registro de Franquiciadores, la información que facilita el Registro de Ventas a Distancia se basa únicamente en las afirmaciones de la empresa, sin que exista actividad de verificación de ningún tipo, como tampoco se exige la presentación de documentación acreditativa alguna.

A la vista de estos antecedentes y la poca utilidad de ambos registros, se ha optado por su supresión, ahorrando costes asociados a los mismos tanto para la Administración como para los propios usuarios y facilitando así el libre comercio sin sujeción a registros.
 

18.12.2018

El día 6 de diciembre entró en vigor Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGD), que implica la incorporación definitiva del Reglamento de la Unión Europea n. º 2016/679 de 27 de abril de 2016 en nuestro ordenamiento jurídico, e incide notablemente en la regulación de la controvertida utilización de dispositivos digitales en el entorno laboral

En concreto, supone una ampliación de las facultades de control y dirección reconocidas al empresario mediante el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores, puesto que la LOPDGD recoge expresamente los criterios establecidos por nuestros Tribunales hasta la actualidad, al considerar válida la adopción de medidas de intervención en los dispositivos informáticos propiedad de la empresa, así como el uso de cámaras de videovigilancia y dispositivos de geolocalización (GPS) instalados con la finalidad de velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales.  Asimismo, permitirá la grabación de sonido, aunque únicamente para los supuestos que existan riesgos relevantes derivados de la actividad desarrollada y con la finalidad exclusiva de preservar la seguridad de las instalaciones; no para controlar la actividad laboral de los empleados.

Por lo tanto, el escenario de la implementación de la nueva ley es el reconocimiento legal al empresario de la facultad de implantar medidas de control tecnológico sin requerir el consentimiento de los trabajadores afectados. Ello no significa que las medidas puedan ser sorpresivas, pues la LOPDGD exige una comunicación previa informando a los trabajadores y a la representación colectiva. Asimismo, dicha comunicación deberá ser “expresa, clara y concisa” sobre la existencia y características de los dispositivos implantados y finalidades de los datos obtenidos, debiendo dejar constancia de que una de las finalidades será para vigilar el cumplimiento de las obligaciones laborales.

En el caso particular de los dispositivos GPS, la LOPDGD dice que para mantener activa la localización, una vez finalizada la jornada laboral sí requerirá el consentimiento del trabajador. En este sentido, sería recomendable que el empleador garantice e informe a los trabajadores que dichos dispositivos de localización se desconectarán una vez finalizada la jornada de trabajo (Sentencia TSJ de Asturias de 27-12-2017, entre otras).

Será obligatorio que el empleador informe, junto con la comunicación previa, sobre la posibilidad de que los trabajadores ejerciten los derechos reconocidos por la propia legislación de protección de datos, conocido como “portabilidad de datos” (derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a recibir los datos cuando se solicite). 

La única excepción al trámite de información previa será la constatación de la comisión flagrante de un acto ilícito mediante las grabaciones captadas por sonido o videovigilancia. En este caso, se entenderá cumplido el trámite de información cuando exista un distintivo legal visible en las instalaciones de la empresa o establecimiento donde conste la existencia de tratamiento de datos, la identidad del responsable del tratamiento y la posibilidad de ejercitar los citados derechos “portabilidad de datos”.

La novedosa LOPDGD prevé la elaboración de un protocolo interno sobre tecnologías donde se regulen los usos de las herramientas digitales que se convertirá en medida de obligado cumplimiento para las empresas cuando se haya elaborado. En dichas políticas internas, se reconoce un papel crucial a la representación de los trabajadores al intervenir en su elaboración y velar por el cumplimiento en materia de protección de datos y hasta la posibilidad de establecer garantías adicionales mediante Convenio Colectivo.

Podemos concluir entonces, que, cuanto mayor conocimiento tenga el trabajador sobre la existencia de medios tecnológicos con la finalidad de fiscalizar su trabajo, mayor proporcionalidad y seguridad tendrán los datos obtenidos si quieren utilizarse como prueba de un posible incumplimiento laboral.

Finalmente, señalar que, en materia de derechos laborales, la LOPDGD se reconoce expresamente el derecho de los trabajadores a la intimidad digital -como límite al control en el lugar de trabajo- según los estándares mínimos definidos mediante “los usos sociales y los derechos reconocidos constitucional y legalmente” y se introduce el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral con el objetivo de evitar la comunicación con el trabajador por motivos profesionales fuera de la jornada laboral en aras a respetar la intimidad personal y familiar, así como los periodos de descanso, permisos y vacaciones.

Sin embargo, se trasladan los mecanismos de garantía de esos derechos a una regulación interna o colectiva, desarrollada entre la empresa y la representación de los trabajadores que prevea el uso razonable de las herramientas tecnológicas para evitar el riesgo de “fatiga informática”, a la sazón de incorporarse en materia de prevención de riesgos laborales.

 

18.12.2018

El pasado 12 de noviembre de 2018 se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la Orden JUS/183/2018, de 31 de octubre, por la que se crea la Sede judicial electrónica de Catalunya, que entró en vigor el 1 de noviembre de 2018.

Esta Orden se dicta para dar cumplimiento a las previsiones de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de justicia que establece que las administraciones competentes en materia de justicia deben determinar las condiciones e instrumentos de creación de las sedes judiciales electrónicas.

 

 

Así pues, la Orden referida crea la Sede judicial electrónica de Catalunya, que es el portal electrónico disponible para todos los ciudadanos y profesionales de la justicia y a través del cual pueden acceder a la información, procedimientos y servicios electrónicos de la Administración de justicia en Cataluña.

Asimismo, a través de la Sede judicial electrónica de Cataluña se pueden realizar todas las actuaciones, procedimientos y servicios que requieran la autenticación de la Administración de justicia o de los ciudadanos y profesionales en sus relaciones con esta Administración por medios electrónicos.

Por último, la Sede judicial electrónica de Cataluña permite acceder, mediante el punto de acceso general de la Administración de justicia, a todas las sedes y subsedes judiciales electrónicas creadas dentro del territorio del Estado.

Puede consultar la Orden citada aquí
 

El pasado 11 de diciembre de 2018 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2019.

La publicación del calendario se produce para dar cumplimiento a la obligación impuesta a la Administración General del Estado en el art. 30.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y que le obliga a hacerlo antes de que empiece el nuevo año.

De forma resumida, son inhábiles a efectos de cómputo de plazos los sábados y domingos, las fiestas nacionales, las fiestas autonómicas en el territorio respectivo y las fiestas locales determinadas por las respectivas Comunidades Autónomas.

El calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos debe entenderse, en cualquier caso, de acuerdo con el calendario laboral oficial que, para el año 2019, se publicó en el BOE el 20 de octubre de 2018 (consulte aquí la resolución sobre la relación de fiestas laborales para 2019).

Puede consultar la Resolución de 29 de noviembre de 2018 comentada en este artículo aquí

 

 

Como cometamos en una reciente publicación -que puede consultarse clicando aquí-, el Tribunal Supremo (TS), en su Sentencia 1462/2018 de 3/10/2018, estableció como doctrina legal que las prestaciones públicas por maternidad percibidas del Instituto Nacional de la Seguridad Social  (INSS) están exentas del pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Por ello, todos los contribuyentes que hayan tributado por la percepción de esa clase de ayudas tienen derecho a reclamar a hacienda las cantidades indebidamente ingresadas.

El pasado 3 de diciembre de 2018, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) publicó en su página web un formulario que pretende agilizar el proceso de devolución de quienes reclamen esas cantidades. De ese modo, los afectados no tendrán la obligación de presentar solicitudes de rectificación de las declaraciones de IRPF afectadas, sino que podrán limitarse a cumplimentar la habilitada solicitud en la que sólo debe indicarse, uno, el año en que se declararon las percepciones; y dos, el número de cuenta en la que quiere recibir la devolución, sin que sea necesario adjuntar el certificado de la Seguridad Social acreditativo de las prestaciones percibidas.

Es preciso señalar que actualmente sólo es posible tramitar la recuperación de las cantidades declaradas correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015. El formulario que permitirá rectificar las declaraciones de los años 2016 y 2017 estará disponible en enero de 2019.

Puede acceder al formulario de la página web de la AEAT aquí.
 

La Sala Primera de lo Civil del Tribunal  Supremo (TS) en su sentencia nº 530/2018 de 26 de septiembre, analiza cuál es el plazo de duración de un nuevo contrato de arrendamiento sometido a tácita reconducción, si en el contrato “originario” se había pactado una renta anual, y el pago de la misma se articulaba por meses anticipados.

El Alto Tribunal, tras analizar el artículo 1.566 del Código Civil, en relación con el artículo 1.581 del mismo texto legal, ha entendido que la duración del nuevo contrato de arrendamiento lo es por años si se establece en el contrato anterior una renta anual, no siendo lógico entender que un mero fraccionamiento del pago (mensual) de una renta fijada anualmente determine que la duración del contrato es mensual.

De ser así carecería de sentido la determinación de la renta anualmente, si la intención de las partes era fijar la renta de forma mensual.

 

[El término tácita reconducción es una figura jurídica que se da en los contratos de arrendamiento urbanos. Se refiere a la continuación del arrendamiento cuando el contrato llega a su fin y el inquilino permanece en la vivienda o en el local, con el consentimiento del propietario. Si el inquilino permanece disfrutando del inmueble durante 15 días con el consentimiento del arrendador, el contrato se renueva de forma 'tácita', creándose así un nuevo contrato.

 

Recientemente, el Tribunal Supremo, en su sentencia con fecha 14 de septiembre de 2018, ha resuelto sobre los plazos de prescripción que aplican a la reclamación de un comunero contra su comunidad. En el supuesto enjuiciado, el propietario de un local reclamaba a su comunidad por los beneficios dejados de obtener al no haber podido arrendar el local, por encontrarse los elementos comunes del inmueble en mal estado.

El propietario del local interpuso demanda contra la comunidad de propietarios, pues entendía que la comunidad había incumplido el deber de mantenimiento y conservación previsto en el artículo 10.1 de la Ley de Propiedad Horizontal. Por su parte la comunidad se opuso a la demanda alegando, entre otras cuestiones, la prescripción de la acción ejercitada.

La demanda fue parcialmente estimada en primera instancia, siendo desestimada en segunda instancia por la Audiencia Provincial, que resolvió que la acción ejercitada estaba prescrita. El razonamiento de la Audiencia era que la acción que se ejercitaba era la de indemnización por daños y perjuicios extracontractuales, siéndole de aplicación el plazo de prescripción de 1 año del artículo 1958 del Código Civil (“CC”).

El propietario del local presentó recurso de casación, resolviendo el Tribunal Supremo que lo solicitado por el propietario no era una indemnización por daños extracontractuales sino una reclamación derivada del incumplimiento de la obligación legal de mantenimiento de los elementos comunes.

En la ley este tipo de reclamaciones no tienen previstos un plazo específico de prescripción, por lo que les es de aplicación el plazo general del artículo 1964 CC, que en el momento de producirse los daños era de 15 años (ahora 5 años) . Por este motivo, el Tribunal Supremo desestimó la excepción de prescripción, acordando devolver las actuaciones a la Audiencia Provincial para que dictase nueva sentencia.

Puede consultar el texto íntegro de la sentencia aquí.

 

 

 

[1] STS (Sala de lo Civil) núm. 491/2018 de 14 de septiembre.
[1] El 7 de octubre de 2015, entró en vigor la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, reduciéndose de 15 a 5 años el plazo de prescripción para aquellas acciones personales que no tienen previsto un plazo especial.

 

El próximo 24 de enero de 2019 Ignacio Goytisolo, socio responsable del departamento de Derecho Tributario, y Albert Mestres, responsable del área de fiscalidad inmobiliaria de Toda & Nel-lo, respectivamente, participarán como moderadores y ponentes en la jornada "El sector inmobiliario en 2019", organizada por el Instituto de Fomento Empresarial (IFE), en la que se examinarán las tendencias fiscales y jurídicas del mercado del sector inmobiliario español.

El encuentro tendrá lugar en el Club Financiero Génova - c/ Marqués de la Ensenada, núm. 14 de Madrid- de 9 a 17:45h, y constará de seis ponencias en las que serán objeto de análisis y debate temas de actualidad; en concreto:

1. El impacto para el sector inmobiliario de las nuevas consideraciones sobre el valor real y el valor de mercado del anteproyecto de Ley de lucha contra el fraude fiscal.

2. ¿El mercado al rescate de la fiscalidad, o la fiscalidad al rescate del mercado?

3. El mercado inmobiliario: visión general, novedades y tendencias legislativas.

4. La financiación a promotores en 2019.

5. SOCIMIs: Análisis de los nuevos vehículos de inversión inmobiliaria y su impacto en la atracción de los fondos internacionales.

6. Los vaivenes jurisprudenciales en la plusvalía municipal y AJD: ¿quién puede reclamar?

 

Resulta preciso apuntar que las inscripciones realizadas antes del 31 de diciembre de 2018 disfrutarán de un descuento de 200 € sobre la cuota de inscripción, por lo que recomendamos a los interesados que formalicen su inscripción antes de dicha fecha. 

Puede consultar el programa de la jornada y las formas de inscribirse aquí.

Infracción de derechos de autor en Internet

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de octubre de 20018, asunto C-149/17.

En los supuestos en que se produzca una infracción de los derechos de autor o derechos afines (descargas de películas, música, libros, etc.) mediante una conexión a Internet en un domicilio compartido por varios familiares, el Tribunal de Justicia ha dictaminado que el titular de la conexión podría ser considerado responsable civil de tal infracción en el caso de no identificar al familiar que haya realizado la infracción. Es decir, el titular de la línea o conexión debería indemnizar a los titulares de derechos.

El Tribunal de Justicia considera que si la legislación nacional así lo permite, la normativa comunitaria relativa a la protección de los derechos de autor no puede permitir el desamparo de los titulares de derechos por la negativa del titular de identificar a los infractores. Se establece así un equilibrio entre la protección a los derechos de autor y el respeto a la vida privada y familiar. Es decir, no se exigiría la obligación, si fuera de posible, de que el titular de la conexión identificase al familiar infractor, pero sí que se le podría exigir al titular de la línea la responsabilidad civil (pago de una indemnización, por ejemplo).

Esta situación se asimila , con sus matices, a la regulación sancionadora de la multas de tráficos por excesos de velocidad detectados por radares. Si el titular del vehículo no identifica o no puede hacerlo al conductor en el momento de la infracción, se le considerará el responsable de la mismas a los efectos del pago de la multa.

 

El Tribunal Supremo (TS), en su reciente Sentencia 1.462/2018 de 3 de octubre de 2018, haciendo una interpretación literal y gramatical de la Ley reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ha establecido como doctrina legal que las prestaciones públicas por maternidad percibidas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) están exentas del pago del Impuesto.

Con el referido pronunciamiento, el Alto Tribunal zanja de forma clara y contundente la polémica que se había generado durante los últimos tiempos acerca de cómo deben tributar en el IRPF las mencionadas prestaciones y que, hasta entonces, estaba teniendo dos soluciones diversas en los Tribunales de Justicia:

1. por una parte, había Tribunales, como el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, que venían sosteniendo que esas prestaciones debían considerarse exentas del IRPF; mientras que,

2. por contra, otros (como el TSJ de Andalucía) defendían que se trataba de remuneraciones que debían tributar en renta.

Tras el comentado fallo del TS, quienes han estado percibiendo prestaciones por maternidad durante los últimos años y han tributado por ellas se plantean cómo poder recuperar las cantidades improcedentemente ingresadas. Al respecto, es preciso efectuar dos consideraciones:

1. el derecho de los contribuyentes a solicitar la modificación de las declaraciones del IRPF prescribe a los 4 años, por lo que solamente podrán recuperarse las prestaciones de maternidad tributadas de 2014 en adelante; y,

2. el mecanismo legal oportuno para tal fin es la presentación de solicitudes de rectificación de las autoliquidaciones de renta que deben determinar la devolución de los ingresos indebidamente efectuados.

Finalmente, cabe apuntar que, según ha circulado en prensa, parece que en los próximos días la Agecia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) habilitará un formulario específico de solicitud, cuyo uso facilitará y acelerará la tramitación de las devoluciones procedentes.

Puede consultar la sentencia comentada aquí.

En unos meses las empresas comenzarán a estudiar la previsión para el próximo curso y elaborarán un calendario laboral para presentarlo y, en su caso, negociarlo con los representantes de los trabajadores. Entonces ¿qué debe contener este? ¿debe preverse hasta el último detalle?

Parece existir la creencia de que el calendario laboral debe regular hasta el último detalle. Tal vez porque el art. 34.6 del Estatuto de Trabajadores (ET), que contempla la necesidad de que la empresa anualmente confeccione el calendario laboral y exponga un ejemplar del mismo en un lugar visible de cada centro de trabajo, se encuentra junto a las reglas sobre la duración de la jornada, su distribución y el establecimiento de los preceptivos descansos.

O tal vez porque en cierta manera se haya interiorizado que el contenido concreto de un calendario laboral debe ser el que preveía el artículo 4.3 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, de Regulación de Jornadas, Horas Extraordinarias y Descansos, y que disponía que «el calendario laboral (...) comprenderá el horario de trabajo y la distribución anual de los días de trabajo, festivos, descansos semanales o entre jornadas y otros días inhábiles».No obstante, Real Decreto -este último- que perdió su vigencia el 12 de junio de 1995», sin que hasta la fecha se haya dictado texto reglamentario nuevo.

Por otra parte, tanto el artículo 64.6 del ET calendario laboral como el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre sobre jornadas especiales de trabajo, prevén la participación de los representantes legales de los trabajadores. En el caso del Estatuto, los representantes serán objeto de consulta y, en el caso del Real Decreto 1561/1995, serán objeto de consulta y deberán emitir informe preceptivo, previo a la elaboración del calendario laboral.

¿Cuál debe ser su contenido mínimo?

Los límites los fijarán, en primer lugar, las previsiones que se hayan establecido a través del convenio colectivo y, en defecto de regulación convencional en la materia, debemos tener en cuenta que el calendario se configura como un instrumento regulador del tiempo de trabajo a través del cual se satisface el derecho del trabajador a la información sobre su jornada. No obstante, la regulación leal al respecto (34.5 ET) es bastante parca, estableciendo únicamente la obligación de “elaborar el calendario laboral, debiendo exponerse un ejemplar del mismo en un lugar visible”.

Por tanto, ello no significa que deba contener el régimen de prestación de servicios de cada trabajador individualmente considerado, según recoge la sentencia del Tribunal Supremo de 20-7-2015.

En consecuencia, si el Convenio no contiene ningún compromiso no cabe exigirle a la empresa que en el Calendario incluya horarios y turnos de trabajo. Por lo que el calendario elaborado por la empresa podría tan solo contener el periodo de vacaciones y fiestas oficiales de cada centro de trabajo si este fuera el contenido mínimo exigido convencionalmente; incluso en empresas en las que la prestación de trabajo es continuada las 24 horas del día y los 7 días de la semana.

25.09.2018